Nacionales

Fiscalía inicia otro proceso contra exjuez Joffre R. por prevaricato Joffre Javier R. se encuentra procesado en el caso Plaga, por presunta delincuencia organizada. Una nueva orden de prisión preventiva por prevaricato fue dictada contra el exjuez Joffre Javier R., quien ya enfrenta otros procesos por el mismo delito y por delincuencia organizada en el marco de la trama de corrupción judicial conocida como «Plaga». Durante su tiempo en funciones, el magistrado liberó a varios reclusos. La Fiscalía General del Estado presentó los elementos de convicción para formular cargos contra el exjuez de Garantías Penales del cantón Chone, Joffre Javier R., por su presunta responsabilidad en el delito. El Magistrado que conoció la causa acogió el pedido de la Fiscal Provincial de Manabí y dictó prisión preventiva contra el procesado. Además, dispuso el inicio de la instrucción fiscal de noventa días. Excarcelación de presosEn la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía señaló que la investigación determina una presunta responsabilidad del hoy procesado en la emisión de boletas de excarcelación a favor de cinco privados de libertad, que se encontraban cumpliendo sentencias condenatorias (por diferentes delitos) en un centro carcelario de la provincia. Según lo expresado por la Fiscal Provincial en la diligencia, estas acciones constituyen un abuso de las medidas cautelares, desnaturalizando las acciones de protección de carácter constitucional. Para sustentar el pedido de formulación de cargos y las medidas cautelares, se presentaron más de 20 elementos de convicción, entre ellos las copias certificadas de la acción constitucional iniciada en 2020, el informe investigativo del hecho y el reconocimiento del lugar de los hechos. También se presentó la resolución emitida por la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, que declaró error inexcusable a las actuaciones del entonces juez Joffre R. Al concluir la audiencia, el Magistrado a cargo de la diligencia acogió el pedido y dispuso la medida cautelar de prisión preventiva. Joffre Javier R. se encuentra procesado en el caso Plaga, por presunta delincuencia organizada y, además, se encuentra llamado a juicio en otra causa por prevaricato, debido a sus acciones en beneficio de privados de libertad, al acoger medidas constitucionales de protección de forma irregular. El delito de prevaricato es sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años y se encuentra en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal.

«Sabíamos que los narcojuicios nacieron viciados, sin el sustento que, al menos, un proceso de este tipo requiere», afirmó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de conocer la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de archivar las solicitudes de juicio político en su contra. Al referirse a las motivaciones políticas que, según ella, buscaron perjudicar su gestión, dijo que «lo ocurrido todos estos meses da cuenta de los macabros intereses que había detrás de estos juicios». Con 76 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional archivó las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la fiscal general del Estado, presentadas por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez, perteneciente a Revolución Ciudadana, la formación política liderada por el expresidente Rafael Correa. Salazar destacó que, durante su gestión, se ha enfocado en brindar respuestas oportunas a la ciudadanía, y afirmó que la decisión del Pleno refleja el respaldo del pueblo ecuatoriano, que, según ella, está cansado de la corrupción y la delincuencia organizada. Asimismo, consideró que es importante respetar la representación de la máxima voluntad popular, «sobre el deseo particular de un grupo político que, únicamente, busca impunidad». Revolución Ciudadana tuvo solo 45 votosPrevio a la votación, el legislador socialcristiano Otto Vera, durante el debate, recordó que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tenía hasta este lunes para sustentar la causa, pero dijo que ese plazo no se cumplió, por lo que solicitó que se archivaran las causas contra la fiscal. El legislador recordó que el CAL, el 4 de septiembre de 2024, dispuso que la Comisión de Fiscalización retome la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político. Además, resolvió que previo a la calificación de los juicios resuelva la acumulación de tales solicitudes. Vera recordó lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala: “La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud avocará conocimiento de la solicitud”, es decir hasta las 24h00 del 9 de septiembre de 2024, pero las decisiones de la Comisión se tomaron fuera del plazo. El movimiento Revolución Ciudadana, que impulsó el juicio de censura contra Salazar, tuvo solo 45 votos de respaldo en el pleno. Salazar ha investigado varios procesos por corrupción durante la administración de Rafael Correa, quien fue condenado a ocho años de prisión en el caso conocido como ‘Sobornos’.

Los establecimientos estaban ubicados en el cantón Machala y se les retiró el permiso sanitario. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), por medio de su Coordinación Zonal 7, clausuró dos plantas procesadoras de agua purificada envasadas en Machala, en la provincia de El Oro, por incumplimientos a la normativa sanitaria. La primera inspección ocurrió en un garaje que era el centro de producción de agua purificada en la parroquia Puerto Bolívar, en donde además de falta de orden, aseo y limpieza, se encontraron plagas como cucarachas. Además, se evidenció la acumulación de sedimentos que estaban flotando en los tanques de agua, la cual estaba preparándose para ser envasada. Técnicos de Arcsa llegaron al local justo cuando procesaban el producto que no contaba con permisos sanitarios vigentes, por lo que «se procedió con la clausura inmediata como medida cautelar a fin de evitar daños a la salud», mencionaron las autoridades. Así mismo, en otro establecimiento, en el mismo cantón Machala, se evidenció, mediante análisis de laboratorio, la contaminación microbiológica del agua envasada purificada que se procesaba, por ello, se procedió a la suspensión de los permisos sanitarios. «Con estas clausuras, Arcsa evita la comercialización de unos dos mil bidones diarios de productos que ponen en riesgo la salud de los consumidores; por ello, recuerda a la población que puede reportar irregularidades sanitarias a través de la aplicación Arcsa Móvil».

Con 76 votos afirmativos, el pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar el juicio político contra la Fiscal General Diana Salazar, propuesto por los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladares y Gisella Garzón. Sin embargo, en la resolución no se mencionó cuál será el futuro de los juicios políticos en contra del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo; exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Antes de aprobada la resolución al interior del Legislativo, la bancada de ADN se pronunció sobre el tema en redes sociales “A pesar de los incidentes en la Comisión de Fiscalización y Control Político provocados por miembros de la Revolución Ciudadana, la Bancada de ADN (…), logramos el archivo de los dos juicios políticos contra la Fiscal Diana Salazar Méndez”, señaló el comunicado. “Hoy en el Pleno, ratificaremos nuestra firme posición en la lucha contra la mafia y sus tentáculos en la política”, dijo la bancada de ADN. Una ‘agitada’ sesión de la Comisión de Fiscalización marcaría el futuro del juicio contra Salazar En medio de enfrentamientos y gritos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional rechazó la calificación del juicio político contra la fiscal Salazar. La moción planteada por la bancada correísta, no obtuvo los votos necesarios para su calificación. A los pocos minutos de iniciada la sesión, se apeló la presidencia de Aguirre argumentando que no acató el fallo del juez Romero sobre la acción de protección que permitiría el archivo de los juicios políticos contra los tres exministros de Lasso.

Abad dijo que su traslado a Turquía busca «amordazarla». La Cancillería responde que fue ella quien pidió ser movilizada hacia otro país. La Cancillería reaccionó a las declaraciones de la vicepresidenta y Embajadora de Ecuador en Israel, Verónica Abad, quien dijo que fue trasladada a Turquía para silenciarla y que no interfiera con sus declaraciones en las elecciones presidenciales en las que Daniel Noboa buscará la reelección. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló este 10 de septiembre que fue la propia Verónica Abad quien, mediante comunicaciones a Cancillería, solicitaba el traslado temporal a otro país con el fin de salvaguardar su integridad y el de su familia por el conflicto bélico entre Israel y Palestina Dicho pedido, dice el documento, también consta en declaraciones públicas. Y que con base en estos pedidos, el presidente Daniel Noboa suscribió un decreto el 8 de agosto para su traslado hacia Turquía, «país seleccionado debido a su proximidad geográfica, no requerimiento de visa, seguridad y buena disposición para dicho traslado temporal». Además, se explicó que solo se trasladó a ella y su familia porque el resto del cuerpo diplomático expresó «su deseo de permanecer en Israel». El 9 de septiembre, Abad dio una entrevista para El País de España y dijo: «Me están enviando a amordazarme. He solicitado explicaciones sobre por qué me envían a Turquía, pero hasta ahora no he recibido respuestas. Estas son las presiones para que renuncie y abandone el cargo por mi cuenta».

Abad y Noboa están envueltos en una pugna que se ha acrecentado por el encargo de la Presidencia durante la campaña de las elecciones 2025. La vicepresidenta Verónica Abad considera que su traslado a Ankara (Turquía) no busca protegerla, sino «acallarla» desde el Gobierno de cara a las elecciones presidenciales 2025, en las que Daniel Noboa será candidato. En una entrevista con diario El País de España, publicada el 9 de septiembre, dijo: «La intención final es silenciarme. El Gobierno busca acallarme una vez más para que no interfiera en su campaña política, en la que evidentemente ya está inmerso. Mi traslado a Turquía no ha sido debidamente preparado. (…) No es cierto que el traslado sea por razones de seguridad, el Gobierno y la canciller mienten. El equipo diplomático, por ejemplo, ha decidido quedarse en Israel, mientras que yo tengo que irme sola». El 8 de agosto, Daniel Noboa suscribió un decreto en el que ordena que Verónica Abad se traslade hasta Turquía para seguir desempeñándose como Embajadora de Ecuador en Israel. Esto, tras las tensiones bélicas entre ese país y Palestina. Recién el 9 de septiembre, Verónica Abad tomó un vuelo para dirigirse a Ankara en cumplimiento al decreto presidencial. En Turquía, dice, no tiene funciones y además le pidieron que no haga declaraciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina ni sobre la coyuntura política ecuatoriana. «Me están enviando a amordazarme. He solicitado explicaciones sobre por qué me envían a Turquía, pero hasta ahora no he recibido respuestas. Estas son las presiones para que renuncie y abandone el cargo por mi cuenta», sentenció. Abad y Noboa están envueltos en una pugna que se ha acrecentado por el encargo de la Presidencia durante la campaña de las elecciones 2025.

Los ascensores deben ser usados por embarazas, personas con discapacidad y de la tercera edad, y para quienes trabajen a partir de un sexto piso. La Presidencia de la República ha emprendido una campaña para que los servidores públicos de todo el país ahorren luz durante su jornada laboral. Una de las disposiciones del Ejecutivo es limitar el uso de los ascensores para las embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera edad, y para los funcionarios que trabajen en oficinas a partir de un sexto piso. Las directrices planteadas por el Ministerio de Energía y Minas fueron publicadas este lunes 9 de septiembre. «Los funcionarios públicos gubernamentales deben acatar los siguientes lineamientos», señala el comunicado en el que se establece, además, que los aires acondicionados no deben funcionar a menos de 24 grados Celsius. Y se enfatiza que deben encenderse los equipos «estrictamente indispensables». Asimismo, se ordena mantener apagadas las pantallas informativas y las luces decorativas. Adicionalmente, instan a los funcionarios a trabajar con la luz natural en los espacios donde la energía eléctrica no sea necesaria. Finalmente, el Ministerio de Energía pidió un informe a las demás instituciones públicas adscritas al Ejecutivo en el que se detalle el costo de transición hacia luminarias LED. Ecuador atraviesa un periodo de estiaje que afecta el nivel de los caudales de los ríos que alimentan las plantas hidroeléctricas, sin embargo, el ministro de Gobierno, Arturo Félix, aseguró este lunes 9 de septiembre que en los próximos días no existirán apagones gracias a los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo para evitar los racionamientos, como el alquiler de una barcaza a una empresa turca que comenzará a proveer electricidad desde Guayaquil. Sin embargo, apenas el sábado pasado hubo un corte de luz que afectó a 11 provincias. De acuerdo al Ejecutivo, esta suspensión del servicio obedeció a un error humano. A finales de 2023 y a mediados de abril pasado, sendos periodos de sequía dejaron al descubierto los problemas del sector eléctrico de Ecuador, altamente dependiente de la energía hidroeléctrica y del suministro procedente de Colombia, lo que causó apagones y racionamientos de electricidad programados de hasta trece horas de duración en algunos puntos del país. Tras esta situación, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró en agosto la emergencia en el sector eléctrico para acelerar la contratación de más fuentes de energía.

El Municipio de Quito aseguró a través de un comunicado de prensa este lunes 9 de septiembre de 2024, que al menos dos de los incendios que suscitaron en la capital la semana anterior habrían sido provocados de manera intensional. Esto tras el análisis de cámaras de seguridad en los sectores de Chillogallo y la Argelia Baja, en el sur de la capital ecuatoriana. Según la entidad, en Chillogallo se habría detectado un hombre detrás de una alambrada que lanza un cerillo para iniciar las llamas y luego se aleja del lugar caminando. En la Argelia Baja, en el barrio San Marcos, los vecinos entregaron una filmación que mostraría a dos personas -no identificadas- involucradas en otro flagelo. En las imágenes uno de los individuos se habría acercado a una ladera, al costado de la vía, y habría arrojado un objeto que posteriormente generó una humareda. Este incendió se extendió hacia otros sectores como San Bartolo, El Carmen y Mercado Mayorista. Los videos fueron entregados a las autoridades competentes, para que realicen la respectiva evaluación, investigación y determinen las posibles responsabilidades penales. «Luego de revisar los videos se deduce que ambos incendios fueron provocados intencionalmente por personas inescrupulosas. que ponen en riesgo la seguridad ciudadana, el bienestar ambiental y la salud de quienes habitan en el Distrito Metropolitano de Quito», señaló el Municipio. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en su artículo 246 una pena privativa de libertad de uno a tres años a la persona que «que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos». En caso que el incendio provoque la muerte de una o más personas, la pena se incrementa de 13 a 16 años. Además, el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con la Ordenanza Metropolitana No. 075 para la gestión de incendios forestales, con sanciones de hasta 75 salarios básicos (USD 34.500). Los incendios forestales ocurridos la semana anterior emplearon hasta un 98% de la capacidad del cuerpo de bomberos de Quito.

El Municipio y la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) no han llegado a un acuerdo para poner fin al paro parcial de transportistas. Los guayaquileños buscan este martes 10 de septiembre alternativas para movilizarse en el segundo día de paro parcial de transportistas urbanos, quienes exigen al Municipio de Guayaquil que autorice un alza del pasaje a 45 centavos. Hoy está en 30 centavos (USD 0,35 en los buses con aire acondicionado). En el sector de la Entrada de la Ocho, en el noroeste de la ciudad, decenas de personas esperan una furgoneta, un auto, una camioneta o intentan subir en los pocos buses que circulan completamente llenos. El conductor de una furgoneta relató a Ecuavisa que cobra un dólar a cada persona que lleva desde la Entrada de la Ocho hacia el centro de la ciudad. Reconoció que este lunes, cuando inició el paro, fue «un día bueno». En la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera (norte de la urbe) el escenario era similar: hay pocos buses ofreciendo el servicio. Los guayaquileños tienen que salir más temprano de sus casas para intentar tomar un transporte. Adicionalmente, el Ministerio de Educación ratificó que las clases presenciales no iban a suspenderse este martes en el Puerto Principal, excepto en los planteles que funcionan en la jornada nocturna, que son muy pocos. Los centros educativos de la jornada matutina iban a tener su horario normal. Los de la vespertina, en cambio, saldrán a las 16:00. Representantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y dirigentes de cooperativas de transporte que sí salieron a laborar este lunes mantuvieron una reunión en la que se expusieron las posturas de ambas partes, pero no se llegó a un acuerdo. A esta sesión no acudió el presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), Christian Sarmiento, quien ha sido señalado por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como el responsable de esta paralización. «Christian Sarmiento y su gente no están defendiendo causas justas, están atacado a Guayaquil. No nos olvidemos que esto es terrorismo y, por supuesto, ya están denunciados», dijo Álvarez en un video difundido en redes sociales la noche de este lunes. Sarmiento, de su lado, ofreció este lunes unas «sinceras disculpas» a la ciudadanía por la medida adoptada, pero advirtió que la suspensión del servicio será de manera indefinida. Finalmente, la ATM ha iniciado 19 procesos sancionatorios en contra de las operadoras de buses que no trabajaron este lunes. La institución las acusa de paralizar un servicio público. Álvarez también mencionó con presentar querellas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Operar y reforzar la seguridad en las plantas hidroeléctricas más importantes de Ecuador fue la disposición que dio el presidente Daniel Noboa al Bloque de Seguridad (Policía Nacional y Fuerzas Armadas). La información se conoció este lunes, 9 de septiembre de 2024. El objetivo es “salvaguardar la infraestructura energética”. En el comunicado además se indicó que “se efectúe un proceso de capacitación entre las fuerzas del orden y el Ministerio de Energía y Minas para la implementación de todas las medidas de protección necesarias en el sector eléctrico, que incluya la operación de las centrales”. Líneas más abajo se señala que los perfiles profesionales “del más alto nivel de las filas policiales y militares como ingenieros mecánicos, electrónicos y técnicos afines a la rama participarán en ese proceso”. Según el Gobierno, con esta medida se espera evitar presuntos atentados contra la infraestructura de sectores estratégicos. #Comunicado ?️ | @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador operarán y reforzarán la seguridad de las hidroeléctricas más importantes del país.? pic.twitter.com/ybutczLiQO — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 9, 2024En abril, debido al estado de excepción, las Fuerzas Armadas se sumaron a las tareas de control para evitar el sabotaje en las hidroeléctricas. #Esmeraldas @FFAAECUADOR mantiene el control las 24 horas al día los 7 días a la semana en las áreas estratégicas del Estado, fin evitar afectaciones a estas instalaciones energéticas de vital importancia para el país.