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Verónica Abad no comprende el ‘0di0’ de Daniel Noboa y lo acusa de persecución: ‘Me siento atrapada’

La vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, dijo que se siente atrapada en un laberinto sin salida debido a un conflicto abierto con el presidente Daniel Noboa. Abad acusa a Noboa de estar detrás de un presunto hostigamiento dirigido a forzar su renuncia. Abad, que se siente «desterrada» y víctima de una «persecución histórica», no comprende el «0di0» hacia ella por parte de Noboa, quien -según aseveró- la buscó para formar el binomio de candidatos para las elecciones extraordinarias de 2023. La vicepresidenta recordó, en una entrevista con EFE, que la última vez que estuvo junto a Noboa fue al inicio de la campaña a la segunda vuelta, cuando ya sintió un trato «hostil» por parte de Noboa quien, poco después de asumir el cargo, y sin diálogo de por medio, la envió como embajadora en Israel. ¿Laberinto político? El futuro político de Abad es aún incierto pues, aunque la Constitución señala que en ausencia temporal del jefe de Estado se deben delegar las funciones presidenciales en el vicepresidente, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, ha señalado que «sería nefasto» que Abad asuma el poder si Noboa tuviese que pedir licencia para hacer campaña con miras a su reelección en los comicios de 2025. Abad -que ha cuestionado ciertos movimientos políticos de Noboa- ha sido vinculada a un caso en el que se investiga a su hijo, Sebastián Barreiro, en una presunta «oferta de realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia» y también debe afrontar una investigación sobre una presunta infracción electoral cuando se presentaba como candidata a la alcaldía de su ciudad, Cuenca. La audiencia por la investigación electoral será el 15 de agosto, y el tribunal a cargo ha apuntado que si «la denunciada no comparece en el día y hora señalado, y no justificare su inasistencia», la audiencia «se llevará a cabo en rebeldía» y su defensa será asumida por un defensor público. Aunque en una videoconferencia desde Tel Aviv, Abad aseveró a EFE que no ha sido notificada aún sobre dicha audiencia, no sabe cómo podría afrontarla pues, argumentando que nadie puede reemplazarla en la función delegada, la Cancillería le ha negado un permiso de cinco días que solicitó para atender temas familiares y de salud, según dijo. «¡No pueden hacer que no llegue a defenderme!», subrayó Abad quien, de ser hallada culpable, puede perder los derechos políticos, con lo cual no puede ejercer ningún cargo público. Envuelta en lo que parece ser un laberinto político, Abad siente que tratan de cerrar el cerco en torno a ella para forzarle a renunciar, posibilidad que ni siquiera la contempla, aunque aseveró temer por su vida. Abad, que vive en Tel Aviv con dos de sus hijos, cuestionó que le hayan retirado la seguridad en Israel y que tampoco la tenga en Ecuador su hijo Sebastián, quien estuvo en prisión preventiva en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país, en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra. «Amenaza directa» A inicios de este mes, Noboa consideró que Abad renunciará por decisión propia. «Ella se va a salir solita, yo creo», dijo en una entrevista cuando le preguntaron que si buscaba sacar del cargo a Abad. La vicepresidenta tildó a esa declaración como «una amenaza directa» y recalcó que no renunciará. De 47 años, madre de tres varones y abuela de un niño, Abad aseguró tener «alma política» y, aunque sostiene que la han «intentado callar» durante su vida política, no descartó una eventual futura postulación como candidata a la Presidencia o a la Vicepresidencia. Pero por el momento, se concentra en qué otros temas políticos o judiciales pueden sumarse en el laberinto en el que se encuentra: «Ya han intentado de todo. ¿Ahora qué, qué continúa, qué más hay?, por eso temo por mi vida».

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Diana Salazar denuncia que Gissela Garzón accedió a su historia clínica y envió a Rafael Correa

La fiscal Diana Salazar explicó las motivaciones detrás de la denuncia que interpuso contra la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, por la presunta difusión de información privada. Todo empezó la semana pasada, cuando el expresidente Rafael Correa publicó un video en el que cuestiona el embarazo de Salazar e insiste en el juicio político. Aquel material fue replicado por sus simpatizantes. Esto provocó que la fiscal interpusiera una denuncia contra la asambleísta Gissela Garzón, puesto que ella habría filtrado datos personales. Sin embargo, la parlamentaria correísta mencionó en un video que la solicitud de seguimiento “se refirió exclusivamente al criterio del Procurador General del Estado, que derivó en la suspensión del juicio político” presentado por ella en noviembre del año pasado. “Ninguno de los pedidos hizo referencia a la vida privada, íntima, familiar o de salud de nadie”, resaltó Garzón. FISCAL RESPONDEPor su parte, la fiscal Diana Salazar hizo un alto a sus vacaciones este viernes 19 de julio del 2024 para exponer su postura frente a las declaraciones de la asambleísta de la Revolución Ciudadana. Relató que el pasado 18 de junio presentó ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) un segundo documento sobre el estado de su embarazo. “Este certificado reposaba en el archivo del CAL. Resulta que la señora asambleísta pide ser invitada a esa sesión, se nutre de la información, y le pasa al prófugo de la justicia para que él exponga”, aseguró Salazar en entrevista con el medio digital ‘Visionarias’. Reiteró que Garzón tuvo acceso a su historial clínico y luego salió el video compartido por Correa en el que se habla del número de semanas de embarazo y más detalles de carácter personal. Por ello, puso una denuncia con el objetivo de “determinar la responsabilidad de aquellas personas que le fueron a entregar la información al pródigo de la justicia para que empiece a difamar y hacer mofa” sobre su estado de salud. La fiscal también subrayó que no está huyendo al juicio político, ni desconoce la capacidad fiscalizadora de la Asamblea, pero solicita que respeten su vida personal. “Yo siempre estuve, estoy y estaré lista para responder a cada una de las falacias que ponen como causales de juicio político. Lo único que yo le he pedido al CAL y a la Asamblea Nacional es que se respete mi derecho”.

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Presentan queja contra Lucía Jaramillo y piden su suspensión en la Asamblea

La asambleísta de la Revolución Ciudadana pidió una sanción para Lucía Jaramillo (ADN), por la intención de fiscalizar a una empresa privada. Una nueva queja se presentó en la Asamblea Nacional. Esta vez, la acción es en contra de la oficialista, Lucía Jaramillo (ADN). La queja fue ingresada por Victoria Desintonio, de la bancada de la Revolución Ciudadana. La asambleísta envió un memorando al presidente del Legislativo, Henry Kronfle, el 18 de julio de este 2024. En el escrito, Desintonio argumenta que la queja se debe a la rueda de prensa que emitió Lucía Jaramillo, el 16 de julio, en el Palacio Legislativo. Acompañada de la bancada oficialista Acuerdo Democrático Nacional (ADN), la legisladora- quien antes era del Partido Social Cristiano (PSC)- anunció la creación de un frente parlamentario contra el tráfico ilegal de combustibles. La iniciativa de conformar este grupo se dio luego de la denuncia penal del Gobierno Nacional en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, su hermano, Antonio Álvarez, y nueve personas más. La denuncia la presentó Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARC), por la supuesta comercialización ilegal de combustibles. Argumentos En este sentido, Victoria Desintonio sostiene que Jaramillo usó las instalaciones del Parlamento para referirse a un proceso de fiscalización a una empresa privada. «No podemos caer en arbitrariedades y fiscalizar o iniciar un proceso de control político contra una empresa privada, lo cual correspondería a otra función o institución del Estado», precisa. En el documento, la asambleísta de la Bancada Ciudadana alega que la oficialista habría cometido una falta administrativa grave. La misma se encuentra en el numeral 3 del artículo 5 del Reglamento para el Trámite de Faltas Administrativas. Es decir, según la queja, Lucía Jaramillo habría «hecho uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura, tales como credenciales o cualquier otro distintivo, para actos ajenos a su naturaleza y que lesionen el prestigio de la institución». De esta manera, Desintonio solicitó una sanción, de acuerdo a la ley, que es la suspensión sin remuneración de 9 a 30 días para Jaramillo. La queja se conocerá en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano que analizará esta acción y adoptará una resolución.

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Caso Pamela Ati: los cuatro militares procesados fueron detenidos y trasladados a Quito

La investigación penal se extenderá hasta fin de mes. Al mediodía de este jueves, los cuatro militares sospechosos del femicidio de la subteniente Pamela Ati dejaron la zona de aseguramiento temporal del Centro de Detención Provisional en El Coca, después que la jueza del caso, Miraya Torres, legalizó la detención como le ordenó un tribunal de la Corte Provincial de Orellana. Vía terrestre, tras un viaje de 300 kilómetros, está previsto que sean llevados hasta la cárcel 4 de Quito, donde cumplirán la prisión preventiva mientras siguen las investigaciones. Si no hay vinculaciones, la instrucción fiscal terminará este fin de mes y habrá un dictamen fiscal y pasar a la etapa de juicio. Los abogados de los mayores, Xavier Pinoargote y Freddy Quintanilla, se pronunciaron en contra de la prisión preventiva. «Tres jueces cobardes que no tienen ni la mitad de la valentía de la jueza de primera instancia, alejaron muy superficialmente que existía un peligro de fuga». «A cuatro inocentes tienen procesados porque hicieron un acto de solidaridad, un acto de empatía a dejar a la subteniente Ati a que repose en su pieza». Los dos mayores y los tenientes Ángel Jiménez y Jhon Mena dijeron que llevaron a la oficial a su habitación porque había tomado licor, le quitaron su calzado y cinturón, y la dejaron durmiendo, pero la autopsia reveló que fue agredida físicamente, violada y estrangulada. La Policía los apresó este miércoles en la Brigada 19 Napo, de Orellana, donde trabajaban y donde ocurrió el crimen.

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La falla en Microsoft también ha afectado vuelos en Ecuador

En Estados Unidos, por ejemplo, vuelos de Delta, United y American Airlines quedaron en tierra la madrugada de este viernes. La falla informática de Microsoft, que ha colapsado aerolíneas y compañías de todo el mundo, también afecta a vuelos en Ecuador. Desde el aeropuerto de Quito se ha informado de la cancelación de un vuelo de United Airlines que iba hacia Houston, mientras que el aeropuerto de Guayaquil señala que un avión de American Airlines que venía de Miami se ha retrasado. Hasta las 07:00, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) no relacionaba estas novedades con la caída global de los sistemas de Microsoft a raíz de una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike. Sin embargo, gran parte de los vuelos de varias de las grandes compañías aéreas estadounidenses -entre ellas Delta, United y American Airlines- quedaron en tierra la madrugada de este viernes debido a este apagón, independientemente de su destino.

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Cuatro personas fueron as3sinądąs en un asalt0 vi0lent0 a un bus interprovincial, en Los Ríos

Criminales asesinaron a cuatro personas en un violento asalto en un bus interprovincial en la vía Babahoyo-San Juan, en la provincia de Los Ríos. Según información preliminar, los delincuentes, desde una camioneta, hicieron detener al vehículo de transporte, para que se orille en la carretera, cerca del ingreso al cantón Puebloviejo. El ataque habría sido dirigido contra algunos de los ocupantes del carro, de acuerdo a primeras versiones. Sin embargo, un niño de cuatro años y el conductor del carro también fueron heridos. Los atacantes se dieron a la fuga. En el lugar se encuentran agentes de la Policía Nacional acordonando la zona, al igual que las ambulancias, para atender a los heridos de gravedad. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) lamentó este suceso en redes sociales.

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El lanzac0hetes hallado en Quitumbe podía alcanzar blancos a una distancia de hasta 350 metros

Un lanzacohetes de uso militar formó parte de un pequeño arsenal descubierto por efectivos policiales en una vivienda de Quitumbe, en el sur de Quito. Según la Policía, el inmueble era utilizado por miembros del grupo terrorista Los Choneros como base para cometer robos y asaltos en varios puntos de la ciudad. Los uniformados capturaron a cinco personas, quienes portaban tres armas de fuego tipo revólver, 34 municiones, varios paquetes de droga y dinero en efectivo, así como 10 teléfonos celulares. El lanzacohetes se encontraba en la terraza. ¿Cuál es su alcance?, y ¿cuánto daño puede causar? Se lo contamos. ¿Qué es un lanzacohetes?Un lanzacohetes son armas de fuego portátiles usadas para disparar cohetes o granadas, especialmente contra tanques o carros blindados. Está conformado por un tubo metálico que se apoya en el hombro para disparar, según lo explica la empresa Instalaza, que provee de estos armamentos a Ecuador. Generalmente, los lanzacohetes son utilizados por el Ejército, al considerarlas «armas ideales para su empleo en espacios reducidos (urbanos), pero también en convencionales y asimétricos», así lo describe el Ejército Ecuatoriano. En enero de 2023, los uniformados se capacitaron en el uso de armamento antitanque, con lanzacohetes C-90C. Destacaron su efectividad y precisión para la neutralización de blancos móviles, así como de estructuras. Información de la empresa proveedora destacan su gran precisión. «Se dispara desde el hombro con un alcance eficaz de 350 metros contra blancos puntuales y de 700 metros contra blancos de área». Las autoridades no detallaron el modelo del arma, pero en imágenes compartidas por la Policía se observa que se trata de uno antiguo

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Alianzas estratégicas para el fortalecimiento educativo en la Zona 3

Alrededor de 1.800 estudiantes de Cotopaxi y Tungurahua fortalecerán sus conocimientos en matemática, electrónica, energía, robótica y programación, gracias a la firma de una Carta de Compromiso entre la Zona 3 del Ministerio de Educación y la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE Latacunga. El objetivo de esta alianza es potenciar la vinculación e investigación para el desarrollo integral y bienestar comunitario, implementando una sinergia entre la trayectoria educativa de los estudiantes y la educación superior. Paulina Salazar, coordinadora Zonal 3 de Educación, resaltó la importancia de este tipo de acuerdos y el beneficio que representa para el país contar con docentes y estudiantes preparados de manera integral. “La formación continua es una política pública enfocada en los jóvenes para fortalecer su incorporación al ámbito laboral. Tenemos la responsabilidad de desarrollar métodos formativos que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad educativa”, afirmó. Durante los próximos cinco años, se incrementará la operabilidad de los laboratorios de computación de las unidades educativas ubicadas en sectores rurales y urbanos. Se dictarán talleres STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática), se utilizarán equipos mecatrónicos de aprendizaje y mecánicos recreacionales para personas con discapacidad, y se implementará un libro electrónico interactivo de enseñanza-aprendizaje de matemáticas para potenciar los conocimientos de los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica. Para el Ministerio de Educación, es fundamental fortalecer los procesos educativos en todos los sectores del país, a través del trabajo coordinado con diversas instituciones públicas y privadas.

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Ex Prefecto de Zamora Chinchipe Salvador Quishpe y un contratista son llamados a juicio por presunto peculado

El exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y el contratista Ángel Sigifredo O. R. enfrentarán un juicio por su presunta participación en el delito de peculado. El fiscal provincial de Zamora Chinchipe, Eduardo Moreno, emitió su dictamen acusatorio contra los dos procesados, señalándolos como autor directo y coautor de la infracción penal, respectivamente. En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el Juez calificó la validez de todo lo actuado dentro de la causa y escuchó los más de veinte elementos de convicción que el Fiscalía presentó para sostener la acusación. Sobre los hechos, el Fiscal Provincial explicó que el delito de peculado se habría cometido en 2017, cuando Quishpe se desempeñaba como prefecto de Zamora Chinchipe. En su administración –dijo– la Prefectura suscribió un contrato con Ángel Sigifredo O. R. para la construcción de la vía Nuevo Paraíso-Selva Alegre, en el cantón Nangaritza, por un monto de 1’700.000 dólares. Los trabajos fueron concluidos y entregados por el contratista, con la suscripción de contratos complementarios, con los valores enmarcados en los límites que establece la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Sin embargo –agregó el Fiscal– Quishpe habría –mediante un oficio– dispuesto la ejecución de trabajos extraordinarios para la construcción de una vía de 2,2 kilómetros, obra que –según la investigación– habría sido adjudicada de forma directa al contratista Ángel Sigifredo O. R. Es decir, este procedimiento habría violado la normativa legal vigente. A criterio de Fiscalía, lo que el Prefecto debió hacer era iniciar un nuevo proceso de contratación pública para que participen nuevos contratistas. Para sustentar esta teoría del caso, Fiscalía hizo su anuncio de las pruebas testimoniales, periciales y documentales que practicará en la audiencia de juicio. El Juez dispuso que se mantengan las medidas cautelares que pesan sobre los procesados: prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la Fiscalía más cercana a sus domicilios. Salvador Quishpe y Ángel Sigifredo O. R. enfrentan procesos legales conforme al artículo 278, numeral 3, literal e, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por presunta comisión de peculado

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Asamblea Nacional investigará presunta corrupción en el sindicato del IESS

Con 96 votos, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de investigación de un presunto caso de corrupción en el Sindicato de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La petición del cambio del orden del día fue presentada por los asambleístas de Azuay: Sofía Sánchez, Adrián Castro, Leonardo Berrezueta, Mabel Méndez y Diego Matovelle y recibió el apoyo de todo el Pleno. Durante este lapso, los legisladores hablaron sobre la investigación que realizan en el Sindicato de Trabajadores del IESS en Azuay. En esta provincia, Rosa Argudo, secretaria nacional del sindicato, fue acusada de presunto nepotismo y tráfico de influencias. En el Pleno intervino Soraya Puertas, médico internista del Hospital del IESS José Carrasco Arteaga. Detalló las irregularidades que descubrió siendo gerente del Hospital y la supuesta intervención directa de la secretaria del Sindicato. Además, señaló que Rosa Argudo tenía familiares directos trabajando en la casa de salud y diversos contratos (entre ellos uno de reciclaje). Supuestamente realizaba cobros y multas que irían directamente a su cuenta personal. El asambleísta Adrián Castro señaló que es equivocado pensar que estas presuntas irregularidades se cometen únicamente en el IESS de Azuay. «Son cientos de correos y mensajes que nos llegan del resto del país», precisó. #LaNuevaAsamblea | @acastropiedra señala que es equivocado pensar que el problema del #IESS y el manejo desmedido de un pseudosindicato y seudodirigentes sindicalistas se concentra únicamente en el #Azuay. Son cientos de correos y mensajes que nos llegan del resto del país. Es… pic.twitter.com/MXaIbtEu3I Por su parte, el legislador Diego Matovelle instó a los legisladores de todas las provincias a solicitar información de lo que ocurre en cada localidad. Finalmente, la legisladora Sofía Sánchez mocionó «Aprobar el proyecto de resolución para fiscalizar los abusos cometidos por el Sindicato de Trabajadores del IESS y salvaguardar la seguridad social». El proyecto logró 96 votos a favor. De esta forma, Argudo y más representantes de este sindicato deben comparecer y presentar la información necesaria que permita identificar estos presuntos abusos cometidos en este sindicato de trabajadores. Investigación Los cinco asambleístas de Azuay iniciaron un proceso de fiscalización al interior del IESS en esa provincia. Rosa Argudo admitió en su comparecencia del 25 de junio de 2024, que al menos cinco de sus familiares trabajan en la institución. Además del presunto nepotismo, las autoridades fiscalizan un presunto caso de corrupción dentro del sindicato de trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde es secretaria. La Contraloría realiza una auditoría a los bienes de Argudo tras identificar que la compra del Hotel San Antonio en Cuenca se realizó parte de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadoras y Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social (Cetoss). Confederación a la que pertenece la investigada.

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