En dos días, Diego Garrido, concejal de Quito, canceló más de 80 000 dólares una deuda por este valor con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Con esta situación, el edil tenía un impedimento para ejercer cargos públicos, según consta en un documento del Ministerio de Trabajo.
Esta situación era un motivo para generar un proceso de remoción del edil, que podía ser impulsado por una denuncia ciudadana o un procedimiento de oficio desde el Ministerio de Trabajo. Garrido no se ha pronunciado sobre el tema, pero se conoció que canceló este valor.
Garrido adeudaba al SRI un total 87 909, 13 dólares por no pagar el impuesto a la renta correspondiente al 2012, según constaba en la página del SRI. Además, el portal Primicias señala que el concejal quiteño tampoco ha presentado las declaraciones del impuesto a la renta de 2020, 2021 y 2022.
‘No tengo impedimento para asumir el cargo’
Sin embargo, cerca de las 11:34, Garrido, quien se encuentra de vacaciones, informó en su cuenta de X afirmó que no tiene impedimento para ejercer cargos públicos. También afirmó que su deuda era de 82 593,95 dólares y ya fue cancelada.
El edil también aseveró que en su declaración juramentada entregada para ser concejal reconoció la deuda con el SRI. «Con dicha institución acordé un convenio de pago por lo cual no tenía ningún impedimento para asumir el cargo de elección popular. Así lo confirma el certificado emitido por el Ministerio de Trabajo el 11 de mayo de 2023, el cual consta en los archivos pertinentes del Municipio de Quito», señaló el edil.
«Cancelé mi obligación total con el SRI al acogerme a este beneficio otorgado por la ley. Dicha deuda está subsanada por lo cual no tengo impedimento alguno», agregó.
Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, horas antes recalcó que esta situación es lamentable y indicó que no solo afecta la imagen del edil sino que suma a las críticas que tiene el Concejo Metropolitano.
«Lo mínimo que se espera de una autoridad es que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa aplicable y no se encuentre con prohibiciones e inhabilidades para que no haya duda alguna sobre la legitimidad y legalidad de sus actuaciones», enfatizó Alarcón.
Por su lado, Esteban Ron, especialista en Democracia y Gobierno, recordó que este impedimento para ejercer cargo público podría ocasionar su remoción. Proceso que se puede iniciar a través de una denuncia ciudadana o un procedimiento de oficio desde el Ministerio de Trabajo, con la información cruzada que tendría con el SRI.
De inmediato arrancaría un proceso sumario administrativo, donde el concejal puede presentar sus elementos de descargo.
