Nacionales

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un cambio en las circunscripciones o distritos electorales para las elecciones de 2025. Este cambio implica que algunas parroquias o cantones modificarán el número de candidatos que se escogen. Además, el número de asambleístas se incrementará de 137 a 151, debido a la actualización de los datos del censo de 2022. La nueva distribución será la siguiente, según el CNE: 15 asambleístas nacionales 6 asambleístas en el exterior (2 por cada circunscripción) 130 asambleístas provinciales, con un incremento en las provincias de Azuay, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Tungurahua, Orellana y Santa Elena. Las parroquias y cantones de Pichincha, Guayas y Manabí han sido reorganizados conforme al artículo 150 de la ley de elecciones. Según el Código de la Democracia, las provincias con más empadronados deben dividirse en bloques, una medida que se aplica desde las elecciones de 2013. Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, enfatiza que las circunscripciones deben realizarse de manera matemática y técnica “para que ningún sector de la población en la provincia sea perjudicado y todos tengan la representación de los asambleístas”. Es crucial que los ciudadanos de las provincias mencionadas se informen sobre cuántas autoridades deberán elegir en las próximas elecciones

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! En esa prisión de Guayaquil y nueve más de Guayas se ha suspendido el servicio de alimentación desde hace tres días. Familiares de los presos recluidos en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, pudieron ingresar este lunes 3 de junio 448 latas de atún y 12 de sardina para la alimentación de los casi 5 000 reos que hay en esa cárcel. Ahí, así como en otras nueve prisiones de Guayas, se ha suspendido el servicio de comidas desde hace tres días. En la decena de prisiones existen 12 669 reclusos. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), los atunes y las sardinas fueron lo único que el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) permitió ingresar. Este organismo aún no explica cuál será la logística de recepción de víveres porque, además, en la Penitenciaría del Litoral no se puede preparar comida, según han denunciado los parientes de los reos. El CDH y la Iglesia católica prevén donar más alimentos a los presos este martes 4 de junio. Mientras que, las madres de los privados de libertad también solicitan enviar medicinas. Por otra parte, la CDH anunció que solicitará ante la Justicia una medida cautelar por la suspensión del servicio de alimentación. «Las cárceles de Guayas se suman a los 20 centros penitenciarios de la zona norte del país que no cuentan con una empresa formal de servicios de alimentación. La mayoría ha tenido que sostenerse a base de donaciones de la Iglesia y de familiares de personas privadas de libertad», señaló el organismo en un comunicado. El 2 de mayo de 2024 un juez de Quito dictó medidas cautelares en favor de las personas detenidas, pero hasta ahora el SNAI no ofrece una solución a la falta de comida. La compañía Lafattoria S.A. explicó este domingo 2 de junio en un comunicado que había suspendido el servicio de alimentación «debido a la falta de pagos, ya que el Estado ecuatoriano se ha negado a cancelar los valores pendientes, que alcanzan los 30 millones de dólares». «Esta deuda ha sido públicamente reconocida por las autoridades estatales», aseguró la empresa, quien señaló que la suspensión del servicio conlleva también la desvinculación de más de 200 colaboradores. «La falta de pago ha generado que la empresa no pueda cancelar sus obligaciones a cientos de proveedores, quienes a su vez han debido suspender los despachos de materia prima», añadió. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó su decisión de prescindir de los servicios de Lafattoria S.A. en que presuntamente esta empresa tendría vínculos con el crimen organizado, cuyas bandas se hicieron en los últimos años con el control muros adentro de las prisiones ecuatorianas. «Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado», aseguró Noboa en un mensaje a inicios de mayo, cuando Lafattoria S.A. ya suspendió el servicio de alimentos a las cárceles del norte del país donde se encargaba del abastecimiento de comida. Según Noboa, los gobiernos que antecedieron al suyo «entregaron el Ecuador a estos delincuentes (empresas de provisión de servicios presuntamente ligadas a mafias criminales) por años, acostumbrándolos a otro tipo de política».

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Se realizaron dos marchas, en Quito y Guayaquil, por la falta de alimentos en los centros de privaciónde la libertad. También pidieron que paren los maltratos. Los familiares y amigos de las personas privadas de la libertad (ppl) realizaron marchas de protesta en contra del Gobierno Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) en diferentes sitios del Ecuador, este lunes 3 de junio de 2024. Solicitaron que se proporcione alimentación a los internos de las prisiones y se cumplan las medidas cautelares que fueron otorgadas por la Unidad Judicial de Quito, el pasado 2 de mayo, para impedir la restricción de alimentos en centros penitenciarios. Los manifestantes llevaban pancartas con toda clase de mensajes: «El Estado (SNAI y Fuerzas Armadas) es responsable de ocultar información sobre muertos e impedir que sus familiares les den sepultura», «Responsabilizamos a SNAI, FF.AA. y Gobierno Nacional por la vida de la población privada de libertad». En Quito, los allegados de los presos se dirigieron hasta las inmediaciones del edificio de la Defensoría del Pueblo. «Pedimos que se nos permita hacer visitas y se pueda ingresar medicamentos, también la comida. Ya no queremos maltratos para los ppl, el hecho de que están cumpliendo su pena ya es suficiente», dijo la hermana de un preso que está detenido en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi. El padre de una interna, detenida en Cotopaxi, contó que los militares no tratan bien a los presos. No les dan de comer y no les permiten recibir visitas desde hace seis meses. Tampoco les dejan salir al patio. En Guayaquil también se realizó otra marcha y plantón. Pidieron a las autoridades que se respeten los derechos humanos en las cárceles, pues la situación de los ppl es crítica.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! La jueza de la Corte Provincial de Pichincha, Inés Romero, presentó una denuncia en la Fiscalía, el pasado 30 de mayo, tras recibir amenazas contra su vida. Este hecho se conoció este lunes 3 de junio del 2024. En la denuncia, la magistrada relató que, el 30 de mayo del 2024, aproximadamente a las 16:50, llegó a la Corte de Pichincha, en el norte de Quito, una corona de flores con una cinta que decía: «Que en paz descanse» y un sobre con su nombre. «Le solicité a mi asistente que no toque nada para evitar algún altercado», contó la jueza Romero. Luego alertó a la Policía de los ocurrido. Más tarde llegó a la dependencia judicial el conductor de un taxi de aplicación. Él aseguró que fue contratado por un extranjero para llevar y retirar la corona de flores. La jueza también relató que, el sábado 1 de junio del 2024, un vehículo empezó a perseguirla tras salir de un evento, junto a su pareja. «Tratamos de huir, pero el vehículo empezó a seguirnos y nos ocasionó choques para intentar detener nuestra marcha». «Temo por mi vida, por eso presento la respectiva denuncia con la finalidad que se realicen las investigaciones del caso», narró la magistrada, en la queja judicial. Además, de trabajar como jueza de la Sala Penal de la Corte de Pichincha, Inés Romero es postulante del concurso para designar al nuevo Defensor Público. Además, ella es testigo protegida, pues fue quien denunció el caso Vocales, en el que se investiga un presunto delito de tráfico de influencias.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El analista político estuvo en el Otro Relato este domingo 2 de junio.Augusto Tandazo además señaló que la derecha se encuentra muy unida en Ecuador. El analista jurídico, Augusto Tandazo, señaló que la deuda que el grupo Noboa mantiene con el Estado es cercana a los USD 88 millones. Y el SRI no cobra este dinero porque el patrimonio y los recursos de no están en el Ecuador. “Por eso el SRI decía, ¿a quién le caigo? Esto es criminal para un país, porque estamos trabajando para una oligarquía troglodita que nuca se saciará”. En el programa Otro Relato, Tandazo indicó además que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, actúa como “guardameta” del mandatario Daniel Noboa. E indicó que la derecha está “indisolublemente unida”. También señaló que ha soñado con ser presidente de la República, “pero con los pies en la tierra”. Así añadió que, si en algún momento se presenta esta oportunidad, peleará por ella. “Si no se da, yo seré un soldado más del progresismo ecuatoriano”, indicó. RADIO PICHINCHA

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! En el testimonio anticipado de Mayra S. se habló de beneficios para un exfamiliar del presidente Daniel Noboa en causas judiciales contra el Primer Mandatario. Este lunes, 3 de junio de 2024, Mayra S. testigo protegida, rindió su testimonio anticipado en el marco del caso Purga que investiga el presunto delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, la supuesta red de corrupción que funcionaba en las instancias de justicia del Guayas era operada por Pablo M., exasambleísta, y Mayra S. exrelacionista pública. En ese espacio, la exfuncionaria detalló que el exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) y Xavier M., exvocal del Consejo de la Judicatura, habrían manipulado la justicia para beneficiar a Roberto G. en las causas judiciales en contra de su exyerno y actual presidente de la República, Daniel Noboa. Dijo que se habrían realizado varias maniobras para favorecer al exfamiliar del Primer Mandatario. En esta trama, el juez Ronald C. es fundamental. Este último trabajó con el exvocal de la Judicatura, quien logró su traslado desde El Triunfo hasta Samborondón. En definitiva se habla de que Roberto G. era amigo de Xavier M. por lo que benefició en estas causas en contra del presidente Noboa. “Este cambio no fue gratuito, fue hecho para que el señor Ronald C. cumpliera las pretensiones de Xavier M., y de su mejor amigo, Roberto G., en las causas judiciales que tenían en contra del señor Daniel Noboa, hoy presidente de la República”, mencionó la exfuncionaria de la Corte del Guayas. El juez Ronald C. habría operado tanto con el exvocal como con el exlegislador. En ese sentido se habrían atendido favores y peticiones por presunto tráfico de tierras en Durán. Este hecho fue denunciado por Fernando Villavicencio, excandidato presidencial asesinado en agosto de 2023. La exfuncionaria también comentó que el exlegislador del PSC habría manejado el sistema judicial a cambio de favores. Sus operadores habrían sido el mencionado Xavier M., Wilman T., expresidente del Consejo de la Judicatura, y Maribel B. exvocal de la Judicatura.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Los sujetos fueron linchados en la vía a la parroquia Santa María del Toachi, perteneciente al cantón Santo Domingo. Tres hombres fueron asęsinądos y quęmądøs este lunes 3 de junio en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Según información preliminar, los sujetos estaban involucrados en un secuestro. Los individuos iban en un carro tipo SUV, que también fue incinerado en la vía a la parroquia Santa María del Toachi, perteneciente al cantón Santo Domingo. Los cadáveres calcinados quedaron en la carretera. Hasta las 16:00 la Policía Nacional no se había pronunciado sobre este caso, no obstante, según medios locales, ciudadanos que residen en poblaciones cercanas serían responsables del linchamiento de los hombres. Santa María del Toachi limita al sur con la provincia de Los Ríos, una de las ocho jurisdicciones (siete provincias y el cantón Camilo Ponce Enríquez) donde actualmente rige un estado de excepción focalizado que busca reducir los crímenes. Santo Domingo de los Tsáchilas, donde cerca de 20 personas han sido asesinadas este año, no está bajo estado de excepción.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Desde las 09:00 de este 3 de junio se instaló la audiencia donde rindió testimonio el empresario Daniel Salcedo dentro del caso Purga. Su versión duró cerca de 45 minutos donde reveló que sabía toda la trama de corrupción de los jueces del Guayas y el monto que pagó para poder obtener su libertad. En su testimonio indicó que en 2022, un abogado de nombre Emilio Bowen le presentó al juez de Manabí, Banny Molina, quien le ofreció sacarlo de prisión. Le había mencionado que enviaría un operador a la Cárcel 4 de Quito para negociar el tema. Entonces, dijo que la persona que llegó fue el abogado Christian Romero, quien se reunió con él y el exvicepresidente Jorge Glas, que también se encontraba en ese prisión. Salcedo dijo que el abogado Romero le había mencionado que debía pagar $150.000 para otorgarle un habeas corpus. También le había preguntado a Romero que cuánto debía pagar Glas, pero que este le había dicho que eso ya lo tenía coordinado con “Virgilio”. La fiscal, Diana Salazar le preguntó cuál era el apellido de esa persona, y Salcedo dijo que no recordaba bien pero que era algo parecido a “Hernán”. Salcedo dijo que él sí pago los 150.000 dólares a Banny Molina y Christian romero en Santo Domingo, a través de su operador David Congo. En este caso tenía como abogados a Pepe moreno, Lugo Garfias, Luz María Pico y dice que ellos no sabían de estos arreglos ya que él los hacía directamente. Daniel Salcedo ha enfrentado causas por delincuencia organizada, lavado de activos, peculado y de ingreso de objetos prohibidos a la cárcel. Por la causa de lavado de activos dijo que el juez Byron Guillén le pidió 140 mil dólares para favorecer esta causa y él había pagado 70 mil y la otra mitad estaba pendiente. Pero, la causa no le favoreció y por lo tanto pidió la devolución del dinero. El juez le transfirió a cuentas de amigos pero “me quedó debiendo 10 mil dólares”, mencionó. El procesado recibió preguntas de todas las defensas y abandonó la sala de la CNJ a eso de las 11:07.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! En la provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, en el sector Zapotal Bajo se informó al 9-1-1 sobre un percance vial. En esta emergencia, lamentablemente, se registraron dos personas fallecidas y una herida, que recibió atención en el sitio y fue llevada a una casa de salud. La alerta ingresó a las 09:48 de este lunes 3 de junio. Patrulleros, ambulancias y camionetas de rescate de Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública y Cuerpo de Bomberos se movilizaron para atender el reporte. De acuerdo con información preliminar de las unidades en sitio, “la unidad Alfa a la altura de Zapotal Bajo, cantón Quinindé, estaba atendiendo la emergencia en la que se impactaron dos motociclistas y en sentido sur – norte, una unidad de un bus interprovincial aparentemente no pudo detener la marcha a tiempo e impactó a las personas que estaban en el lugar”. En imágenes que circulan en redes sociales se ve cómo personal paramédico y policial logra retirarse antes del impacto. El choque causó también daños en la ambulancia. Sobre el video:El siniestro sucedió en cuestión de segundos, alrededor de las 11h00 de la mañana, cuando varias personas estaban siendo atendidas en medio de la vía por equipos de emergencia. De pronto, los policías le hicieron una señal para que frene, sin embargo, el conductor se fue encima de las personas heridas, socorristas, e incluso se chocó contra la ambulancia. Incluso se puede ver como una de las personas afectadas sale de debajo del bus, luego del choque. Se desconoce más información del siniestro que quedó registrado por cámaras del lugar del sector.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El expresidente Rafael Correa ha anticipado que su nombre podría verse nuevamente relacionado en una trama de corrupción bajo investigación por la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. A través de su cuenta en la red social X, Correa hizo esta declaración en las primeras horas del lunes 3 de junio, justo antes de los testimonios anticipados de Mayra Salazar y Daniel Salcedo en el Caso Purga. Correa expresó sus temores públicamente: «Para que estén listos. Es muy creíble porque es la forma de actuar de Diana Salazar. Me informan lo siguiente: ‘El abogado Diego Córdova, que ha sido Defensor del señor Daniel Salcedo en el caso Metástasis, ha tenido una reunión con la Fiscal General Diana Salazar para acogerse a la colaboración eficaz y obtener protección. Al indicar que Daniel Salcedo tenía datos de haber dado dinero a muchos funcionarios de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la Fiscal General Diana Salazar le ha dicho que eso no le interesa, sino que Daniel Salcedo debe involucrar a Rafael Correa y a Jorge Glas’». Según Correa, el abogado Córdova afirmó que Daniel Salcedo no tiene información comprometedora contra él o contra Glas, lo que llevó a su exclusión de la Fiscalía General. Posteriormente, Diana Salazar «le ha dado a este Daniel Salcedo un abogado de nombre Renato y que ahora está en defensa del caso Purga». «Este tipo Daniel Salcedo ha accedido al pedido de la Fiscal General Diana Salazar, para involucrarlos a Usted Economista y al Ingeniero Jorge Glas», dice el texto publicado por Correa. Corrupción judicial A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General del Estado descubrió varias evidencias sobre su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. Asimismo, tras las investigaciones de Metástasis, la Fiscalía General del Estado encontró elementos suficientes para investigar al exsambleísta Pablo M., la ex Presidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola G., varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción, que estarían involucrados en el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, con criminales de larga data como el mismo alias “Fito, en detrimento de los intereses del Estados. La fiscal Salazar ha señalado que este caso es un claro ejemplo de la unión entre la corrupción judicial y la delincuencia organizada, para la obtención de decisiones judiciales “que mantenían en asombro a toda la sociedad”.