Nacionales

56,84% de ecuatorianos no le cree al presidente de la República, Daniel Noboa. Mientras el 37,02% sí le cree. Así se muestra en el informe de Perfiles de Opinión, de julio de 2024. La empresa realizó las encuestas a 621 hombres y mujeres, de 18 a 65 años, de Quito y Guayaquil, entre el 6, 7 y 8 de julio de 2024. Entre los resultados, se muestra que el 2,86% de encuestados cree que la gestión del presidente es muy buena y 38,41% cree que es buena. Es decir, 41,27% está a su favor. Mientras que el 38,28% de personas cree que es mala y 14,19% es muy mala. Es decir, el 52,47% considera que la gestión de Noboa es deficiente. ResultadosPerfiles de Opinión mencionó que el 65,55% de los que apoyan la gestión de Noboa indicaron que es por el combate a la inseguridad. El 26,48% de los ecuatorianos que criticaron la gestión de Noboa señalaron que es por el mal manejo de la economía, como subir el IVA y eliminar los subsidios. El 26,11% indicó que critica a Noboa porque no cumple lo prometido y, el 25,02%, porque no combate la inseguridad. Además, se indicó que el 40,66% de encuestados señaló que Noboa tiene una mala imagen y el 10,69% tiene una imagen muy mala de él. Mientras que el 41,76% tiene una imagen buena y el 3,02% una muy buena. Vicepresidenta AbadLas encuestas también evalúan la gestión de la vicepresidenta Verónica Abad. Así, el 44,26% calificó como mala su gestión, 12,30% como muy mala y el 14,89% la tildó de buena. También se mostró que el 69,25% de encuestados no le cree a Abad, y el 9,47% sí le cree. Al consultar a los ecuatorianos si esperan que Noboa encargue la presidencia a Abad, para participar en las elecciones de 2025, el 47,35% de encuestados espera que este encargo se efectúe.

Iza ha recibido el cobijo también de Pachakutik para ser un contendor en los comicios 2025. Luego de una larga sesión de Consejo de Gobierno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) escogió la noche del 20 de julio a Leonidas Iza como su candidato presidencial para las elecciones de 2025. La noticia la dio a conocer Apawki Castro, exdirigente de la Conaie y hoy coordinador de Pachakutik, quien resaltó que la elección de Iza se realizó en consenso. Desde la mañana del sábado, Conaie, Ecuarrunari y Confeniae se reunieron en Conocoto, al sureste de Quito, para definir un candidato para las próximas elecciones presidenciales, posibles alianzas e incluso eventuales movilizaciones por el encarecimiento de las gasolinas en el país. Iza ha recibido el cobijo también de Pachakutik para ser un contendor en los comicios 2025. El pasado 8 de junio la organización lo seleccionó en una convención nacional. Las barajas presidenciales se empiezan a definir, pues para mediados de agosto ya deben inscribir sus nombres en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El asesinato de cinco personas en un bus interprovincial, en la vía Babahoyo – San Juan, en la provincia de Los Ríos, echó gasolina a la relación del Gobierno con los transportistas. Hoy amenazaron con radicalizar las protestas por la insostenible violencia criminal en las vías. Conductores y dueños de unidades cuestionan al Ejecutivo por la falta de resultados de los operativos de control de la fuerza pública. El pasado martes la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, se retiró de la mesa de seguridad con los delegados del Ejecutivo, porque asegura que los controles son insuficientes para frenar asesinatos, robos, extorsiones y secuestros a los transportistas y pasajeros. «Hay presencia policial y de los militares, pero resulta insuficiente o la estrategia o la falta de una política más contundente sobre el tema, esto es una situación que demandamos ahora si de una forma más radical». El próximo jueves 25 de julio, en la Asamblea Nacional de Transportistas que se realizará en Quito, decidirán si convocan a una paralización nacional de todas las federaciones que reúnen a 278 mil agremiados. Desde el 11 de julio, el Gobierno ordenó a la policía y a las Fuerzas Armadas que ejecuten operativos conjuntos de control y patrullaje, las 24 horas, en las vías consideradas más peligrosas del país. El Gobierno no ha hecho comentario alguno sobre la advertencia. Se limitan a decir que el diálogo se mantiene, y el bloque de seguridad ratificó que 1 500 uniformados están movilizados en los ejes viales conflictivos de siete provincias: Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro, Esmeraldas.

El ciudadano Marlon Pasquel presentó una denuncia en contra del exministro de Energía encargado, Roberto Luque, y del gerente general subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero. La denuncia es por el presunto delito de tráfico de influencias en el proceso precontractual y contractual de una barcaza para la generación eléctrica en el país. Como parte de la investigación, Pasquel pidió que la Celec entregue la documentación sobre el proceso para la contratación de la barcaza con la empresa turca Karpowership, se hagan peritajes y se convoque para toma de versiones a los denunciados y al periodista Carlos Vera, quien entrevistó a Luque. Investigan corrupciónEn su denuncia presentada en la Fiscalía quedó a la vista que Karpowership, que está trayendo su barcaza de generación eléctrica a Ecuador a su cuenta y riesgo, ha sido acusada de corrupción en Líbano, Pakistán y Sudáfrica. Según Pasquel, el medio de comunicación News 24 recogió esa información debido a que Karpowership es acusada de pagar comisiones a una compañía vinculada a empresarios de Pakistán. La empresa sería cuestionada por pagar a intermediarios más de USD 5 millones para obtener un contrato de cinco años por un valor de USD 565 millones. De acuerdo con la información mediática, el convenio fue rescindido (quedó sin efecto), lo que desató una batalla legal por siete años y una investigación de corrupción en curso. La más reciente acción judicial la habría publicado el Daily Maverick, de Sudáfrica, el 13 de octubre de 2023. Es por eso que, como parte de las diligencias, Pasquel pidió que se solicite cooperación internacional a Líbano, Pakistán y Sudáfrica, para que esos países informen sobre los supuestos casos de corrupción en la contratación de barcazas generadoras de electricidad de Karpowership. Para Pasquel, el objetivo es evitar que en Ecuador se registre un caso similar. Detalle del casoEn su escrito, el denunciante detalló sobre la crisis en el sector energético ecuatoriano y el proceso precontractual y contractual hasta dar con la empresa de origen turco. El 16 de abril de 2024, el Ministerio de Energía y Minas, a través de un Acuerdo Ministerial, declaró en emergencia al sector eléctrico, debido a los apagones generalizados en el país. La declaratoria de emergencia tuvo una duración inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga según sea necesario. El principal objetivo de la declaratoria fue permitir la adquisición y generación adicional de energía para mitigar la crisis y para ello, la Corporación Eléctrica del Ecuador tomó medidas para la compra, suministro, construcción y puesta en servicio de sistemas de interconexión que permitan la incorporación de generación eléctrica adicional. Comentó que los procesos de contratación se debieron llevar a cabo de manera urgente conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. Se dispuso a las empresas distribuidoras de electricidad coordinar con la Celec el aseguramiento del aporte de la nueva generación de emergencia de energía. Celec, a la vistaSegún Pasquel, las cosas no quedaron ahí. El 10 de junio de 2024, Calero como gerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador, declaró en emergencia a esta empresa pública y la autorizó para que contrate electricidad para afrontar la crisis eléctrica. De esa manera, se habría permitido la contratación de electricidad adicional por 475 megavatios, incluyendo motores a fuel oil (residuo que se obtiene de la destilación fraccionada de petróleo) y soluciones flotantes como barcazas. Es así que el proceso de contratación se inició a finales de junio de 2024. De los 475 megavatios, 328 provendrían de soluciones en tierra; mientras que 147 megavatios se obtendrían a través del alquiler de barcazas generadoras de electricidad. Contrato no ha sido adjudicadoProducto del análisis hecho por Pasquel, se presume de un acto de corrupción administrativa. Con fecha, 5 de julio de 2024, Roberto Luque, como exministro de Energía y actualmente ministro de Obras Públicas, declaró públicamente, en el programa de Carlos Vera: “Vera a su manera”, que “la barcaza está viniendo y que llegaría en aproximadamente 10 a 15 días”. La situación en este punto es que, según Pasquel, la empresa turca está trayendo una barcaza, para generación eléctrica sin haber sido formalmente adjudicada, esta acción implicaría una posible violación de los procedimientos legales y reglamentarios establecidos para la contratación pública en Ecuador. El ministro justificó la contratación de barcazas como una medida necesaria y urgente para asegurar el suministro eléctrico continuo y destacó que las barcazas ofrecen una solución rápida y flexible para incrementar la capacidad de generación, especialmente, en momentos críticos. Luque habría señalado en esa entrevista que el proceso de licitación y contratación fue llevado a cabo por la Celec, asegurando que se siguieron todos los procedimientos legales y normativos con una convocatoria abierta y transparente, permitiendo la participación de varias empresas internacionales con experiencia en generación eléctrica mediante barcazas. 17 ofertas de barcazasAl menos, 17 ofertas de barcazas habría conocido Luque cuando asumió por encargo el Ministerio de Energía, pero la única que quedó en pie fue la de Karpowership, que curiosamente es la que traía bajo su cuenta y riesgo una barcaza. Para el denunciante se vulneró el derecho de competir en igualdad de condiciones. Por lo tanto, eso no solo indicaría una falta de cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para la contratación pública, sino dejaría entrever que el entonces ministro de Energía encargado o cualquier otro funcionario utilizaron su influencia para favorecer a la empresa turca. Ante lo expuesto, dijo que eso constituiría un delito de tráfico de influencias. Debido a que la denuncia involucra a funcionarios del Gobierno, solicitó medidas de protección para él y su familia. Piden conformación de veeduríaEn un escrito dirigido al presidente del Consejo Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Andrés Fantoni, Pasquel solicitó que se conforme una veeduría ciudadana para vigilar el proceso precontractual y contractual de la contratación de la barcaza para la generación eléctrica a cargo de la Celec. La barcaza que será alquilada por Ecuador está ya en Panamá y fue armada hace un mes,

La vicepresidenta Verónica Abad dijo que está dispuesta a propiciar el diálogo con México si llega a asumir la Presidencia de manera temporal. Aunque el Gobierno aún busca evitar que ella asuma el cargo de manera temporal. La vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, podría asumir las funciones presidenciales temporalmente si Daniel Noboa se presenta como candidato a la reelección. La Constitución ecuatoriana señala que por ausencia temporal del jefe de Estado, lo debe reemplazar su vicepresidente. Ecuador y México rompieron relaciones diplomáticas tras el asalto a la embajada en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa. Abad dijo a EFE que es «inconcebible un asalto, literalmente, a la propiedad privada, y más todavía de otro país», que está protegido por el derecho internacional. La vicepresidenta, con la que Noboa mantiene un marcado distanciamiento desde la campaña para la segunda vuelta electoral, aseveró que le ha costado mucho «poder mirar a la cara» al embajador de México en Israel tras el asalto a la embajada mexicana en la capital de Ecuador. «En realidad es una vergüenza que Ecuador haya podido resolver sus problemas de esta manera», subrayó al agregar que se debe propiciar un diálogo serio. Abad comentó que, si llega el caso, analizará toda la información, y se podría propiciar un acercamiento. «Eso tiene que darse, las acciones de, o visitarnos o pedirles que nos visiten, o abrir un intermedio, pero algo hay que hacer», apuntó. Consultada sobre si, en su eventual calidad de jefa de Estado interina, buscará abrir una puerta para solucionar la situación diplomática con México, Abad respondió: «Correcto». El pasado 5 de abril, Noboa ordenó el ingreso de la Policía a la Embajada mexicana, en Quito, para detener a Glas. El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le había otorgado asilo diplomático, aunque contaba con una orden de detención en su contra por un caso de corrupción en el que está imputado. Glas, que rechaza los cargos en su contra y se declara un perseguido político, fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa y se encuentra desde su última detención recluido en La Roca, la prisión de máxima seguridad de Ecuador, pues tenía pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por corrupción dictadas en 2017 y 2020. DemandasMientras, México y Ecuador se han contrademandado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con acusaciones mutuas de haber contravenido convenios internacionales sobre relaciones diplomáticas. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Gobierno de Noboa, Gabriela Sommerfeld, afrontará un juicio político que la oposición ha iniciado en la Asamblea Nacional contra ella es un proceso derivado de la invasión a la Embajada de México. (EFE

En un operativo dirigido a contrarrestar actividades ilícitas de Grupos Armados Organizados en el cantón Durán, la Policía Nacional, con personal de los subsistemas preventivo, investigativo e inteligencia, realizó varias intervenciones desde la noche del 17 de julio de 2024. Estos operativos resultaron en la localización de dos bodegas clandestinas que contenían una gran cantidad de documentación vehicular falsificada, utilizada para la ejecución de actos ilícitos. La Policía estima que esta red criminal manejaba alrededor de 200.000 documentos falsificados en Durán, generando ingresos entre $50 y $100 por cada trámite de matriculación o revisión vehicular fraudulenta. Las bodegas, ubicadas en Durán y el Distrito 9 de Octubre, contenían: -Matrículas y documentos de revisión vehicular falsificados. -Formularios técnicos vehiculares. -Adhesivos holográficos de revisión vehicular. -Códigos de barras de seguridad. -Láminas de impresión industrial de especies valoradas. -Matriz metálica de impresión. Se descubrió que esta estructura delictiva obtenía réditos económicos mediante la emisión fraudulenta de permisos de circulación vehicular en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Pichincha, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Azuay y Napo. Los documentos incautados pertenecían a más de 31 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Un individuo fue detenido y entregado a la justicia para fines investigativos. El Coronel Pablo Dávila, Comandante subrogante de la Zona 8, destacó que el trabajo coordinado permitió este resultado y afirmó que la Policía Nacional actuó en flagrancia. Además, pidió a las autoridades cumplir con lo requerido dentro del marco legal. Vicente Aguad, Gobernador de Guayas, subrayó que en menos de 24 horas se obtuvieron resultados contundentes, frenando la comisión de delitos gracias al trabajo efectivo de las fuerzas del orden. «Esto se traduce, no solamente en que los malhechores puedan despojar a una familia de su vehículo en la carretera, sino que puedan utilizar ese mismo vehículo para delinquir en otra ciudad o venderlo a otra persona sin levantar sospechas», expresó el Gobernador.

La vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, dijo que se siente atrapada en un laberinto sin salida debido a un conflicto abierto con el presidente Daniel Noboa. Abad acusa a Noboa de estar detrás de un presunto hostigamiento dirigido a forzar su renuncia. Abad, que se siente «desterrada» y víctima de una «persecución histórica», no comprende el «0di0» hacia ella por parte de Noboa, quien -según aseveró- la buscó para formar el binomio de candidatos para las elecciones extraordinarias de 2023. La vicepresidenta recordó, en una entrevista con EFE, que la última vez que estuvo junto a Noboa fue al inicio de la campaña a la segunda vuelta, cuando ya sintió un trato «hostil» por parte de Noboa quien, poco después de asumir el cargo, y sin diálogo de por medio, la envió como embajadora en Israel. ¿Laberinto político? El futuro político de Abad es aún incierto pues, aunque la Constitución señala que en ausencia temporal del jefe de Estado se deben delegar las funciones presidenciales en el vicepresidente, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, ha señalado que «sería nefasto» que Abad asuma el poder si Noboa tuviese que pedir licencia para hacer campaña con miras a su reelección en los comicios de 2025. Abad -que ha cuestionado ciertos movimientos políticos de Noboa- ha sido vinculada a un caso en el que se investiga a su hijo, Sebastián Barreiro, en una presunta «oferta de realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia» y también debe afrontar una investigación sobre una presunta infracción electoral cuando se presentaba como candidata a la alcaldía de su ciudad, Cuenca. La audiencia por la investigación electoral será el 15 de agosto, y el tribunal a cargo ha apuntado que si «la denunciada no comparece en el día y hora señalado, y no justificare su inasistencia», la audiencia «se llevará a cabo en rebeldía» y su defensa será asumida por un defensor público. Aunque en una videoconferencia desde Tel Aviv, Abad aseveró a EFE que no ha sido notificada aún sobre dicha audiencia, no sabe cómo podría afrontarla pues, argumentando que nadie puede reemplazarla en la función delegada, la Cancillería le ha negado un permiso de cinco días que solicitó para atender temas familiares y de salud, según dijo. «¡No pueden hacer que no llegue a defenderme!», subrayó Abad quien, de ser hallada culpable, puede perder los derechos políticos, con lo cual no puede ejercer ningún cargo público. Envuelta en lo que parece ser un laberinto político, Abad siente que tratan de cerrar el cerco en torno a ella para forzarle a renunciar, posibilidad que ni siquiera la contempla, aunque aseveró temer por su vida. Abad, que vive en Tel Aviv con dos de sus hijos, cuestionó que le hayan retirado la seguridad en Israel y que tampoco la tenga en Ecuador su hijo Sebastián, quien estuvo en prisión preventiva en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país, en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra. «Amenaza directa» A inicios de este mes, Noboa consideró que Abad renunciará por decisión propia. «Ella se va a salir solita, yo creo», dijo en una entrevista cuando le preguntaron que si buscaba sacar del cargo a Abad. La vicepresidenta tildó a esa declaración como «una amenaza directa» y recalcó que no renunciará. De 47 años, madre de tres varones y abuela de un niño, Abad aseguró tener «alma política» y, aunque sostiene que la han «intentado callar» durante su vida política, no descartó una eventual futura postulación como candidata a la Presidencia o a la Vicepresidencia. Pero por el momento, se concentra en qué otros temas políticos o judiciales pueden sumarse en el laberinto en el que se encuentra: «Ya han intentado de todo. ¿Ahora qué, qué continúa, qué más hay?, por eso temo por mi vida».

La fiscal Diana Salazar explicó las motivaciones detrás de la denuncia que interpuso contra la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, por la presunta difusión de información privada. Todo empezó la semana pasada, cuando el expresidente Rafael Correa publicó un video en el que cuestiona el embarazo de Salazar e insiste en el juicio político. Aquel material fue replicado por sus simpatizantes. Esto provocó que la fiscal interpusiera una denuncia contra la asambleísta Gissela Garzón, puesto que ella habría filtrado datos personales. Sin embargo, la parlamentaria correísta mencionó en un video que la solicitud de seguimiento “se refirió exclusivamente al criterio del Procurador General del Estado, que derivó en la suspensión del juicio político” presentado por ella en noviembre del año pasado. “Ninguno de los pedidos hizo referencia a la vida privada, íntima, familiar o de salud de nadie”, resaltó Garzón. FISCAL RESPONDEPor su parte, la fiscal Diana Salazar hizo un alto a sus vacaciones este viernes 19 de julio del 2024 para exponer su postura frente a las declaraciones de la asambleísta de la Revolución Ciudadana. Relató que el pasado 18 de junio presentó ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) un segundo documento sobre el estado de su embarazo. “Este certificado reposaba en el archivo del CAL. Resulta que la señora asambleísta pide ser invitada a esa sesión, se nutre de la información, y le pasa al prófugo de la justicia para que él exponga”, aseguró Salazar en entrevista con el medio digital ‘Visionarias’. Reiteró que Garzón tuvo acceso a su historial clínico y luego salió el video compartido por Correa en el que se habla del número de semanas de embarazo y más detalles de carácter personal. Por ello, puso una denuncia con el objetivo de “determinar la responsabilidad de aquellas personas que le fueron a entregar la información al pródigo de la justicia para que empiece a difamar y hacer mofa” sobre su estado de salud. La fiscal también subrayó que no está huyendo al juicio político, ni desconoce la capacidad fiscalizadora de la Asamblea, pero solicita que respeten su vida personal. “Yo siempre estuve, estoy y estaré lista para responder a cada una de las falacias que ponen como causales de juicio político. Lo único que yo le he pedido al CAL y a la Asamblea Nacional es que se respete mi derecho”.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana pidió una sanción para Lucía Jaramillo (ADN), por la intención de fiscalizar a una empresa privada. Una nueva queja se presentó en la Asamblea Nacional. Esta vez, la acción es en contra de la oficialista, Lucía Jaramillo (ADN). La queja fue ingresada por Victoria Desintonio, de la bancada de la Revolución Ciudadana. La asambleísta envió un memorando al presidente del Legislativo, Henry Kronfle, el 18 de julio de este 2024. En el escrito, Desintonio argumenta que la queja se debe a la rueda de prensa que emitió Lucía Jaramillo, el 16 de julio, en el Palacio Legislativo. Acompañada de la bancada oficialista Acuerdo Democrático Nacional (ADN), la legisladora- quien antes era del Partido Social Cristiano (PSC)- anunció la creación de un frente parlamentario contra el tráfico ilegal de combustibles. La iniciativa de conformar este grupo se dio luego de la denuncia penal del Gobierno Nacional en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, su hermano, Antonio Álvarez, y nueve personas más. La denuncia la presentó Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARC), por la supuesta comercialización ilegal de combustibles. Argumentos En este sentido, Victoria Desintonio sostiene que Jaramillo usó las instalaciones del Parlamento para referirse a un proceso de fiscalización a una empresa privada. «No podemos caer en arbitrariedades y fiscalizar o iniciar un proceso de control político contra una empresa privada, lo cual correspondería a otra función o institución del Estado», precisa. En el documento, la asambleísta de la Bancada Ciudadana alega que la oficialista habría cometido una falta administrativa grave. La misma se encuentra en el numeral 3 del artículo 5 del Reglamento para el Trámite de Faltas Administrativas. Es decir, según la queja, Lucía Jaramillo habría «hecho uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura, tales como credenciales o cualquier otro distintivo, para actos ajenos a su naturaleza y que lesionen el prestigio de la institución». De esta manera, Desintonio solicitó una sanción, de acuerdo a la ley, que es la suspensión sin remuneración de 9 a 30 días para Jaramillo. La queja se conocerá en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano que analizará esta acción y adoptará una resolución.

La investigación penal se extenderá hasta fin de mes. Al mediodía de este jueves, los cuatro militares sospechosos del femicidio de la subteniente Pamela Ati dejaron la zona de aseguramiento temporal del Centro de Detención Provisional en El Coca, después que la jueza del caso, Miraya Torres, legalizó la detención como le ordenó un tribunal de la Corte Provincial de Orellana. Vía terrestre, tras un viaje de 300 kilómetros, está previsto que sean llevados hasta la cárcel 4 de Quito, donde cumplirán la prisión preventiva mientras siguen las investigaciones. Si no hay vinculaciones, la instrucción fiscal terminará este fin de mes y habrá un dictamen fiscal y pasar a la etapa de juicio. Los abogados de los mayores, Xavier Pinoargote y Freddy Quintanilla, se pronunciaron en contra de la prisión preventiva. «Tres jueces cobardes que no tienen ni la mitad de la valentía de la jueza de primera instancia, alejaron muy superficialmente que existía un peligro de fuga». «A cuatro inocentes tienen procesados porque hicieron un acto de solidaridad, un acto de empatía a dejar a la subteniente Ati a que repose en su pieza». Los dos mayores y los tenientes Ángel Jiménez y Jhon Mena dijeron que llevaron a la oficial a su habitación porque había tomado licor, le quitaron su calzado y cinturón, y la dejaron durmiendo, pero la autopsia reveló que fue agredida físicamente, violada y estrangulada. La Policía los apresó este miércoles en la Brigada 19 Napo, de Orellana, donde trabajaban y donde ocurrió el crimen.