La asambleísta de la Revolución Ciudadana pidió una sanción para Lucía Jaramillo (ADN), por la intención de fiscalizar a una empresa privada.
Una nueva queja se presentó en la Asamblea Nacional. Esta vez, la acción es en contra de la oficialista, Lucía Jaramillo (ADN). La queja fue ingresada por Victoria Desintonio, de la bancada de la Revolución Ciudadana.
La asambleísta envió un memorando al presidente del Legislativo, Henry Kronfle, el 18 de julio de este 2024.
En el escrito, Desintonio argumenta que la queja se debe a la rueda de prensa que emitió Lucía Jaramillo, el 16 de julio, en el Palacio Legislativo.
Acompañada de la bancada oficialista Acuerdo Democrático Nacional (ADN), la legisladora- quien antes era del Partido Social Cristiano (PSC)- anunció la creación de un frente parlamentario contra el tráfico ilegal de combustibles.
La iniciativa de conformar este grupo se dio luego de la denuncia penal del Gobierno Nacional en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, su hermano, Antonio Álvarez, y nueve personas más.
La denuncia la presentó Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARC), por la supuesta comercialización ilegal de combustibles.
Argumentos
En este sentido, Victoria Desintonio sostiene que Jaramillo usó las instalaciones del Parlamento para referirse a un proceso de fiscalización a una empresa privada.
«No podemos caer en arbitrariedades y fiscalizar o iniciar un proceso de control político contra una empresa privada, lo cual correspondería a otra función o institución del Estado», precisa.
En el documento, la asambleísta de la Bancada Ciudadana alega que la oficialista habría cometido una falta administrativa grave. La misma se encuentra en el numeral 3 del artículo 5 del Reglamento para el Trámite de Faltas Administrativas.
Es decir, según la queja, Lucía Jaramillo habría «hecho uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura, tales como credenciales o cualquier otro distintivo, para actos ajenos a su naturaleza y que lesionen el prestigio de la institución».
De esta manera, Desintonio solicitó una sanción, de acuerdo a la ley, que es la suspensión sin remuneración de 9 a 30 días para Jaramillo.
La queja se conocerá en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano que analizará esta acción y adoptará una resolución.