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Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura procesado por la causa Metástasis, referente a una presunta trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial, abandonará la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil denominada La Roca y seguirá encarcelado provisionalmente en la Cárcel 4 de Quito. Aquello se dispuso este lunes, en la audiencia de evaluación y preparatoria del caso referido, después de que las juezas Emma Tapia y Katherine Muñoz aceptaron la apelación de habeas corpus presentada por Terán, quien además ha sido llamado a juicio recientemente por presunta obstrucción a la justicia en el caso Independencia Judicial. Fue en diciembre del año pasado que el juez Felipe Córdova de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó el ingreso en prisión preventiva de Terán bajo los cargos de presunta delincuencia organizada, mientras la Fiscalía continuaba las investigaciones. Terán y su abogado defensor han reiterado que la vida del extitular de la Judicatura corre peligro en la cárcel de máxima seguridad la Roca, a la que fue trasladado el 30 de marzo de este año, en un vuelo en el que también iba alias Invisible, considerado el autor mediato de la muerte del exlegislador Fernando Villavicencio. Para la Fiscalía, Terán eran parte de una estructura creada en diferentes niveles del Estado y en varias provincias del país para favorecer a Leandro Norero, uno de los presuntos grandes narcotraficantes de Ecuador, asesinado el año pasado en la cárcel de Latacunga, a 70 kilómetros al sur de Quito. Al registrar los teléfonos celulares de Norero tras su asesinato, el Ministerio Público halló «evidencias» de una red de influencias y sobornos conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y cortes provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales. En el caso de Terán, la Fiscalía sostiene que en el momento de los hechos era juez de la Corte Nacional y que desde esa posición tuvo una presunta colaboración con el grupo criminal en la planificación para comprar las decisiones de los jueces nacionales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano de Norero

Tres policías que respondieron a una alerta de detonaciones en el cantón La Joya de los Sachas, ubicado en la provincia de Orellana, fueron asesinad0s este lunes al enfrentarse con integrantes de un grupo armad0 organizado. “El despliegue operativo permitió neutralizar y aprehender a uno de los implicados en este condenable hecho; así como, el operativo continúa para ubicar a los demás responsables de este suceso», informó la institución a través de su cuenta oficial en la red social X. La Policía agregó que los sujetos que dispararon en contra de los tres uniformados, identificados como Victor Amado Gaibor, Diego Fernando Agila y Carlos Atanacio Brunis, utilizaban armas de fuego de grueso calibre y se movilizaban en varios vehículos. “No permitiremos que estos actos nos intimiden y continuaremos firmes contra la delincuencia y el crimen. No quedará en la impunidad la muerte de nuestros compañeros», publicó la Policía en la plataforma referida, al anunciar los decesos. El hecho se produce cuatro días después de que se dispuso un toque de queda de 22h00 a 05h00 en La Joya de los Sachas y aproximadamente una veintena de otros cantones, para reforzar las medidas del estado de excepción dispuesto el 2 de julio en varias provincias de Ecuador, incluida Orellana. Conflicto armado internoDesde inicios de año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. A las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar como el país con más homicidios per cápita del continente americano, al registrar 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). La ministra del Interior de Ecuador, Mónica Palencia, informó el 22 de julio que las muertes violentas se redujeron un 19% a escala nacional en el período que va desde el 1 de enero hasta el 21 de julio, en comparación con el mismo período del año anterior. Pese a la reducción de los índices de violencia a escala nacional según los datos presentados por el Ejecutivo, en La Joya de los Sachas se han registrado varias masacres a lo largo de este año. La que obtuvo mayor relevancia fue un ataque armado dentro de un bar, suscitado en abril de este año, que dejó cuatro víctimas, en el que se dispararon más de cien balas y se utilizó al menos una granada. R.V

El Tribunal Contencioso Electoral negó el pedido para la revocatoria de mandato en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, este lunes 12 de agosto del 2024. El argumento es que no se han cumplido con las formalidades establecidas. De acuerdo con el director de la delegación electoral de Pichincha, Alexis Fuentes Osejo, la petición presentada por Nelson Marroquín, quien lidera la iniciativa, no cumple con todas las formalidades. Es decir, no se presentó el plan de trabajo (de Muñoz) certificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Marroquín confirmó que apeló la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), detalló el portal Primicias. Según dice, la causal para la revocatoria es el incumplimiento de funciones. Por lo tanto, no se requiere un plan de trabajo. De acuerdo con el portal, una de las pruebas sería la multa previa que recibió Muñoz del TCE por proselitismo político, al haberse involucrado en las elecciones anticipadas a favor de Luisa González. Por su parte, el vocal del CNE, José Cabrera señala que ese organismo tiene 15 días de plazo para responder el pedido, siempre que este venga de las delegaciones electorales. «El Pleno del CNE jamás rechaza o aprueba tácitamente. Les han pedido que completen; en cuanto esté completa la información, el Secretario de la Delegación tiene tres días para enviar al Pleno del CNE», aclaró Cabrera. En lo que va de 2024, el CNE solo ha dado paso al trámite de un pedido de revocatoria de mandato contra el alcalde de Huaquillas, pero este impugnó ante al TCE. Este lunes 12 de agosto, el Pleno del CNE negó formularios para la revocatoria de mandato del alcalde de Zamora, como ya se lo hizo en el caso del alcalde de Riobamba (Chimborazo). «No demostraron que estaba incumpliendo el plan de trabajo presentado al Consejo Electoral, porque la revocatoria es cuando no han cumplido el plan de trabajo propuesto», señaló Cabrera

Ecuador tuvo su mejor participación en Juegos Olímpicos en París 2024 y logró una cifra histórica de cinco medallas divididas en una de oro, dos de plata y dos de bronce. Con una delegación de 40 deportistas el país finalizó en el puesto 49 del medallero general, y tercero entre los latinoamericanos, por encima de países como Argentina, Chile, México y Colombia. Únicamente por debajo de Brasil y Cuba, delegaciones que tuvieron mayo cantidad de participantes. Hoy arriban a la capital las pesistas Angie Palacios y Neisi Dajomes, para lo cual el Ministerio del Deporte y la Concentración Deportiva de Pichincha, han organizado un recorrido como homenaje a las medallistas con el objetivo de reconocer el trabajo de las deportistas en París 2024. Las deportistas arriban al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, a las 16h40, y desde allí se trasladará hasta el estadio Olímpico Atahualpa desde donde saldrá un bus con las deportistas hacia la Concentración Deportiva de Pichincha. El recorrido iniciará a las 18h00 y en la CDP habrá una rueda de prensa con las deportistas.

El ciudadano colombiano Cristian M. fue detenido en Machala, provincia de El Oro, por la Policía Nacional de Ecuador este lunes 12 de agosto. El hombre sería integrante de una banda delictiva, que apoya en operaciones a la organización terrorista narcodelictiva Clan del Golfo. Según las autoridades locales, Cristian M. ingresó a Ecuador desde Perú. Él registra una orden de captura en Colombia por el delito de concierto para delinquir agravado. Se presume que integró las Autodefensas Unidas de Colombia, una coalición de ejércitos paramilitares de ultraderecha. El hombre fue entregado a las autoridades colombianas en el Puente Internacional de Rumichaca, frontera entre Ecuador y Colombia. «Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), surgieron de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y se convirtieron en una fuerza criminal con alcance nacional. Las AGC se dedican principalmente al tráfico transnacional de drogas. El grupo controla territorios y regula o dirige el mercado de la pasta base de coca, escoltando cargamentos a lo largo de corredores de tráfico, asegurando el acceso a laboratorios de procesamiento y proveyendo almacenamiento y servicios de envío en las regiones costeras y fronterizas», reseña Insight Crime.

El juez Fernando Muñoz alertó que hay intereses para tomarse el Tribunal Contencioso Electoral, en el marco de las elecciones de 2025. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) entra en crisis. Una nueva mayoría integrada por los jueces Ángel Torres, Guillermo Ortega e Ivonne Coloma votaron por la remoción del presidente del organismo, Fernando Muñoz. La decisión se adoptó este lunes 12 de agosto de 2024, en una conflictiva sesión extraordinaria. Previamente, Muñoz denunció intereses políticos detrás de esta decisión, en el marco de las elecciones presidenciales de febrero de 2025. «Hay intereses para tomarse este tribunal. Es obvio que quieren controlar este organismo», alertó el expresidente. Fernando Muñoz explicó que el único organismo que tiene la facultad de evaluar el desempeño del titular del TCE es la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado. Reiteró que al estar en una carrera electoral, el TCE es el máximo árbitro de este proceso y, seguramente, dijo, «querrán tener el control de este órgano en las próximas elecciones». Nuevas autoridades Tras la votación, Ivonne Coloma asumió la Presidencia del organismo electoral, mientras que el juez Ángel Torres fue designado como el vicepresidente del TCE. Coloma justificó que esta decisión obedece a supuestas omisiones por parte del expresidente Muñoz, problemas administrativos y jurisdiccionales. «El país necesita un órgano consolidado, que los impases no superen la constitucionalidad que debemos tener», dijo Muñoz reabrió la denuncia contra Daniel Noboa El pasado 5 de agosto, con voto salvado del juez Fernando Muñoz, el organismo aceptó el recurso de apelación al archivo de la denuncia en contra del presidente Daniel Noboa, por una presunta infracción electoral. La acción la impulsa el ciudadano Marlon Andrés Pasquel. En la sentencia, el expresidente del TCE dispuso revocar el auto de archivo de esta denuncia y devolver el expediente al juez de primera instancia para que continúe con la sustanciación de la causa

La vicepresidenta Verónica Abad presentó una denuncia por violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral en contra del mandatario Daniel Noboa, confirmó un asesor de la también embajadora en Israel a Ecuavisa.com. La querella, que también fue dirigida a la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro Esteban Torres y la asesora Diana Jácome, fue ingresada el jueves 8 de agosto. Durante su comparecencia ante la comisión legislativa ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la administración pública cel pasado miércoles 7 de agosto, Abad había advertido que tomaría esta acción. “Mi acción sobre este tema será muy clara en los próximos días, y espero que tenga el debido respaldo de un pueblo consciente”, expresó ese día. La violencia política de género es considerada como una infracción electoral muy grave, según el Código de la Democracia. Puede ser sancionada con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. La denuncia tendrá que ser admitida o inadmitida por un juez electoral. Recientemente, Noboa dispuso el traslado temporal de Abad a Turquía para precautelar su seguridad, ante una previsión de escalada de violencia en Medio Oriente.

Lo lógico sería escoger a la combinación de nombres con más posibilidades para derrotar a la derecha oligárquica, destacó Andrés Arauz. El secretario Ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, no descartó que la organización política llegue en alianza a las elecciones del 2025. Esto a propósito de las primarias que se realizaron el sábado 10 de agosto en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil. Tal como lo manifestó en una entrevista a Radio Pichincha, Andrés Arauz reiteró que el proceso desarrollado el fin de semana es obligatorio para todos los partidos y movimientos políticos, para posteriormente, estructurar alianzas, si ese fuera el caso. “He recibido mensajes de preocupación respecto al proceso de unidad. Estamos dialogando sobre el programa”, mencionó Arauz en un mensaje de X. El secretario Ejecutivo de la Revolución Ciudadana destacó que, según norma electoral, todas las organizaciones políticas tienen plazo hasta el 17 de agosto para cumplir con sus primarias. “Luego comienza a correr el plazo para firmar alianzas. Ese plazo vence el 30 de agosto. Y LUEGO, las organizaciones políticas que aspiren a ir juntas deben acordar un binomio conjunto”, detalló. Arauz ejemplificó que si fuesen cinco partidos los que quieren participar en las presidenciables del 2025, entonces deben salir diez nombres y de estos últimos debe salir un binomio de alianza. “Igual caso para la lista de asambleístas nacionales. Si se hace alianza, la lista conjunta debe reflejar esa unidad. Ese plazo vence el 1 de octubre”, puntualizó. Andrés Arauz subrayó que lo lógico sería escoger una combinación de nombres con más probabilidades para derrotar a la derecha oligárquica.

En una entrevista para Contacto Directo, Borja explicó que hubo una «crítica frontal» sobre la política de Gobierno de Correa en el 2012, pero que, en términos personales, «nunca se rompió esa relación» que mantenía con el líder político. Hace 12 años, Diego Borja señalaba que el gobierno de Rafael Correa era una propuesta política de intolerancia, de concentración de poder y manejo alegre de las cuentas públicas. Hoy, es el precandidato a la Vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, y junto a Luisa González espera llegar a Carondelet en el 2025. ¿Cómo pasaron de señalamientos y críticas a volver a integrar un proyecto político? En una entrevista para Contacto Directo, Borja explicó que hubo una «crítica frontal» sobre la política de Gobierno de Correa en el 2012, pero que, en términos personales, «nunca se rompió esa relación» que mantenía con el líder político. Agregó que está dispuesto a dejar de lado las discrepancias, porque es la postura que ha encontrado del otro lado. «A Correa le acusan de intolerancia. Hoy da una muestra de absoluta tolerancia, con alguien que fue supercrítico. (Él) extiende la mano, tomamos la mano y vamos a delante», sostuvo el precandidato. Si su precandidatura está en firme, aún no queda claro, pues Borja señala que aún hay diálogos en proceso. Habló de renunciamiento y proyecto político, pero no confirmó su participación. ¿Traición desde el Correísmo?El alejamiento de Borja y Correa se dio en el 2012, cuando él dejó su cargo de Ministro Coordinador de Política Económica, al sentirse «apuñalado por la espalda». En Contacto Directo, explicó que no se refería a una traición del Expresidente, sino de uno de los integrantes de su Gobierno, Fander Falconí. «Había sido mi compañero de aula. Cuando él me acusa de algo que yo no había hecho, yo sentí eso como una traición», aseguró. A su criterio, la verdadera traición vino desde Lenín Moreno, quien llegó con un proyecto político que tenía a Correa como pilar fundamental, pero luego le dio la espalda. Fue su Gobierno, precisamente, el que según Borja le permitió retomar diálogos con Rafael Correa. «El proceso de arremetida, en octubre de 2019, es ese proceso el que nos vuelve a juntar y en el 2021 participé en la campaña de Andrés Arauz», recordó. ¿Qué aporta en esta campaña? Borja está consciente de que no sumará votos, pero confía en Luisa González. «Es una candidataza (…) Ella tiene la tarea fuerte. Yo apoyaré en lo que pueda», aseguró. «Pretendo ser aquella persona que contribuya en ese ámbito de enorme preocupación de los ecuatorianos, que es el tema económico», agregó

Tras ser mencionada en el Caso Encuentro, la UCE solicitó una investigación a la Fiscalía y un examen especial a la Contraloría. Luego de que la Universidad Central del Ecuador (UCE) fue mencionada en unas transcripciones del Caso Encuentro, la institución solicitó una investigación y auditoría por este caso. El Honorable Consejo Universitario (HCU) trató el asunto y dispuso al nuevo Gerente de la Empresa Pública de Bienes y Servicios (UCE Proyectos E.P) y al procurador que presenten escritos a la Fiscalía General del Estado, para que continúen las investigaciones. Asimismo, se enviará un oficio a la Contraloría General del Estado, para que inicie un examen especial. ¿Qué sucedió? Como parte del Caso Encuentro, unas transcripciones mencionaron que, para vender paracetamol con sobreprecio al IESS, se habría usado a la UCE Proyectos EP. Pero no es la única universidad pública. En estas conversaciones, se menciona también a la Empresa de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica de Machala. Ambas instituciones habrían adjudicado entidades de salud por USD 30,1 millones de dólares, entre 2018 y 2023. Frente a esto, el HCU explicó que la empresa de la UCE a la que se hace referencia (2021-2022) corresponde a la administración de las anteriores autoridades. Asimismo, la mesa universitaria detalla que en la anterior gestión, se habían realizado 22 contrataciones públicas con el IESS. Los contratos se dieron bajo las modalidades de: «Convenios de asociatividad comercial», «Capacitación» y «Servicio para la Gestión, Procesamiento y Almacenamiento de Imágenes Médicas». El HCU dice que todos estos procesos constan en el Portal Compras Públicas. De la misma manera, recomendó al nuevo gerente que aplique la normativa vigente para las Empresas Públicas, suba la información a la página web del 2021 a la presente fecha, solicite al Directorio la realización de una auditoría por el periodo 2021-2024. Además, se exhortó a que se requiera al exgerente un informe y rendición de cuentas con estados financieros de cada año. R.P.