https://ciudadelatacungaonline.com.ec/wp-content/uploads/2024/03/Spot-Indoamerica-Latacunga.mp4 Expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, procesada en el caso Purga.El Consejo de la Judicatura informó que 25 servidores judiciales, investigados por su implicación en las tramas de corrupción Plaga, Purga y Metástasis, han sido destituidos de sus cargos. La institución señaló, este miércoles 16 de octubre, que la medida se enmarca en su compromiso con la transparencia y la sanción de aquellos que han incurrido en actos irregulares durante sus funciones. En cumplimiento del debido proceso, los 25 funcionarios destituidos, incluyendo jueces, fiscales y secretarios judiciales, están relacionados con los casos mencionados. La distribución de las destituciones por caso es la siguiente: Plaga con 9, Purga con 8 y Metástasis con 8. El desglose de los servidores destituidos es el siguiente: Jueces: 17Presidente de Corte Provincial: 1Fiscales: 3Secretarios judiciales: 4Estas destituciones se han dado en cinco provincias del país, siendo Guayas la más afectada: Guayas: 13Santo Domingo de los Tsáchilas: 7Manabí: 2El Oro: 2Cotopaxi: 1Caso Metástasis: 30 llamados a juicioUn juez llamó este lunes 7 de octubre a juicio a 30 de 37 acusados de participar en el caso ‘Metástasis’, una gran trama de corrupción del crimen organizado dentro del aparato judicial, policial y carcelario. Fiscalía informó que la investigación de este caso inició a raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Al analizar sus dispositivos celulares, se descubrió que, desde la cárcel, Norero dirigía una organización criminal que operaba con el objetivo de asegurarle beneficios y privilegios dentro del centro penitenciario, así como de buscar impunidad para él y su familia en un proceso por lavado de activos. La red estaba conformada por jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios y abogados. En el caso Plaga se descubrió una estructura dedicada a captar a personas privadas de libertad sentenciadas o con prisión preventiva –por asesinato, tráfico de drogas, violación, entre otros– para ofrecerles recuperar su libertad –de forma ilegítima– mediante acciones constitucionales. Por estos “favores”, se ofrecían a cambio de altas sumas de dinero que, a su vez, eran negociados con jueces y secretarios judiciales, con el fin de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales, y cuyas resoluciones habrían derivado en la libertad de los procesados. En el caso Purga, a decir de Fiscalía los vinculados serían parte de una estructura delictiva que contaba con una cúpula y colaboradores que cumplían sus roles desde varias esferas, con la finalidad de corromper el sistema de justicia de la provincia de Guayas. El Consejo de la Judicatura también ha indicado que continuará investigando a otros servidores judiciales vinculados a estos casos, reiterando «su política de cero tolerancia» a la corrupción en la Función Judicial.
