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Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas fijó la reinstalación de la diligencia para el viernes 23 de agosto a las 09:30. La audiencia en la que se iba a revisar la apelación presentada por el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, con respecto a un habeas corpus que le fue negado en julio pasado, y con la que intenta una vez más salir de la cárcel La Roca, fue diferida para el viernes 23 de agosto a las 09:30. El tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que revisa la solicitud, accedió este martes a la petición de la abogada de Glas, Karen Gómez Subía, quien se presentó disfónica a la audiencia realizada por Zoom. Ella argumentó sentirse enferma, pero no presentó un documento que certifique su estado de salud. Los jueces le dieron 48 horas de plazo para que la abogada presente un certificado médico. Los abogados de la cárcel, del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Procuraduría General del Estado (PGE) no estuvieron de acuerdo con la solicitud. Insistieron en que la audiencia no debía ser postergada, sin embargo, se sometieron a la decisión del tribunal. Glas, de su lado, también intervino en la diligencia. Temía que la audiencia siguiera su curso y no cuente con su defensa técnica. «La abogada no tiene voz», subrayó el exvicepresidente. Mediante este recurso de apelación, Glas, quien ha argumentado tener problemas de salud, intenta cumplir su sentencia en un hospital o a la casa de su madre. La abogada del exvicepresidente ha pedido que como prueba a su favor se considere la solicitud de México a Ecuador para que entregue el salvoconducto y lo excarcele. El 6 de agosto, el Gobierno Nacional ratificó que «no es lícita» la concesión de asilo diplomático a Jorge Glas y que no otorgará el salvoconducto para que salga del país, tal como lo señaló en abril pasado, cuando las fuerzas del orden incursionaron en la embajada mexicana en Quito para capturarlo y trasladarlo a La Roca. La ratificación la realizó un día después de que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitase al Gobierno de Ecuador un salvoconducto para Glas, a petición de que sea entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo XIX de la Convención de Caracas. Para Ecuador, resulta «jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático» a Glas, quien tiene pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción (cohecho y asociación ilícita) y actualmente se encuentra procesado por presunto peculado (malversación de fondos públicos). Glas, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa, donde fue vicepresidente entre 2013 y 2017, así como a inicios del mandato presencial de Lenín Moreno (2017-2021), siempre ha rechazado las acusaciones en su contra y se ha declarado un perseguido político y víctima de lawfare.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aseguró en un comunicado este martes 20 de agosto de 2024 que mantiene abierto un procedimiento administrativo con el objetivo de sancionar a los militares que habrían estado presuntamente involucrados en la muerte de Aidita Ati. Por este crimen son investigados cuatro oficiales que habrían tenido contacto con la subteniente entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de junio. Ati fue hallada sin vida ese día en el interior del Fuerte Militar Napo, en Orellana. Los presuntos involucrados fueron capturados y procesados en flagrancia por el delito de femicidio. Permanecían detenidos hasta el 12 de agosto de 2024, cuando una jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer aceptó pedido de revisión de la prisión preventiva y dispuso una medida sustitutiva: presentación periódica de los sospechosos tres veces por semana y prohibición de salida del país. El Comando Conjunto señaló que el 1 de julio de 2024 presentó un escrito ante la Fiscalía Especializada de Violencia de Género Nro 1 de Puerto Francisco de Orellana para colaborar con las investigaciones y que se recaben los elementos de convicción por el delito investigado. Por su parte, los militares investigados serán sancionados conforme a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de las diligencias del caso. «El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades competentes para promover que los procesos investigativos se ejecuten con diligencia, celeridad y conforme a la ley», indicaron los militares en el comunicado.

La asambleísta Sofía Espín planteó la posibilidad de que la Comisión de Fiscalización haga una investigación del tema. Las polémicas en el Gobierno de Daniel Noboa no cesan. Una nueva investigación de Radio Pichincha reveló que la empresa estatal Petroecuador adjudicó a tres empresas un contrato por USD 90,4 millones, para la provisión de 100,5 millones de litros de etanol anhidro. Del total de litros, Petroecuador adjudicó la provisión de 21 millones de litros por un valor de USD 18,9 millones a la compañía Codana S.A., vinculada a Isabel Noboa Pontón, tía del presidente Daniel Noboa. Esta investigación desató una serie de críticas. El exministro del Interior y precandidato presidencial, José Serrano, señaló que a Daniel Noboa le interesa seguir “cerrando negocios familiares”. Así mencionó que ahora “es el turno de Petroecuador” con un contrato “adjudicado a dedo a sus tíos”. Mientras tanto, la exasambleísta Mireya Pazmiño pidió parar “el abuso y la corrupción” de los ministros y presidentes que usan las empresas públicas para “beneficio de sus amigos o familiares”. La asambleísta Sofía Espín, de Revolución Ciudadana, indicó que el nuevo Ecuador de los Noboa “está más próspero que nunca”, mientras que, para la mayoría de ecuatorianos, su situación es de temor, dolor, muertes, secuestros, vacunas, desempleo y migración. “Han salido a la luz algunas irregularidades en contratos del Estado con empresas vinculadas a la familia del presidente Noboa. Se han tratado estos temas en distintas comisiones. Para lo de Petroecuador, en especial, no descartamos la posibilidad de plantear que la Comisión de Fiscalización haga una exhaustiva fiscalización del tema. Eso podremos saber posterior al receso”. Más críticasEl abogado Joffre Campaña entregó más detallar sobre la empresa Codana y sus vínculos con varias empresas relacionadas con Isabel Noboa. En su cuenta de X, Campaña señaló que “todo apunta” a que ella sería la dueña de Codana. “Si esto es así, violación abierta del artículo 62 de la Ley de Contratación Pública. ¿Alguna entidad investigará?”, escribió en su cuenta de X. Ahí adjuntó el reportaje de Radio Pichincha, donde se detalla el contrato entre Petroecuador y la compañía Codana. El artículo 62 señala que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los dignatarios, funcionarios y servidores públicos están inhabilitados para celebrar contratos con entidades públicas. No es el único escándaloLos negocios familiares de la familia Noboa con el Estado están en el ojo del huracán. Uno de los últimos casos es el contrato que ganó el consorcio El Ordeño-Fortesan para la provisión de desayunos escolares. El monto asciende a USD 17,6 millones. ¿Dónde nacería un presunto conflicto de interés entre el Gobierno y esta empresa? El Ordeño tiene 71 accionistas. Uno de ellos es la empresa Agroindustrias San Esteban, que pertenece al Grupo Noboa. Entre los accionistas de Agroindustrias San Esteban están Isabel Noboa; Lanfranco Holding; Fruit Shippers Limited, y Empacadora del Literal. De forma específica, esta última empresa tiene de accionistas a: Casandra y Natassia Sicre Noboa, familiares del presidente.Fruit Shippers Limited y Lanfranco Holding.Además, Fruit Shippers Limited y Lanfranco Holding son accionistas de empresas ecuatorianas, como la Exportadora Bananera Noboa y Noboa Trading Co.Ante estas acusaciones, el Ordeño aseguró el 19 de junio de 2024, que no tiene ningún impedimento para mantenerse como proveedor de los desayunos escolares. En un comunicado, la empresa señaló que la participación de Isabel Noboa no ha influido en la adjudicación del proceso de contratación pública para la provisión del desayuno escolar en Ecuador, “ni ha violado ninguna normativa actual”. Más casos polémicosOtro caso polémico fue el alquiler de una barcaza eléctrica para combatir el estiaje. Este se convirtió en un proyecto cuestionado, debido a que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) adjudicó -de forma directa- el contrata a la empresa turca Karpowership. Marlon Pasquel presentó una denuncia en contra del exministro de Energía encargado, Roberto Luque y del gerente general subrogante de la Celec, Fabián Calero, por el presunto delito de tráfico de influencias en el proceso precontractual y contractual de la barcaza. En respuesta a esa denuncia, Luque anunció que pediría a la Contraloría que ejecute un examen especial, sobre el proceso para la contratación de una barcaza eléctrica. RADIO PICHINCHA

El escrito fue parte del amicus que entregó hoy, martes 20 de agosto de 2024, para intervenir en la audiencia de la jueza Enma Tapia La jueza Enma Tapia desistió del habeas corpus contra la Fiscalía en el caso Confourtable La audiencia de juicio en el caso Vocales se aplaza para el 21 de agosto Wilman Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), presentó un nuevo habeas corpus, para pedir su libertad. El escrito fue parte del amicus que entregó hoy, martes 20 de agosto de 2024, para intervenir en la audiencia de la jueza Enma Tapia. También pidió que se suspenda a la fiscal general, Diana Salazar Méndez, y se le retire todas sus causas. Esto ocurre luego de la polémica que se ha generado, en la última semana, a raíz de que las juezas de la Corte Nacional Enma Tapia y Katherine Muñoz aceptaron la apelación del habeas corpus, el pasado 12 de agosto. Con esa resolución, se ordenó que el extitular del CJ salga de la prisión La Roca, en Guayaquil, y cumpla su prisión preventiva en la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. Luego, la Fiscalía realizó allanamientos en las oficinas de Tapia y Muñoz dentro del caso al que llamó «Confourtable». Precisó que investiga un presunto cohecho y que, además de las oficinas, los agentes también ingresaron a un domicilio. «Se recabaron varios indicios como dispositivos móviles, computadoras portátiles, 1 CPU, una agenda, 1 CD y documentación. Todo será ingresado en cadena de custodia», indicó la FGE en X. La Fiscalía justificó los allanamientos para impedir que los indicios relacionados a presuntos actos de corrupción sea destruidos. Luego, en su cuenta de X, Tapia publicó un comunicado indicando que actuó en derecho y la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) también rechazó los allanamientos liderados por la Fiscalía General. Finalmente, Tapia presentó un recurso de habeas corpu en contra de Fiscalía, pero luego desistió. Chistian Gallo, abogado de la magistrada, explicó que desistieron de la acción debido a que la medida, considerada como «acto lesivo» y dispuesto por la Fiscalía, se dejó sin efecto la tarde del 19 de agosto por la misma institución. Con ello se refiere a la disposición del fiscal, Wilson Toainga, para su localización, inmovilización y traslado sin esposas a la Fiscalía para que rinda versión. En esta ocasión, el fiscal subrogante no asistió, sino que lo hizo la propia fiscal Salazar

Calvache tuvo su primera experiencia política en el Cpccs. Ahora buscará la vicepresidencia con SUMA. Mishelle Calvache renunció a su cargo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para conformar el binomio presidencial de SUMA con Jan Topic y competir en las elecciones 2025. María Cristina Calderón, experta en comunicación, no seguirá como candidata a la Vicepresidencia y su reemplazo será Calvache, quien a la fecha es la vicepresidenta del Cpccs. El nombre de Calvache ya había sonado para ser la compañera de fórmula de Jan Topic, pero en el cierre de las primarias, el 17 de agosto, SUMA escogió a Calderón. El 1 de agosto de 2024, Jan Topic entrevistó a Mishelle Calvache, en su programa Topic e la Semana, para hablar del Cpccs. Ambos mostraron coincidencias en aspectos políticos. ¿Quién es Mishelle Calvache? Abogada de 38 años, máster en Derecho Administrativo y maestrante en Administración y Políticas Públicas. Madre de una niña. Fue reina de Ambato, de donde es originaria, en 2003. En su experiencia profesional contra que trabajó como jefa de régimen disciplinario en el Consejo de la Judicatura; abogada de la Procuraduría Metropolitana; coordinadora Jurídica del Ministerio de Salud Pública; subcoordinadora de Transparencia del Cpccs; y secretaria general de la Empresa Eléctrica Quito Calvache formó en los últimos meses parte de una nueva mayoría en el Cpccs junto a Andrés Fantoni, Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto, misma que se diluyó hasta la votación para designar al presidente del Consejo de la Judicatura. La bancada del correísmo también impulsó un pedido de juicio político en su contra. Ella vio ese trámite como una jugada de la Revolución Ciudadana para no perder poder en el Cpccs, ya que sus consejeros titulares Augusto Verduga y Yadira Saltos, y los suplentes, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga, corren el riesgo de ser destituidos si el TCE determina que hicieron campaña con el correísmo, algo que está prohibido por ley, ya que los aspirantes al Consejo de Participación deben ser apartidistas.

Kronfle debe renunciar a la Presidencia de la Asamblea, para participar del proceso electoral. Mientras que asambleístas que busquen la reelección deberán solicitar una licencia. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, debe renunciar al Legislativo para participar de las elecciones de febrero de 2025. El actual titular del Parlamento es el precandidato a la Presidencia por el Partido Social Cristiano (PSC), junto a Dallyana Passailaigue, quien es su binomio. La renuncia se concretará en octubre. Así lo reveló el titular de la legislatura, a Radio Pichincha, este 20 de agosto. «¿Qué pasa cuando Henry Kronfle renuncie, el 2 de octubre? Sube inmediatamente Viviana Veloz, primera vicepresidenta y hay que elegir a un vicepresidente», explicóHenry Kronfle debe renunciar, pues aspira a un cargo diferente al que ostenta, es decir, la Presidencia. Así lo recalcó el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz. ¿Qué pasará con la renuncia de Kronfle?Tras la dimisión del presidente de la Asamblea, Viviana Veloz (RC) asumirá la Presidencia de manera titular. Sin embargo, Veloz estará al frente de la legislatura hasta el 5 de enero de 2025, cuando empiece la campaña electoral. Veloz busca la reelección y es precandidata a asambleísta por la provincia de Santo Domingo. En su caso, al aspirar a una dignidad que ocupa actualmente, debe solicitar una licencia y no renunciar. Con el ascenso de Viviana Veloz, un legislador debe asumir la Primera Vicepresidencia. Para esto, el Pleno de la Asamblea debe votar y elegir un nombre. Entonces, cuando Veloz solicite la licencia, el primer vicepresidente deberá asumir la Presidencia titular de la Asamblea Nacional. En este sentido, Kronfle anticipó que la idea es que sea un legislador del PSC y que no sea candidato a alguna dignidad popular. «Esperamos contar con los votos para que sea el primer vicepresidente del PSC. Y que esa persona no vaya a necesitar licencia para correr, nuevamente, para la Asamblea».Consejo de Administración Legislativa (CAL)La situación es similar con el CAL. La mesa legislativa está conformada por siete integrantes: Presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC)Primera Vicepresidenta, Viviana Veloz (RC)Segundo Vicepresidente, Eckenner Recalde (ADN)Primera Vocal, Esther Cuesta (RC)Segundo Vocal, Diego Matovelle (ADN)Tercera Vocal, Alexandra Castillo (Independiente / exconstruye)Cuarto Vocal, Jorge Acaiturri (PSC)De ellos, Kronfle, Veloz, Recalde, Cuesta y Acaiturri buscan la reelección. En este caso, el Pleno del Parlamento debe elegir a nuevos integrantes del CAL, cuando soliciten la licencia para participar de la campaña

Casi el 59 % de los ecuatorianos votó a favor de prohibir la explotación petrolera de este parque. Expertos de la ONU instaron este martes al Gobierno de Daniel Noboa a detener la extracción de petróleo en el yacimiento del Parque Nacional Yasuní, en cumplimiento con la voluntad expresada por los ecuatorianos en la consulta popular del año pasado. Recordaron que casi el 59 % de los ecuatorianos votó entonces a favor de prohibir la explotación petrolera en el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), ubicado en el corazón de la Amazonia y hogar durante siglos de una amplia diversidad de especies, así como de varios pueblos indígenas. «La nación ecuatoriana envió un mensaje claro al Gobierno: se debe dar prioridad a la protección del clima, del medioambiente y de los pueblos indígenas que dependen de él», dijeron en un comunicado los expertos, entre los que se encuentra el relator de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier De Schutter. Alertan perforación de nuevos pozosTras la proclamación oficial de los resultados del plebiscito el 31 de agosto de 2023, la Corte Constitucional dio al Gobierno el plazo de un año para proceder con el cese de las operaciones y el desmantelamiento de las instalaciones petrolíferas. Sin embargo, los expertos alertaron de los escasos avances realizados hasta ahora por las autoridades y las empresas petroleras implicadas. En este sentido, mostraron su preocupación por informaciones que apuntan a la supuesta perforación de nuevos pozos petrolíferos en el parque, los cuales, advirtieron, «ponen en riesgo la protección del medioambiente, la integridad de los procesos democráticos de Ecuador y los derechos humanos». Reconocieron que, si bien esta explotación aporta actualmente el 13 % de la producción nacional de crudo, el Gobierno debe buscar nuevas formas de financiación para iniciar una transición hacia un modelo económico que se aleje del agotamiento de los recursos naturales y la extracción de combustibles fósiles. El comunicado también fue firmado por la relatora sobre el derecho a un medioambiente sano, Astrid Puentes Riaño; el relator sobre las consecuencias de la gestión y eliminación de las sustancias y desechos peligrosos, Marcos Orellana; y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y comerciales. Proceso podría tardar añosA dos semanas de que se cumpla el plazo impuesto por la Corte Constitucional para cumplir con el cierre del bloque 43 ITT, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo que el proceso tomará su tiempo. En una entrevista realizada este lunes 19 de agosto, el ministro fue consultado sobre si el ITT será cerrado el próximo 31. Vega respondió que “el Gobierno iniciará el proceso de cierre”, pero que podría tardar entre tres y cinco años. El funcionario señaló que el cierre se llevará a cabo con cautela debido a los riesgos ambientales y sociales que podrían derivarse de una clausura prematura. “Se están presentando todas las argumentaciones técnicas sobre todos los riesgos, para ir en un proceso de cierre que no traiga ninguno de esos riesgos”, afirmó Vega. EFE

«Hemos sido frontales. No vemos cómo harán para obtener 70 votos y sancionar a la fiscal cuando llegue su momento», señaló Kronfle. A propósito del anuncio de la fiscal General, Diana Salazar, de que está lista para enfrentar el juicio político en su contra en la Asamblea Nacional, el titular del Legislativo, Henry Kronfle, adelantó que el Partido Social Cristiano (PSC) no apoyará dicho proceso de fiscalización. Kronfle indicó que Diana Salazar envió un comunicado a la Asamblea explicando su condición de salud, sin embargo, no brindó detalles del documento, pues dijo que tiene el carácter de reservado. Cabe destacar que, en mayo de 2024, la fiscal informó que tenía un embarazo de alto riesgo, por lo que la recomendación de su médico era que no podía someterse a estrés, por tanto, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) suspendió el proceso de juicio político. Ahora, que las condiciones han cambiado, Henry Kronfle detalló que regresando del receso legislativo, el CAL tiene que retirar la suspensión y enviarlo a la Comisión de Fiscalización para que lo tramite, una vez que culmine el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. No habría votos Henry Kronfle destacó que las bancadas del PSC, Construye y de ADN dijeron públicamente que no apoyarán el juicio político a Diana Salazar. “Hemos sido frontales. No vemos cómo harán para obtener 70 votos y sancionar a la fiscal cuando llegue su momento”, aseveró. Sobre las declaraciones de Diana Salazar calificando al juicio político como un narcojuicio, Kronfle dijo esperar que solo sea una declaración política y que no existan más cosas que se ventilen porque sería vergonzoso para el país.

El proceso de Educa Empleo de agosto aplica para el régimen Sierra-Amazonía. Se requiere cubrir vacantes en Instituciones Educativas Fiscales y Fiscomisionales. () El Ministerio de Educación busca contratar más de dos mil profesores a nivel nacional para cubrir vacantes en el sistema educativo. Los docentes seleccionados comenzarán sus funciones en septiembre de 2024. Del 17 hasta el 21 de agosto estará habilitada la plataforma Educa Empleo para la selección de nuevos docentes bajo las modalidades de contrato ocasional y nombramiento provisional, que entrarán a laborar desde el próximo mes en las Instituciones Educativas Fiscales y Fiscomisionales. Todos los maestros pueden aplicar a una oferta, que se han generado para cubrir las vacantes de docentes que se han jubilado, renunciado, desistido o fallecido, permitiendo cubrir esta necesidad en el Magisterio Fiscal, para el régimen Sierra-Amazonía. Requisitos de la vacanteLos docentes interesados en participar deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación, en la sección «Docentes», y seleccionar el proceso Educa Empleo para completar su postulación. El sitio web proporcionará la información necesaria y los pasos a seguir para realizar la inscripción de manera adecuada. Requisitos: Poseer un título de tercer nivel debidamente registrado en la SENESCYT. Inscribirse en el sistema y registrar los datos obligatorios. Para quienes deseen aplicar a una Institución Intercultural Bilingüe, es obligatorio registrar la lengua ancestral en el campo de residencia y contacto. Los puntajes se basarán en los resultados de la prueba de conocimientos específicos, el nivel de titulación y la experiencia docente, con un total de 70 puntos posibles. Una vez finalizado el proceso, los docentes seleccionados podrán iniciar sus funciones a partir de septiembre de 2024.

La vicepresidenta ejerce las funciones de embajadora de Ecuador en Israel. Verónica Abad no ha salido de Israel, dice Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador La vicepresidenta el día en que presentó las cartas credenciales al presidente de Israel, para ejercer funciones de embajadora por la paz.( X ) No se ha trasladado a Turquía, como se lo dispuso el presidente de la República, Daniel Noboa, mencionó durante una entrevista Gabriela Sommerfeld, canciller ecuatoriana. Esto, debido a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que advirtió sobre un inminente deterioro de la seguridad en la región debido a la escalada de tensiones en Medio Oriente. La mañana del 8 de agosto, la Cancillería reiteró su pedido para que los ecuatorianos que se encuentren en el Líbano, Israel y Palestina, tomen medidas de seguridad. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió sobre un inminente deterioro de la seguridad en la región, por lo que, en primera instancia, exhortó a los connacionales en esos tres países «tomar las precauciones debidas para planificar la salida oportuna, (…) utilizando los medios de transporte disponibles». Pero, la noche de este lunes 19 de agosto, la canciller afirmó que hasta el día de hoy no se cumple la disposición: “La embajadora sigue en Israel y no nos ha informado cuándo va a salir”, mencionó Gabriela Somerfield Además, aclaró hizo la consulta al personal diplomático de la embajada si ellos querían salir de Israel para preparar el traslado de toda la misión «y por escrito me han respondido que peores circunstancias vivieron el 7 de octubre del 2023, que no sienten inseguridad y que ellos se quedan ahí».