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Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Después de dos derrotas en elecciones presidenciales consecutivas, el correísmo se está tomando su tiempo para definir quién competirá por el sillón de Carondelet en el 2025. Ha preferido dejar que la etapa preelectoral transcurra un poco más, antes de definir un nombre. Quiere tener una lectura lo más apegada a la realidad posible de cómo llegará el país a la cita en las urnas, y también Daniel Noboa, quien busca la reelección. Por ahora, la Revolución Ciudadana analiza cuatro alternativas: dos hombres y dos mujeres. Luisa González, una de las figuras más fieles y cercanas al máximo líder de la organización política, el expresidente Rafael Correa; es la principal carta. Cuenta con el respaldo de gran parte de la militancia, que el año anterior la eligió como Presidenta del Movimiento. Pero perdió en segunda vuelta con Noboa. Su candidatura no rebasó el promedio de votos que suele obtener en esta clase de comicios el correísmo, poco más del 40%. Por eso, actualmente se mide su aceptación popular. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, es también una opción. Ha ocupado el cargo en dos ocasiones, porque ganó dos comicios seccionales seguidos, es decir, cuenta con aceptación local. Pese a las polémicas en las que se ha visto envuelta: fue detenida y acusada de rebelión, por participar en el paro de octubre de 2019, y observada por la Contraloría por irregularidades en la firma de un contrato de obra pública. Como presidenta del CONGOPE ha tenido también mayor participación en la política nacional, y es una de las dirigentes más antiguas de la Revolución Ciudadana. Los dos hombres son: Gustavo Jalkh, exsecretario personal de Correa y presidente del Consejo de la Judicatura, quien había estado alejado totalmente de la palestra pública. Pero en los últimos meses, volvió a aparecer en entrevistas radiales y para medios digitales como analista. Su moción representa al ala fundadora del Correísmo. Completa la lista Augusto Verduga, el Consejero de Participación ciudadana más votado de la liga azul. Pese a que también formó parte de la administración de Correa, es la figura más joven y fresca. Conduce un espacio de pensamiento político de izquierda denominado la colmena y hace campaña en TikTok. La idea es sacar de esos cuatro cuadros, al binomio que aparecerá en la papeleta por RC5. Aunque aún están abiertas las posibilidades de hacer alianzas. La decisión se tomará luego de las elecciones primarias, previstas para agosto en el calendario electoral. Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! La causa de muerte de la subteniente Aidita Pamela Ati fue por asfixia mecánica, según consta en la autopsia médico legal practicada a la víctima, el sábado 29 de junio del 2024, en el Centro Forense de Sucumbíos. Este miércoles 3 de julio del 2024 se conoció que en ese mismo informe médico legal consta que la joven militar tenía huellas de violencia en la cabeza, cara, cuello, tórax, brazos y piernas. También encontraron un líquido blanquesino, que sugeriría una violación. Durante el velorio y entierro de Aidita Ati, el lunes 1 de julio del 2024, el padre de la víctima también denunció que su hija fue «ultrajada, asesinada y presuntamente violada«. Paola Montoya, abogada de la familia Ati, dijo que en este caso no se han seguido los protocolos, pues asegura que hasta el momento se desconoce quién autorizó el levantamiento del cuerpo y la autopsia. Solicitud de apelaciónActualmente hay cuatro militares procesados por este crimen. El domingo 30 de junio del 2024, la Fiscalía les procesó por el delito de femicidio y pidió prisión preventiva para los cuatro oficiales. Sin embargo, una jueza les dictó medidas alternativas como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial. Por eso, la familia de la víctima pidió que se revisen las medidas cautelares impuestas a los cuatro uniformados. Montoya dijo que ya se presentó el recurso de apelación para que se revisen las medidas alternativas a la prisión. La defensa de la familia Ati también pidió que se realicen diligencias investigativas, como la extracción de información de los celulares de los procesados y de la víctima. Investigación revela nuevos detallesSegún las primeras investigaciones, los cuatro sospechosos habrían llevado a la subteniente a su habitación y le retiraron su calzado, cinturón y le desabrocharon el pantalón. Aidita Pamela Ati fue hallada sin vida en su habitación, el sábado 29 de junio del 2024, dentro del recinto militar Brigada de Selva 19 Napo, luego de una fiesta realizada en ese lugar el día anterior. Vladimir Projnia, abogado de uno de los imputados, también pide que se extraiga la información del teléfono de Aidita. Asegura que hay un último mensaje de la víctima en el que le escribe a un miembro del Ejército y le dice «estoy mal, venme a ver«. «Si hubo un mensaje, con una última persona que la vio viva, eso nos da el indicio de la hora en la que aún estaba con vida y la última persona que estuvo ahí«, señaló Projnia. Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó este martes el inicio del proceso de juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, acusada de incumplimiento de funciones en torno a la crisis diplomática con México. Con el voto afirmativo de cinco legisladores, tres abstenciones y uno en contra, dicha comisión dio paso al inicio del proceso de sustanciación del juicio político de censura contra la canciller. Sommerfeld ha sido acusada de incumplimiento de funciones en torno a la crisis diplomática con México, derivada tras la irrupción violenta de la Policía a la embajada mexicana en Quito, el pasado 5 de abril, para detener a Jorge Glas, un exvicepresidente del Gobierno de Rafael Correa, sobre el que había una orden judicial de detención. Antes de que un juez ordenase su captura, Glas se había refugiado en la sede mexicana y al momento de su detención gozaba ya del asilo diplomático concedido por el Gobierno del presidente Manuel Andrés López Obrador, y esperaba la extensión de un salvoconducto que le permitiera abandonar el país. El exvicepresidente actualmente guarda prisión en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en la ciudad de Guayaquil, mientras los gobiernos de Ecuador y México mantienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Pamela Aguirre, dejó claro que la calificación del trámite del juicio político contra Sommerfeld responde a un procedimiento establecido en la normativa legislativa, que observa el cumplimiento de los requisitos en la solicitud del proceso de censura. La asambleísta Jhajaira Urresta, del movimiento Revolución Ciudadana, presentó el pasado 25 de abril la solicitud para el juicio político, que ya fue aceptado por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea, organismo que trasladó el expediente a la Comisión de Fiscalización. El procedimiento parlamentario implica un trámite de notificación del juicio político a la canciller, quien tendrá la oportunidad de demostrar si ha cumplido o no sus funciones, comentó la asambleísta Aguirre, que también es parte de la Revolución Ciudadana. El pasado 12 de abril, el Gobierno de México denunció ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el asalto de su embajada en Quito, llevado a cabo por fuerzas de seguridad de Ecuador. Asimismo, el Gobierno mexicano solicitó a la Corte Internacional de Justicia el inicio de procedimientos para que se declare a Ecuador responsable, proceso que ya se ventila en ese tribunal. Mientras México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, el Gobierno ecuatoriano sostiene que el Ejecutivo mexicano transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos, abusar de la inmunidad diplomática y violar las normas de asilo que impiden dar ese beneficio a personas condenadas por tribunales ordinarios y procesadas por delitos comunes. EFE Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! La Policía Nacional decomisó en la provincia de El Oro tres toneladas de droga, valoradas en 254 millones de dólares. Las sustancias sujetas a fiscalización estaban en un contenedor de banano de exportación. Este martes 2 de julio del 2024, se informó sobre la operación ‘Poseidón 23’, en la que un perro antinarcóticos descubrió 3.190 envolturas con clorhidrato de cocaína en medio del producto. El alcaloide pretendía ser enviado hacia Rusia. Al momento los equipos investigativos se encuentran realizando las pesquisas pertinentes para dar con los responsables de este hecho. La Policía informó que el valor de la sustancia ilícita en el Ecuador sería de más de seis millones de dólares, pero en el exterior puede bordear los 254 millones. Tras el decomiso, se efectuó el pesaje total, dando como resultado tres toneladas con 183 kg. Se estima también que se retiraron del mercado más de 31 millones de dosis. Los decomisos de droga en contenedores de banano se han vuelto cada vez más comunes. El 21 de mayo del 2024, Georgia interceptó un cargamento de cocaína escondido en esta fruta procedente del Ecuador. Cinco días después, la Policía halló cerca de 25 millones de dosis de droga en un terminal portuario de Guayaquil. También iban en un contenedor de banano y su destino era Rusia. Con Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, como vecinos y con varios puertos de comercio exterior en sus costas, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga a los mercados de mayor consumo del alcaloide: Europa y Norteamérica. Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Las delegaciones provinciales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) podrían sumarse a la movilización nacional convocada para el 4 de julio, en rechazo a la eliminación de subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís. «De pronto, pueda ser que nos unamos» dijo Leonidas Iza, presidente de la organización, pero no dio certezas. Sin embargo, esto no significa que no se manifestarán. El dirigente explicó que la segunda semana de julio se realizará una asamblea presencial en la que definirán las acciones en respuesta a las medidas del Gobierno. «No es solo subsidios, es todo un paquete empobrecedor para la mayoría del pueblo ecuatoriano (…) La Conaie no saldrá para una o dos horas, sino hasta tener resultados», aseguró Iza. Con ello, también hizo referencia a las manifestaciones de 2019 y 2022; señaló que aunque empezaron como una iniciativa del movimiento indígena, escalaron a nivel nacional. La Conaie entregó el proyecto de LeyEste 2 de julio, representantes del sector indígena entregaron en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado. Este buscan la regulación del proceso para que los pueblos indígenas den consentimiento previo al desarrollo de proyectos de inversión y de industrias extractivas en sus territorios. Previamente, la movilización comenzó con un ritual ancestral en el parque El Arbolito, en el que participó Iza y otros delegados de distintas nacionalidades originarias del país. Los manifestantes, que portaban banderas de Ecuador y del movimiento indígena, se declararon defensores del agua y de la vida, y entonaron cánticos de protesta contra la destrucción de la naturaleza. «Sí, en nuestros territorios sale el agua, está la selva, están los páramos, los ecosistemas, pero no está sirviendo solo para los pueblos indígenas (…) sirven para la vida de 18 millones de ecuatorianos», sostuvo Leonidas Iza tras entregar el documento. La confederación indígena subrayó que el Estado debe crear un ambiente propicio y adecuado culturalmente para la participación libre y segura de las comunidades, proporcionando información completa, clara y comprensible sobre las medidas propuestas, sus impactos y alternativas. Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, dijo que los indígenas sienten que «hasta ahora» nos los consultan, por lo que considera que se han «atropellado los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza». «Nuestra lucha ha sido siempre ser consultados y no solamente ser informados, no solamente quizás que después de tomar decisiones, nos consulten», agregó al señalar que no solo quieren ser consultados por temas de extractivismo sino «en todos los procesos». Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!