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Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Procuraduría pidió el 22 de mayo un criterio jurídico al Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a si Daniel Noboa debe o no encargar la Presidencia. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE) respondió el 5 de junio a la Procuraduría que no es su competencia dar un criterio jurídico respecto a si Daniel Noboa debe encargar la Presidencia a Verónica Abad cuando pida licencia para hacer campaña política en las presidenciales de 2025. En un documento se indica que las competencias del CNE están enfocados en organizar, garantizar la transparencia y legalidad dentro de los procesos electorales. Luego se subraya que el CNE «no tiene facultad de realizar interpretaciones de las disposiciones normativas, que deberán aplicarse de acuerdo con la literalidad del texto normativo». El pedido de ProcuraduríaEl pasado 22 de mayo, la Procuraduría pidió un criterio jurídico al Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a si Daniel Noboa debe o no encargar la Presidencia. La solicitud se hizo para contar «con los elementos de juicio necesarios» para responder a la consulta y porque el asunto está relacionado con el CNE. Desde el Gobierno ya han expresado que no quieren que Verónica Abad ocupe la Presidencia, «porque lo primero que hará, en el primer día, es revertir todas aquellas victorias que el Gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad», manifestó Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Por su parte, Verónica Abad ha dicho que le corresponde asumir la Presidencia porque así lo manda la Constitución.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Se desmiente información que señalaba que el exasambleísta estaba afuera de cárcel. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó la mañana de este jueves 6 de junio de 2024 que ante información que señalaba que el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, estaba fuera del centro de privación de libertad, la cartera de Estado confirmó que si está recluido en La Roca. Esto, en cumplimiento a lo dispuesto por las autoridades legales competentes. Información no confirmada señalaba que fuentes del Servicio de Seguridad y Vigilancia Penitenciaría del SNAI, constataron que Pablo Muentes ya no se encontraba en su celda de la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’. Asimismo, que su salida se ha manejado con total hermetismo, y que probablemente se encuentre en una casa de salud privada. Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, y procesado por el Caso Purga, ses parte de la lista de trasladados a la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’, ubica en las afueras de Guayaquil, en la provincia de Guayas. Muentes se encontraba recluido en la cárcel cuatro de Quito, mientras cumplía prisión preventiva, medida acogida por un juez, luego de que la Fiscalía General del Estado lo vinculara al Caso Purga, un entramado de delincuencia organizada. El rol de Pablo Muentes en el Caso PurgaSegún la Fiscalía, Muentes exasambleísta entre 2021 y 2023, a través de sus acciones reñidas con la Ley, habría controlado la administración de justicia en Guayas en beneficio de sus intereses. Sería uno de los líderes de la organización delictiva. A inicios de marzo de este año, la Fiscalía General del Estado procesó a 12 personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, que habrían cometido a través del sistema judicial en Guayas, para favorecer intereses particulares e, incluso, del narcotráfico. La institución señaló que a raíz del Caso Metástasis encontró elementos suficientes para investigar al exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, entre otros.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El 60% de los integrantes de las bandas delictivas son menores de edad, según un estudio publicado por la experta en seguridad Katherine Herrera. Los niños y adolescentes reciben salarios e incluso bonos dependiendo el tipo de delito. Las bandas delictivas están reclutando a las niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en el microtráfico y la extorsión. Entre enero y junio del 2023, 1 326 menores de edad, de entre 12 a 17 años de edad, fueron detenidos por distintos delitos, según cifras de la Policía Nacional. El asesinato de Ángel Menéndez, alias ‘Cara Sucia‘, en una vivienda en Chone, provincia de Manabí, refleja la preocupante situación en la que se encuentran inmersos los menores de edad con el crimen organizado. El joven de 18 años fue asesinado, el martes 4 de junio del 2024, durante en un ataque armado en una vivienda. Hace dos años su identidad se conoció por el intento de asesinato ocurrido en un hospital de Chone. Allí se conoció que su relación con los delitos empezó a los 13 años y tres años después era uno de los sicarios más temidos. El reclutamiento forzado de menores de edad por los grupos de delincuencia organizada se incrementó en los últimos años, según lo demuestra el estudio de Katherine Herrera. En la investigación, realizada entre julio del 2023 y abril del 2024, se confirmó que el 60% de miembros de estos grupos terroristas son menores de edad. Este porcentaje se obtuvo con datos recopilados en los cantones con mayor índice de violencia de las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. «Estamos viendo casos de niños de 8 o 9 años de edad que empezaron a ingresar (a las bandas). No hay una autoridad o una familia que este pendiente del niño y es ahí cuando estas estructuras criminales se aprovechan de algo muy valioso, que es el sentido de pertenencia«, recalcó Katherine Herrera. La experta en seguridad también detalló que un niño o adolescente puede llegar a recibir un salario de entre 2 000 a 4 000 dólares por cometer un delito. «Incluso cinco actividades que realizan una moto nueva. Cumplieron con la recaudación de todas las ‘vacunas’ de este sector hay un bono extra, que puede ser mayor un salario básico», agregó. Además, según el Observatorio de Criminalidad las bandas delictivas usan a los niños, especialmente, para cometer dos delitos. Por un lado, el microtráfico en Quito y Guayaquil, y la extorsión cuando hay explosivos de por medio, asegura Renato Rivera. También se enfatiza que el reclutamiento de menores de edad se refleja en la cifra de asesinatos «En el 2023, el 50% de los homicidios tienen menos de 24 años de edad«, señala Rivera. Esta situación de los menores de edad tiene influencia en los altos índices de pobreza del Ecuador, donde se alcanza una tasa del 36,9%. Por lo que se requiere una intervención inmediata de todo el aparataje estatal.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! En el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, seis defensores de la naturaleza fueron sentenciados a tres años de prisión por el delito de asociación ilícita. Luis Caiza, uno de los criminalizados, afirma que la justicia se ha utilizado para intimidarlos. La acción legal fue iniciada por la empresa minera Curimining, subsidiaria de la multinacional Adeptus Mining, en contra de los agricultores, campesinos y pobladores que defienden el agua y los territorios donde están ubicados los proyectos mineros que se desarrollan en la provincia de Bolívar. Los seis defensores sentenciados son: Freddy Díaz, Luis Borja, Luis Caiza, Oswaldo Lumbi, Napoleón Yunapanta y Ángel Rochina. El equipo de defensa presentó un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Bolívar. «Pedimos a la ciudadanía que nos apoye con sus firmas en respaldo a los compañeros de Bolívar. Estas mismas empresas están invadiendo territorios en otras provincias como Azuay, Cañar, Loja, Cotopaxi, Imbabura y Pichincha», concluye Pérez. Denuncia a los relatoresTambién se presentarán denuncias ante los relatores de Naciones Unidas, que emitieron un informe exigiendo al Estado ecuatoriano el respeto al derecho de las comunidades a ser consultadas previamente y las organizaciones internacionales Front Line Defenders, Amnistía Internacional y académicos. Las Naves es el escenario de uno de los proyectos mineros más grandes del país. Este proyecto recibió la licencia ambiental en enero de 2024, y en mayo pasado, la zona fue militarizada para realizar una consulta ambiental, que terminó en represión hacia la comunidad. La consulta ambiental se realizó con una fuerte presencia policial y militar. «Más de 300 policías y militares controlaron a 150 personas que participaron en la consulta. Lo más preocupante fue la presencia del Defensor del Pueblo, quien no proporcionó datos ni resultados de la consulta», agrega Caiza. Los defensores de la naturaleza rechazan los proyectos mineros. «Estos proyectos están en áreas con fuentes de agua, montañas vírgenes, fauna y flora silvestres. Dependemos de lo que producen nuestros campos. Hemos nacido y crecido aquí, y por eso luchamos para evitar que contaminen nuestra producción y entorno», señala Caiza. Yaku Pérez cuestionaYaku Pérez, abogado de los defensores, critica duramente a la minera de capital canadiense. «Curimining es subsidiaria de Adeptus Mining, una multinacional cuyos principales accionistas son familiares del presidente Daniel Noboa. Por defender el agua, estos seis comuneros han sido criminalizados y sentenciados a seis años de prisión», dice Pérez. “Las mineras se llevan el 96% de las regalías y nos dejan el 4%. Se llevan el oro, la plata, el cobre, y nos dejan los pasivos ambientales a perpetuidad».

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Aunque el viceministro reconoció que el esquema de subsidios se sigue discutiendo, sí remarcó que la medida será aplicada en este mismo año. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, advirtió que si el régimen detecta que detrás de la convención convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) existe algún interés político de bloqueo o destrucción del Estado, el Gobierno responderá en primera línea. El pasado martes, en entrevista a Radio Pichincha, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, informó que este sábado 08 junio se llevará adelante una convención con las bases, para analizar el anuncio del Gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles. El dirigente indígena incluso llamó a los transportistas a participar de esta Asamblea. “Estaremos atentos a la convocatoria del sábado (…) tendrán al Gobierno en primera línea defendiendo a los ciudadanos”, agregó. Torres aseguró que el Gobierno se está reuniendo con todos los sectores para analizar un mecanismo de compensación, ante la eliminación de subsidios, en ese sentido informó que este jueves han convocado a las organizaciones indígenas y sociales. “Hacemos un llamado abierto a todos para que participen, sin restricciones, porque queremos hacer bien las cosas, con responsabilidad con el país”, puntualizó. El viceministro Esteban Torres detalló que los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís le cuestan al Estado USD 631 millones al año. En compensaciones, en cambio, se proyecta entregar entre USD 100 millones y USD 150 millones, logrando un ahorro de alrededor de USD 481 millones. “La focalización vía compensación no es para el sector del transporte, sino a los usuarios que lo usan”, aseveró. Torres manifestó que uno de los objetivos es evitar el contrabando de los combustibles por frontera, pues resulta ilógico que el consumo en Zamora y Galápagos sea el doble de Pichincha y Guayas, sin tener el mismo número de parque automotor. Aunque el viceministro reconoció que el esquema de subsidios se sigue discutiendo, sí remarcó que la medida será aplicada en este mismo año.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Tras las declaraciones de Esteban Torres, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo que pedirá al Gobierno que cambie de vocero. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se empieza a fracturar. Este 5 de abril, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, afirmó que en la Asamblea Nacional se conformó una alianza «anti-Noboa», la cual busca aislar al oficialismo. De acuerdo con Torres, esta nueva mayoría está compuesta por la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, con 83 legisladores. «A raíz de la consulta popular se ha configurado una mayoría antigobierno. Las votaciones en conjunto de estos tres grupos nos permiten concluir que aquella alianza está sólida y caminando», dijo. En este sentido, el viceministro consideró que los bloques legislativos buscarían impulsar un juicio político en contra del presidente Daniel Noboa, por presunto incumplimiento de funciones. Esto luego de que el Pleno aprobó crear una comisión ocasional multipartidista, para evaluar el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa. Además, Esteban Torres señaló que esta «alianza» busca reorganizar las comisiones especializadas, dejando de lado al oficialismo. Las reacciones llegaron desde el ParlamentoHenry Kronfle, presidente, y Viviana Veloz, primera vicepresidenta, rechazaron las declaraciones de Esteban Torres y las calificaron de irresponsables, ilógicas y sin sustento. «Sorprendidos, porque se dijeron una cantidad de cosas sin ningún conocimiento ni político ni jurídico», enfatizó Kronfle. El titular de la legislatura sostuvo que las comisiones especializadas no pueden modificarse, pues ya fueron estructuradas al inicio de este periodo de transición. Mientras que sobre el rumor de un posible juicio político a Noboa, Kronfle refutó que estas declaraciones son irresponsables. «Vamos a hacer un llamado al gobierno para que cambien al vocero, porque el señor está diciendo cosas que son completamente erróneas», anticipó Henry Kronfle. La legisladora de Revolución Ciudadana, Vivian Veloz, señaló que Torres cayó en un «analfabetismo jurídico», pues es una obligación de la Asamblea analizar el informe a la Nación del Presidente de la República. Asimismo, explicó que no cabe un proceso de juicio político contra Daniel Noboa. «El incumplimiento de funciones no cabe para el presidente. Es solo para los ministros o funcionarios que estén sujetos al control político de la Asamblea», dijo Veloz.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a seguir con la misma política de «contener al sector público» como lo hicieron los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. El Presidente de la República, Daniel Noboa, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a continuar los esfuerzos para contener la masa salarial del sector público, lo que podría significar que no haya incremento de personal en el Gobierno Central. Dicho compromiso es parte del acuerdo -que pactaron las partes este 31 de mayo de 2024- para que el país acceda a USD 4.000 millones. Según el documento, el Gobierno planea limitar los aumentos de personal y salarios: «Por el lado del gasto, los esfuerzos de consolidación se centran en racionalizar la masa salarial, mejorar la eficiencia de la contratación pública y proteger al mismo tiempo las finanzas públicas». El Gobierno se comprometió a seguir con la misma política de «contener al sector público» como lo hicieron los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. De hecho, el Gobierno alertó al Fondo que, recientemente, emitió una norma para hacer cumplir que todos los salarios del sector público tengan un límite inferior al salario del Presidente. De acuerdo al Gobierno, el compromiso de contener la masa salarial del sector público no afectará la prestación de servicios públicos y la contratación de personal para combatir la crisis de seguridad. Según las cifras del Ministerio de Finanzas, el Gobierno destina USD 9.866 millones para el pago de salarios en el sector público en 2024, lo que significa un 20% más que lo registrado en 2021. Mercado laboral estancandoEl compromiso del Gobierno ocurre en momentos donde el mercado laboral ecuatoriano está estancando tanto en el sector público como en el privado. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan, entre otras cosas, que: El empleo adecuado alcanzó el 33,6% en abril de 2024, 1,5 puntos porcentuales menos que abril de 2023. En términos absolutos, 2,9 millones de personas tenían empleo adecuado (96 mil personas menos anualmente). A abril de 2024, 292 mil personas se encontraban en el desempleo. El empleo inadecuado alcanzó los 62,9% en abril de 2024, un 2,3 puntos porcentuales más que el mismo mes del año pasado. RADIO PICHINCHA

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! La Policía Nacional desarticuló dos bandas que se dedicaban al robo bajo la modalidad de sacapintas y estafa a adultos mayores en Quito, el lunes 3 de junio del 2024. Los operativos se realizaron al sur y norte de la capital. Cinco de los detenidos serían presuntos integrantes de la organización terroristas ‘Los Lobos’. Mientras que los otros cuatro aprehendidos por estafa operaban en un centro comercial del norte de la ciudad. En el sector del Portal Shopping, del norte de la ciudad, se capturó a cuatro hombres por el delito de estafa. Álex Castillo, jefe de la brigada anticriminal, detalló que esta banda engañaban a adultos mayores con el falso argumento que habían ganado la lotería. Luego, les solicitaban una cierta cantidad de dinero para que les acompañen a retirar el premio y a cambio les ofrecían una recompensa. No obstante, en este proceso desaparecían con el monto entregado en el acuerdo. Los uniformados ubicaron a los cuatro integrantes de esta organización delictiva tras una denuncia ciudadana. En la intervención, la Policía también indicó que hallaron como indicios un vehículo retenido, cinco celulares, 120 dólares, una cartuchera y 5 soportes de papel, que eran los boletos de lotería falsos. El lunes también las unidades especializadas de la Policía ejecutaron la operación Fénix 205 en el sector de La Argelia, sur de Quito. Allí se capturó a cinco hombres que robaban a personas bajo la modalidad de sacapintas. La detención se realizó tras cuatro meses de investigación. La banda era liderada por alias ‘Chino’, quien tiene antecedentes por robo, tenencia de armas, ocultación de cosas robadas, asociación ilícita y tráfico de drogas. Además, estaba conformada por cinco personas de nacionalidad ecuatoriana y colombiana. Álex Castillo indicó que este grupo se ubicaban en zonas financieras de la ciudad y recorrían diferentes entidades bancarias identificando a sus potenciales víctimas, quienes retiraban fuertes cantidades de dinero. Luego, las víctimas eran seguidas hasta sus domicilios o lugares de destino, donde con armas de fuego los amedrentaban y sometían hasta sustraerles el dinero. Para ello, la banda usaba vehículos reportados como robados. Durante la intervención se halló un vehículo y una motocicleta robada, un arma de fuego, ocho municiones, siete terminales móviles y diferentes accesorios, indicó la Policía.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Ángel Menéndez, conocido con el alias de Cara Sucia, fue asesinado la noche del 4 de junio en el cantón de Chone de Manabí. El crimen sucedió en el sector de El Bejuco. Los sicarios entraron a la residencia del joven de 18 años para acribillarlo. Sus familiares pudieron llevarlo al Hospital Napoleón Dávila, pero allí se confirmó su muerte.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Dos funcionarias del Ministerio de Salud son investigadas por el secuestro extorsivo de médicos en Guayaquil. Junto a otras dos personas permanecen con prisión preventiva, luego de ser detenidas el 24 de mayo de 2024. De acuerdo con el ministro Franklin Encalada, lo que corresponde a la Cartera de Estado es desvincular a las personas involucradas en estos ilícitos. Pero hace un llamado que «la autoridad, en este caso la Fiscalía» actúe contra estos delitos. El Ministro explicó como estarían operando los servidores públicos con bandas delincuenciales. «Captan la información de nuestros médicos y a su vez articulan con personas dedicadas a las extorsiones y secuestros. Entonces los funcionarios entran en un plano de exposición personal«, dijo Encalada. Y adelantó que ambas, una doctora y una enfermera, están en proceso de desvinculación del sistema de salud. Una de ellas cumplía funciones en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Encalada pide que se cree un corredor de seguridad para los profesionales de salud rural. Para esto se necesitarían policías y militares en caminos y centros. Para José Luis Aguirre, presidente de la Federación de Profesionales de Salud, esto sería imposible. «No van a lograr poner un policía o un militar por cada puesto de salud a nivel nacional», lamentó. Y reveló que en lo que va del año ya suman más de 700 las denuncias de sus colegas amenazados, principalmente en zonas conflictivas.