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El Ministerio de Educación, lanzó hoy el curso «Guardianes Digitales en la Educación», una iniciativa que busca capacitar a docentes para prevenir la violencia digital y promover la ciudadanía digital en las escuelas. La ministra de Educación, Alegría Crespo, destacó la importancia de formar docentes como «guardianes digitales» para proteger a nuestros estudiantes y garantizar un entorno educativo seguro en línea. «Aprenderemos a prevenir, detectar y actuar frente a cualquier situación de violencia digital, brindando el apoyo necesario a nuestros estudiantes», señaló la autoridad. Por su parte, Jessica Leslie, directora de Programas de Protección en Línea Internacional, enfatizó el papel clave de los docentes en la prevención de los riesgos en el mundo digital. «Al dar a los educadores las herramientas necesarias, podemos crear una barrera protectora que defienda a nuestras niñas, niños y adolescentes de estas amenazas en línea», indicó. El curso MOOC, desarrollado por el Ministerio de Educación, ofrece 40 horas de capacitación en temas como ciudadanía digital, privacidad, brecha digital y violencia en línea. Los docentes interesados pueden inscribirse hasta el 15 de septiembre en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/KYen3RTk0Q. El curso estará disponible en el Centro de Formación Digital “Mecapacito” e inicia el 17 de septiembre. Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso de garantizar espacios educativos seguros y libres de violencia, promoviendo el uso responsable de las tecnologías digitales.

Fiscalía inicia otro proceso contra exjuez Joffre R. por prevaricato Joffre Javier R. se encuentra procesado en el caso Plaga, por presunta delincuencia organizada. Una nueva orden de prisión preventiva por prevaricato fue dictada contra el exjuez Joffre Javier R., quien ya enfrenta otros procesos por el mismo delito y por delincuencia organizada en el marco de la trama de corrupción judicial conocida como «Plaga». Durante su tiempo en funciones, el magistrado liberó a varios reclusos. La Fiscalía General del Estado presentó los elementos de convicción para formular cargos contra el exjuez de Garantías Penales del cantón Chone, Joffre Javier R., por su presunta responsabilidad en el delito. El Magistrado que conoció la causa acogió el pedido de la Fiscal Provincial de Manabí y dictó prisión preventiva contra el procesado. Además, dispuso el inicio de la instrucción fiscal de noventa días. Excarcelación de presosEn la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía señaló que la investigación determina una presunta responsabilidad del hoy procesado en la emisión de boletas de excarcelación a favor de cinco privados de libertad, que se encontraban cumpliendo sentencias condenatorias (por diferentes delitos) en un centro carcelario de la provincia. Según lo expresado por la Fiscal Provincial en la diligencia, estas acciones constituyen un abuso de las medidas cautelares, desnaturalizando las acciones de protección de carácter constitucional. Para sustentar el pedido de formulación de cargos y las medidas cautelares, se presentaron más de 20 elementos de convicción, entre ellos las copias certificadas de la acción constitucional iniciada en 2020, el informe investigativo del hecho y el reconocimiento del lugar de los hechos. También se presentó la resolución emitida por la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, que declaró error inexcusable a las actuaciones del entonces juez Joffre R. Al concluir la audiencia, el Magistrado a cargo de la diligencia acogió el pedido y dispuso la medida cautelar de prisión preventiva. Joffre Javier R. se encuentra procesado en el caso Plaga, por presunta delincuencia organizada y, además, se encuentra llamado a juicio en otra causa por prevaricato, debido a sus acciones en beneficio de privados de libertad, al acoger medidas constitucionales de protección de forma irregular. El delito de prevaricato es sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años y se encuentra en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal.

«Sabíamos que los narcojuicios nacieron viciados, sin el sustento que, al menos, un proceso de este tipo requiere», afirmó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de conocer la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de archivar las solicitudes de juicio político en su contra. Al referirse a las motivaciones políticas que, según ella, buscaron perjudicar su gestión, dijo que «lo ocurrido todos estos meses da cuenta de los macabros intereses que había detrás de estos juicios». Con 76 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional archivó las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la fiscal general del Estado, presentadas por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez, perteneciente a Revolución Ciudadana, la formación política liderada por el expresidente Rafael Correa. Salazar destacó que, durante su gestión, se ha enfocado en brindar respuestas oportunas a la ciudadanía, y afirmó que la decisión del Pleno refleja el respaldo del pueblo ecuatoriano, que, según ella, está cansado de la corrupción y la delincuencia organizada. Asimismo, consideró que es importante respetar la representación de la máxima voluntad popular, «sobre el deseo particular de un grupo político que, únicamente, busca impunidad». Revolución Ciudadana tuvo solo 45 votosPrevio a la votación, el legislador socialcristiano Otto Vera, durante el debate, recordó que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tenía hasta este lunes para sustentar la causa, pero dijo que ese plazo no se cumplió, por lo que solicitó que se archivaran las causas contra la fiscal. El legislador recordó que el CAL, el 4 de septiembre de 2024, dispuso que la Comisión de Fiscalización retome la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político. Además, resolvió que previo a la calificación de los juicios resuelva la acumulación de tales solicitudes. Vera recordó lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala: “La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud avocará conocimiento de la solicitud”, es decir hasta las 24h00 del 9 de septiembre de 2024, pero las decisiones de la Comisión se tomaron fuera del plazo. El movimiento Revolución Ciudadana, que impulsó el juicio de censura contra Salazar, tuvo solo 45 votos de respaldo en el pleno. Salazar ha investigado varios procesos por corrupción durante la administración de Rafael Correa, quien fue condenado a ocho años de prisión en el caso conocido como ‘Sobornos’.

Los establecimientos estaban ubicados en el cantón Machala y se les retiró el permiso sanitario. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), por medio de su Coordinación Zonal 7, clausuró dos plantas procesadoras de agua purificada envasadas en Machala, en la provincia de El Oro, por incumplimientos a la normativa sanitaria. La primera inspección ocurrió en un garaje que era el centro de producción de agua purificada en la parroquia Puerto Bolívar, en donde además de falta de orden, aseo y limpieza, se encontraron plagas como cucarachas. Además, se evidenció la acumulación de sedimentos que estaban flotando en los tanques de agua, la cual estaba preparándose para ser envasada. Técnicos de Arcsa llegaron al local justo cuando procesaban el producto que no contaba con permisos sanitarios vigentes, por lo que «se procedió con la clausura inmediata como medida cautelar a fin de evitar daños a la salud», mencionaron las autoridades. Así mismo, en otro establecimiento, en el mismo cantón Machala, se evidenció, mediante análisis de laboratorio, la contaminación microbiológica del agua envasada purificada que se procesaba, por ello, se procedió a la suspensión de los permisos sanitarios. «Con estas clausuras, Arcsa evita la comercialización de unos dos mil bidones diarios de productos que ponen en riesgo la salud de los consumidores; por ello, recuerda a la población que puede reportar irregularidades sanitarias a través de la aplicación Arcsa Móvil».

Con 76 votos afirmativos, el pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar el juicio político contra la Fiscal General Diana Salazar, propuesto por los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladares y Gisella Garzón. Sin embargo, en la resolución no se mencionó cuál será el futuro de los juicios políticos en contra del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo; exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Antes de aprobada la resolución al interior del Legislativo, la bancada de ADN se pronunció sobre el tema en redes sociales “A pesar de los incidentes en la Comisión de Fiscalización y Control Político provocados por miembros de la Revolución Ciudadana, la Bancada de ADN (…), logramos el archivo de los dos juicios políticos contra la Fiscal Diana Salazar Méndez”, señaló el comunicado. “Hoy en el Pleno, ratificaremos nuestra firme posición en la lucha contra la mafia y sus tentáculos en la política”, dijo la bancada de ADN. Una ‘agitada’ sesión de la Comisión de Fiscalización marcaría el futuro del juicio contra Salazar En medio de enfrentamientos y gritos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional rechazó la calificación del juicio político contra la fiscal Salazar. La moción planteada por la bancada correísta, no obtuvo los votos necesarios para su calificación. A los pocos minutos de iniciada la sesión, se apeló la presidencia de Aguirre argumentando que no acató el fallo del juez Romero sobre la acción de protección que permitiría el archivo de los juicios políticos contra los tres exministros de Lasso.