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El pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a un juez de El Oro y a un secretario de Manabí, implicados en el polémico caso ‘Plaga’, una trama de delincuencia organizada que ha sacudido el sistema judicial ecuatoriano. Ambos operadores de justicia fueron sancionados con base en el artículo 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que penaliza la falta de imparcialidad en los servidores judiciales, ha informado el Consejo de la Judicatura. El artículo establece que solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que pongan en duda la imparcialidad del servidor judicial, es una falta grave. Franklin Edmundo Tenorio Peláez, exjuez multicompetente del cantón Pasaje en El Oro, fue destituido por haber concedido la libertad a 18 personas privadas de libertad. Según las investigaciones, estas personas eran captadas por Lenin Vimos y Hugo Lara, quienes les ofrecían gestionar acciones constitucionales en diferentes cantones a cambio de dinero. Estos pagos eran ofrecidos a los funcionarios judiciales, incluyendo al juez Franklin Tenorio, lo que puso en tela de juicio su imparcialidad. Adicionalmente, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó una transferencia de $ 19.000 del ciudadano Mario Campoverde a Lenin Vimos durante 2023. Mario Campoverde es hermano del privado de libertad William Guillermo Campoverde, quien fue beneficiado por una resolución del juez Tenorio. Por otro lado, Gary Fabricio Palma Cedeño, exsecretario de la Unidad Multicompetente del cantón Paján en Manabí, también fue destituido. Dentro de la acción constitucional con medida cautelar No. 13317-2022-00146, presentada por Rodrigo Vimos B., abogado de Daniel Salcedo, se constató la transferencia de dinero a la esposa y a la hermana del hoy sumariado, por las siguientes cantidades $2.000 y $1.263, por intermedio del abogado Lenin Vimos, con el fin de favorecer en la liberación de Salcedo y en otros procesos penales. Según Fiscalía, Los procesados en el caso Plaga habrían sido parte de una estructura dedicada a captar a personas privadas de libertad sentenciadas o con prisión preventiva –por asesinato, tráfico de drogas, violación, entre otros– para ofrecerles recuperar su libertad –de forma ilegítima– mediante acciones constitucionales que se tramitaban en Santo Domingo, Azuay, Chimborazo y Pichincha. Por estos “favores”, se ofrecían a cambio de altas sumas de dinero que, a su vez, eran negociados con jueces y secretarios judiciales, con el fin de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales, y cuyas resoluciones habrían derivado en la libertad de los procesados.

El Partido Social Cristiano (PSC) tampoco apoyará el juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Kronfle dijo que la bancada del PSC dará más detalles al respecto al mediodía. En cuanto a los juicios políticos contra la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y la exministra de Energía, Andrea Arrobo, señaló que aún debe analizar esos procesos antes de tomar una postura. El PSC se suma a Construye, movimiento que también anticipó que no dará sus votos para la censura de Gabriela Sommerfeld, cuyo expediente está próximo a tramitarse en la Comisión de Fiscalización.

Henry Kronfle no descarta ser la carta del Partido Social Cristiano (PSC) en las próximas elecciones presidenciales de 2025. En una entrevista con el programa Contacto Directo de Ecuavisa, de este miércoles 17 de julio de 2024, contó que la decisión debe pasar por su familia y dejar «la casa en orden» en la Asamblea Nacional, la cual preside. «Le voy a dejar algo claro, todavía no he tomado esa decisión: si quiero correr o no para la Presidencia de la República. Es un tema que tengo que conversar con mi familia y es un tema que además de eso tiene que haber un proceso de primarias democráticas a la interna de un partido, porque nadie se puede autoproclamar candidato», expresó. Las elecciones primarias del PSC se realizarán entre el 13 y 16 de agosto y ahí se conocerá si Kronfle es el elegido para correr como candidato presidencial. El 8 de junio se conoció que él es una de las opciones para ser candidato presidencial junto a Dallyana Passailaigue como su binomio. Si Henry Kronfle se candidatiza, tendrá que renunciar a su cargo en la Asamblea, dando paso a que Viviana Veloz, del correísmo, asuma la presidencia del Parlamento.

Un operativo de la Policía Nacional, en el sur de Guayaquil, descubrió cámaras privadas utilizadas por presuntas bandas criminales. Este martes 16 de julio de 2024 se llevaron a cabo varias incursiones luego de un ataque armado que dejó dos muertos. Los uniformados ingresaron a varias viviendas donde encontraron un punto de control de las cámaras instaladas en diferentes calles. En una pantalla se podía monitorear la imagen de, al menos, 16 cámaras privadas instaladas. «Estas cámaras mantenían el control desde el ingreso de esa vía principal hasta las casas de la otra puerta», detalló Freddy Ávalos, jefe de Policía del distrito sur de Guayaquil, en el sitio. Cuestionó que todas las imágenes se concentren en una sola vivienda. «Lo que hacen estos GDO (grupos de delincuencia organizada) es mantener el control, amenazar a las personas que viven en este sector para que no hablen«, explicó el jefe policial. En los domicilios allanados también se encontró gran cantidad de dinero, aunque el rubro que no ha sido precisado por las autoridades. Además, hallaron panfletos que hacen referencia al pago de vacunas. De acuerdo con Ávalos, el sector intervenido contaba con vallas para mantener las calles cerradas. Ahora se ha intervenido para buscar indicios del atentado del fin de semana que, según el gendarme, estaría direccionado contra alias «Chuleta».

Un enfrentamiento armado se produjo en la avenida Simón Bolívar este miércoles 17 de julio del 2024. Policías interceptaron y detuvieron a presuntos integrantes de una banda de secuestro extorsivo que operaba por el lugar. Los uniformados recibieron un alerta a las 02:00 de este miércoles sobre una banda que estaría robando desde el sector del Aeropuerto, pasando por Carcelén y luego en la Simón Bolívar. Posterior a ello, los policía lograron ubicar un automóvil, reportado como robado, en el sector del redondel del Ciclista, donde se produjo una balacera. Producto de ello, se capturó a dos hombres, de nacionalidad ecuatoriana, y un menor de edad fue aislado, los cuales se movilizaban en el automotor involucrado. Además, otro presunto integrante de la banda fue abatido mientras intentaban escapar por la avenida Simón Bolívar, según el reporte preliminar de la Policía. La Policía confirmó, en su primer reporte, que se trató de la desarticulación de una banda delictiva en flagrancia por el delito de secuestro exprés y robo de vehículo. Un arma de fuego, dos chalecos balísticos y un casco son algunos de los indicios hallados en el lugar. Mientras se realizaban los procedimientos correspondientes, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró el paso deprimido a la avenida Simón Bolivar y a Nayón y el acceso total a esta vía en el sector del redondel del Ciclista, en sentido occidente – oriente. En el primer reporte se indicó que la restricción vehicular duraría tres horas. Sin embargo, alrededor de las 06:05, los agentes de tránsito permitieron el paso parcial de vehículos y 30 minutos después los uniformados lograron trasladar el automóvil en el que se movilizaban los integrantes de esta banda.

Las ciberestafas ya no solo se ejecutan por correos electrónicos o llamadas, ahora usan también mensajes de texto. Esta modalidad se llama smishing, una nueva forma de hackeo que extrae los datos del usuario. Ya no se puede confiar ni en los mensajes de texto. Tenga cuidado si recibe escritos como estos: “Hola, felicitaciones por haber sido seleccionado para un empleo a tiempo parcial y completo, puede ganar entre 300 y 1 000 dólares por hora en ingresos a tiempo parcial” O alertas de encomiendas que nunca pidió: “Confirme sus datos o su artículo será devuelto, por favor visite el enlace para confirmar sus datos. Copie el enlace anterior y ábralo en el navegador Safari o responda 1 para hacer clic en el enlace y obtener el estado logístico más reciente” Tenga mucho cuidado, esta es la nueva modalidad de estafa, llamada smishing. Los ciberdelincuentes buscan engañar a los destinatarios con falsas promesas y ofertas para que den clic en enlaces maliciosos y robar los datos personales que hay en el celular. En la mayoría de los casos los remitentes son números extranjeros y en otros figuran correos electrónicos que no están entre sus contactos. Según un reciente informe de la tecnológica IBM, entre las estafas más comunes constan: Falsa alerta bancariaEngaños por deliveryFalso servicio al cliente Ofertas irregulares del portal chino SheinUn análisis de la tecnológica IBM sostiene que los estafadores eligen smishing porque las tasas de clics de SMS oscilan entre 8,9 % y 14,5 % mucho más alta que la de los correos electrónicos, donde solo el 1,33 % da clic. Cada día se producen entre 300 000 y 400 000 ataques por SMS en el mundo, según la especialista en ciberseguridad Proofpoint, que prevé que estos ciberfraudes aumenten.

La Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril del 2024, con la que la Asamblea Nacional aprobó el incremento las penas de varios delitos graves, entró en vigencia el pasado 12 de julio al haberse publicado en el Registro Oficial. Este proyecto está conformado por 24 artículos, que modifican varios textos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. El presidente Daniel Noboa no aplicó ningún veto, y por eso su publicación fue realizada inmediatamente. Entre las decenas de delitos cuyas penas privativas de libertad incrementaron destaca la minería ilegal, que pasa de 7 a 20 años de cárcel. Esta es la lista completa, con sus agravantes: En cuanto a la extinción de dominio se establece que no se necesita una sentencia para iniciar la investigación y la fase para el traspaso de los bienes al Estado. La Fase preliminar de indagación y verificación de bienes tendrá una duración máxima de treinta días. La Fase de Investigación Patrimonial se realizará dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la culminación de la fase preliminar de indagación y verificación de bienes. La Fiscalía General del Estado podrá optar por llevar a cabo la acción de extinción de dominio, separando bienes individuales, sin necesidad de agrupar todos los bienes objeto de la actividad ilícita

Tras haberse acogido al procedimiento abreviado, el coronel de Policía Neycer Lenin M. S., quien era el jefe del Distrito de Policía Samborondón, fue sentenciado a cuarenta meses de cárcel, como autor directo del delito de delincuencia organizada. El juez nacional informó su resolución este martes 16 de julio, misma que incluye el pago de una multa de doce salarios básicos unificados, USD 5.520 dólares, y de una reparación integral de USD 11 040 dólares como compensación al Estado por el dinero que recibió de Leandro Norero. Como reparación inmaterial, el Magistrado ordenó la difusión de la sentencia en un medio de comunicación de alcance nacional por tres días y las respectivas disculpas públicas. En la audiencia de procedimiento abreviado –desarrollada en la Corte Nacional de Justicia– participó el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, quien señaló que Neycer Mazón, el coronel de la Policía Nacional, solicitó a Fiscalía la aplicación del procedimiento abreviado, tras haber cumplido con los requisitos estipulados en los artículos 635 y 636 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Explicó, además, que el acusado consintió la aplicación del procedimiento y admitió haber participado en los hechos delictivos. Filtraba información a Leandro Norero y brindaba seguridad a su casa incautada En su intervención, el Fiscal General subrogante expuso que el rol que cumplió Neycer Lenin M S. en la organización; incluyó la filtración de información y la provisión de seguridad en la vivienda incautada de Leandro Norero, además de haber pretendiendo captar a más policías de los ejes preventivo, de inteligencia e investigativo. Todo, a cambio de beneficios económicos para sí mismo y sus familiares –particularmente a su cónyuge e hijastro–, que eran entregados por otros miembros de la cúpula criminal, como Yilmar C. B. y Braulio Gabriel M. O. (ambos procesados). Incluso, parte de los beneficios que recibió por parte de Leandro Norero estaba dirigido al mantenimiento del parque automotor del Distrito de Samborondón; sin embargo, los recursos que recibió para el efecto no fueron destinados a esos fines. Entre los cuarenta y cinco elementos de convicción presentados por Fiscalía para fundamentar este procedimiento, figuran documentos, informes periciales, información de la UAFE con registros de transferencias de dinero, informe técnico pericial de informática forense con anexos de la materialización de chats (aplicaciones Threma y WhatsApp) del ahora sentenciado con Leandro Norero (+) y el informe pericial financiero, que evidenció que los montos declarados al SRI no corresponden a los ingresos que mantiene en el Sistema Financiero, entre otros.

Lucía Jaramillo, asambleísta nacional, dio detalles sobre cómo habría funcionado el esquema del presunto contrabando de combustibles de la empresa Copedesa, cuyo principal accionista sería Aquiles A. Lo dijo este martes, 16 de julio de 2024, en la Asamblea Nacional. Jaramillo aprovechó para recordar que se han tomado acciones para enfrentar el contrabando de combustibles. La semana pasada, por ejemplo, la bancada de Acuerdo Democrático Nacional (ADN) apostó por la creación del Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus derivados. Asimismo, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de cuatro empresas. Una de ellas es Copedesa. “Ha identificado que los volúmenes que fueron despachados por Petroecuador y la facturación electrónica no guardan congruencia… Solo en el 2023 123.000 galones de combustible fueron subsidiados, que equivalen a USD 350.000 en perjuicio del Estado. (Estos) fueron otorgados a un solo cliente a través de varias comercializadoras no autorizadas en Guayaquil”, indicó la legisladora. ¿Cómo habría funcionado el esquema del presunto contrabando de combustible? “Copedesa le vendía de forma irregular a gasolineras Fuelcorp S.A. 745.718 galones de combustible… ¿Qué hacía Fuelcorp S.A.? Habría vendido combustible a cuatro empresas con vehículos sin placas, pero lo que más llama la atención, es que Fuelcorp S.A. le habría vendido combustible a un trabajador con 8.019 vehículos. Uno de estos vehículos habría comprado 117.000 galones de combustible y siendo motores a gasolina compró 3.000 galones de diésel; cifras que llaman la atención por las características del carro”, relató la asambleísta Jaramillo. Además, dijo que: “Estamos hablando de un carro con motor 1.400 centímetros cúbicos con un rendimiento de 60 kilómetros por galón, es decir que para que este carro pueda usar dicho volumen tuvo que haber cargado decenas de veces al día y además haber recorrido toda la red vial del país cuatro veces en un año. Lo que es imposible”. En ese marco, la legisladora señaló que será la Fiscalía la que determine si hubo o no existencia de un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). E hizo un llamado a los otros legisladores a unirse al Frente Parlamentario y luchar por un Ecuador libre de contrabando de combustibles. “Nadie está por encima de la ley”, insistió Jaramillo.

La jueza electoral Ivonne Coloma aceptó a trámite la tarde del lunes 15 de abril la denuncia electoral en contra de la vicepresidenta Verónica Abad y fijó la audiencia de pruebas y alegatos para el 15 de agosto, desde las 10:30. En el documento se pide un exhorto al Ministerio de Relaciones Exteriores para que Abad se dé cita en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, Israel. En caso de que Abad no comparezca vía telemática para la fecha y hora señalada, la audiencia se desarrollará en rebeldía y se le asignará un defensor público para su defensa. La diligencia se transmitirá por el canal de YouTube del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). ¿De qué se acusa a Verónica Abad? El denunciante en contra de Verónica Abad es el consejero Juan Esteban Guarderas, quien la acusa de cometer infracción electoral muy grave por una supuesta campaña anticipada cuando era candidata para la Alcaldía de Cuenca en febrero de 2023. La infracción electoral muy grave se castiga con la pérdida de derechos políticos y multa económica. Guarderas presentó una primera denuncia, pero esta no prosperó porque uno de sus abogados lo acusó de falsificar su firma. No obstante, el consejero volvió a presentar la denuncia y esta es la que fue admitida a trámite. La denuncia coincide con la intención del Gobierno para que Verónica Abad salga de la vicepresidencia.