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Además de su destitución, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor fueron ordenados a pagar una multa de 70 sueldos básicos. Sus derechos políticos también fueron suspendidos. Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral, aceptó la denuncia del Observatorio Control Ciudadano y dictó la destitución de Augusto Verduga, Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por cometer una infracción electoral muy grave, al ser promocionados por una organización política. Todos ellos participaron de la campaña de la denominada Liga Azul, promovida por el Movimiento Revolución Ciudadana (RC5). Sus derechos políticos fueron suspendidos, y los cuatro fueron ordenados a pagar una multa de 70 sueldos básicos unificados (SBU). Fueron declarados responsables de incumplir el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia, que trata sobre infringir resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Además, de acuerdo a la sentencia, hubo infracción de un artículo de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que establece que ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato o candidata a consejero o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Observatorio Control Ciudadano manifestó que este resultado «es un claro triunfo para la ciudadanía, que exige un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social verdaderamente independiente y libre de injerencias políticas». Señalan que este organismo es responsable de elegir a las máximas autoridades de control, y que sus procesos deben realizarse de manera imparcial y transparente. La sentencia puede ser apelada hasta tres días después de notificarse esta decisión. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral debe resolver esta segunda instancia en 10 días contados desde la admisión.

Las quejas se hicieron masivas sobre una empresa que desapareció. Al parecer, esta firma utilizaba a influencers para atraer a gente que buscaba generar dinero en poco tiempo mediante la comercialización de pulseras. En las últimas semanas se ha dado a conocer la noticia de una empresa que supuestamente se dedica a hacer estafas piramidales y utiliza a las redes sociales como plataforma de difusión. En el último fin de semana, un grupo de afectados señaló que la firma dejó de funcionar en Ecuador. Su desaparición generó preocupación entre quienes invirtieron en esa compañía. De acuerdo a la información que se difundió en redes sociales, esta ofrecía a la posibilidad de participar en la creación de pulseras mediante una inversión económica. También se conoció que varios influencers promocionaban a la plataforma en sus cuentas de Tik Tok. ¿Cuál era la función de estos personajes? Atraían a la gente (clientes) mediante códigos de referencia. El supuesto beneficio era que recibían un 40% de las inversiones realizadas por cada una de las personas que llegaban a formar parte de la platataforma. En sus promociones, la compañía señalaba que es una gran oportunidad para generar ingresos desde casa. Decía que paga por hacer pulseras o comprar franquicia. Proporcionaba la materia prima al cliente y, al terminar las pulseras, este las enviaba a la misma empresa y recibía una comisión por la mano de obra. Su oficina se ubicaba en Quito y era una forma fácil de generar ingresos, señala una de las influencers en un video corto de un minuto con 32 segundos. Para formar parte de la cadena, ella pedía que ingresen a su perfil de Tik Tok y se registren con un código de invitación. Luego sugería que pueden escribirle a su chat en Instagram para brindar mayor información por interno. También mostraba un enlace para que se unan a su grupo de Whatsapp. Al final de su video, la joven mostraba las tomas de los exteriores de la oficina en donde funcionaba la compañía. Otra influencer decía que vendiendo las pulseras se podían general USD1 000 en un mes y sin descuidar al hogar y los hijos.

La educación no solo se enfrenta a las violencias y pobreza, sino también a la migración, agregó Andrés Quishpe. Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), alertó que en el transcurso del año escolar en el régimen Costa, se ha registrado un 29% de deserción en ciudades como Durán, Guayaquil y Manta. Ese porcentaje es mayor en Azuay, donde el abandono de las aulas llega al 40%. Según Quishpe, ni siquiera las unidades educativas conocen la ubicación de los estudiantes, pues se presume que migraron, junto con sus familias, a Estados Unidos (EE.UU.) por pasos ilegales. “Entonces no solo nos enfrentamos al tema de violencias y pobreza, sino también a la migración”, agregó. El presidente de la UNE destacó que el Gobierno no ha hecho nada por reintegrar a los 50.000 estudiantes que abandonaron las aulas en la Sierra, en el pasado año lectivo y a ello se suman 64.000 que no retornaron en el régimen Costa.

Profesor de Derecho fue separado de la Universidad de Cuenca tras una denuncia de acoso. Él dice que la acusación no tiene fundamento. En Ecuador una de cada tres estudiantes universitarias ha sido víctima de algún tipo de violencia en el entorno educativo. Es el caso de Eliana, una exalumna de la carrera de Derecho en la Universidad de Cuenca, quien afirma haber vivido acoso sexual e intimidaciones por parte de un docente de Derechos Humanos. El profesor fue destituido, pero ahora intenta volver con una acción de protección, ya que menciona que todas las acusaciones son falsas y que su remoción se debe a un tema político de la institución. Tras un proceso de recuperación psicológica, Eliana decidió romper el silencio en abril del 2024 a través de una publicación en la red social Facebook. Contó que en su trayectoria estudiantil sufrió y palpó diversos actos de acoso por parte de tres docentes. Uno de ellos, Teodoro V., quien habría solicitado que los alumnos se dieran besos a cambio de puntos extra para pasar la materia. La víctima relató a Vistazo que los hechos se remontan al año 2016, cuando cursaba el primer semestre de la carrera de Derecho. Ella estaba emocionada por iniciar su camino para convertirse en abogada, sin imaginar que para lograrlo tendría que atravesar una serie de obstáculos. Recuerda que Teodoro V. “creaba exclusión y tenía conductas discriminatorias”. Por ejemplo, “clasificaba a los estudiantes por su nivel intelectual y colocaba música del género metal a todo volumen mientras rendían los exámenes”. Él, en cambio, manifiesta que no es cierto y que incluso en ocasiones pedía a sus estudiantes que pongan seudónimos para calificar solo el contenido. Sin embargo, hubo una propuesta que desestabilizó emocionalmente a Eliana: le habría solicitado que pase al frente de la clase con una compañera y se besaran por 15 segundos para que todo el curso apruebe una evaluación. Ella se negó, pero otras personas sí habrían accedido por la presión. Eliana pasó la materia por méritos propios, pero en los siguientes semestres tuvo que volver a lidiar con este tipo de intimidaciones por parte de aquel docente. Dice que no lo denunciaba por miedo y tampoco tenía la posibilidad de cambiarse de universidad. Al final, consiguió graduarse como abogada, pero pagó un alto costo. “Me generó muchas dificultades anímicas, depresión severa y cuadros de ansiedad intensos”, comentó la joven, quien recuerda que una vez confrontó al profesor y le narró todo el daño que le había hecho. Él sonrió y le dijo que coma máchica. Luego de pasar por un proceso de sanación, Eliana decidió contar su experiencia. “Quería romper el miedo y decir basta a un sistema de corrupción, abusos y normalización de estos actos porque no es causalidad la realidad que vemos en el país y es necesario hacer un cambio desde nosotros mismos”. DOCENTE DESTITUIDO La publicación de Facebook de la víctima causó impacto en la comunidad y varios exestudiantes comentaron que habían vivido hechos similares. Es así que la Universidad de Cuenca abrió un proceso administrativo en contra de Teodoro V., que concluyó en junio del 2024 con su destitución y revocación de su cargo de titular. La resolución se aprobó con la mayoría de votos del consejo universitario tras analizar el informe de una comisión especial previa que determinó la existencia de una falta muy grave. “Las acciones y conductas realizadas por el docente Teodoro V. se enmarcan en el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, relacionada con actos de violencia de género, psicológica o sexual, que se traduce en conductas abusivas dirigidas a perseguir, chantajear e intimidar…”, manifestó la comisión en el documento. Vistazo buscó la versión de una funcionaria que integró esta comisión, pero hasta el cierre de la nota no se concretó una respuesta. Por su parte, Teodoro V. se defiende diciendo que “toda la información que ella (la víctima) comenta es totalmente falsa y descontextualizada”. Agrega que él presentó ocho testimonios de exestudiantes que afirman no haber presenciado peticiones de besos. Resalta que los únicos que podían ser testigos en la investigación administrativa eran personas del curso en el que estaba la víctima. “Hay dos personas que formaban parte del otro paralelo y, sin embargo, ellos también entran a dar el testimonio”, afirmó a Vistazo. Rechazó las afirmaciones de que él creaba exclusión por el nivel intelectual de los alumnos y asegura sufrir linchamiento mediático. Así mismo, cuestiona el hecho de que solo a él le hayan iniciado un proceso administrativo y no a los otros dos maestros citados en la denuncia de Facebook. “A uno no le activan porque supuestamente ya está fuera de la universidad y al otro no sabemos, a pesar de que a mi juicio las acusaciones que hace la supuesta víctima son más graves”. La abogada Janina Rivera, quien llevó a cabo la defensa de la víctima en esta etapa, precisó que no se iniciaron los procesos administrativos contra los otros dos profesores porque “uno ya estaba jubilado y al otro no lograron demostrarle hechos de violencia basados en género que sean facultad de la universidad ser investigados”. Subrayó que “un agresor o una persona que violente a otra en cualquier sentido, sobre todo en violencia basada en género, ante un grupo social se ve de una forma y ante otro grupo puede verse de otra manera”. Así mismo, por testimonios de otras estudiantes, “se pudo verificar que él coqueteaba con las alumnas y les invitaba a salir, a beber”, aseguró la jurista. No obstante, Teodoro V. interpuso una acción de protección y medidas cautelares para volver a ejercer como docente. El recurso fue rechazado en primera instancia, pero apeló y está a la espera de una nueva audiencia. El profesor comentó que le negaron el recurso porque los jueces afirmaron que su destitución de la universidad “no es un problema constitucional que debe ser conocido vía acción de protección, si no es un tema de legalidad”. Añade que su remoción se

El estado de salud físico y psicológico del exvicepresidente es delicado. Ingiere una serie de medicamentos para sus dolencias. El estado de salud de Jorge Glas se deteriora cada día. Lo más probable es que se someta a diálisis, así lo confirmó a Radio Pichincha, Sonia Vera, abogada del exvicepresidente en el ámbito internacional. La diálisis es un tratamiento encaminado a depurar la sangre cuando los riñones no son capaces de hacerlo y ayuda al organismo a eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre. Jorge Glas y sus dolencias Glas permanece privado de su libertad en la cárcel La Roca, en Guayaquil, a donde fue trasladado, luego de que policías y militares incursionaron en la Embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril. El 8 de julio pasado, durante una audiencia de habeas corpus, se conoció que Glas fue diagnosticado con un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, según lo expusieron un psiquiatra y una psicóloga. Ese día, Andrés Villegas, abogado de Glas en el plano nacional, dijo que su cliente piensa en suicidarse, que no le interesa vivir, y que ha decidido darse dos meses de vida si no pasa nada. Se advirtió de una vigilancia permanenteEl psiquiatra del Ministerio de Salud, Darío Vargas, manifestó que la condición de Glas requiere una vigilancia permanente porque necesita internamiento hospitalario. “Para el paciente psiquiátrico no hay tiempos, depende cómo evoluciona el paciente”, expresó Vargas, al ser consultado sobre el tiempo que duraría la atención a Glas. Mientras, la psicóloga del Ministerio de Salud sostuvo que -a esa fecha- se realizaron 14 evaluaciones a Glas y fue ella, quien con su diagnóstico derivó al área de psiquiatría. Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas, en alerta Ante esta alerta es que el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas dará este 3 de septiembre una rueda de prensa para informar sobre el delicado estado de salud del exvicepresidente y su situación legal. Glas pasó por un intento de suicidio. El pasado 23 de agosto contó en la audiencia de apelación al habeas corpus que se tomó 60 pastillas. También estuvo en huelga de hambre, lo que motivó reacciones a nivel internacional por parte de organismos de Derechos Humanos y de la región. México le otorgó el asilo e insiste en que el Gobierno ecuatoriano le conceda un salvoconducto para que esté bajo su cuidado. Vera señaló que Glas tiene enfermedades catastróficas, las cuales afectan su estado físico y psiquiátrico. Es por eso que este 3 de septiembre se dará a conocer con el médico internista que trata a Glas, cuál es su situación, ante el “cóctel de medicinas” que ingiere y que le generan efectos secundarios. Situación de Jorge Glas Jorge Glas recibía sueros luego de la huelga de hambre que realizó en La Roca, pero la preocupación de sus abogados y familiares se dio porque hace 11 años fue diagnosticado con espondilitis anquilosante juvenil (inflamación de las articulaciones del esqueleto axial). Es una enfermedad que requiere un tratamiento especial mediante Golimumad, medicina inyectable. El exvicepresidente pasó un tiempo sin ese fármaco, lo que le ocasionó dolores articulares y debilitó severamente su movilidad. Al tener efectos secundarios, las defensas bajan y hasta puede generar sangrados, debilidad corporal y alta exposición a enfermedades del entorno. No se descarta la toxicidad hepática por la ingesta de medicinas y complicación en los riñones. A esta serie de padecimientos, se sumó el de compresión medular severa a nivel cervical con datos de meliopatía (lesión en la médula espinal). De esta dolencia, Glas fue operado en 2022.

El ECU 911 informó la mañana de este martes 3 de septiembre de 2024, que desde el km 6 de la vía Pifo – Papallacta se informó mediante una llamada al Servicio Integrado de Seguridad, un siniestro de tránsito de un bus. Preliminarmente se registran al menos siete personas fallecidas y más de 9 heridas. De manera oportuna desde la Sala de Operaciones del Centro Zonal 2 – 9 se coordinó con las unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, Cruz Roja Ecuatoriana, Ministerio de Salud Pública y Policía Nacional que se movilizaron al sitio del incidente con el contingente humano y técnico para atender esta emergencia. La alerta ingresó al 9-1-1 a las 6:42 de este martes. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito informó que sus equipos de rescate y atención prehospitalaria se encuentran en el punto atendiendo la emergencia. Asimismo, al lugar del siniestro, asistió Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), unidad de la Policía Nacional, y también se coordinan acciones con la Dirección de Medicina Legal. Preliminarmente, se informó que existen al menos siete personas fallecidas y 9 heridos; el bus transportaba 32 ocupantes.

    Los acusados fueron expuestos en una plaza ante medio millar de personas y azotados con látigos y ortigas. Dos hombres y una mujer fueron sometidos este lunes 2 de septiembre a la justicia indígena tras ser acusados de robar tres terneros en una comunidad del cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua. Las tres personas fueron expuestas en una plaza ante medio millar de ciudadanos y azotadas con látigos y ortigas. Asimismo, se les obligó a acostarse semidesnudos sobre gran cantidad de esa misma planta, que causa ardor y picazón. Este castigo ocurrió luego de un proceso de juzgamiento indígena que se extendió por más de 10 horas. Las tres personas fueron retenidas por la comunidad luego de que los los dueños de los terneros fueron a una feria ganadera en Ambato e identificaron que uno de sus animales estaba siendo vendido. Ellos conversaron con los comerciantes, quienes explicaron que una persona les había ofrecido las reses a cambio de dinero, pero solo se quedaron con una. Junto a las autoridades indígenas de la comunidad identificaron a los presuntos ladrones y retuvieron a los sospechosos. Los dueños de los terneros solo pudieron recuperar a uno. Precisaron que habían perdido 700 dólares por el robo. Los acusados, en cambio, deben pagar una indemnización de dos salarios básicos (920 dólares)..

Consejo Electoral de Ecuador recuerda a Noboa que debe pedir licencia para hacer campaña. Faltan tan solo cuatro meses para que empiece la campaña electoral del 2025, sin embargo, hay incertidumbre sobre lo que ocurrirá cuando el presidente Daniel Noboa deba pedir licencia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un recordatorio al mandatario. El vicepresidente de la institución, Enrique Pita, resaltó este lunes que Noboa tendrá que delegar sus funciones presidenciales, en principio a la vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantiene un intenso enfrentamiento. “El presidente de la República o cualquier funcionario en funciones que opte por una reelección tiene que presentar licencia”, aseveró Pita durante una entrevista en una cadena de televisión local. Agregó que la obligación del CNE “es verificar que esta situación se dé, pero quien sanciona la incorrección o el incumplimiento es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)”. Cuestionado sobre si el presidente puede pedir una licencia por horas en cada día de campaña o debe ser una licencia completa desde el inicio oficial del periodo electoral, Pita volvió a remitirse al TCE como el órgano encargado de definir ese aspecto. No obstante, señaló que “la ley es clara: al inicio de la campaña, quien opte por la reelección debe pedir licencia”. Bajo ese escenario, la funciones presidenciales recaerían en Verónica Abad, con quien Noboa mantiene un enfrentamiento en el que varios miembros de su Administración ya han anticipado que no tienen intención de que asuma temporalmente la jefatura del Estado. Noboa buscará la reelección en las elecciones de 2025 como candidato nuevamente de Acción Democrática Nacional (ADN), su propio partido, con el que ganó los comicios extraordiarios de 2023 para completar el periodo 2021-2025 que no terminó el expresidente Guillermo Lasso, pero esta vez tendrá como candidata a vicepresidenta a María José Pinto, en lugar de Abad. Abad, que se ha vuelto una de las voces más críticas contra Noboa, ha denunciado al mandatario frente al TCE por presunta violencia política de género, al acusar al gobernante de estar detrás de un hostigamiento hacia ella para forzarla a renunciar y tener que evitar delegarle las funciones presidenciales. El distanciamiento entre ambos comenzó durante la campaña electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023 y se cristalizó tras la investidura, cuando en una de sus primeras decisiones, Noboa mandó a Abad a Israel como embajadora, un encargo que en caso de haberse negado habría abierto la puerta a su destitución. La distancia no calmó la pugna entre ambos, pues el Gobierno votó a favor de levantarle la inmunidad para que fuese investigada por la Fiscalía en un caso de presunta corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia, lo que no llegó a suceder por los votos en contra de la oposición. Ese caso se inició con la denuncia de un exfuncionario de la Vicepresidencia que aseguraba haber sido contratado con la condición de ceder parte de su sueldo al hijo de la vicepresidenta, Sebastián Barreiro, quien fue detenido y estuvo alrededor de 20 días en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, hasta que salió en libertad bajo fianza de 20.000 dólares. A ello se sumó después la denuncia presentada contra Abad en el TCE por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que la acusa de haber hecho campaña antes de tiempo cuando en las elecciones locales de 2023 era candidata a alcaldesa de Cuenca. Durante su estancia en Tel Aviv, la vicepresidenta también ha denunciado encontrarse en una situación de riesgo por el conflicto en ese país y ha acusado a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, de negarle un pedido de ausentarse cinco días del cargo por motivos personales. EFE

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el pedido de recusación que solicitó la asesora presidencial, Diana Jácome Silva, en contra del juez Fernando Muñoz. Así lo señala la causa número 152-2024-TCE dentro de la denuncia de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas contra Daniel Noboa Azín por presunta violencia política de género. En ese contexto, Jácome presentó la recusación, la cual tenía como objetivo que Muñoz ya no siga con el trámite, sino otro por sorteo. Por eso, el juez electoral decidió el 28 de agosto «suspender los plazos y términos para la tramitación de la presente causa, hasta que se resuelva el incidente de recusación interpuesto». La recusación se presenta cuando se aduce que hay algún conflicto de interés entre el denunciado y el juzgador. El recurso puede ser aceptado o no. En la causa causa número 152-2024 del TCE se indica que: “la sola enunciación de links no constituye medios probatorios”, señala el documento. Por cuanto, el articulo 60 numeral 5 del Reglamento nc Trámites del TrbunaI Ccntenccso Eectora no contiene ningr1 numeral, y dado que por un error se hizo constar que “la sola enunciación de links no constituye medios probatorios así como que no se concede lo solicitado”, cual implicaría un pronunciamiento de fondo, cuya competencia corresponde al Peno del TribunaL Contencioso Eectoral conformado para conocer y resolver el incidente de recusación, se deja sin efecto el texto transcrito.

La niña Zeivanna Adalej Sánchez Prieto fue reportada como desaparecida el 29 de agosto del 2024. Sus familiares la vieron por última vez en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito. La Policía Nacional informó sobre su desaparición la noche del sábado 31 de agosto del 2024, pero no activó la alerta Emilia, para dar con el paradero de la menor. Zeivanna Adalej Sánchez Prieto tiene cabello largo, ojos color negros y mide menos de un metro de estatura. Si tiene información, puede comunicarse con las autoridades al 1800 DELITO (335486). Un informe estadístico del Ministerio del Interior señala que, de enero a julio del 2024, se han reportado 4 073 denuncias por desaparición en Ecuador. 3 354 personas fueron localizadas, por lo tanto, aún se desconoce el paradero de las otras 512. Sin embargo, en el registro histórico del Ministerio del Interior consta que desde el 2017 hasta lo que va del 2024 aun hay más de 2 200 casos sin resolver. El Ministerio dice que en un caso de desaparición cada minuto cuenta y que no es necesario esperar 24 horas para poner la denuncia en la Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased) o en la Fiscalía General. Para la denuncia, los familiares deben llevar una foto, de preferencia actualizada, para que se pueda difundir la imagen en los carteles de búsqueda.