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CDL Noticias Un policía perdió la vida la mañana de este jueves 6 de agosto luego de sufrir un trágico accidente de tránsito en el sector de Santa Bárbara, en el sur de Quito. El uniformado se movilizaba en su motocicleta particular por la avenida Mariscal Sucre y Tabiazo cuando, según las primeras versiones de las autoridades, realizó una maniobra para evitar atropellar a un perro que se cruzó inesperadamente en la vía. La acción hizo que perdiera el control del vehículo y terminara impactándose violentamente contra la pared de un negocio. Una cámara de seguridad registró el instante del siniestro. Pese a que llevaba casco de protección, la fuerza del impacto le provocó heridas mortales. Personas que presenciaron el accidente intentaron auxiliarlo mientras llegaban los equipos de emergencia. Sin embargo, cuando la ambulancia arribó al lugar, los paramédicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. El hecho causó consternación entre quienes presenciaron la escena y obligó al cierre temporal de un tramo de la avenida Mariscal Sucre mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes.

CDL Noticias Anthony José Peñafiel y Josué Dayan Sarmiento, ambos de 22 años, fueron hallados sin vida luego de permanecer desaparecidos desde el pasado 2 de agosto, cuando viajaron desde Quito a Puerto López, en la provincia de Manabí. La información fue confirmada por Rocío Capa, madre de Anthony Peñafiel, quien indicó que ambos jóvenes presentaban heridas de bala. Sus familiares realizan los trámites legales correspondientes. De acuerdo con el testimonio de un acompañante, los jóvenes habrían sido interceptados por varios sujetos cuando salieron a comprar bebidas alcohólicas. Según esa versión, Anthony y Dayan fueron obligados a subir a un vehículo, mientras el tercer joven logró escapar y alertó a sus familiares. Con el hallazgo de los cuerpos, el caso pasó de una investigación por desaparición a una por muerte violenta. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado mayores detalles sobre las circunstancias del crimen. Se espera que en las próximas horas emitan información oficial sobre el avance de las investigaciones.

CDL Noticias Una mujer de 70 años permanece desde hace 12 días junto al cuerpo de su sobrino en el suburbio de Guayaquil. Denuncia que su hermana y otro familiar se llevaron el dinero destinado al sepelio y la dejaron a cargo del féretro, mientras enfrenta dificultades para darle sepultura. Victoria Naranjo relató que el cuerpo de Carlos Zea fue llevado hasta su vivienda tras su fallecimiento por causas naturales el 24 de julio. Desde entonces, asegura que su hermana no ha regresado para realizar los trámites funerarios. > «La mamá y mi otro sobrino huyeron con el dinero que ya estaba para sepultar al difunto», afirmó la adulta mayor. Denuncia presunta extorsión en el cementerio Naranjo indicó que acudió al cementerio Ángel María Canals para gestionar un espacio de sepultura, pero aseguró que personas ubicadas en los exteriores le exigieron USD 300 para permitir el acceso a una bóveda. También señaló que solicitó ayuda a la Policía Nacional, pero, según su versión, le informaron que no podían intervenir para retirar el cadáver de la vivienda. Preocupación por riesgos sanitarios La permanencia del féretro en la casa ha generado preocupación entre los vecinos de las calles 35 y Callejón Parra, quienes alertan sobre los malos olores y el posible riesgo para la salud de los habitantes del sector. Los moradores afirman que la mujer permanece sola y realiza labores de limpieza de forma constante para intentar mitigar el hedor, mientras esperan la intervención de las autoridades para dar una solución al caso. Hasta el cierre del reportaje de Ecuavisa, el Municipio de Guayaquil no había emitido un pronunciamiento sobre la denuncia de presunta extorsión ni sobre la situación del sepelio.

CDL Noticias El Pleno de la Asamblea Nacional analiza una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia y otros cuerpos legales que plantea ampliar las licencias de maternidad y paternidad, incorporar a las familias adoptivas en estos beneficios y unificar la normativa para los sectores público y privado. La iniciativa busca fortalecer el cuidado de niñas y niños durante sus primeros meses de vida y armonizar la legislación con estándares internacionales. Licencia de maternidad de hasta 24 semanas El proyecto propone que las madres accedan a 24 semanas de licencia remunerada tras el nacimiento de un hijo. En caso de partos múltiples, se añadirían 10 días adicionales. La ausencia deberá justificarse con un certificado médico emitido por el IESS o por un profesional autorizado. Según los impulsores de la reforma, la medida pretende favorecer la lactancia materna exclusiva, fortalecer el vínculo entre madre e hijo y reducir riesgos para la salud durante los primeros meses de vida. Licencia de paternidad de 30 días La propuesta también plantea ampliar la licencia por paternidad. En un parto normal, el padre tendría derecho a 30 días de licencia remunerada bajo el Código del Trabajo o cuatro semanas para quienes se rigen por la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). El permiso aumentaría en cinco días si el nacimiento ocurre por cesárea o se trata de un parto múltiple. Si el bebé nace de forma prematura o requiere cuidados especiales, se sumarían ocho días adicionales. Además, cuando el hijo presente una discapacidad severa o una enfermedad degenerativa o terminal, el padre podría acceder a 25 días adicionales de licencia remunerada. La reforma también establece que, si la madre fallece durante el parto o mientras utiliza su licencia, el padre podrá hacer uso del tiempo restante que le hubiera correspondido a ella.

CDL Noticias Una intensa persecución policial terminó con la muerte de un presunto delincuente la noche de este martes en el circuito Sabana, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. De acuerdo con la versión oficial de la Policía Nacional, los uniformados intentaron interceptar a un motociclista que, al notar su presencia, emprendió la huida y abandonó el vehículo para continuar escapando. La institución informó que, durante la intervención, el sospechoso presuntamente amenazó a los agentes con un objeto de características similares a un arma de fuego, generando una amenaza contra la vida de los servidores policiales. Frente a esta situación, un uniformado hizo uso legítimo de la fuerza y neutralizó al presunto agresor, quien falleció en el lugar, según el reporte policial. Tras el hecho, unidades especializadas acordonaron la escena para el levantamiento de indicios y el inicio de las investigaciones que permitirán esclarecer las circunstancias de la intervención. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni han informado sobre los resultados de las pericias en curso.

CDL Noticias La Fiscalía informó que el Tribunal de Garantías Penales dictó la sentencia tras comprobar, mediante pruebas testimoniales, periciales y documentales, la responsabilidad penal de Ronald Alexander G. P. y Johan Santiago V. M. Entre las principales evidencias constaron el levantamiento del cadáver y el protocolo de autopsia, que determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por obstrucción de los orificios respiratorios. Además, la víctima presentaba heridas punzocortantes en el cuello y en el muslo izquierdo. Los hechos Según la investigación, la madrugada del 23 de noviembre de 2025 Alison Altamirano acudió a una vivienda ubicada en el barrio Ferroviario, en el cantón Cevallos, donde se reunió con los ahora sentenciados. La Fiscalía señaló que los procesados consumieron alcohol, cocaína y éxtasis y, posteriormente, esperaron que la joven se quedara dormida para agredirla sexualmente. Luego la asfixiaron y ocultaron su cuerpo debajo de un colchón. Las investigaciones también determinaron que intentaron eliminar evidencias, limpiando la escena del crimen, cambiándose de ropa y buscando la forma de deshacerse del cuerpo. Tras una alerta al ECU 911, agentes de la Dinased ingresaron al inmueble y encontraron a uno de los implicados durmiendo sobre el colchón bajo el cual estaba oculto el cuerpo de la víctima. Dos personas que inicialmente fueron detenidas quedaron en libertad meses después, luego de que las pericias determinaran que no participaron en el crimen. Además, el Tribunal dispuso que se investigue un presunto delito de fraude procesal por una supuesta manipulación de la escena del crimen. ¿Quién era Alison Altamirano? Alison Altamirano tenía 23 años, era oriunda de Tena, en la provincia de Napo, y estudiaba Medicina Veterinaria en la Universidad Técnica de Ambato. Cursaba el séptimo semestre de la carrera y proyectaba regresar a su ciudad natal para abrir un consultorio veterinario una vez culminados sus estudios.

CDL Noticias El cuerpo de una mujer fue hallado la mañana de este martes 4 de agosto de 2026 en la Panamericana Sur, en el sector de Cutuglagua, cantón Mejía. Las autoridades acudieron al sitio tras una alerta de la comunidad. El cuerpo fue encontrado boca abajo a un costado de la vía, al sur de Quito. De acuerdo con uno de los oficiales que atendió la emergencia, la víctima sería una mujer joven, de entre 20 y 25 años. Durante la inspección preliminar, las autoridades no encontraron heridas visibles ni signos de tortura, por lo que se investigan las causas de la muerte. El hallazgo ocurre una semana después de que un hombre decapitado fuera encontrado colgado de un puente en la avenida Simón Bolívar, en el ingreso a Llano Chico. Tras ese hecho, el Gobierno anunció un plan de seguridad para Quito, con el despliegue de 2.000 policías y 2.000 militares para reforzar los operativos en la capital. Las investigaciones continúan para determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

CDL Noticias La jueza Erika Álvarez fue destituida de su cargo por haber declarado ilegal la detención de cinco presuntos agresores de la caravana presidencial en El Tambo, provincia de Cañar, hecho ocurrido en octubre de 2025. La sanción fue impuesta por el Consejo de la Judicatura este 4 de agosto de 2026, al considerar que la magistrada incurrió en manifiesta negligencia. El caso se remonta al 7 de octubre de 2025, cuando un grupo de personas lanzó piedras, palos y otros objetos contundentes contra la caravana en la que se movilizaba el presidente Daniel Noboa, durante un evento en El Tambo, en medio de un paro por la eliminación del subsidio al diésel. Tras el incidente, la Policía detuvo a cinco personas para formular cargos por el presunto delito de ataque o resistencia. Sin embargo, durante la audiencia, la Fiscalía no logró justificar la legalidad de las detenciones, por lo que la jueza dispuso la liberación de los aprehendidos. La decisión generó cuestionamientos por parte de la Fiscalía, que anunció una investigación previa sobre el caso. En ese momento, funcionarios del Gobierno señalaron que el ataque podría constituir una tentativa de asesinato contra el Presidente y afirmaron que existían impactos de bala en los vehículos de la comitiva, versión que posteriormente fue desvirtuada. Días después, el presidente Daniel Noboa expresó su rechazo a la agresión y señaló que la caravana también recibió impactos de artefactos pirotécnicos, advirtiendo sobre el riesgo que representó el ataque. El Consejo de la Judicatura no informó sobre otras sanciones relacionadas con este caso.

CDL Noticias La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) convocó a organizaciones sociales, indígenas, estudiantiles, gremios de trabajadores, colectivos de mujeres y ciudadanía en general a participar en asambleas populares con el objetivo de preparar movilizaciones nacionales en rechazo al incremento del 25 % en las tarifas del transporte público. A través de un pronunciamiento público, la organización señaló que el aumento representa un impacto directo en la economía de las familias ecuatorianas, especialmente de los sectores rurales y populares, al afectar a quienes dependen diariamente del transporte para trabajar, estudiar y realizar actividades productivas. En su comunicado, Fenocin cuestionó que el incremento responda a compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que las actuales políticas económicas priorizan el cumplimiento de obligaciones financieras por encima de las necesidades de la población. La organización también expresó su rechazo a las condiciones impuestas a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), al considerar que limitan la posibilidad de aplicar mecanismos locales para reducir el impacto del alza en el costo del transporte. Como parte de sus resoluciones, Fenocin exigió la derogatoria inmediata de la resolución emitida por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que oficializó el incremento tarifario. Asimismo, pidió eliminar las disposiciones que, a su criterio, restringen la capacidad de los municipios para implementar medidas de alivio económico. Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la articulación entre distintos sectores sociales mediante asambleas populares para definir una agenda de acciones y preparar movilizaciones nacionales en defensa de sus demandas.

CDL Noticias El juez anticorrupción Wiler Choez ordenó la prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa, Carmen Chávez, durante la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Con esta decisión, Macas será trasladado al Centro de Privación de Libertad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, mientras que su esposa permanecerá en el Centro de Rehabilitación Social de Chillogallo, en el sur de Quito. La audiencia se desarrolló de forma telemática. El alcalde y su esposa participaron desde el Comando de Policía de Machala, donde permanecen detenidos desde el 6 de julio, mientras que el juez dirigió la diligencia desde Quito. La Fiscalía investiga a la pareja por un presunto incremento patrimonial cercano a USD 6 millones. Durante la audiencia, la defensa de Macas sostuvo que su patrimonio proviene de actividades empresariales realizadas antes de asumir la Alcaldía en 2019. Por su parte, el alcalde afirmó que fue propietario de ferreterías, ejerció como ingeniero civil, mantuvo contratos con el Estado y posee créditos bancarios. Además, aseguró que los montos señalados por la Fiscalía no constan en sus cuentas y que dejó de ser accionista de sus empresas al postularse para la Alcaldía. La prisión preventiva se mantendrá mientras avanza el proceso judicial.