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Policía Nacional mediante el uso legítimo de la fuerza abatió a un delincuente, en Guayaquil

Durante un operativo ejecutado en la madrugada del 01 de mayo, la Policía Nacional realizó la captura de un delincuente y abatió a otro. En el sector de Portete, en Guayaquil, dos sujetos presuntamente involucrados en microtráfico iniciaron una persecución junto a la Policía Nacional. Uno de los sujetos atacó a un agente policial con un arma cortopuntanzate al intentar evadir el control policial, por lo que este respondió haciendo el uso legítimo de la fuerza abatió al antisocial. El otro sujeto, también involucrado en microtráfico, fue aprehendido por la policía mientras ingresaba arbitrariamente en una vivienda. El agente policial atacado se encuentra estable. Los operativos ejecutados por la Policía Nacional buscan neutralizar la delincuencia, el microtráfico y el crimen organizado, buscando brindar seguridad a la comunidad.

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Juez dictó prisión para el hijo de Junior Roldán

Un juez anticorrupción dictó este 1 de mayo de 2024 prisión preventiva para Azhael Alexander R. T., hijo de Junior Roldán, excabecilla de Los Choneros, fallecido en mayo de 2023, informó la Fiscalía General del Estado en sus redes sociales. La misma medida aplica para Liseth Carolina H. L., Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A., Eduard Douglas D. Z. y Jael Amira B. M. Todos ellos son procesados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de lavado de activos. La entidad agregó que el Magistrado ordenó también la prohibición de enajenar todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados, y la incautación de los mismos. Además, dispuso la retención de las cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero nacional. El juez anticorrupción tomó esta decisión luego de que se desarrollara la audiencia de formulación de cargos en contra de los procesados. La presentación de los elementos de convicción parte de Fiscalía, en contra los involucrados, duró alrededor de tres horas. Las seis personas –que tienen ahora prisión preventiva- fueron detenidos durante la madrugada del 30 de abril de 2024 en la provincia de Guayas y Los Ríos dentro del operativo denominado Caso Blanqueo JR. En este proceso se vinculó también a compañía (persona jurídica) por presunto lavado de activos.

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Pablo Muentes asegura que «todas las declaraciones de Mayra Salazar son mentiras y tergiversaciones»

El exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, procesado por presunta delincuencia organizada en el Caso Purga y actualmente encarcelado provisionalmente en una prisión de máxima seguridad de Guayaquil, rechazó afirmaciones que Mayra Salazar realizó en su testimonio anticipado, el pasado 28 de marzo. El exlegislador, quien fue detenido el 4 de ese mes en un operativo policial que se desarrolló en Isla Mocolí, una exclusiva localidad de Samborondón, redactó un comunicado en el que se refería a varias declaraciones de la comunicadora, vinculada en el Caso Metástasis, y las calificó como falsas. «He guardado silencio por casi dos meses hasta reunir pruebas y evidenciar que todas las declaraciones de Mayra Salazar son mentiras y burdas tergiversaciones con el ánimo de rebajar su pena. Es extraño que me hayan procesado por esas falsas aseveraciones», asevera Muentes al inicio del documento, publicado este martes. «Hago público que conocí a Mayra Salazar a través de Fabiola Gallardo (expresidenta de la Corte del Guayas) y fue ella (Salazar) quien me ofreció sus servicios de comunicación. (…) La contraté para una corta campaña, pues, en ese entonces, yo era víctima de un ataque sistemático por parte de una entidad financiera, particularmente por el abogado Ricardo Noboa, en medios de comunicación y redes sociales», aseguró el detenido. Posteriormente, aseguró que esa fue su «única relación con Salazar» y calificó como «absolutamente falso» que él le pagara un sueldo por llevar a cabo órdenes dentro de la Corte Provincial. En adición, dijo que nunca confió en ella y agregó que era «evidente» que utilizó información falsa para perjudicarlo en la diligencia y «beneficiarse ilegalmente» de una cooperación. «Por estas falsas declaraciones, se me acusa de manejar la justicia en Guayas, lo cual es totalmente falso», aseveró. El exlegislador se refirió también a un conflicto legal entre él y el Banco del Pacífico que devino de un crédito que solicitó, del cual salió favorecido al resolverse que debía recibir una reparación integral de más de cuatro millones de dólares. Según Mayra Salazar, ella intervino en el habeas data que presentó en dicho caso y Fabiola Gallardo manipuló el proceso de selección de jueces. «No debo nada al banco, el crédito fue pagado en su totalidad, tanto es así que el banco No tiene el pagaré que firmé cuando adquirí la deuda porque este me fue entregado al cancelar, o me acusarán de entrar a la bóveda del banco y sustraerme ese documento». «Se me acusa de recibir $4 millones de indemnización del Banco. Falso. Yo no he pedido plata y tampoco he recibido ni un solo centavo, pese a que hay una sentencia ejecutoriada a mi favor. Yo siempre he buscado la devolución del bien, propiedad de mi familia. Fue un perito designado por el Consejo de la Judicatura (CJ) quien determinó un monto a indemnizar» Muentes también negó haberse reunido con vocales del CJ en su vivienda, destacó que mantiene una fuerte enemistad con alguien que solía ser uno de estos, Xavier Muñoz, procesado por el Caso Metástasis, y dijo que nunca tuvo una disputa con María Josefa Coronel, exdirectora provincial del Guayas de la entidad referida, por la contratación de empresas de limpieza. «Mayra Salazar también mencionó en su testimonio que, por orden mía, había acudido a la oficina de sorteos del CJ para descifrar el algoritmo mediante el cual se sortean las causas. Esto además de falso es torpe. Esa historia es simplemente imposible. Pueden preguntar a cualquier experto en informática», concluyó. Muentes permanece en la prisión de máxima seguridad «La Roca», junto a otras figuras relevantes que enfrentan acusaciones bajo encarcelamiento provisional o cumplen sentencias privativas de libertad, como el exvicepresidente Jorge Glas, el extitular del Consejo de la Judicatura, Wilmán Terán, y el presunto cabecilla del grupo de crimen organizado Los Lobos, Fabricio Colón Pico.

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Gobierno decreta nuevo estado de excepción en cinco provincias por la «persistencia del conflicto armado interno»

El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, en el marco de la persistencia del conflicto armado interno. «Esta declaratoria se fundamenta en la situación fáctica descrita en la parte considerativa del presente Decreto Ejecutivo que resalta el incremento de hostilidades, y la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados» en las provincias referidas, indica un comunicado emitido por el Gobierno. El estado de excepción tendrá vigencia de sesenta días, en los que se ordenará la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en acciones coordinadas contra estructuras criminales y se suspenderá en las provincias mencionadas el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Ello permitirá la «realización de inspecciones, allanamientos, y las requisas correspondientes» por parte de la Fuerza Pública, que devendrían, según el documento, en el descubrimiento de los lugares utilizados por personas pertenecientes a los grupos armados organizados para ocultarse. En adición, posibilitará «la toma física de los materiales, o instrumentos para el cometimiento de delitos, con el fin de desarticular y neutralizarlas amenazas en curso o futuras». El documento no hizo mención de que se fijaría un horario de toque de queda para la ciudadanía. Al declarar el ‘conflicto armado interno’ el 9 de enero de 2024, el Gobierno del presidente Daniel Noboa identificó a 22 grupos de crimen organizado y los ubicó «como organizaciones terroristas» y «actores no estatales beligerantes». Al ubicar a estas agrupaciones como beligerantes a través de la medida, dispuesta en medio de un espiral de violencia que incluyó una irrupción armada a un canal de televisión, el mandatario abrió una puerta legal para que las Fuerzas Armadas junto con la Policía, actúen con todos sus recursos para neutralizarlos.

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