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CDL Noticias El sujeto tenía orden de captura por el crimen contra la concejala Diana Carnero, asesinada en febrero del 2024. La Policía detuvo a Anthony Alexander P. A., alias ‘Mounstrito’, quien tenía una orden de captura vigente por el asesinato de la concejal Diana Carnero, un crimen ocurrido en febrero de 2024. La tarde de este miércoles 10 de diciembre del 2025, el Ministerio del Interior informó que la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) localizó al sujeto en una vivienda del cantón Naranjal, provincia del Guayas. Por su parte, la Policía indicó que un grupo de agentes ubicó un domicilio en el sector Virgen de Fátima, “donde personas pertenecientes al grupo delictivo Los Lobos estarían dedicadas a cometer varios delitos, como tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y almacenamiento de armas de fuego”. Durante el operativo, se detuvo a alias ‘Mounstrito’, quien era requerido por el asesinato de la concejal de Naranjal, Diana Carnero. CASO DIANA CARNERO El 7 de febrero de 2024, la funcionaria fue asesinada mientras hacía su trabajo en el sector de Corona 2 en Naranjal. Dos sujetos en motocicleta la interceptaron, y uno de ellos le disparó en la cabeza, provocándole la muerte en el lugar. Los agresores escaparon, pero con información proporcionada por testigos y cámaras de seguridad, la Fiscalía identificó a los implicados. El 10 de febrero de 2024, el Ministerio Público solicitó la detención ‒con fines investigativos‒ para Justin Jairón S. M., quien fue localizado en su domicilio. Posteriormente, el criminal fue sentenciado en calidad de coautor a 22 años de prisión. Mientras que alias ‘Mounstrito’ estaba prófugo de la justicia.

CDL Noticias Unas 48 personas resultaron intoxicadas tras consumir un postre durante un agasajo navideño en el recinto San Juan, perteneciente al cantón Guayaquil. Todos recibieron atención oportuna en el Hospital Básico de Playas. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública este miércoles 10 de diciembre a través de un comunicado en el que explica que los pacientes presentaron “síntomas de intoxicación alimentaria masiva”. Las víctimas ingresaron a la casa de salud desde el pasado martes 9 de diciembre tras participar en un evento de una empresa del sector. Según medios locales, las 48 personas habrían consumido un postre de tres leches sin imaginar que les provocaría vómito y malestares estomacales. ATENCIÓN OPORTUNA El Ministerio de Salud indicó que el personal médico del Hospital Básico de Playas atendió de manera “rápida y eficaz” a los pacientes, con lo cual se pudo contrarrestar el agravamiento de los síntomas. “Todos los 48 pacientes fueron dados de alta médica tras estabilizarse, sin que se reporten cuadros de gravedad”, recalcó la cartera de Estado. Agregó que se activó el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal (COE) de Playas, el COE del Hospital Básico Playas y el Equipo de Pronta Respuesta de la Dirección Distrital de Salud. También manifestó que “se ha iniciado el seguimiento y la vigilancia epidemiológica exhaustiva del caso para investigar la fuente de la intoxicación, mitigar el riesgo de nuevos brotes y aplicar las medidas preventivas correspondientes”.

CDL Noticias Por fortuna, la Policía estuvo cerca del sitio y detuvo al antisocial. Un hombre se subió al capó de su auto para evitar que un delincuente se lo robe la mañana de este miércoles 10 de diciembre en el sector de La Jipijapa, norte de Quito. El perjudicado fue movilizado en el capó desde la Tomás de Berlanga hasta la avenida 6 de Diciembre, contó a TC Televisión. Agregó que el individuo frenó por el tráfico que había en el sitio. Un video muestra que incluso moradores de la zona quedaron sorprendidos al ver al hombre subido en la parte exterior del vehículo. Por fortuna, la escena fue vista por la Policía Nacional y lograron detener la marcha del vehículo. El antisocial fue detenido. «Justo estaba en el trabajo y salí a comprar. Me percaté que había unas sombras en el carro, fui y encendió el carro. Opté por treparme al capó», contó la víctima al medio de comunicación citado. A la par, la Policía detuvo en la zona a otros ladrones de autopartes. En su poder encontraron una docena de herramientas.

CDL Noticias Las autoridades aún no confirman la cantidad de personas heridas. Un camión ocasionó un choque múltiple y luego cayó a una quebrada en el sector del Puente de la Quebrada El Tigre, en la comunidad de Guamaní, cantón Archidona, provincia de Napo, la tarde de este martes 9 de diciembre. De manera preliminar se conoce que el conductor del vehículo pesado habría perdido el control y chocó a tres autos. Uno de ellos terminó volcado y otro al borde de la quebrada. Hasta la publicación de esta nota, el ECU 911 no confirmaba el número de personas heridas. La circulación vehicular en el sector se encuentra parcialmente habilitada. La emergencia es atendida por el Cuerpo de Bomberos de Archidona y de la Policía Nacional.

CDL Noticias Según el documento, seis uniformados de Inteligencia fueron detenidos. Ellos ingresaron a un inmueble donde supuestamente había droga, cogieron un cable y pusieron electricidad en el pecho de la víctima. Seis militares fueron detenidos la tarde del martes 9 de diciembre de 2025 en Santa Elena. Se los acusa por la muerte de un joven de 19 años durante un operativo ejecutado en esa provincia. Según documentos públicos en la página de la Función Judicial, los uniformados de Inteligencia irrumpieron en una vivienda del barrio La Península donde supuestamente había droga. Allí encontraron a cinco personas, entre ellas dos menores de edad. En las versiones tomadas por la Policía, los testigos indicaron que estaban en el sitio cuando los militares tumbaron la puerta y los obligaron a tirarse al piso. Supuestamente, los golpearon con los cascos y posteriormente arrancaron cables de luz del techo para electrocutarlos. La víctima, Roberto P., de 19 años, se desmayó. Los militares habrían obligado a las demás personas que pongan al joven en el colchón y traten de reanimarlo. Luego, lo embarcaron en el balde de la camioneta y lo llevaron hasta el hospital básico de la localidad. Allí los médicos confirmaron la muerte del joven. El médico de turno señaló que los militares manifestaron que la víctima tuvo una sobredosis, la dejaron en el centro y se retiraron. La Fiscalía habló con el capitán al mando del operativo militar -que enfrenta con cinco uniformados la audiencia de formulación de cargos- que tenían información de Inteligencia sobre un inmueble donde presuntamente se expedía droga. Detalló que cuando ingresaron, dieron la orden a las personas de acostarse en el piso. Supuestamente la víctima hizo caso omiso y puso su mano en la cintura como si tuviera un arma de fuego, según el capitán. Por eso – dijo- fue neutralizado. El oficial puntualizó que la víctima presuntamente sufría problemas cardiacos y tuvo problemas para respirar por lo que fue llevado hasta el hospital. El oficial indicó que posteriormente se revisó el inmueble y se encontró droga debajo de un colchón. No obstante, los menores de edad presentes en sus versiones indicaron que fueron golpeados con los cascos en la cabeza, recibieron patadas y descargas eléctricas por parte de los uniformados encapuchados. Ecuavisa.com constató que en la Función Judicial consta un proceso por asesinato contra los agentes. El juez fijó la audiencia de formulación de cargos para las 13:45 del miércoles 10 de diciembre de 2025. Así mismo, se pidió información al Ministerio de Defensa, pidieron el parte policial y se espera una respuesta.

CDL Noticias Josselyn Daniela H. V. fue condenada a trece años de privación de libertad por el homicidio de su pareja sentimental. Fiscalía demostró ante el Tribunal del caso que ella fue la autora directa del crimen. En la audiencia de juicio, el Fiscal de Personas y Garantías de Chimborazo explicó que, el 9 de noviembre de 2024, la ahora sentenciada apuñaló a la víctima en el abdomen con un arma blanca, causándole la muerte. El hecho ocurrió en una vivienda del sector San Antonio del Aeropuerto, en el norte de Riobamba. Las investigaciones establecieron que ambos mantenían una relación sentimental desde hace siete años. Ese día, la pareja había regresado a su domicilio tras haber libado en un centro nocturno. En medio de una discusión, la mujer tomó un cuchillo y lo atacó. Los gritos alertaron a los vecinos, quienes llamaron a emergencias. Cuando llegó la Policía, encontró a la víctima sin vida, aprehendió a la implicada y levantó los indicios hallados en el lugar. La implicada fue puesta órdenes de Fiscalía parta su procesamiento penal. Durante la diligencia, Fiscalía presentó ante el Tribunal las pruebas recabadas, entre ellas: la autopsia médico-legal, que confirmó la muerte violenta por un shock hipovolémico y laceración intestinal por herida punzo cortante; la pericia de la escena del crimen; hisopados con presencia de sangre humana –algunos compatibles con la víctima–; y los testimonios de los policías aprehensores, entre otros. Fiscalía procesó a la acusada con base en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona al delito de homicidio con una pena privativa de la libertad de diez a trece años.

CDL Noticias Los tres empleados murieron de forma instantánea por la detonación registrada dentro de una empresa en Orellana. Una tragedia laboral conmociona al cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana. La mañana del martes 9 de diciembre, tres personas perdieron la vida producto de una explosión registrada al interior de una compañía. El hecho se reportó alrededor de las 09:00. Según la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, el estallido ocurrió mientras los tres trabajadores realizaban labores de mantenimiento en una maquinaria de carga tipo bañera. Las primeras investigaciones apuntan a que, durante la manipulación de la estructura, se generaron chispas. Estas, al entrar en contacto con la acumulación de gases inflamables concentrados al interior de la maquinaria, provocaron la fatal detonación. Debido a la fuerza del impacto, los tres ciudadanos fallecieron de manera inmediata. La Policía describió que todos los fallecidos presentaban múltiples fracturas con exposición de tejidos y órganos. El caso fue atendido por personal del Circuito Sacha – Subcircuito Sacha 1 y se encuentra bajo conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, a fin de determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

CDL Noticias Según la entidad, eso ocurrió durante las movilizaciones en contra de la eliminación del subsidio al diésel, entre septiembre y octubre de 2025 La organización internacional Human Rights Watch (HRW) mostró su preocupación por el congelamiento de cuentas bancarias sufrido por organizaciones indígenas y ambientalistas de Ecuador durante las protestas, entre septiembre y octubre de 2025, tras la eliminación del subsidio al diésel. También criticó que las autoridades hayan recurrido a «informes secretos de inteligencia» para justificar estos bloqueos. «Las autoridades han utilizado informes de inteligencia para congelar cuentas bancarias de varias organizaciones sociales. Estas medidas nunca deben utilizarse para atacar a organizaciones por su trabajo o detener protestas pacíficas», aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus. En un comunicado publicado en su portal web, la ONG detalló que desde el 19 de septiembre la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), organismo gubernamental encargado de prevenir los delitos financieros, ordenó a la entidad reguladora del sector bancario que congele las cuentas bancarias de varias organizaciones sociales, así como las de sus líderes y miembros. Los investigadores de HRW entrevistaron a 16 personas, revisaron documentos de los procedimientos judiciales que impugnaban las medidas de bloqueo de cuentas contra 21 organizaciones e individuos, y asistieron a dos audiencias en las que los jueces levantaron el bloqueo de las cuentas bancarias después de que las autoridades no presentaran ninguna documentación que justificara las medidas. Informes de Inteligencia En esos procesos, HRW encontró que la UAFE citó informes de inteligencia al pedir que se congelaran las cuentas de organizaciones como Alianza Ceibo, lo que impidió que puedan tener acceso a fondos destinados a proyectos financiados por la Unión Europea. Y que durante las audiencias personal del Centro Nacional de Inteligencia negó información sobre presuntas pruebas de irregularidades a los abogados y jueces. La ONG señaló que la UAFE aplicó una disposición introducida por la Ley de Transparencia Social, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en agosto de manera exprés por la mayoría oficialista del Parlamento, que «permite congelar cuentas sin una orden judicial cuando se identifique indicios objetivos, graves y verificables de operaciones sospechosas». En ese sentido, HRW recordó que Noboa había declarado públicamente que los fondos congelados iban a ser destinados a «desestabilizar al Gobierno» con manifestaciones, como las convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que duraron un mes y dejaron dos muertos por arma de fuego y 473 heridos, según organizaciones de la sociedad civil. «Las disposiciones que permiten el bloqueo de cuentas bancarias sobre la base de informes de inteligencia deben revisarse urgentemente para garantizar que se ajusten a la Constitución y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», indicó HRW.

CDL Noticias El operativo Apolo 13.0 dejó nueve personas detenidas y la liberación de dos personas secuestradas en Guayas. La mañana de este martes 9 de diciembre se ejecutó el operativo Apolo 13.0 con 10 allanamientos en diferentes catones de la provincia del Guayas como Juján, Milagro, Naranjal, El Empalme, Yaguachi, Daule, entre otros. En el operativo se decomisó armas y se detuvo a un agente activo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que se sospecha realizaba falsos operativos en la vías para detener la marcha de vehículos pesados y de transporte interprovincial para ser asaltados. El operativo permitió también la liberación de dos personas que se encontraban secuestradas y en la ejecución la Policía Nacional dio de baja a uno de los captores. El Ministro señaló que el objetivo más allá de capturar a las cabecillas de estas organizaciones se busca atacar la economía criminal como la incautación de cerca de 210 toneladas de droga en lo que va del 2025 que debilita a estas organizaciones. Para enero del 2026 se prevé la creación de la dirección de la Unase, que antes operaba como una unidad, que permitirá atacar directamente el secuestro y extorsión de estas estructuras criminales.

CDL Noticias El expresidente busca que se revise la sentencia por peculado, mientras su defensa cuestiona a tres jueces del tribunal por presunta falta de imparcialidad. El 8 de marzo de 1999, el entonces presidente de la República, Jamil Mahuad, firmaba el decreto 685 con el que se declaraba el congelamiento de los depósitos bancarios en medio de una crisis financiera inédita en el país. Paralelamente, se había decretado un feriado bancario de 24 horas que se extendió por una semana. Nada pudo contener la caída de la banca, que cerraba sus puertas en medio de protestas de los cuenta ahorristas, que veían limitada la capacidad de disponer de su dinero, que cada día valía menos. Estas acciones fueron el antecedente de la adopción de la dolarización en el Ecuador, el 9 de enero del 2000. Doce días después, Mahuad sería derrocado. Terminaba su gestión en el poder, pero empezaba una larga disputa judicial que hace cuatro años llegó a la Corte Constitucional: la defensa del expresidente Mahuad presentó una acción extraordinaria de protección y ahora ese alto tribunal finalmente avocó conocimiento de la misma. Y cuando decimos larga disputa es porque en julio del 2000 inició el proceso judicial contra el expresidente, acusándolo de peculado. En junio de 2006 se dictó el sobreseimiento, pero un año después la Corte Suprema de Justicia reabrió el sumario en su contra. Siete años después, en 2014, Jamil Mahuad fue sentenciado a 12 años de prisión. En mayo de 2017 se ratificó la sentencia, pero se la ajustó porque la justicia se dio cuenta de que la ley solo contemplaba un máximo de ocho años para el delito por el que se lo consideró culpable. En octubre de 2020 fue rechazado el recurso de casación que presentó la defensa del expresidente y en abril de 2021 se presentó la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Finalmente, la Corte Constitucional, el pasado 27 de noviembre, empezó a actuar sobre este requerimiento. Hay que tomar en cuenta que la acción extraordinaria de protección no determina si hubo una mala aplicación de la ley o una deficiente apreciación de las pruebas. Lo que hace la Corte Constitucional en esta instancia es determinar si la sentencia vulneró el debido proceso y otros derechos constitucionales. Según el expresidente, esta es una oportunidad más para que el país haga justicia en su caso. Sostiene que se lo ha condenado por ejercer su facultad de firmar decretos y que no existe nexo causal entre el congelamiento de depósitos y el peculado por el que fue condenado. La defensa de Mahuad ha recusado al presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Escudero, por expresiones previas contra el decreto y la dolarización. Y aunque tiene reparos contra los jueces Richard Ortiz, que es el ponente, y Jorge Benavides, por razones similares, espera que haya una resolución en derecho. Y eso para Mahuad implica que se reconozca su inocencia.