Nacionales

La fiscal general, Diana Salazar, calificó como una ‘emboscada‘ la comparecencia, del lunes 13 de mayo del 2024, ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Mientras la funcionaria, comparecía y daba información de los avances de investigaciones en curso. De repente, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, convocó por videoconferencia al exasambleísta Ronny Aleaga, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y quien se encuentra prófugo de la justicia. Ante eso, la fiscal Salazar decidieron abandonar la sala legislativa. La titular de la Fiscalía calificó esa acción como una ‘emboscada’ con el objetivo de sacarla del caso Metástasis, que investiga una trama de corrupción vinculada al narcotráfico, que involucra a jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura, del sistema penitenciario y abogados. Durante una entrevista en el programa Conclusiones de CNN, Salazar dijo: «Fue una emboscada. (…) Sin embargo, ellos operan así, porque es parte de las estructuras criminales actuar a la sorpresa«. Salazar explicó que un fiscal solo puede tener contacto con los sujetos investigados en presencia de abogados y jueces. Si la funcionaria se ve con un procesado fuera de una audiencia o diligencia implicaría su expulsión del caso. «Si hubiera caído en esta emboscada tenía que separarme del conocimiento de la causa, por tener contacto con el procesado fuera de la audiencia conforme lo establece nuestra legislación. Hacia eso van, buscar la impunidad«, indicó. Juicio político contra la Fiscal GeneralSalazar también se refirió al juicio político que plantea la Asamblea en su contra. Ella aseguró que se trata de acciones sistemáticas que podrían ser consideradas obstrucción de la justicia, pues limitan la acción de la fiscal. «Tienen miedo las organizaciones criminales de cómo nosotros estamos en posibilidad de probar la infiltración del narcotráfico en la política aquí en el Ecuador. Entonces hoy mismo se han sumado dos causales más o un nuevo pedido de juicio político», aseguró la funcionaria. Desde finales de 2023, asambleístas afines al expresidente Rafael Correa promueven un juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar por presuntas acciones y omisiones en casos penales. Sin embargo, el correísmo presentó una nueva solicitud de juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Esta vez por el presunto encubrimiento de lavado de activos, según informó el asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ricardo Valladares. El legislador por Zamora Chinchipe presentó la solicitud de juicio político en contra de Salazar la tarde de este martes 14 de mayo del 2024. Según dijo, cuenta con al menos dos causales para la destitución.

Este martes, un medio de comunicación digital difundió un artículo en el que se afirmaba que el Gobierno planeaba usar las escuelas del milenio que no funcionan en la provincia de Guayas como cuarteles policiales. Ante ello, el Ministerio de Educación se pronunció para señalar esa afirmación como falsa. «No existen unidades educativas del milenio abandonadas o que no estén en funcionamiento en la provincia del Guayas. Al contrario, actualmente se encuentran en proceso de construcción tres nuevas unidades de este tipo, las cuales beneficiarán a cerca de 7 mil estudiantes», informó la cartera de Estado en un comunicado. Además, precisó que las escuelas del milenio, que en su mayoría se erigieron en el marco del proyecto educativo que impulsó el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), no forman parte del nuevo modelo de gestión para repotenciar unidades policiales y construir cuarteles intermedios que ha adoptado el presidente actual, Daniel Noboa. Refiriéndose al artículo periodístico cuya información fue señalada por el Gobierno de Daniel Noboa como falsa, el expresidente Rafael Correa dijo que convertirunidades educativas en cuarteles policiales era algo «digno de (aparecer en) Ripley», una franquicia estadounidense que exponía hechos sumamente extraños, (Archivo)No obstante, la cartera de Estado agregó que «otras estructuras» no ocupadas, sobre las cuales no dio detalles, si iban a ser utilizadas en el plan de seguridad referido. «Mientras que el objetivo debería ser convertir cuarteles en escuelas, estos ineptos buscan convertir escuelas en cuarteles», publicó el expresidente Rafael Correa en X al difundir el artículo en cuestión, sin pronunciarse de vuelta sobre este tras la aclaración del actual Gobierno.

La aprobación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se redujo un 20% desde febrero del 2024. De acuerdo con un estudio difundido por la firma Comunicaliza este martes 14 de mayo del 2024, el nivel de aceptación actual del Primer Mandatario es de 60%. El estudio determinó que el incremento del IVA del 12% al 15% y la crisis energética pudieron influir en el descenso en los niveles de aprobación de Noboa, quién alcanzó en febrero un 80% de aceptación popular. El sondeo señaló que el 59,3% de los ecuatorianos aprueba hasta el momento la gestión de Noboa. Mientras que un 31,7% de la población lo desaprueba. En tanto un 8,9% no manifestó opinión. Entre los que aprueban a Noboa, hay un 20,3% que califica su Administración como muy buena y 38,5% que la considera como buena. En el grupo que desaprueba al jefe de Estado ecuatoriano hay un 19,9% que opina que es una mala gestión y un 11,8% que la tilda de muy mala. Su pico máximo de aprobación se registró en febrero, cuando superó el 80% tras haber declarado al país en «conflicto armado interno» contra las bandas del crimen organizado. Respecto a los principales problemas del país, la seguridad ocupa el primer lugar con un 30,2% de los participantes en la encuesta. Le sigue la falta de empleo (17,7%), la situación económica (15,2%), la corrupción política (9,1%) y la pobreza (6,7%). Sobre el momento económico del país, cerca de un 70% de los entrevistados opinó que la actual situación es mala, mientras que sólo en torno al 26% cree que es buena. La encuesta se realizó del 9 al 12 de mayo a 4.293 personas de las veinticuatro provincias del país a través de entrevistas por internet, con un margen de error del 1,49 %.

Mónica Palencia, ministra del Interior, cometió un error que le generó críticas, cuando respondió que habían reducido en un 99 % la delincuencia, al ser consultada por medios de comunicación dentro del aeropuerto de Guayaquil, la mañana del lunes 13 de mayo. «Ustedes saben que son procesos. No es de la noche a la mañana que vamos a terminar con el estado delincuencial, al que desafortunadamente se había llegado en el país. Hacemos una medición y hemos logrado en el mismo periodo, con respecto al año al gobierno anterior, una disminución del 99 %», declaró. Este martes 14 de mayo aprovechó una entrevista radial para corregir sus declaraciones.» Hemos logrado un decrecimiento del crimen a nivel de homicidios intencionales, de un 28 %. Hace unos días hablaba yo de un 29, pero hay un 28 % de decrecimiento, y hemos logrado afortunadamente también ponerle mano dura a un crimen que estaba creciendo bastante, que es el de la extorsión y el secuestro extorsivo». Esta explicación la compartió en su cuenta de X (antes Twitter), con el mensaje «aclaración de las cifras mencionadas la mañana de ayer», junto a un emoji que denota nerviosismo. Según información que pudo obtener Ecuavisa, hasta este martes 14 de mayo se había contabilizado 2 100 muertes violentas. En lo que iba del 2023 hasta esta fecha, se habían registrado 2 548 homicidios, según datos del Ministerio del Interior. Esto representa una reducción del 17.58 %.

«Nos hemos tenido que defender«. Las palabras son de Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente Daniel Noboa, quien afronta distintos procesos judiciales interpuestos por él. Entre ellos, una demanda de 20 millones de dólares por daño moral. El pasado viernes, 10 de mayo del 2024, Gabriela Goldbaum, exesposa de Noboa reclamó ante la justicia la tenencia de su hija Luisa, de 5 años. «Nos hemos tenido que defender principalmente todo este tiempo de demandas civiles, penales, régimen de visitas, entre otras cosas«, dijo Golbaum en declaraciones a los medios de comunicación. Ella también tiene dudas del proceso a raíz de una sentencia leída por el juez de forma distinta en una audiencia. «En la audiencia oral se dijo una cosa y se dio más de lo que pedía legalmente el padre de mi hija y por escrito me llegó una sentencia totalmente distinta», mencionó. Goldbaum también ha denunciado públicamente que desde que nació la menor, Daniel Noboa quería verla fuera de casa y amenazaba con acciones legales cuando ella se oponía: “Cada vez que yo le hacía notar a Daniel que era él quien debía adecuarse a los horarios de nuestra hija, y no al revés, Daniel me amenazaba con tomar acciones legales porque yo le ponía trabas para ver a Luisa”. El punto de quiebre fue cuando Noboa quería festejar su cumpleaños con Luisa y se negó a coordinar los detalles, lo que llevó a Goldbaum a dejar que un juez determinara el régimen de visitas, detalla el portal Infobae. Luego, durante la pandemia, Goldbaum pidió videollamadas con Luisa, pero Noboa no respondió. Esto la llevó a la desesperación y desconfiar del sistema judicial. «Esto ya no es vida, estoy harta de tantos procesos judiciales, de amenazas, de calumnias, desconfío del sistema judicial y mi mayor terror es que cualquier día un juez me quite a mi hija”, dijo a Infobae. Golbaum no confía en la justicia; funcionarios públicos fueron abogados de NoboaOcurre que al frente de la Judicatura desde diciembre del 2023 está Álvaro Román, quién fue abogado de Noboa en varios procesos en contra de Golbaum y de su familia, según consta en un documento de enero del 2023. En el documento también se identifican otros abogados: Luis Fernando Torres y Felipe Torres; padre y hermano respectivamente, del actual viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, ambos del Partido Social Cristiano. También está Mónica Palencia, actual ministra del Interior y abogada de Vinazin S.A., empresa de Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi. También aparecen los abogados Edgar Lamas y Jandry Lindao Minda. El primero actuó en uno de los 49 casos en los que Daniel Noboa emprendió en contra de su ex esposa Gabriela Golbaum, por supuesta violación a la intimidad. Ella fue sobreseída. En agosto del 2023, cuando pasó a la segunda vuelta presidencial, ambos abogado presentaron una denuncia contra la aseguradora La Unión, cuyo propietario es el exsuegro de Daniel Noboa, Roberto Golbaum. La denuncia es por el supuesto delito de peculado y falsificación en los seguros de Petroecuador. Otro de los procesos de Noboa entablados contra su exesposa es por daño moral y se resolvió este 6 de mayo. La Corte Nacional de Justicia falló en favor del presidente Noboa, aunque no con los 20 millones de dólares que solicitó, sino que le dieron 20 000 dólares. Pero por una coincidencia, ese mismo día, la Fiscalía General del Estado vinculó a Federico Golbaum, excuñado de Noboa, a un caso de supuesto peculado en Petroecuador. El fiscal a cargo del caso, Carlos Alarcón Argudo, es el mismo que procesa a Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta, con quién Noboa mantiene evidente enemistad.

En el marco de una investigación por presunto cohecho, que se inició a principios de 2024, las autoridades de Fiscalía y Policía llevaron a cabo una serie de allanamientos simultáneos, este martes 14 de mayo, en las provincias de Napo, Pichincha y Orellana. «Se ejecutó esta mañana, en coordinación con Fiscalía, en el marco de una investigación previa y acciones enmarcadas en nuestro Plan de Transformación Institucional contra actos de corrupción», informó la Policía Nacional. Como resultado de estos allanamientos, un total de 9 personas han sido detenidas con fines investigativos. Este grupo está compuesto por 7 policías en servicio activo y 2 civiles, todos presuntamente vinculados a una red de corrupción dedicada al transporte y comercialización ilegal de combustible. Además, durante los operativos se han incautado varios elementos que servirán como indicios en la investigación. Entre ellos se encuentran un arma de fuego, municiones, una cantidad significativa de dinero en efectivo, teléfonos celulares, agendas, comprobantes bancarios y otra documentación relevante. En las próximas horas, se resolverá la situación jurídica de los detenidos, mientras que las autoridades continúan con las diligencias correspondientes en el marco de esta investigación por corrupción. El delito de cohecho se encuentra tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Un juez de Garantías Penales de Manta dispuso este lunes la liberación de Antonio Adolfo F. M., alias Toñito, presunto miembro del grupo de crimen organizado «Los Choneros» y sobrino de Adolfo Macías, alias Fito, líder prófugo de dicha banda delictiva. Alias Toñito permanecía encarcelado provisionalmente desde el 23 de abril de este año, día en el que fue detenido en un operativo militar ejecutado en el sector Playita Mía de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, mientras iba a bordo de un vehículo blindado, dentro del que había munición para pistolas y $7.000. Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado para referirse a la resolución judicial. “Sale libre (Antonio Adolfo F. M.) una vez más, por lo cual los esfuerzos realizados por Fuerzas Armadas y Policía en la lucha contra los grupos terroristas y crimen organizado que generan violencia y muerte en el cantón Manta se desvanecen”. El sujeto es considerado como un objetivo de valor medio por la Fuerza Pública. Según se informa a través del portal del Consejo de la Judicatura, registra detenciones por asesinato, robo, tenencia y porte de armas, asociación ilícita, receptación, entre más delitos. Las medidas cautelares que le fueron dictadas a alias Toñito después de que se ordenó su excarcelación consisten en presentarse cada cinco días ante autoridades judiciales y no viajar fuera del país.

Los apagones quedarán suspendido hasta el próximo 26 de mayo de 2024 a nivel nacional. Así lo informó el ministro de Energía, Roberto Luque, la tarde de este martes 14 de mayo, mediante una rueda de prensa, en el Gobierno Zonal de Guayaquil. La cabeza de la cartera de Estado señaló que no habrá racionamiento de energía en los próximos días, incluido el segundo feriado, que será el 24 de mayo. Asimismo, recordó que los problemas de la central Coca Codo Sinclair puede generar cortes que “estén oportunamente comunicados”. Esta decisión fue tomada por la condición climática favorable.

El expresidente Lenín Moreno Garcés (2017-2021) reaccionó, este martes 14 de mayo de 2024, una vez que se diera conocer uno de los chats publicados por la Fiscalía General dentro del caso denominado Encuentro, el cual acumula la investigación generada a raíz del Caso León de Troya. En uno de los chats se reveló que el expresidente Rafael Correa Delgado supuestamente pidió que encarcelen a la exministra del Interior de Moreno, María Paula Romo, y luego armar un amotinamiento en la cárcel. Se menciona una presunta conversación entre Correa y el general (sp) Víctor Arauz, quien tenía aspiraciones de ser candidato del correísmo. Ante ese pedido, la condición del exjefe de Estado para el alto oficial aparentemente era «poner en la cárcel» a Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán, Romo y Andrés Michelena. Luego se habla de incluir a la esposa de Moreno y luego «armamos un amotinamiento». En su cuenta de X, Moreno escribió que extirpar el socialismo del siglo XXI del Ecuador y evitar que se convierta en otra Venezuela tendría un costo muy alto en suvida. «Pero celebro haberlo hecho porque fue el inicio para cambiar el rumbo del país que todavía tiene un largo camino por enderezar. La verdad siempre saldrá a la luz. La persecución empezó desde el día 1 de mi Gobierno cuando Ronny Aleaga inició la denuncia en mi contra», indicó el expresidente. Y añadió: «hasta hoy han puesto denuncias sin argumentos para tratar de llevarme a la cárcel y asesinarme, esa siempre fue su intención y por eso recibo amenazas permanentes».

En medio de las investigaciones del Caso Encuentro por presunta delincuencia organizada, salen a la luz revelaciones que involucran al expresidente Rafael Correa en un presunto complot para encarcelar a opositores políticos y orquestar un amotinamiento en las cárceles de Ecuador. De acuerdo con las transcripciones de audio, video y conversaciones telefónicas, el general en servicio pasivo Víctor Arauz habría mantenido conversaciones con Correa, quien expresó su deseo de ser candidato del correísmo. Sin embargo, este anhelo habría venido acompañado de una condición alarmante: la encarcelación de varios funcionarios del gobierno anterior, incluyendo a María Paula Romo, el expresidente Lenín Moreno y otros. En esta revelación, se menciona incluso la posibilidad de «armar un amotinamiento» como parte de la estrategia. A continuación un extracto de la conversación que fue publicada por Fiscalía: La reacción de Correa ante su supuesta implicación en el Caso Encuentro y los disturbios carcelarios fue inmediata. A través de un mensaje en redes sociales, ironizó sobre su «influjo psíquico espectacular», al resaltar que ahora él es el involucrado en este caso, y no el expresidente Guillermo Lasso, quien es cuñado de Danilo Carrera, uno de los procesados. La Fiscalía investiga una presunta organización criminal compuesta por funcionarios públicos y particulares. Se sospecha que este grupo, de manera planificada y coordinada, intentaba obtener beneficios económicos indebidos a través de su influencia política, interfiriendo en instituciones públicas como CNEL EP, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas. Según la investigación, la presunta red de corrupción se investigaba desde 2021, pero el escándalo saltó cuando un medio digital reveló el informe «León de Troya». Dentro de esta supuesta estructura delictiva, Fiscalía señala a Danilo Carrera y el fallecido Rubén Cherres, quienes habrían buscado obtener beneficios económicos desde la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, aprovechando su cercanía con figuras de la política nacional. Los implicados habrían acordado direccionar contratos y el ingreso irregular de personas a cargos públicos en empresas como CNEL, Aduanas del Ecuador y BanEcuador. Al inicio había dos expedientes. ‘León de Troya’ sobre las vinculaciones de la mafia albanesa y ‘Encuentro’ relacionado a la corrupción al interior de las empresas públicas, pero luego la Fiscalía los unió en una investigación. VISTAZO