Nacionales

La Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril del 2024, con la que la Asamblea Nacional aprobó el incremento las penas de varios delitos graves, entró en vigencia el pasado 12 de julio al haberse publicado en el Registro Oficial. Este proyecto está conformado por 24 artículos, que modifican varios textos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. El presidente Daniel Noboa no aplicó ningún veto, y por eso su publicación fue realizada inmediatamente. Entre las decenas de delitos cuyas penas privativas de libertad incrementaron destaca la minería ilegal, que pasa de 7 a 20 años de cárcel. Esta es la lista completa, con sus agravantes: En cuanto a la extinción de dominio se establece que no se necesita una sentencia para iniciar la investigación y la fase para el traspaso de los bienes al Estado. La Fase preliminar de indagación y verificación de bienes tendrá una duración máxima de treinta días. La Fase de Investigación Patrimonial se realizará dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la culminación de la fase preliminar de indagación y verificación de bienes. La Fiscalía General del Estado podrá optar por llevar a cabo la acción de extinción de dominio, separando bienes individuales, sin necesidad de agrupar todos los bienes objeto de la actividad ilícita

Tras haberse acogido al procedimiento abreviado, el coronel de Policía Neycer Lenin M. S., quien era el jefe del Distrito de Policía Samborondón, fue sentenciado a cuarenta meses de cárcel, como autor directo del delito de delincuencia organizada. El juez nacional informó su resolución este martes 16 de julio, misma que incluye el pago de una multa de doce salarios básicos unificados, USD 5.520 dólares, y de una reparación integral de USD 11 040 dólares como compensación al Estado por el dinero que recibió de Leandro Norero. Como reparación inmaterial, el Magistrado ordenó la difusión de la sentencia en un medio de comunicación de alcance nacional por tres días y las respectivas disculpas públicas. En la audiencia de procedimiento abreviado –desarrollada en la Corte Nacional de Justicia– participó el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, quien señaló que Neycer Mazón, el coronel de la Policía Nacional, solicitó a Fiscalía la aplicación del procedimiento abreviado, tras haber cumplido con los requisitos estipulados en los artículos 635 y 636 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Explicó, además, que el acusado consintió la aplicación del procedimiento y admitió haber participado en los hechos delictivos. Filtraba información a Leandro Norero y brindaba seguridad a su casa incautada En su intervención, el Fiscal General subrogante expuso que el rol que cumplió Neycer Lenin M S. en la organización; incluyó la filtración de información y la provisión de seguridad en la vivienda incautada de Leandro Norero, además de haber pretendiendo captar a más policías de los ejes preventivo, de inteligencia e investigativo. Todo, a cambio de beneficios económicos para sí mismo y sus familiares –particularmente a su cónyuge e hijastro–, que eran entregados por otros miembros de la cúpula criminal, como Yilmar C. B. y Braulio Gabriel M. O. (ambos procesados). Incluso, parte de los beneficios que recibió por parte de Leandro Norero estaba dirigido al mantenimiento del parque automotor del Distrito de Samborondón; sin embargo, los recursos que recibió para el efecto no fueron destinados a esos fines. Entre los cuarenta y cinco elementos de convicción presentados por Fiscalía para fundamentar este procedimiento, figuran documentos, informes periciales, información de la UAFE con registros de transferencias de dinero, informe técnico pericial de informática forense con anexos de la materialización de chats (aplicaciones Threma y WhatsApp) del ahora sentenciado con Leandro Norero (+) y el informe pericial financiero, que evidenció que los montos declarados al SRI no corresponden a los ingresos que mantiene en el Sistema Financiero, entre otros.

Lucía Jaramillo, asambleísta nacional, dio detalles sobre cómo habría funcionado el esquema del presunto contrabando de combustibles de la empresa Copedesa, cuyo principal accionista sería Aquiles A. Lo dijo este martes, 16 de julio de 2024, en la Asamblea Nacional. Jaramillo aprovechó para recordar que se han tomado acciones para enfrentar el contrabando de combustibles. La semana pasada, por ejemplo, la bancada de Acuerdo Democrático Nacional (ADN) apostó por la creación del Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus derivados. Asimismo, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de cuatro empresas. Una de ellas es Copedesa. “Ha identificado que los volúmenes que fueron despachados por Petroecuador y la facturación electrónica no guardan congruencia… Solo en el 2023 123.000 galones de combustible fueron subsidiados, que equivalen a USD 350.000 en perjuicio del Estado. (Estos) fueron otorgados a un solo cliente a través de varias comercializadoras no autorizadas en Guayaquil”, indicó la legisladora. ¿Cómo habría funcionado el esquema del presunto contrabando de combustible? “Copedesa le vendía de forma irregular a gasolineras Fuelcorp S.A. 745.718 galones de combustible… ¿Qué hacía Fuelcorp S.A.? Habría vendido combustible a cuatro empresas con vehículos sin placas, pero lo que más llama la atención, es que Fuelcorp S.A. le habría vendido combustible a un trabajador con 8.019 vehículos. Uno de estos vehículos habría comprado 117.000 galones de combustible y siendo motores a gasolina compró 3.000 galones de diésel; cifras que llaman la atención por las características del carro”, relató la asambleísta Jaramillo. Además, dijo que: “Estamos hablando de un carro con motor 1.400 centímetros cúbicos con un rendimiento de 60 kilómetros por galón, es decir que para que este carro pueda usar dicho volumen tuvo que haber cargado decenas de veces al día y además haber recorrido toda la red vial del país cuatro veces en un año. Lo que es imposible”. En ese marco, la legisladora señaló que será la Fiscalía la que determine si hubo o no existencia de un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). E hizo un llamado a los otros legisladores a unirse al Frente Parlamentario y luchar por un Ecuador libre de contrabando de combustibles. “Nadie está por encima de la ley”, insistió Jaramillo.

La jueza electoral Ivonne Coloma aceptó a trámite la tarde del lunes 15 de abril la denuncia electoral en contra de la vicepresidenta Verónica Abad y fijó la audiencia de pruebas y alegatos para el 15 de agosto, desde las 10:30. En el documento se pide un exhorto al Ministerio de Relaciones Exteriores para que Abad se dé cita en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, Israel. En caso de que Abad no comparezca vía telemática para la fecha y hora señalada, la audiencia se desarrollará en rebeldía y se le asignará un defensor público para su defensa. La diligencia se transmitirá por el canal de YouTube del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). ¿De qué se acusa a Verónica Abad? El denunciante en contra de Verónica Abad es el consejero Juan Esteban Guarderas, quien la acusa de cometer infracción electoral muy grave por una supuesta campaña anticipada cuando era candidata para la Alcaldía de Cuenca en febrero de 2023. La infracción electoral muy grave se castiga con la pérdida de derechos políticos y multa económica. Guarderas presentó una primera denuncia, pero esta no prosperó porque uno de sus abogados lo acusó de falsificar su firma. No obstante, el consejero volvió a presentar la denuncia y esta es la que fue admitida a trámite. La denuncia coincide con la intención del Gobierno para que Verónica Abad salga de la vicepresidencia.

Un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar, en el sur de Quito, dejó una persona fallecida y dos heridos la mañana de este martes 16 de julio de 2024. El fatal choque se produjo a la altura del sector de la Ludoteca, sentido sur – norte. El Cuerpo de Bomberos Quito e incluso agentes metropolitanos de control ayudaron en la atención de los heridos. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó a las 06:51 del cierre del carril izquierdo en sentido sur-norte. A las 07:01 se informó que también se cierra el carril izquierdo en sentido norte-sur.

Tres personas fueron detenidas la tarde del lunes 15 de julio en diferentes puntos de Quito por presunto lavado de activos. Uno de los aprehendidos es un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La Fiscalía detalló que los sospechosos serían parte de un mismo grupo familiar y habrían lavado unos USD 9 millones. De hecho, los investigados aumentaron rápidamente su patrimonio, pues entre 2016 y 2023 registran USD 21 683 451. El funcionario de la UAFE «permitía que los sospechosos no sean investigados por dicha institución». El Ministerio Público presume que los ahora detenidos estaban lavando dinero «y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas». La Fiscalía les formulará cargos en una audiencia a desarrollarse este martes 16 de julio desde las 08:00. El juez del caso decidirá si les dicta prisión preventiva o presentaciones periódicas

La Presidencia de la República descartó la salida de Sade Fritschi del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En un comunicado, la Secretaría de Comunicación informó sobre el respaldo del Gobierno a la primera autoridad y señaló que continuará ejerciendo sus funciones. El anuncio responde a especulaciones de la salida de Fritschi, que se popularizaron el 15 de julio. Medios de comunicación nacionales incluso indicaron que Inés Manzano Díaz sería la nueva secretaria de Estado, aunque otros señalaron que sería su viceministra. Fritschi ha tenido una polémica administración. Aunque la Ministra dio pocas declaraciones, sus tropiezos fueron varios, tanto en la gestión como en su vocería. El último caso se originó por un permiso que otorgó el Ministerio del Ambiente a la empresa Vinazin S.A., cuya accionista principal es la esposa del presidente Daniel Noboa, Lavinia Valbonesi, para la construcción de un proyecto inmobiliario en Olón. Se suman los cuestionamientos por la falta de control de pirotecnia en Galápagos, las manifestaciones en Palo Quemado y sus tropiezos en la comunicación.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, confirmó que se eliminarán las remuneraciones variables para los trabajadores de las empresas públicas bajo contratos colectivos. Las remuneraciones variables son bonos en efectivo que reciben los empleados amparados por contratos colectivos como recompensa por su eficiencia en el trabajo. Para eliminar este beneficio a los sindicalistas se emitirá, en un plazo de 90 días (octubre del 2024), el reglamento para la Ley de Empresas Públicas, vigente desde el 2009. Este hecho se conoció este 15 de julio del 2024. La ministra Núñez, durante una entrevista con PRIMICIAS, explicó el pago de estas remuneraciones variables en cuatro empresas públicas representa un gasto anual de USD 40 millones. Las empresas que tienen estos contratos colectivos son: Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec)Corporación Nacional de Electricidad (CNEL)PetroecuadorCorporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)Los contratos colectivos de estas empresas contienen cláusulas donde se establecen que los pagos se harán de acuerdo a los «instructivos«, «normativa vigente» o «reglamentos» aprobados internamente, sin especificar más detalles. Por esa razón, es difícil determinar cuánto gana cada trabajador por este bono y cómo se calcula para definir si lo merecen o no. Ante esta situación, el pasado 1 de julio, el Ministerio de Trabajo solicitó a la Contraloría que revise los contratos colectivos de las cuatro empresas mencionadas. En ente de control ya comenzó con este análisis. Núñez espera que, tras esta revisión, los contratos sean anulados por no cumplir con las leyes pertinentes. De esa forma, los sindicatos deberán renegociar los contratos colectivos sin incluir las remuneraciones variables. Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Richard Gómez, defendió las remuneraciones variables. Afirmó que son beneficios justos para los empleados públicos eficientes y que superan los indicadores establecidos. Las comparó con las utilidades que reciben los trabajadores del sector privado. Sin embargo, Núñez argumentó que los sindicatos han aprovechado «el vacío legal para calcular estas remuneraciones por su cuenta«. A pesar de que la Ley de Empresas Públicas permite el pago de estas remuneraciones, Núñez criticó su aplicación sin un reglamento que lo regule. «Es grave. La Ley nunca tuvo reglamento y, al no tenerlo, ¿quién estableció el pago de la remuneración variable y cómo lo estableció?», cuestionó la Ministra durante la entrevista con el portal digital de noticias. El artículo 20, numeral 4, de la Ley de Empresas Públicas establece que los empleados pueden tener acceso a una remuneración variable orientada a bonificar el cumplimiento de índices de eficiencia y eficacia. Sin embargo, también aclara que esta remuneración no constituye un derecho adquirido y solo se pagará si las empresas generan ingresos propios a partir de la producción y comercialización de bienes y servicios.

 Conmoción en Chimborazo: una madre y su hija menor fueron encontradas muertas tras asistir a una fiesta el domingo 14 de julio de 2024. La comunidad de Chocaví, en Guano, está impactada por la trágica y prematura pérdida de ambas. La mujer de 36 años y su bebé de 1 año y 9 meses fueron halladas sin vida en su domicilio. El hijo mayor, al descubrirlas, intentó desesperadamente llevarlas al hospital en un vehículo particular.En la vía, fue alcanzado por una ambulancia que examinó a ambas. En el sitio determinaron que ninguna tenía signos vitales. Un equipo de Medicina Legal llegó para levantar los cadáveres. Madre e hija fueron llevadas hasta la morgue de la ciudad de Riobamba, la más cercana a ese punto.Según informan medios locales, la autopsia reveló que la mujer sufrió un infarto fulminante, lo que provocó que cayera inconsciente sobre su bebé. Lamentablemente, la pequeña murió aplastada y asfixiada por su madre. Al ser encontradas por su hermano, ambas ya habían fallecido, dejando a la familia y a la comunidad sumida en un profundo dolor. Madre e hija serán sepultadas en el cementerio de Chocaví, de acuerdo con información compartida por la familia en redes sociales. La misa será de cuerpo presente el miércoles 17 de julio a las 14:00.

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ha realizado una grave denuncia al asegurar que se encuentra «secuestrada» en Israel. Según Abad, el Gobierno de Daniel Noboa le ha negado la posibilidad de tomar días de descanso y regresar a Ecuador, pese a que cumple funciones encomendadas por el Presidente en ese país. En una entrevista concedida este lunes a radio Morena, Abad responsabilizó al Presidente Noboa ante cualquier ataque a su integridad. «Yo no he dicho jamás que voy a renunciar, pero temo por mi vida», declaró. La vicepresidenta explicó que, aunque la canciller Gabriela Sommerfeld le aseguró que podría regresar al país cuando lo requiriera, la realidad ha sido diferente. «Ella decía que yo me puedo regresar tranquilamente, que puedo ir a visitar a mi hijo, y aquí está la prueba clarísima de que no me van a dejar mover de este lugar», manifestó Abad. Además, denunció una persecución y hostigamiento por parte de las instituciones públicas, especialmente del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). «Nuestros teléfonos están intervenidos (…) La seguridad hoy está enfocada en perseguir. Hay todo un ejército gubernamental persiguiendo a las personas y en cómo hacer que la vicepresidenta caiga sola», aseguró. Abad, quien cumple funciones como Embajadora de Ecuador ante el Estado de Israel, insistió en que no renunciará a su cargo pese a las amenazas, ya que tiene un compromiso con los ecuatorianos. «Hoy sí temo por mi integridad física, la de mi familia, de mi hijo y colaboradores que están siendo acosados en estos momentos», aseveró. La vicepresidenta ha reiterado que existe hacia ella un hostigamiento por parte de Noboa y de su Gobierno para presuntamente forzarla a dimitir y así evitar tener que delegar en ella las funciones presidenciales cuando el mandatario busque su reelección en los comicios generales de 2025. Abad fue enviada en diciembre pasado por Noboa como embajadora a Israel, en una decisión que marcó el distanciamiento entre ambos.