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Abad dijo que su traslado a Turquía busca «amordazarla». La Cancillería responde que fue ella quien pidió ser movilizada hacia otro país. La Cancillería reaccionó a las declaraciones de la vicepresidenta y Embajadora de Ecuador en Israel, Verónica Abad, quien dijo que fue trasladada a Turquía para silenciarla y que no interfiera con sus declaraciones en las elecciones presidenciales en las que Daniel Noboa buscará la reelección. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló este 10 de septiembre que fue la propia Verónica Abad quien, mediante comunicaciones a Cancillería, solicitaba el traslado temporal a otro país con el fin de salvaguardar su integridad y el de su familia por el conflicto bélico entre Israel y Palestina Dicho pedido, dice el documento, también consta en declaraciones públicas. Y que con base en estos pedidos, el presidente Daniel Noboa suscribió un decreto el 8 de agosto para su traslado hacia Turquía, «país seleccionado debido a su proximidad geográfica, no requerimiento de visa, seguridad y buena disposición para dicho traslado temporal». Además, se explicó que solo se trasladó a ella y su familia porque el resto del cuerpo diplomático expresó «su deseo de permanecer en Israel». El 9 de septiembre, Abad dio una entrevista para El País de España y dijo: «Me están enviando a amordazarme. He solicitado explicaciones sobre por qué me envían a Turquía, pero hasta ahora no he recibido respuestas. Estas son las presiones para que renuncie y abandone el cargo por mi cuenta».

Abad y Noboa están envueltos en una pugna que se ha acrecentado por el encargo de la Presidencia durante la campaña de las elecciones 2025. La vicepresidenta Verónica Abad considera que su traslado a Ankara (Turquía) no busca protegerla, sino «acallarla» desde el Gobierno de cara a las elecciones presidenciales 2025, en las que Daniel Noboa será candidato. En una entrevista con diario El País de España, publicada el 9 de septiembre, dijo: «La intención final es silenciarme. El Gobierno busca acallarme una vez más para que no interfiera en su campaña política, en la que evidentemente ya está inmerso. Mi traslado a Turquía no ha sido debidamente preparado. (…) No es cierto que el traslado sea por razones de seguridad, el Gobierno y la canciller mienten. El equipo diplomático, por ejemplo, ha decidido quedarse en Israel, mientras que yo tengo que irme sola». El 8 de agosto, Daniel Noboa suscribió un decreto en el que ordena que Verónica Abad se traslade hasta Turquía para seguir desempeñándose como Embajadora de Ecuador en Israel. Esto, tras las tensiones bélicas entre ese país y Palestina. Recién el 9 de septiembre, Verónica Abad tomó un vuelo para dirigirse a Ankara en cumplimiento al decreto presidencial. En Turquía, dice, no tiene funciones y además le pidieron que no haga declaraciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina ni sobre la coyuntura política ecuatoriana. «Me están enviando a amordazarme. He solicitado explicaciones sobre por qué me envían a Turquía, pero hasta ahora no he recibido respuestas. Estas son las presiones para que renuncie y abandone el cargo por mi cuenta», sentenció. Abad y Noboa están envueltos en una pugna que se ha acrecentado por el encargo de la Presidencia durante la campaña de las elecciones 2025.

Los ascensores deben ser usados por embarazas, personas con discapacidad y de la tercera edad, y para quienes trabajen a partir de un sexto piso. La Presidencia de la República ha emprendido una campaña para que los servidores públicos de todo el país ahorren luz durante su jornada laboral. Una de las disposiciones del Ejecutivo es limitar el uso de los ascensores para las embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera edad, y para los funcionarios que trabajen en oficinas a partir de un sexto piso. Las directrices planteadas por el Ministerio de Energía y Minas fueron publicadas este lunes 9 de septiembre. «Los funcionarios públicos gubernamentales deben acatar los siguientes lineamientos», señala el comunicado en el que se establece, además, que los aires acondicionados no deben funcionar a menos de 24 grados Celsius. Y se enfatiza que deben encenderse los equipos «estrictamente indispensables». Asimismo, se ordena mantener apagadas las pantallas informativas y las luces decorativas. Adicionalmente, instan a los funcionarios a trabajar con la luz natural en los espacios donde la energía eléctrica no sea necesaria. Finalmente, el Ministerio de Energía pidió un informe a las demás instituciones públicas adscritas al Ejecutivo en el que se detalle el costo de transición hacia luminarias LED. Ecuador atraviesa un periodo de estiaje que afecta el nivel de los caudales de los ríos que alimentan las plantas hidroeléctricas, sin embargo, el ministro de Gobierno, Arturo Félix, aseguró este lunes 9 de septiembre que en los próximos días no existirán apagones gracias a los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo para evitar los racionamientos, como el alquiler de una barcaza a una empresa turca que comenzará a proveer electricidad desde Guayaquil. Sin embargo, apenas el sábado pasado hubo un corte de luz que afectó a 11 provincias. De acuerdo al Ejecutivo, esta suspensión del servicio obedeció a un error humano. A finales de 2023 y a mediados de abril pasado, sendos periodos de sequía dejaron al descubierto los problemas del sector eléctrico de Ecuador, altamente dependiente de la energía hidroeléctrica y del suministro procedente de Colombia, lo que causó apagones y racionamientos de electricidad programados de hasta trece horas de duración en algunos puntos del país. Tras esta situación, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró en agosto la emergencia en el sector eléctrico para acelerar la contratación de más fuentes de energía.

El Municipio de Quito aseguró a través de un comunicado de prensa este lunes 9 de septiembre de 2024, que al menos dos de los incendios que suscitaron en la capital la semana anterior habrían sido provocados de manera intensional. Esto tras el análisis de cámaras de seguridad en los sectores de Chillogallo y la Argelia Baja, en el sur de la capital ecuatoriana. Según la entidad, en Chillogallo se habría detectado un hombre detrás de una alambrada que lanza un cerillo para iniciar las llamas y luego se aleja del lugar caminando. En la Argelia Baja, en el barrio San Marcos, los vecinos entregaron una filmación que mostraría a dos personas -no identificadas- involucradas en otro flagelo. En las imágenes uno de los individuos se habría acercado a una ladera, al costado de la vía, y habría arrojado un objeto que posteriormente generó una humareda. Este incendió se extendió hacia otros sectores como San Bartolo, El Carmen y Mercado Mayorista. Los videos fueron entregados a las autoridades competentes, para que realicen la respectiva evaluación, investigación y determinen las posibles responsabilidades penales. «Luego de revisar los videos se deduce que ambos incendios fueron provocados intencionalmente por personas inescrupulosas. que ponen en riesgo la seguridad ciudadana, el bienestar ambiental y la salud de quienes habitan en el Distrito Metropolitano de Quito», señaló el Municipio. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en su artículo 246 una pena privativa de libertad de uno a tres años a la persona que «que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos». En caso que el incendio provoque la muerte de una o más personas, la pena se incrementa de 13 a 16 años. Además, el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con la Ordenanza Metropolitana No. 075 para la gestión de incendios forestales, con sanciones de hasta 75 salarios básicos (USD 34.500). Los incendios forestales ocurridos la semana anterior emplearon hasta un 98% de la capacidad del cuerpo de bomberos de Quito.

El Municipio y la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) no han llegado a un acuerdo para poner fin al paro parcial de transportistas. Los guayaquileños buscan este martes 10 de septiembre alternativas para movilizarse en el segundo día de paro parcial de transportistas urbanos, quienes exigen al Municipio de Guayaquil que autorice un alza del pasaje a 45 centavos. Hoy está en 30 centavos (USD 0,35 en los buses con aire acondicionado). En el sector de la Entrada de la Ocho, en el noroeste de la ciudad, decenas de personas esperan una furgoneta, un auto, una camioneta o intentan subir en los pocos buses que circulan completamente llenos. El conductor de una furgoneta relató a Ecuavisa que cobra un dólar a cada persona que lleva desde la Entrada de la Ocho hacia el centro de la ciudad. Reconoció que este lunes, cuando inició el paro, fue «un día bueno». En la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera (norte de la urbe) el escenario era similar: hay pocos buses ofreciendo el servicio. Los guayaquileños tienen que salir más temprano de sus casas para intentar tomar un transporte. Adicionalmente, el Ministerio de Educación ratificó que las clases presenciales no iban a suspenderse este martes en el Puerto Principal, excepto en los planteles que funcionan en la jornada nocturna, que son muy pocos. Los centros educativos de la jornada matutina iban a tener su horario normal. Los de la vespertina, en cambio, saldrán a las 16:00. Representantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y dirigentes de cooperativas de transporte que sí salieron a laborar este lunes mantuvieron una reunión en la que se expusieron las posturas de ambas partes, pero no se llegó a un acuerdo. A esta sesión no acudió el presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), Christian Sarmiento, quien ha sido señalado por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como el responsable de esta paralización. «Christian Sarmiento y su gente no están defendiendo causas justas, están atacado a Guayaquil. No nos olvidemos que esto es terrorismo y, por supuesto, ya están denunciados», dijo Álvarez en un video difundido en redes sociales la noche de este lunes. Sarmiento, de su lado, ofreció este lunes unas «sinceras disculpas» a la ciudadanía por la medida adoptada, pero advirtió que la suspensión del servicio será de manera indefinida. Finalmente, la ATM ha iniciado 19 procesos sancionatorios en contra de las operadoras de buses que no trabajaron este lunes. La institución las acusa de paralizar un servicio público. Álvarez también mencionó con presentar querellas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Operar y reforzar la seguridad en las plantas hidroeléctricas más importantes de Ecuador fue la disposición que dio el presidente Daniel Noboa al Bloque de Seguridad (Policía Nacional y Fuerzas Armadas). La información se conoció este lunes, 9 de septiembre de 2024. El objetivo es “salvaguardar la infraestructura energética”. En el comunicado además se indicó que “se efectúe un proceso de capacitación entre las fuerzas del orden y el Ministerio de Energía y Minas para la implementación de todas las medidas de protección necesarias en el sector eléctrico, que incluya la operación de las centrales”. Líneas más abajo se señala que los perfiles profesionales “del más alto nivel de las filas policiales y militares como ingenieros mecánicos, electrónicos y técnicos afines a la rama participarán en ese proceso”. Según el Gobierno, con esta medida se espera evitar presuntos atentados contra la infraestructura de sectores estratégicos. #Comunicado ?️ | @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador operarán y reforzarán la seguridad de las hidroeléctricas más importantes del país.? pic.twitter.com/ybutczLiQO — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 9, 2024En abril, debido al estado de excepción, las Fuerzas Armadas se sumaron a las tareas de control para evitar el sabotaje en las hidroeléctricas. #Esmeraldas @FFAAECUADOR mantiene el control las 24 horas al día los 7 días a la semana en las áreas estratégicas del Estado, fin evitar afectaciones a estas instalaciones energéticas de vital importancia para el país.

Gritos, interrupciones, acusaciones y pedidos para que intervenga la Escolta Legislativa fueron una constante durante la sesión. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional trató el juicio político a la fiscal Diana Salazar, este 9 de septiembre. La sesión se instaló a las 21:05, con la presencia de todos los miembros y de numerosos legisladores. La sesión fue convocada por la presidenta, Pamela Aguirre, después de que el juez Edgar Romero la multó por no acatar su sentencia. Ella debía retomar de manera inmediata los juicios políticos a tres exministros del anterior gobierno y la suspensión del que estaba en trámite, el de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Pero Aguirre no cumplió y como la comisión es un cuerpo colegiado, el juez pide ahora que todos sus miembros se pronuncien. El legislador César Umajinga apela la presidencia de Aguirre, en referencia a lo dispuesto en el artículo 140 de la Función Legislativa. «Si quiere apelarme la presidencia, hágalo bien», dijo la Presidenta de la Comisión. Entre gritos de los miembros de la mesa, pedidos de Aguirre para que intervenga la Escolta Legislativa, la insistencia de Umajinga y el pedido de otra de sus colegas para cederle la palabra, la Presidenta de la Comisión suspendió la sesión «durante cinco minutos» y se retiró de la sala. Ocurrió cuando apenas habían transcurrido 18 minutos. La sesión había sido convocada para el sábado, 7 de septiembre, pero fue suspendida por el apagón. Por cada día que la Comisión de Fiscalización no se pronuncie, el juez anunció una multa, no solo a Aguirre, sino a todos sus miembros. Siga el minuto a minuto de la sesión. Los hechos se narran del más reciente al más antiguo: Calificación de juicio contra Diana SalazarUna vez que los miembros de la mesa legislativa escucharon el informe del CAL, de diciembre de 2023, que daba paso al proceso para censurar y destituir a la Fiscal General, avanzaron con la votación para calificar el juicio. A favor de continuar con el proceso votaron Pamela Aguirre (RC), Lenín Barreto (RC), Sofía Espín (RC) y Ronal González (RC). En contra se pronunció Luis Alvarado (ADN), Adriana García (Gente Buena), Lenín Rogel (PSC), César Umajinga (SUMA) y Ramiro Vela (Independiente). En la reconsideración, apenas tres integrantes votaron a favor y seis en contra. Interrupciones, acusaciones de corrupción, más gritos y discusiones se registraron durante todo el proceso. Los señalamientos se hicieron con mayor énfasis en contra de Umajinga, quien fue acusado de frenar el juicio político en contra de Diana Salazar a cambio de cerrar una investigación previa en su contra. Tratamiento de juicios políticos Con cuatro votos a favor, un voto en contra, dos abstenciones y un voto en blanco, que se suma a mayoría, la comisión de Fiscalización empezó con el tratamiento de los juicios políticos para los que fue citada. Los legisladores comenzaron con el proceso en contra de la fiscal general del Estado, Lady Diana Salazar Méndez, impulsado por la legisladora Gissela Garzón. Las interrupciones fueron frecuentes, así como el grito de «queremos debatir», de algunos miembros de la mesa. Con cinco votos a favor se da paso a la apelación de la Presidencia de Aguirre Luego de que Umajinga y Aguirre expusieran sus motivos, la mesa legislativa procedió con la votación que dio paso a la apelación de la Presidencia con cinco votos a favor y cuatro en contra. Luis Alvarado actuó como presidente encargado, pero Pamela Aguirre reclamó que no se abrió el debate y que, «a dedo», se le dio la palabra a su compañero César Umajinga. Pamela Aguirre reanuda la sesiónLuego de varios minutos de receso, Pamela Aguirre reinstaló la sesión y pidió que se constate el quorum. Los legisladores insistieron en la apelación de la Presidencia y pidieron que se nombre un secretario ad hoc. «Todo está grabado. Es una vergüenza para el país», insistió Aguirre cuando sus compañeros de mesa empezaron a votar para designar a Ramiro Vela como secretario y continuar con el orden del día. Aguirre insistió en que la Escolta Legislativa tome procedimiento y retire «a la gente que no trabaja aquí en la Asamblea». Además, señaló que la apelación de Umajinga no procede, pues ella no incumplió la Función Legislativa.