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Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad, salió este martes de la cárcel donde se encontraba en prisión preventiva por su imputación en un caso de presunta oferta de tráfico de influencias, según anunció su abogado Oswaldo Trujillo. El procesado quedó en libertad bajo fianza tras pagar una caución de 20.000 dólares que había sido impuesta por la autoridad judicial a cambio de revertir la medida de prisión preventiva. Barreiro fue detenido el pasado 21 de marzo en la ciudad de Cuenca y desde entonces estaba recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en la ciudad de Guayaquil. «Realizado el pago de la fianza dispuesto por la jueza a cargo, finalmente se podrá defender en libertad», señaló en redes sociales Trujillo. El hijo de la vicepresidenta Abad tendrá que cumplir en libertad con una prohibición de salida del país y con presentaciones semanales en oficinas de la Fiscalía en Cuenca. Barreiro es parte del denominado caso ‘Nene’, sobre una presunta «oferta de tráfico de influencias» para trabajar en las oficinas de la Vicepresidencia de Ecuador, entidad liderada por Verónica Abad, quien, por orden del jefe de Estado, Daniel Noboa, también se desempeña como embajadora en Israel. El hijo de la vicepresidenta quedó detenido por presuntamente ofrecer junto a otra persona un cargo público a cambio de recibir un amplio porcentaje de su sueldo. La denuncia original la formuló la misma persona involucrada en el presunto trámite ilegal del cargo, quien habría sido contratada en diciembre pasado. Noboa y Abad, que asumieron el poder el 23 de noviembre pasado, han experimentado un distanciamiento político acelerado y varios analistas han opinado que el conflicto entre ambos parece irreversible. EFE

Continúan las protestas en Olón contra la empresa de la primera dama, por la tala de árboles en una zona protegida. Los nombres de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y de su hija Daniela Verduga Palencia, aparecieron en documentos expuestos por Bitácora Ambiental, dentro del caso Olón y la empresa Vinazin S.A., que pertenece a Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa. Según el documento publicado, las abogadas Palencia y Verduga Palencia estuvieron autorizadas por la compañía Vinazin S.A. para realizar diligencias legales y administrativas, con el objetivo de tener la aprobación y registro de la reforma del objeto y estatuto social. Tras esta publicación, la ministra Palencia señaló que no permitirá que ninguna persona ponga en tela de duda su nombre o el de su hija. “En el 2020 recibimos autorizaciones para realizar actos societarios concretos, únicamente, y a favor de una empresa de actividad lícita y en nuestras funciones como abogadas. Clarito es”. Además, según información de la Superintendencia de Compañías, la actual gerente general de la empresa Vinazin S.A. es María Beatriz Moreno, quien es presidenta nacional de ADN, la organización del presidente Daniel Noboa. CasoLa comuna de Olón, en Santa Elena, amaneció con protestas este martes. Los moradores de la zona se manifestaron en contra de los trabajadores de la empresa Vinazin S.A., porque talaban los árboles del estero. La empresa Vinazin S.A., cuya principal accionista es Valbonesi, recibió el registro ambiental del ministerio del Ambiente, para armar un supuesto proyecto urbanístico en el manglar de Olón. Sin embargo, organizaciones ambientalistas, como Fundación La Iguana, señalaron que este proyecto causará un daño irreversible a los manglares. Por ello, solicitaron que se pare la tala de árboles en la zona. En el Registro Oficial del 30 de noviembre de 2001, se catalogó a esa área como bosque protector, por parte del Ministerio del Ambiente de la época. EmpresaVinazin S.A. fue constituida en 2016 por Daniel Noboa Azín y José Francisco Manzur Almendares. En 2021, Noboa vendió sus acciones a Daniel Correia. Un año después, Manzur vendió sus acciones a Lavinia Valbonesi. Actualmente, Valbonesi es la accionista mayoritaria de la empresa con un capital de USD 9 999, mientras que Daniel Correia tiene acciones por apenas USD 1. El informe de factibilidad del proyecto fue realizado por Geosísmica, en septiembre de 2023, cuyo accionista es el ministro Roberto Luque.

Decenas de comuneros de Olón, provincia de Santa Elena, rechazan este martes 7 de mayo del 2024 las obras de un proyecto inmobiliario. Los ciudadanos piden que se respeten los terrenos que comprende al Esterillo Oloncito, área protegida de Ecuador. En Esterillo Oloncito, una zona de manglares y algarrobos que protegen a la población de inundaciones en la época invernal, se ejecutan desde hace días múltiples obras de un proyecto de la empresa Vinazin S.A.. Según consta en la página web de la Superintendencia de Compañías, los accionistas de esta compañía son Ángela Lavinia Valbonesi Acosta, primera dama de Ecuador, y Daniel Patricio Correia Peñaherrera. Estos trabajos se realizan en 261 metros del Esterillo Oloncito, declarado por el Ministerio de Ambiente como área protegida en 2001. En el lugar no se estaría respetando la fauna y flora del lugar, Decenas de comuneros de Olón, provincia de Santa Elena, rechazan este martes 7 de mayo del 2024 las obras de un proyecto inmobiliario. Los ciudadanos piden que se respeten los terrenos que comprende al Esterillo Oloncito, área protegida de Ecuador.   En Esterillo Oloncito, una zona de manglares y algarrobos que protegen a la población de inundaciones en la época invernal, se ejecutan desde hace días múltiples obras de un proyecto de la empresa Vinazin S.A..   Según consta en la página web de la Superintendencia de Compañías, los accionistas de esta compañía son Ángela Lavinia Valbonesi Acosta, primera dama de Ecuador, y Daniel Patricio Correia Peñaherrera.   Estos trabajos se realizan en 261 metros del Esterillo Oloncito, declarado por el Ministerio de Ambiente como área protegida en 2001. En el lugar no se estaría respetando la fauna y flora del lugar, atentando a los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución.   En el proyecto de Vinazin S.A. consta un conjunto de cuatro edificios de varias plantas y 24 unidades de vivienda con áreas sociales, áreas verdes, parqueos, vías de acceso, acceso a la playa y un malecón hacia el cuerpo de agua.   Organizaciones ambientalistas señalan que esta obra no podría llevarse a cabo porque no solo no se estaría respetando el área protegida sino que existe una ordenanza que se prohíbe construcciones mayores de tres pisos en el lugar.   No obstante, según constató el portal Primicias, el proyecto cuenta con todos los permisos ambientales emitidos por el Ministerio de Ambiente el 5 de diciembre de 2023, 13 días después de la posesión del presidente Daniel Noboa.   En una entrevista Jhon Reyes, presidente de la comuna de Olón, indicó que se ha pedido en varias ocasiones que el proyecto sea socializado, pero esto no se ha llevado a cabo. Además, indicó que este martes presentarán una acción de protección para evitar que se sigan talando algarrobos.   «Nosotros como comunidad no nos oponemos al proyecto, pero hemos pedido la socialización. No estamos pidiendo nada fuera de lo común. Solicito al Presidente que nos pueda atender y aclare los malos entendidos«, indicó Reyes.   Asimismo, ratificó que los comuneros permanecerán en el lugar, donde también se registró la presencia de policías, para proteger la fauna y flora de esta área protegida.   Por su lado, la asambleísta Jhajaira Urresta, de la Revolución Ciudadana, también pidió información al Ministerio del Ambiente sobre las denuncias de la tala de un manglar protegido en Olón. «Es deber del Estado Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas y acuáticas», agregó. a los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución. En el proyecto de Vinazin S.A. consta un conjunto de cuatro edificios de varias plantas y 24 unidades de vivienda con áreas sociales, áreas verdes, parqueos, vías de acceso, acceso a la playa y un malecón hacia el cuerpo de agua. Organizaciones ambientalistas señalan que esta obra no podría llevarse a cabo porque no solo no se estaría respetando el área protegida sino que existe una ordenanza que se prohíbe construcciones mayores de tres pisos en el lugar. No obstante, según constató el portal Primicias, el proyecto cuenta con todos los permisos ambientales emitidos por el Ministerio de Ambiente el 5 de diciembre de 2023, 13 días después de la posesión del presidente Daniel Noboa. En una entrevista Jhon Reyes, presidente de la comuna de Olón, indicó que se ha pedido en varias ocasiones que el proyecto sea socializado, pero esto no se ha llevado a cabo. Además, indicó que este martes presentarán una acción de protección para evitar que se sigan talando algarrobos. «Nosotros como comunidad no nos oponemos al proyecto, pero hemos pedido la socialización. No estamos pidiendo nada fuera de lo común. Solicito al Presidente que nos pueda atender y aclare los malos entendidos«, indicó Reyes. Asimismo, ratificó que los comuneros permanecerán en el lugar, donde también se registró la presencia de policías, para proteger la fauna y flora de esta área protegida. Por su lado, la asambleísta Jhajaira Urresta, de la Revolución Ciudadana, también pidió información al Ministerio del Ambiente sobre las denuncias de la tala de un manglar protegido en Olón. «Es deber del Estado Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas y acuáticas», agregó.

La tala de manglares en un área protegida, para la construcción de un proyecto inmobiliario de Vinazin S.A, de la cual Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, es accionista mayoritaria, ha provocado el reclamo de comuneros de Olón, Santa Elena, quienes se encuentran en un plantón permanente. Desde ayer, varios obreros comenzaron con la tala de árboles en el Esterillo Oloncito. Según los habitantes, 21 de 52 algarrobos han sido tumbados de este bosque protector, declarado en 2001. El Ministerio de Ambiente, liderado por Sade Fritschi, concedió el permiso para esta obra, para la “ejecución de las obras de recuperación del espacio erosionado e invadido por el cuerpo de agua Estero Oloncito, la reconformación y protección del muro”. Con respecto a este tema, Jhajaira Urresta, legisladora de Revolución Ciudadana (RC5), anunció ayer que inició un proceso de fiscalización, realizando cinco pedidos de información: Se indique cuáles son las zonas protegidas en Olón, si el manglar talado es considerado protegido Si es real o no la tala que se denunció en redes sociales Requirió un informe sobre si se cortó manglar en Olón Solicitó que se informe respecto de la construcción de un hotel El detalle del convenio firmado con la empresa para la construcción de este hotel y qué empresa es la que suscribió dicho convenio Hoy, Paúl Buestán, asambleísta de Construye, solicitó un cambio en el orden del día de la sesión del pleno de la Asamblea Nacional del miércoles 8 de mayo del 2024, para un proyecto de resolución que plantea que Sade Fristschi explique el proceso de obtención de licencias ambientales en la zona ambiental protegida de Santa Elena. Además, la asambleísta de Arisdely Parrales, de Santa Elena y RC5, indicó que ha pedido información al Ministerio de Ambiente sobre el detalle sobre estudios técnicos y el plan de manejo ambiental presentados por la empresa que ha realizado la tala de árboles en el sector del río Oloncito, perteneciente a la comuna Olón. Asimismo, que realice un informe sobre los posibles daños y repercusiones ambientales provocados por la tala de árboles al pie del río Oloncito, perteneciente a la comuna Olón. Y que se pronuncien si esa cartera de Estado tiene conocimiento sobre la posible construcción de proyectos urbanísticos en el sector del río Oloncito y si estos cuentan con permisos ambientales.

La Asamblea Nacional comunicó la suspensión de la legisladora correísta Mónica Palacios por 60 días sin sueldo en sus actividades dentro del Poder Legislativo. Mediante un comunicado emitido este lunes 6 de mayo de 2024, se indicó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), resolvió sancionar a la asambleísta Mónica Palacios por cometer una «falta muy grave». El CAL dictó la sanción, tras sustanciar los testimonios y las puebas de cargo y descargo, y determinar que la legisladora «cometió una falta administrativa muy grave dispuesta en el numeral 6 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa». Según lo señalado por el organismo, la asambleísta incurrió en «comportamientos que se ajustan a la figura de acoso laboral«. La resolución enmarcada en el procedimiento disciplinario de la Asamblea, es el resultado tras conocer y analizar la denuncia presentada por el funcionario Emilio Flor Zambrano. Postura de Mónica Palacios Tras conocer la sanción establecida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), Palacios reaccionó y calificó la medida como «una maniobra ilegal e ilegítima para atacarme políticamente». Según la asambleísta, «el oficialismo utilizó a un funcionario legislativo para denunciarme por supuesto acoso laboral. Pese a que nunca trabajé, contacté o conocí a dicho servidor público, quien ocupó el puesto de asistente de la asambleísta de ADN, Valentina Centeno». Además, Palacios relató que «el 14 de diciembre de 2023 fui agredida por dicho asistente legislativo, el mismo que intentó arrebatarme de manera violenta el micrófono. Esto sucedió en la sesión Nro. 005 de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional». El 9 de marzo pasado, este funcionario presentó la denuncia ante el CAL. Según Palacios, eso ocurrió «a pesar de que la Coordinación de Talento Humano de la Asamblea Nacional había determinado una sanción en su contra por agredirme. Sin embargo, el administrador de la Asamblea Nacional archivó mi causa«. Palacios asegura que todo fue «planificado por Daniel Noboa, acatada por Henry Kronfle y legitimada por los miembros del CAL».

Según relato del accionante del ‘habeas corpus’ a favor del exvicepresidente, el acceso está restringido a la prisión para sus familiares. Jorge Glas se mantiene en huelga de hambre “radicalizada” y el acceso está restringido para sus propios familiares en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, dijo este lunes 6 de mayo Francisco Hidalgo, el accionante del habeas corpus a favor del líder del correísmo. El exvicepresidente de la República cumplió este lunes 6 de mayo un mes en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) Guayas número 3, localizado en la vía a Daule. “Pero la situación de salud del exvicepresidente es bastante compleja”, alertó el exdirigente del movimiento Revolución Ciudadana (RC). Indicó que solo “ciertos” asambleístas, por su función de fiscalización, pueden asistir hasta las instalaciones de La Roca. En tanto que el acceso para la familia es restringido. Glas fue detenido la noche del viernes 5 de abril dentro de la Embajada de México, en Quito, y horas después fue llevado hasta La Roca, con un fuerte equipo de seguridad. Desde el sábado 6 de abril de 2024, Glas, sentenciado por actos de corrupción, está recluido La Roca luego de ser capturado en el local diplomático de México en Quito, para dar cumplimiento a órdenes judiciales por incumplimiento de medida cautelar y una orden de prisión preventiva que se le dispuso por el delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Según narró Hidalgo, dos semanas atrás llegó a La Roca una representante de la Cruz Roja Internacional para dar seguimiento al caso del ex segundo mandatario con la finalidad de poder cuidar de su integridad. Apuntó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está por emitir nuevas medidas cautelares y que el Estado debe cumplir en función de precautelar la salud y la vida de Glas. “Lo que puedo decir es que él sigue en huelga de hambre, su estado de salud no es el mejor, pero poco a poco estamos pidiendo la visita de médicos y el ingreso de sus medicinas a través del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores), que es el que autoriza el ingreso una vez que ya lo hayamos pedido desde el Tribunal que nos ocupa el habeas corpus”, detalló Hidalgo. Tras cumplir dos días en la prisión de La Roca, el lunes 8 de abril, en una rueda de prensa, la defensa técnica internacional de Glas, con los abogados Sonia Vera y Christopher Marchand, señalaron preocupaciones sobre el estado de salud de su cliente por aparentes agresiones que se habrían dado el día de su detención. Ya en horas de la tarde se conoció de un episodio clínico de Glas. El SNAI informó en un comunicado que el exvicepresidente en el régimen correísta no habría querido comer en las últimas 24 horas y se descompensó. Lo trasladaron al Hospital Naval, donde fue internado antes de las 13:00. Más tarde el SNAI informó que su estado de salud era estable, pero que permanecería en observación por las próximas horas para devolverlo a la cárcel La Roca, lo que ocurrió el 9 de abril. (I)

Fue detenido en Cuenca, el 21 de marzo de este año, por el caso Nene Luego de haber pagado USD 20.000 de caución (fianza) para dejar sin efecto la prisión preventiva, fue emitida la boleta de excarcelación para el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, Francisco Barreiro. Quiere decir que ahora dejará la cárcel de máxima seguridad, La Roca, donde fue enviado por una investigación dentro del caso Nene. Tal y como lo había dicho su abogado a este diario, faltaba solo ese documento. Fue la jueza de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, María Fernanda Castro Angos, quien autorizó la emisión de la boleta de excarcelación. Desde su detención en Cuenca, el 21 de marzo de este año, Barreiro fue trasladado a ese recinto carcelario. La justicia ordenó para Barreiro la prisión preventiva por el caso Nene, el cual investiga un presunto tráfico de influencias, en calidad de autor directo. Según la Fiscalía, habría solicitado dinero a cambio de un cargo en la Vicepresidencia. Tras la detención de su hijo, Abad denunció una supuesta persecución en su contra y de su familia desde el Gobierno.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) anunció este lunes que abrirá un despacho en Ecuador para aplicar un plan de prevención y combate contra el crimen organizado, dedicado principalmente al tráfico de cocaína, al que se le atribuye el auge de la violencia y los homicidios en el país. La directora ejecutiva de la UNODC, la egipcia Ghada Waly, anunció la apertura de la oficina tras una reunión en Quito con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld. En un pronunciamiento ante periodistas, Waly detalló que la oficina en territorio ecuatoriano tendrá personal tanto en Quito como en Guayaquil, uno de los epicentros de la crisis de inseguridad y violencia, al encontrarse allí el mayor puerto de Ecuador, que las mafias del narcotráfico han convertido en una de las principales puertas de salida de Suramérica para la cocaína que llega a Europa. «En los últimos meses, la amenaza que representan las bandas y los grupos criminales en Ecuador se ha intensificado de forma brusca y alarmante, socavando la paz y la properidad», señaló Waly. «El comercio de drogas ilícitas, y en particular el tráfico de cocaína, se está expandiendo a nivel global y en la región, y esto ha desencadenado la competencia criminal y convergido con otros delitos organizados, desatando la violencia en las calles y las cárceles de Ecuador», añadió. La directora ejecutiva de la UNODC indició que «las consecuencias han sido mortales para los ecuatorianos» y recordó que «la tasa de homicidios en el país en 2023 (unos 45 por cada 100.000 habitantes) fue seis veces superior a la de hace cinco años, y al menos el 80 % de los homicidios se atribuye a la delincuencia organizada«. Esto ha situado a Ecuador entre los países más violentos de Latinoamérica, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar desde inicios de año el ‘conflicto armado interno’ contra las bandas del crimen organizado, a las que pasó a catalogar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Mediante un estado de excepción tomó acciones como militarizar las cárceles, hasta ese momento controladas en su mayoría por las bandas criminales y donde desde 2020 han sido asesinados más de 500 presos, gran parte de ellos en una serie de masacres carcelarias por disputas entre grupos rivales. Un plan estructurado en seis ejes Por su lado, Sommerfeld detalló que el ‘Plan de Compromiso UNODC-Ecuador’, que fue presentado en marzo pasado en Viena, en el marco del segmento de alto nivel del sexagésimo séptimo periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, está estructurado en seis ejes. Entre las líneas de acción figura la prevención y lucha contra la corrupción asociada a la delincuencia organizada en el sistema portuario, el refuerzo de los controles penitenciarios para hacer frente a la delincuencia organizada en el sistema penitenciario y el fortalecimiento de la capacidad de Eucador para prevenir y combatir el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos. También el refuerzo de la cooperación transfronteriza y marítima fluvial, la resiliencia de las instituciones de justicia penal ecuatoriana y el fortalecimiento de la cooperación regional e internacoinal para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional. Para ese último ámbito, Sommerfeld anticipó que se prevé organizar en Quito un diálogo con potenciales países cooperantes acreditados en el país. «Ahora que contaremos con una oficina de Unodc en Ecuador, fortaleceremos nuestro relacionamientos y la labor para alcanzar los objetivos nacionales en materia de seguridad y fortalecimiento del Estado de Derecho», consideró la canciller. En ese sentido, Waly indicó que esta agencia de la ONU «ya ostenta una sólida alianza con Ecuador», y rememoró que en 2023 participó en la organización de 20 actividades de capacitación para formar a más de 400 funcionarios en medidas anticorrupción, trata de personas, delitos ambientales y la eliminación adecuada de sustancias controladas. «Y trabajamos con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y ONU Mujeres en la prevención de la violencia y la participación de los jóvenes en la delincuencia en Guayaquil. Pero Ecuador se enfrenta a un nuevo nivel de desafíos, que requieren un nuevo nivel de apoyo», advirtió. EFE

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) clausuró una planta de elaboración de helados situada en Guayaquil debido al hallazgo de plagas, heces de roedores y «suciedad general» en sus instalaciones. La entidad gubernamental acotó que se registró mal almacenamiento dentro del edificio y detalló que el cierre de este fue dispuesto de manera inmediata y oficializado por medio de la colocación de un sello en sus puertas. La ARCSA no difundió el nombre de la empresa que resultó afectada por la disposición, pero sí compartió fotografías del procedimiento en las que se pueden observar las instalaciones en mal estado, las cuales acumularon miles de reacciones en redes sociales. En una de las imágenes se observan múltiples baldes desperdigados a lo largo de un espacio lleno de varillas, bolsas en el suelo de contenido desconocido, cables, una puerta rota y pedazos de una estructura similar a una pared caídos. La entidad calificó la fabricación del producto era «antihigiénica» a través de una publicación en X, en cuya sección de comentarios se acumularon mensajes que exigían que se proporcione el número del último lote producido en la planta, el cual tampoco fue revelado.

La Armada del Ecuador informó que uno de sus helicópteros se accidentó en Santa Elena este 6 de mayo. El hecho ocurrió a las 14:30, un helicóptero Bell-430 de matrícula HN-407 estaba cumpliendo operaciones cuando sufrió el accidente en el sector Recinto la Frutilla. “La Armada del Ecuador lamenta informar que luego de las labores de búsqueda se localizaron los restos mortales del piloto y copiloto de la tripulación conformada por el piloto CPCB-AV Wilson Andrés Bohórquez Andrade y el copiloto CPCB-AV Jean Elias Ramírez Saltos”, se lee en un comunicado emitido por la institución. Horas antes, se informaba en su cuenta de X que continuaban con las labores de búsqueda y rescate de la tripulación.