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Carlos Rabascall se perfila para ser el candidato presidencial de la Izquierda Democrática

Rabascall es ingeniero comercial de profesión, aunque también se ha desempeñado como comunicador. Carlos Rabascall es una de las opciones más fuertes para ser el candidato presidencial por la Izquierda Democrática (ID). El partido político escogerá a su candidato en las elecciones primarias que tendrán este sábado 27 de julio, en su sede en Quito. La Izquierda Democrática busca un candidato que venga de sus filas. Por eso, Carlos Rabascall se afiliará al partido este sábado, confirmó a Ecuavisa.com. Junto a Rabascall también compite Paúl Desamblanc, quien actualmente es parlamentario andino. Si bien la ID decidirá por su candidato presidencial recién el sábado, una fuente reveló que a la interna hay una mayoría que votará por Rabascall. «Hay un bloque mayoritario que respalda esta precandidatura y en el proceso de primarias se definirá, pero por cómo van las cosas es lo más probable (que gane Rabascall)». La presidenta de la Izquierda Democrática, Analía Ledesma, también reconoció que hay sedes provinciales que lo apoyan. Pero puntualizó que sus primarias serán en 15 días. Carlos Rabascall es ingeniero comercial de profesión, aunque también se ha desempeñado como comunicador. En 2021, él fue el binomio del correísmo Andrés Arauz-Carlos Rabascall para las presidenciales de 2021. Perdieron en la segunda vuelta contra Guillermo Lasso.

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Asesor de Wilman Terán, fue sentenciado a 15 meses de cárcel

Palacios trabajó como subcoordinador jurídico en el despacho de Wilman Terán, cuando este era juez de la Corte Nacional de Justicia. El procesado Álex Palacios, un abogado que llegó a ser la mano derecha de Wilman Terán, fue sentenciado a 15 meses de cárcel por aceptar su culpabilidad en el delito de delincuencia organizada, dentro del caso Metástasis, y ser cooperador eficaz con la Fiscalía. La audiencia de procedimiento abreviado se desarrolló desde las 10:00 de este miércoles 24 de julio en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. La información que dio Álex Palacios ayudó a que haya más pruebas en contra de Wilman Terán en el caso Independencia Judicial. La fiscal Diana Salazar explicó que la aplicación de la cooperación eficaz «conlleva una reducción considerable de la pena, reconociendo el riesgo al que se expone el cooperador al delatar a su inmediato superior y al decidir colaborar con la justicia». Palacios es el octavo sentenciado en el caso Metástasis. El rol de Álex Palacios en MetástasisPalacios trabajó como subcoordinador jurídico en el despacho de Wilman Terán, cuando este era juez de la Corte Nacional de Justicia. Según Fiscalía, Palacios utilizó «su influencia en la Corte Nacional de la Justicia para asesoras a Helive Angulo sobre cómo comprar decisiones judiciales». «Por otro lado, acatando la disposición de Wilman Terán recibió USD 10 000 en efectivo para retrasar una notificación de sentencia», valor que fue entregado luego al mismo Terán. Álex Palacios se mostró arrepentido cuando dio su testimonio anticipado, en mayo de 2024. En la audiencia de este miércoles, Fiscalía captó una imagen suya con la cabeza agachada.

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Juez ratifica la sentencia de un año de prisión por la mu3rt3 de perro ‘Spike’

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por María Colcha Palate, la mujer procesada por la muerte del perro ‘Spike’, en Quito. El artículo 250.1 del Código Orgánico Integral Penal establece sanciones sobre maltrato animal que varían de seis meses a tres años de cárcel, dependiendo de la gravedad del acto de crueldad. Colcha Palate fue inicialmente condenada a la pena máxima, la misma fue reducida a un año en la audiencia de apelación. La acusada intentó dilatar la ejecución de su sentencia mediante un recurso de casación y alegó impedimentos para la defensa técnica. El recurso de casación fue desestimado en la audiencia de este 23 de julio, y la sentencia de un año de prisión fue ratificada y se procederá a su ejecución. ⁠¿Qué ocurrió en el asesinato de ‘Spike’? El incidente, ocurrido en noviembre de 2022, involucró la muerte cruel y agónica de ‘Spike’, un perro con características similares a las de un husky. ‘Spike’ apenas tenía un año y siete meses de edad en el momento del ataque. Según los reportes, «Colcha Palate ahorcó a Spike con una soga y causó su fallecimiento». La evidencia fotográfica muestra a la acusada sujetando la cuerda mientras el perro muere. La justificación presentada por la mujer fue que Spike habría atacado a uno de sus animales de corral. La Unidad de Bienestar Animal (PAE) documentó el caso inmediatamente después del incidente. La veterinaria María Soledad Sarzosa Morreta determinó que Spike murió por asfixia debido a la compresión causada por la soga, sin presentar patologías previas que comprometieran su salud.

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Exjuez que liberó a sic@rios de Leandro Norero y a Jorge Glas, condenado a 3 años y 4 meses de cárcel

En audiencia de procedimiento abreviado, Emerson Geovanny Curipallo (Exjuez de la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo), aceptó su participación en el delito de delincuencia organizada, por lo que fue sentenciado a cuarenta meses de pena privativa de la libertad. En su dictamen, el Magistrado de la Corte Nacional de Justicia que conoció la causa ordenó el comiso de los bienes incautados al hoy sentenciado y dispuso el pago de una multa de doce salarios básicos unificados (USD 5.520). Además de la reparación material al Estado de USD 11.040; a estos valores se deberán sumar USD 200.000, monto que corresponde al dinero que recibió por su colaboración con el crimen organizado. Como reparación inmaterial, el Juez Manuel Cabrera, dispuso que Curipallo pida disculpas públicas en un medio de comunicación y que su sentencia de culpabilidad sea publicada y difundida a través de las páginas web del Consejo de la Judicatura. En la audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, presentó 45 elementos de convicción que dan cuenta de la autoría directa de Curipallo en el delito investigado y que, como Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales y de Tránsito de Santo Domingo, estuvo a cargo de los procesos judiciales de Santiago M., alias “Madrid” y John N., alias “Cuyuyuy”, identificados como los brazos armados de Leandro Norero. Su rol de colaboración radicó en la concesión de la libertad de los referidos ciudadanos a través de acciones legales y del abuso de garantías jurisdiccionales. Estas ventas de sentencias le representaron un incremento ilegítimo en su patrimonio. En la diligencia, la Fiscal General del Estado relató que Leandro Norero ordenó a sus emisarios trasladar USD 200.000 en efectivo a Santo Domingo, dinero que fue entregado en una caja de cartón al procesado Jairo V. M., persona de confianza de Cristian R. (también imputado en esta causa) para que este le hiciera el pago a Curipallo. El exjuez de Santo Domingo solicitó a la Fiscalía General del Estado la aplicación de procedimiento abreviado aceptando la materialidad y la responsabilidad de los hechos imputados y tras cumplir cada uno de los requisitos legales, consintió el proceso. Entre los elementos presentados por Fiscalía ante el Juez de la causa constan: las transcripciones de las conversaciones que Curipallo mantuvo con los operadores de Leandro Norero, el testimonio anticipado de Alex P., quien corroboró que cuando trabajó en la Corte Nacional de Justicia, Wilman T. (expresidente del Consejo de la Judicatura, procesado en esta causa) lo llevó a la ciudad de Santo Domingo a entregar una medida cautelar a favor del señor Jorge G. (exvicepresidente de la República) para que se tramite a través del Juez Curipallo; los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el informe pericial sobre las providencias y fallos a favor de los colaboradores de Leandro N., el Informe Técnico Pericial de Documentología; entre otros, que revelan la entrega de altas sumas de dinero al exmagistrado.

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Henry Kronfle pide que alguien cambie la contraseña del Wifi de Rafael Correa ‘para que deje de hacer el ridículo’

Una nueva confrontación sacude la red social X. Esta vez Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, respondió al exmandatario Rafael Correa sobre la filtración de información personal de la fiscal Diana Salazar. Todo empezó la mañana de este martes 23 de julio del 2024, cuando el líder de la Asamblea fue entrevistado en el programa Visionarias. Kronfle aseguró que tras la difusión de datos sobre el estado de gestación de Salazar, él habló con los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero nadie se hizo responsable. “Es la primera vez que se filtra información”, reconoció el presidente de la Asamblea. Agregó que la justicia determinará quién fue la persona responsable del delito, por el cual Diana Salazar interpuso una denuncia. Cabe recordar que la fiscal había enviado al CAL dos reportes sobre su embarazo como parte de la suspensión del juicio político. Sin embargo, en la reunión en la que se conoció el último documento médico, participó la asambleísta Gissela Garzón (Revolución Ciudadana), quien no forma parte de esa mesa legislativa. Posteriormente, el expresidente Rafael Correa difundió un video en el que se cuestiona el estado de gestación de la fiscal con datos médicos. “Le pasó (Gissela Garzón) al prófugo de la justicia para que él exponga”, acusó Diana Salazar en una entrevista de la semana pasada. CORREA VS KRONFLEComo es costumbre, Rafael Correa reaccionó a las recientes declaraciones de Kronfle en las confirma que hubo una filtración de información dentro de las personas que conforman el CAL. “Conociendo su pequeñez humana, seguramente él fue el autor de la terrible ‘filtración’”, escribió el exmandatario en la red social X. A lo que Kronfle respondió en la misma plataforma: “Inventos, delirios y ataques absurdos. Para lo que ha quedado: para llamar la atención desesperadamente. Háganle un favor y cámbienle la contraseña del Wifi para que deje de hacer el ridículo”.

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Militares resguardarán a guardaparques de zonas protegidas invadidos por grupos crimin@les

Los guardianes de las áreas naturales protegidas de Ecuador tendrán acompañamiento militar para cuidar de su integridad, según anunció este domingo el Gobierno ante la solicitud de la Asociación de Guardaparques de implementar soluciones para garantizar su seguridad en sus espacios de trabajo ante amenazas recibidas por parte del crimen organizado. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica indicó en un comunicado que ha implementado acciones conjuntas con los ministerios de Defensa Nacional e Interior para fortalecer el acompañamiento de personal militar y naval en las áreas protegidas del Estado, según la necesidad y particularidad de cada territorio. También el Ejecutivo ecuatoriano ha decidido «incluir nuevos procesos de capacitación para los guardaparques, adaptados a los desafíos vinculados a su labor», así como «robustecer las acciones de control y vigilancia mediante la adquisición de más vehículos, GPS, drones y otros materiales». Desde el Ministerio también se impulsará el fortalecimiento de la gobernanza y de la organización, a través del relacionamiento comunitario, además del establecimiento de protocolos de seguridad y de mecanismos financieros innovadores para la sostenibilidad y gestión en las áreas protegidas. La amenaza contra los guardaparques está ocasionada principalmente por la intromisión de grupos delincuenciales, minería y tala ilegal, tráfico de flora y fauna e invasiones de tierra. El pasado 3 de julio, la Asociación de Guardaparques del Ecuador realizó un llamado al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para solicitar soluciones inmediatas y coordinaciones con el Ministerio de Defensa. Los guardaparques denunciaron haber sido apuntados con armas de fuego, sufrido robos e intentos de secuestro. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Ecuador expresó el martes su preocupación ante la inseguridad denunciada dentro de las áreas protegidas y las condiciones en las que realizan su trabajo los guardaparques. La organización declaró en un comunicado dirigido a la opinión pública que “las áreas protegidas se han vuelto víctimas del crimen organizado”, pues en ellas se dan actividades de minería, tala y pesca ilegal que amenazan la integridad del medio ambiente. Este tipo de actividades, muchas veces, contribuyen al financiamiento de grupos narcotraficantes y de crimen organizado, alertó. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que fue concebido para proteger la biodiversidad del Ecuador y que actualmente ocupa aproximadamente un 20% del territorio nacional, sufre de falta de recursos, personal, equipamiento y condiciones de seguridad, entre otros, señaló la misma WWF Ecuador. Ecuador es el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto al año 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal. Desde inicios de año el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

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Caso Encuentro: Fiscalía pide que se llame a juicio a Danilo Carrera y seis personas más

En el Complejo Judicial Norte, en Quito, se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio en el caso Encuentro. La fiscal, a cargo del caso, los acusó como autores directos del presunto delito de delincuencia organizada en empresas del Estado. La fiscal Luzmila Lluglla pidió al juez Anticorrupción, Renán Andrade, que llame a juicio a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso; Hernán Luque, expresidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) y cinco personas más por el presunto delito de delincuencia organizada, en el marco del caso Encuentro. En el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la fiscal tiene previsto concluir su intervención. Luego, el juez -a cargo de la causa- dará paso a las partes procesales. Para la Fiscalía, Carrera, Luque, Antonio Icaza, exgerente de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); los operadores Leonardo Cortázar y Gabriel Massuh; y las contratistas Karen Cornejo y Érika Farías son autores directos del presunto delito de delincuencia organizada. Además, ubicó a Carrera y Luque como líderes de la supuesta organización criminal, así como a Rubén Cherres, quien fue asesinado el 30 de marzo de 2023. Algo que Carrera cuestionó, a través de un comunicado. Según la Fiscalía, la organización se dedicaba a cobrar sobornos por puestos y contratos con el Estado. Elementos que presentó la FiscalíaPara acusar, la fiscal Lluglla usó informes policiales de seguimiento y vigilancia, versiones, el contenido de grabaciones de conversaciones e interceptaciones telefónicas. A esto, sumó documentos oficiales de entidades como: EMCO, Contraloría General del Estado, Unidad de Análisis Financiero, Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), CNEL, Servicio de Rentas Internas (SRI), BanEcuador, y Servicio de Aduanas. Todo esto, le llevó a definir la existencia del ilícito. Por ejemplo, la Contraloría emitió un informe de responsabilidad penal sobre el patrimonio de Icaza, quien no pudo justificar más de USD 300.000, entre 2021 y 2023. Operación en el sector públicoSegún la teoría del caso, la fiscal indicó que Carrera y Cherres aprovecharon la posición de Luque dentro de las empresas públicas para direccionar millonarios contratos con el Estado. Luque habría presentado una terna para presidir el directorio de CNEL, cuyos perfiles habrían sido analizados previamente, para conseguir el objetivo de la supuesta estructura. Las negociaciones no solo se habrían limitado al sector eléctrico. La fiscal señaló vínculos de Luque con el contrato entre Flopec y la empresa Amazonas Tanker. Para garantizar la comparecencia de los procesados a una eventual audiencia de juicio y el posible pago de una reparación integral, pidió la ratificación de todas las medidas de carácter personal y real que pesan sobre los investigados.

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Organizaciones políticas podrán registrar alianzas en el CNE hasta el 30 de agosto

Una alianza electoral recibirá el incremento del 20% en el fondo de promoción electoral. El CNE estima destinar más de USD 1 millón para este incentivo. La etapa prelectoral continúa. Desde este 22 de julio hasta el 30 de agosto, las organizaciones políticas podrán inscribir alianzas para las elecciones presidenciales de febrero de 2025. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que una alianza electoral se podrá formar entre dos o más organizaciones políticas, sean partidos o movimientos políticos, nacionales o provinciales. Una alianza electoral recibirá el incremento del 20% en el Fondo de Promoción Electoral, según lo determina el artículo 202 del Código de la Democracia. El CNE proyecta más de USD 1 millón para el incentivo de las alianzas. La solicitud de registro de alianzas se tramitará en línea, a través del sistema informático interno de organizaciones políticas. Posteriormente, se verificará la documentación cargada y el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobará su inscripción. Calendario electoral Para el 12 de septiembre de 2024, el Consejo Nacional Electoral tiene previsto publicar la convocatoria oficial a las elecciones generales. Entonces, arrancará la etapa de inscripción de candidaturas. De acuerdo con el calendario, la inscripción de candidatos iniciará el viernes 13 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles 2 de octubre. Tras el tiempo de objeciones, impugnaciones y recursos en el TCE, el listado oficial de candidaturas inscritas se publicará el lunes 30 de diciembre. Entretanto, los comicios se celebrarán el domingo 9 de febrero. En caso de una segunda vuelta, las elecciones serán el domingo 13 de abril.

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Se vienen las sanciones para los agentes que se excedan en controles del espacio público en Quito

El Alcalde instó a respetar el derecho al trabajo Ante la denuncia en redes sociales del presunto maltrato a un ciudadano por parte de Agentes de Control Metropolitano, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfatizó en que el hecho se está investigando y, de determinarse culpabilidad, se utilizará todo el rigor para sancionar a los malos elementos. Aseguró que la municipalidad, lo que menos quiere, es retirar mercancías, porque implica el despliegue y uso de recursos, como visitas previas, el inicio del acto sancionatorio, que puede ser la retención de mercadería. Para ello, debe disponerse personal, capacidad logística, camionetas con combustible. “No crean que para nosotros es motivo de felicidad, duele ver lo que está pasando en la ciudad y es un gasto operativo”, reiteró. El alcalde también insistió en que la norma es para todos y que no pueden existir asociaciones que cumplan con las disposiciones y otras que no. “Trabajamos muy bien con las organizaciones que piden a sus afiliados sacar Permisos Únicos de Comerciante Autónomos (PUCAS)”, dijo. “¿Si una persona, puede sacar un PUCA, por qué otra no? ¿Por qué algunas asociaciones pueden trabajar bien con el Municipio y otras no? Sancionaré duramente a los funcionarios que cometieron un abuso, pero seguiremos haciendo operativos de control”, sentenció. Explicó que hay dos cosas que deben hacerse a la par: respetar el derecho al trabajo, pero en un marco donde hay orden para la ciudad. “No estamos criminalizando ningún tipo de trabajo (…) Esto no debería pasar, nosotros deberíamos bajar los niveles de control a cero, porque la gente debería cumplir la norma, pero somos una sociedad indisciplinada, por eso debe existir un nivel de control”, afirmó.

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Policía detiene a 14 personas que se disfrazaban de oficiales para robar casas y bancos

Esta detención se da luego de que se desarrolló un operativo simultáneo en tres provincias. La madrugada de este martes, 23 de julio, la Policía Nacional ejecutó 19 allanamientos, de forma simultánea, en Pichincha, Guayas y Manabí, con el fin de capturar a integrantes de una organización delictiva, dedicada al robo de entidades financieras mediante el uso de armas de fuego de grueso calibre. Además, los aprehendidos son acusados por el robo de inmuebles residenciales, bajo la modalidad de realizar falsos operativos policiales utilizando prendas institucionales y de empresas de seguridad privada. Esta operación se denominó Gran Fénix 35 y dejó como resultado la incautación de: 9 armas de fuego15 alimentadoras7 vehículos de alta gama⁠3 motocicletas6 chalecos antibalas1 dronePrendas de uso policial, uniformes de seguridad y médicos⁠Dinero en efectivo Se espera que la Policía entregue más detalles sobre esta investigación y este operativo en las próximas horas. Noticia en desarrollo…

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