Nacionales

Un policía en servicio activo fue captado conversando y consumiendo licor con varios hombres. El video que se dio a conocer este miércoles 21 de agosto del 2024 llevó a la Policía a determinar que el miembro de sus filas se encuentra junto presuntos miembros de una banda delictiva. El policía que aparece en las imágenes es el capitán Juan G., quien fue jefe de Distrito, en el norte de Guayaquil. Actualmente labora en un Departamento de Compras Públicas de la Policía. En el video, que circula en redes sociales, se ve que el policía se ríe y consume alcohol con los sospechosos, mientras escuchan música y conversan. Tras viralizarse esas imágenes, la Policía Nacional dispuso la ejecución de un operativo. Los uniformados allanaron la vivienda y la oficina del gendarme que aparece en el video. Durante esa intervención se decomisaron equipos tecnológicos como celulares y computadoras. Actualmente, este caso está en investigación. El Departamento de Asuntos Internos de la Policía está a cargo de la indagación del policía que aparece de fiesta con los presuntos integrantes de una organización delictiva. El objetivo de la investigación será determinar la existencia de una falta disciplinaria. Además, el mando policial solicitó el pase inmediato del capitán fuera de la zona en la que labora

Un nuevo sicariato se registró en el interior del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Manta aproximadamente a las 6:45 de este miércoles. De acuerdo a los testimonios de los testigos, un hombre disparó a una persona en el área de administración que sería funcionario de la institución. Un guardia de seguridad resultó herido. La atención médica fue suspendida y evacuaron la casa de salud para realizar los debidos procedimientos. Según los primeros informes la víctima fue Darwin A. de 43 años. En el lugar se hallaron alrededor de 10 indicios balísticos. Según cita El Diario, Emerson Luna comandante de la Policía Nacional informó que los asesinos se hicieron pasar como usuarios y una vez adentro buscaron a Darwin A. Los sicarios llegaron en un auto negro y lograron huir, pero tras una persecución se detuvo a dos de los sujetos involucrados. Este es el segundo crimen que se registra en los interiores del hospital. El pasado 2 de agosto, un hombre fue acribillado cuando era atendido en una camilla del área de emergencias. La víctima se trataba de un integrante de Los Choneros.

La Fiscalía afirma que se han capturado a 12 integrantes de la organización terrorista R7, ahora denominada la Policía como Los R. Se dedican al sicariato, extorsión, secuestro, tráfico de drogas, y robo a vehículos. La Policía Nacional capturó la madrugada de este miércoles 21 de agosto a una decena de integrantes de la banda terrorista R7 en varios operativos ejecutados en las provincias de Santo Domingo, Pichincha y Manabí. Este grupo criminal, ahora denominado como Los R, se dedica a los delitos de asesinato, sicariato, extorsión, secuestro, tráfico de drogas, y robo a vehículos. Una de las formas de cómo operaba este grupo era por medio de solicitudes de servicios de transporte por aplicaciones digitales, donde los vehículos eran interceptados y secuestrados con armas de fuego, para sustraer el dinero de las cuentas bancarias de las víctimas, y posteriormente, exigían a los dueños de los vehículos altas cantidades de dinero para la devolución. Pese a que la Policía Nacional indicó que detuvieron a 18 personas, la Fiscalía apuntó que son 12 las personas aprehendidas por el momento. Se hallaron 10 terminales móviles, 11 armas de fuego, 3 alimentadoras, 20 cartuchos, droga, 4 automóviles, 2 motocicletas, entre otros. La Policía Nacional indicó que, como parte de esta investigación, en los meses de mayo, junio y julio, se vincularon y capturaron a otros 5 integrantes de Los R por delitos de tenencia de armas y receptación. Las Fuerzas Armadas comunicaron en marzo pasado la detención de alias La Puerca, un presunto cabecilla de este grupo delictivo. Bajo el nombre de R7, este grupo armado fue denominado como una organización terrorista por el gobierno de Daniel Noboa, en el decreto ejecutivo que declaró el conflicto armado interno en Ecuador, en enero pasado. Según fuentes de inteligencia, los R7 son considerados como una banda que trabaja en el tráfico de drogas, sicariato y extorsión, en alianza con otras organizaciones en las cárceles. Su centro de operaciones es Santo Domingo, en sus calles y en su cárcel Bellavista. También en el norte de Manabí donde, según la Policía, son los responsables de las muertes violentas. La organización delincuencial fue creada a la sombra de las cárceles por Freddy Anchundia, alias Anchundia y Ángelo Achilier, alias Negro Ángelo. Alias Anchundia estuvo en la prisión de máxima seguridad La Roca hasta una explosión con un en el techo y fue enviado a la cárcel Regional de Guayaquil. Finalmente, el 8 de noviembre de 2023, perdió la vida, apareciendo colgado en una celda. Ahora la policia identifica a Ronald Bravo, alias ‘R Creisy’ o alias ‘Ciego, Sordo y Mudo’, como el nuevo cabecilla de ese grupo en Santo Domingo, provincia clave para el paso de la droga desde la frontera norte.

Chonillo dijo que tuvo que salir de Ecuador ante una posible represalia por los operativos ejecutados la semana pasada en Durán. También comunicó que pidió la renuncia de los gerentes y subgerentes del Cuerpo de Bomberos y de la agencia de tránsito municipal. El alcalde de Durán Luis Chonillo comunicó que pidió 15 días de vacaciones para viajar fuera de Ecuador, con el fin de salvaguardar su vida tras los operativos en los que se capturaron a 23 personas vinculadas con el grupo terrorista Chone Killer, en los que estaban funcionarios municipales. «Considerando los antecedentes y el patrón de comportamiento de estos grupos delictivos ante cualquier acción que busque beneficiar a la comunidad, me vi en la necesidad de salir del país el pasado 14 de agosto para salvaguardar mi vida y la de mi familia», manifestó en un comunicado publicado en redes sociales. Con ello, señaló que la vicealcaldesa María Eugenia Barreiro Sánchez debe encargarse de sus funciones durante este período, de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Agregó que ha ordenado que todos los gerentes, subgerentes y directivos del Cuerpo de Bomberos de Durán, la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) y el Registro de la Propiedad pongan sus cargos a disposición. 10 trabajadores de esas entidades habrían estado al mando de alias Negro Tulio, cabecilla principal de los Chone Killer, según la Policía. Además, trascendió que Luis Samaniego, subgerente de la ATD, tiene una boleta de captura con fines investigativos, pero que no ha podido ser aprehendido porque está fuera del país. Chonillo también solicitó en un término de 15 días, toda la información necesaria para garantizar la transparencia en sus administraciones. El burgomaestre rechazó los comentarios que el Municipio de Durán está en acefalía, señalando que tras ser víctima de una tentativa de asesinato el día de su posesión, ha tenido que recurrir a reuniones telemáticas, visitas sorpresivas al territorio y hacer despachos desde diferentes lugares de Ecuador. «Esta modalidad de trabajo ha sido adoptada también por varios concejales del Concejo Municipal como una estrategia de seguridad ante la crítica situación de violencia que enfrenta Durán», comentó. Expresó que espera que las amenazas contra él disminuyan, y que con el apoyo y el trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional, logren consolidar la pacificación que anhela Durán.

En menos de 10 segundos un hombre abrió un vehículo y se lo llevó. El robo ocurrió en el sector de La Carolina, en el norte de Quito, mientras el propietario acudía a una cita médica. Henry Romero, policía del circuito Iñaquito, señaló que el robo se dio el 20 de agosto del 2024. Menciona que una probabilidad es que la persona que se llevó el vehículo utilizó un «control universal», por lo que no necesitó más tiempo para llevarse el automóvil. El robo de vehículos en Quito se incrementó. Entre el 1 de enero y el 23 de junio del 2024 se reportaron 1232 casos en comparación con los 675 reportados en el mismo período del 2023. El aumento, según la Policía Nacional es del 83% De acuerdo con las autoridades, en el distrito Iñaquito el robo de vehículos se incrementó un 20%. En lo que va del año se registran 55 vehículos sustraídos de diversas maneras. La Policía Nacional recomienda a los ciudadanos tomar medidas de seguridad para evitar ser víctima de este delito. Por ejemplo, pide no comprar artículos en cualquier local de autolujos, estacionar los autos en espacios seguros, de preferencia parqueaderos. Entre las recomendaciones también se incluye mantener las puertas con seguros, conducir con ventanas cerradas, no dejar objetos de valor a la vista, instalar alarmas o sensores de movimiento GPS, colocar bloqueos en las llantas, entre otras cosas.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) denunció que hoy, martes 20 de agosto de 2024, se reportó un intento de asalto a una de sus unidades. El incidente se dio mientras los casacas rojas atendían la emergencia. En un comunicado difundido en su cuenta de X, la entidad rechazó lo ocurrido. «En momentos de crisis, nuestra prioridad es salvar vidas y proteger bienes. Por tanto, cualquier agresión hacia quienes ejecutan esta labor de forma comprometida con la ciudadanía representa un ataque directo al bienestar de todos». Pidió a la ciudadanía que se una en el apoyo hacia los bomberos.

Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas fijó la reinstalación de la diligencia para el viernes 23 de agosto a las 09:30. La audiencia en la que se iba a revisar la apelación presentada por el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, con respecto a un habeas corpus que le fue negado en julio pasado, y con la que intenta una vez más salir de la cárcel La Roca, fue diferida para el viernes 23 de agosto a las 09:30. El tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que revisa la solicitud, accedió este martes a la petición de la abogada de Glas, Karen Gómez Subía, quien se presentó disfónica a la audiencia realizada por Zoom. Ella argumentó sentirse enferma, pero no presentó un documento que certifique su estado de salud. Los jueces le dieron 48 horas de plazo para que la abogada presente un certificado médico. Los abogados de la cárcel, del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Procuraduría General del Estado (PGE) no estuvieron de acuerdo con la solicitud. Insistieron en que la audiencia no debía ser postergada, sin embargo, se sometieron a la decisión del tribunal. Glas, de su lado, también intervino en la diligencia. Temía que la audiencia siguiera su curso y no cuente con su defensa técnica. «La abogada no tiene voz», subrayó el exvicepresidente. Mediante este recurso de apelación, Glas, quien ha argumentado tener problemas de salud, intenta cumplir su sentencia en un hospital o a la casa de su madre. La abogada del exvicepresidente ha pedido que como prueba a su favor se considere la solicitud de México a Ecuador para que entregue el salvoconducto y lo excarcele. El 6 de agosto, el Gobierno Nacional ratificó que «no es lícita» la concesión de asilo diplomático a Jorge Glas y que no otorgará el salvoconducto para que salga del país, tal como lo señaló en abril pasado, cuando las fuerzas del orden incursionaron en la embajada mexicana en Quito para capturarlo y trasladarlo a La Roca. La ratificación la realizó un día después de que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitase al Gobierno de Ecuador un salvoconducto para Glas, a petición de que sea entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo XIX de la Convención de Caracas. Para Ecuador, resulta «jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático» a Glas, quien tiene pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción (cohecho y asociación ilícita) y actualmente se encuentra procesado por presunto peculado (malversación de fondos públicos). Glas, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa, donde fue vicepresidente entre 2013 y 2017, así como a inicios del mandato presencial de Lenín Moreno (2017-2021), siempre ha rechazado las acusaciones en su contra y se ha declarado un perseguido político y víctima de lawfare.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aseguró en un comunicado este martes 20 de agosto de 2024 que mantiene abierto un procedimiento administrativo con el objetivo de sancionar a los militares que habrían estado presuntamente involucrados en la muerte de Aidita Ati. Por este crimen son investigados cuatro oficiales que habrían tenido contacto con la subteniente entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de junio. Ati fue hallada sin vida ese día en el interior del Fuerte Militar Napo, en Orellana. Los presuntos involucrados fueron capturados y procesados en flagrancia por el delito de femicidio. Permanecían detenidos hasta el 12 de agosto de 2024, cuando una jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer aceptó pedido de revisión de la prisión preventiva y dispuso una medida sustitutiva: presentación periódica de los sospechosos tres veces por semana y prohibición de salida del país. El Comando Conjunto señaló que el 1 de julio de 2024 presentó un escrito ante la Fiscalía Especializada de Violencia de Género Nro 1 de Puerto Francisco de Orellana para colaborar con las investigaciones y que se recaben los elementos de convicción por el delito investigado. Por su parte, los militares investigados serán sancionados conforme a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de las diligencias del caso. «El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades competentes para promover que los procesos investigativos se ejecuten con diligencia, celeridad y conforme a la ley», indicaron los militares en el comunicado.

La asambleísta Sofía Espín planteó la posibilidad de que la Comisión de Fiscalización haga una investigación del tema. Las polémicas en el Gobierno de Daniel Noboa no cesan. Una nueva investigación de Radio Pichincha reveló que la empresa estatal Petroecuador adjudicó a tres empresas un contrato por USD 90,4 millones, para la provisión de 100,5 millones de litros de etanol anhidro. Del total de litros, Petroecuador adjudicó la provisión de 21 millones de litros por un valor de USD 18,9 millones a la compañía Codana S.A., vinculada a Isabel Noboa Pontón, tía del presidente Daniel Noboa. Esta investigación desató una serie de críticas. El exministro del Interior y precandidato presidencial, José Serrano, señaló que a Daniel Noboa le interesa seguir “cerrando negocios familiares”. Así mencionó que ahora “es el turno de Petroecuador” con un contrato “adjudicado a dedo a sus tíos”. Mientras tanto, la exasambleísta Mireya Pazmiño pidió parar “el abuso y la corrupción” de los ministros y presidentes que usan las empresas públicas para “beneficio de sus amigos o familiares”. La asambleísta Sofía Espín, de Revolución Ciudadana, indicó que el nuevo Ecuador de los Noboa “está más próspero que nunca”, mientras que, para la mayoría de ecuatorianos, su situación es de temor, dolor, muertes, secuestros, vacunas, desempleo y migración. “Han salido a la luz algunas irregularidades en contratos del Estado con empresas vinculadas a la familia del presidente Noboa. Se han tratado estos temas en distintas comisiones. Para lo de Petroecuador, en especial, no descartamos la posibilidad de plantear que la Comisión de Fiscalización haga una exhaustiva fiscalización del tema. Eso podremos saber posterior al receso”. Más críticasEl abogado Joffre Campaña entregó más detallar sobre la empresa Codana y sus vínculos con varias empresas relacionadas con Isabel Noboa. En su cuenta de X, Campaña señaló que “todo apunta” a que ella sería la dueña de Codana. “Si esto es así, violación abierta del artículo 62 de la Ley de Contratación Pública. ¿Alguna entidad investigará?”, escribió en su cuenta de X. Ahí adjuntó el reportaje de Radio Pichincha, donde se detalla el contrato entre Petroecuador y la compañía Codana. El artículo 62 señala que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los dignatarios, funcionarios y servidores públicos están inhabilitados para celebrar contratos con entidades públicas. No es el único escándaloLos negocios familiares de la familia Noboa con el Estado están en el ojo del huracán. Uno de los últimos casos es el contrato que ganó el consorcio El Ordeño-Fortesan para la provisión de desayunos escolares. El monto asciende a USD 17,6 millones. ¿Dónde nacería un presunto conflicto de interés entre el Gobierno y esta empresa? El Ordeño tiene 71 accionistas. Uno de ellos es la empresa Agroindustrias San Esteban, que pertenece al Grupo Noboa. Entre los accionistas de Agroindustrias San Esteban están Isabel Noboa; Lanfranco Holding; Fruit Shippers Limited, y Empacadora del Literal. De forma específica, esta última empresa tiene de accionistas a: Casandra y Natassia Sicre Noboa, familiares del presidente.Fruit Shippers Limited y Lanfranco Holding.Además, Fruit Shippers Limited y Lanfranco Holding son accionistas de empresas ecuatorianas, como la Exportadora Bananera Noboa y Noboa Trading Co.Ante estas acusaciones, el Ordeño aseguró el 19 de junio de 2024, que no tiene ningún impedimento para mantenerse como proveedor de los desayunos escolares. En un comunicado, la empresa señaló que la participación de Isabel Noboa no ha influido en la adjudicación del proceso de contratación pública para la provisión del desayuno escolar en Ecuador, “ni ha violado ninguna normativa actual”. Más casos polémicosOtro caso polémico fue el alquiler de una barcaza eléctrica para combatir el estiaje. Este se convirtió en un proyecto cuestionado, debido a que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) adjudicó -de forma directa- el contrata a la empresa turca Karpowership. Marlon Pasquel presentó una denuncia en contra del exministro de Energía encargado, Roberto Luque y del gerente general subrogante de la Celec, Fabián Calero, por el presunto delito de tráfico de influencias en el proceso precontractual y contractual de la barcaza. En respuesta a esa denuncia, Luque anunció que pediría a la Contraloría que ejecute un examen especial, sobre el proceso para la contratación de una barcaza eléctrica. RADIO PICHINCHA

El escrito fue parte del amicus que entregó hoy, martes 20 de agosto de 2024, para intervenir en la audiencia de la jueza Enma Tapia La jueza Enma Tapia desistió del habeas corpus contra la Fiscalía en el caso Confourtable La audiencia de juicio en el caso Vocales se aplaza para el 21 de agosto Wilman Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), presentó un nuevo habeas corpus, para pedir su libertad. El escrito fue parte del amicus que entregó hoy, martes 20 de agosto de 2024, para intervenir en la audiencia de la jueza Enma Tapia. También pidió que se suspenda a la fiscal general, Diana Salazar Méndez, y se le retire todas sus causas. Esto ocurre luego de la polémica que se ha generado, en la última semana, a raíz de que las juezas de la Corte Nacional Enma Tapia y Katherine Muñoz aceptaron la apelación del habeas corpus, el pasado 12 de agosto. Con esa resolución, se ordenó que el extitular del CJ salga de la prisión La Roca, en Guayaquil, y cumpla su prisión preventiva en la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. Luego, la Fiscalía realizó allanamientos en las oficinas de Tapia y Muñoz dentro del caso al que llamó «Confourtable». Precisó que investiga un presunto cohecho y que, además de las oficinas, los agentes también ingresaron a un domicilio. «Se recabaron varios indicios como dispositivos móviles, computadoras portátiles, 1 CPU, una agenda, 1 CD y documentación. Todo será ingresado en cadena de custodia», indicó la FGE en X. La Fiscalía justificó los allanamientos para impedir que los indicios relacionados a presuntos actos de corrupción sea destruidos. Luego, en su cuenta de X, Tapia publicó un comunicado indicando que actuó en derecho y la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) también rechazó los allanamientos liderados por la Fiscalía General. Finalmente, Tapia presentó un recurso de habeas corpu en contra de Fiscalía, pero luego desistió. Chistian Gallo, abogado de la magistrada, explicó que desistieron de la acción debido a que la medida, considerada como «acto lesivo» y dispuesto por la Fiscalía, se dejó sin efecto la tarde del 19 de agosto por la misma institución. Con ello se refiere a la disposición del fiscal, Wilson Toainga, para su localización, inmovilización y traslado sin esposas a la Fiscalía para que rinda versión. En esta ocasión, el fiscal subrogante no asistió, sino que lo hizo la propia fiscal Salazar