Nacionales

Esto puede causar muchos problemas serios de salud como el cáncer de piel, el envejecimiento prematuro de la piel, las cataratas y otros daños a los ojos y a la supresión del sistema inmunológico. Ese es el resumen arrojado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) debido a la radiación ultravioleta y altas temperaturas para los próximos cuatro días en el país. “En los próximos días, se presentarán altas temperaturas diurnas en el Litoral, Sierra y Amazonía”, indicó la institución en su cuenta de X. También se agregó que existirán ráfagas de viento moderado y fuerte en la región Interandina, así como radiación ultravioleta entre muy alta y extremadamente alta en varias provincias del país.

En la búsqueda de Mendoza trabajaron equipos especiales de la Policía y el Cuerpo de Bomberos.Los dos nuevos vinculados fueron identificados por el taxista, actualmente con prisión preventiva. Ya son tres las personas a las que Fiscalía procesa por la desaparición involuntaria de Hernán Mendoza, registrada el 26 de enero de 2024, en La Pradera, norte de Quito. A Franklin Geovanny Á. Q. –taxista que trasladó a la víctima esa noche–, se suman Félix Ronaldo F. S. y Stalin René A. C., quienes fueron vinculados a la instrucción fiscal, que inició el 10 de febrero de 2024 con la audiencia de formulación de cargos contra el primer procesado. “Con base en los elementos de convicción presentados por el Fiscal de la Unidad de Personas Desaparecidas, la Jueza de Garantías Penales ordenó la prisión preventiva de Félix Ronaldo F. S. y Stalin René A. C., quienes se encuentran en calidad de prófugos”, indicó Fiscalía. Además, se pidió que se oficie al Ministerio del Interior para que se los incluya en el programa de los más buscados. También se solicitó a la Interpol a que se emita una alerta de difusión roja para su localización y captura. AudienciaEn la audiencia de vinculación, el Fiscal del caso expuso como elementos de convicción la versión rendida por Franklin Geovanny Á. Q., quien reconoció que la noche de la desaparición, Félix Ronaldo F. S. y Stalin René A. C. le pagaron una carrera para trasladar a Hernán Mendoza y un amigo de él. La víctima fue embarcada en la avenida República y La Pradera. Ya en el taxi, le dieron de tomar un vaso de cerveza con escopolamina. El taxi fue hasta Guamaní, para robarle a Mendoza USD 260 mediante un cajero bancario. Tras 32 días, se halló su cadáver en el sector de Mandariacu, en las orillas del río Guayllabamba, en el límite entre Pichincha e Imbabura. Por este caso, Fiscalía solicitó una audiencia para reformular cargos de desaparición involuntaria a desaparición con resultado de muerte. La diligencia fue señalada para el 15 de marzo de 2024, pero el abogado de Franklin Geovanny Á. Q. solicitó diferimiento, pues está pendiente que se resuelva un recurso de apelación a la prisión preventiva que solicitó para su defendido. Dicha diligencia también fue fijada para el mismo 15 de marzo, a las 09:00.

El exvicepresidente Jorge Glas ingresó a la embajada de México en noviembre pasado. El comunicado oficial llegó desde la Cancillería del Ecuador. La entidad confirmó que mantuvo conversaciones con la Embajada de México en Ecuador sobre la ubicación del exvicepresidente Jorge Glas. Según la Cancillería, la embajada de México confirmó que «el ciudadano Jorge Glas permanece en esas instalaciones». Este comunicado trascendió horas después de la difusión de un comunicado militar en el que se pide que se realice controles en las fronteras de Ecuador, ante una posible fuga del exvicepresidente. Según el documento militar, los cuerpos de Inteligencia se activaron para estas operaciones en los pasos terrestres autorizados y no autorizados. Sobre el exvicepresidente Glas pesa una orden de localización y captura, emitida en el proceso penal que se sigue en su contra. Glas es requerido por la justicia por un presunto delito de peculado. El exvicepresidente es acusado por el caso denominado reconstrucción de Manabí. El pasado 8 de marzo, un Tribunal desechó la apelación que interpuso Glas y reafirmó la negativa de su prelibertad. La Cancillería de Ecuador, a inicios de este mes, también solicitó a la embajada de México que permita el ingreso de las fuerzas del orden para arrestar al exvicepresidente. Además, envió oficios para solicitar que no se concediera el asilo diplomático a Glas. El mismo día que la Cancillería solicitó lo anterior a la Embajada de México, la Corte Constitucional revocó las medidas cautelares que le permitieron la libertad condicional.

En este documento se solicita “planificar y ejecutar controles fronterizos en los pasos autorizados y no autorizados para evitar una fuga de Glas”, que es requerido en la causa penal 17721-2019-00033G por el delito de peculado, en la que meses atrás se dispuso su captura. El número de causa 17721-2019-00033G que se menciona en el documento que circula en redes sí coincide con la causa por peculado que se sigue en contra del exvicepresidente. Medios de comunicación como Ecuavisa y TC Televisión aseguran que sí se estarían realizando controles en la frontera norte. En tanto, Glas desde el 17 de diciembre de 2023 se internó en el edificio de la Embajada de México en Quito, a la cual solicitó salvaguarda argumentando que tenía «temor por su seguridad y libertad personal». Posteriormente pidió asilo y sigue a la espera de que el Gobierno de México se pronuncie sobre su pedido. Su ingreso en la sede diplomática se dio luego que la Fiscalía General emitió una orden de localización y detención con fines investigativos por el caso Reconstrucción de Manabí. El exmandatario salió de la cárcel en el 2022 tras beneficiarse de un habeas corpus y actualmente se enfrenta a otros procesos judiciales por presunto peculado en los manejos del dinero de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 2016; y, por supuesta intimidación, planteado por su exasistente en la Vicepresidencia de la República Soledad Padilla. (I)

Las cinco niñas demandantes del caso mecheros, quienes junto con otros miembros de comunidades afectadas por la no eliminación de mecheros en la Amazonía se dirigían a Quito a exigir el cumplimiento de una sentencia, fueron retenidas en Cascales, en la provincia de Sucumbíos, por miembros de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas, según denunciaron organizaciones y movimientos ecologistas. En un video que fue compartido en redes sociales se observa a un uniformado explicando la situación a miembros de las comunidades que acompañaban a las menores. Los acompañantes de las niñas reclaman y aseguran que están haciendo uso del derecho que tienen como ecuatorianos a la resistencia. El uniformado responde: «No pueden vulnerar los derechos. Yo no estoy en contra de su marcha, no tengo nada que ver en su marcha, como les digo: ustedes están en su derecho a la resistencia, nosotros también estamos cumpliendo el uso progresivo de la fuerza, estamos hablando, dialogando y estamos pidiendo, de favor prácticamente, que dejen de favor prácticamente, que dejen circular a los vehículos”, habla el uniformado. Hasta el cierre de esta edición las Fuerzas Armadas no se han pronunciado sobre el incidente. Esta situación se da en medio de un malestar de las poblaciones de la Amazonía que han sentido que no se está trabajando de manera clara para cumplir una sentencia de marzo del 2021 que ordena al Estado eliminar más de 400 mecheros de la región que afectan la salud y la vida de los pobladores. A mediados de febrero pasado, nueve niñas de la Amazonía, entre las que estaban las cinco menores retenidas, demandantes del Estado y que tienen una sentencia a su favor que ordena la eliminación de 447 mecheros, se indignaron frente a las cifras que había planteado la ministra de Energía, Andrea Arrobo, y que al parecer estaban equivocadas. Las jovencitas dijeron que era un despropósito decir que en 18 meses se habían eliminado dos mecheros. Pero además aseguraron que cuando hubo la demanda había 447 mecheros y ahora, en vez de haber rebajado el número, ha subido a 486.La organización Acción Ecológica rechazó la retención de las menores. “Gobierno impide a 5 de las 9 niñas demandantes del caso mecheros llegar a Quito. Miedo? Corrupción? 1.300 millones / año pierde el Estado al no aprovechar el gas de los mecheros 57 años de contaminación, pobreza y muerte para la Amazonía”,posteó la organización en X tras el incidente. Acción Ecológica convocó a una rueda de prensa en Quito a partir de las 11:00 para referirse al caso mecheros. I

En primera instancia, un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó al excontralor subrogante del Estado Pablo Celi de la Torre con la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años y el pago de una multa por $ 20.000, al ser hallado culpable de una infracción electoral grave al interferir en las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio del periodo electoral. La causa se deriva de una denuncia por infracción electoral grave que planteó en el 2020 Vanessa Freire, expresidenta del extinto movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS) –absorbido por el correísmo, ahora llamado Revolución Ciudadana (RC)– en contra de Celi, por emitir varios exámenes especiales en los que se recomendó al CNE extinguir a esta y otras agrupaciones políticas del registro nacional al sospecharse de anomalías en las firmas de adhesión que presentaron en el proceso de inscripción. El juez y presidente del TCE, Fernando Muñoz Benítez, despachó este 11 de marzo su fallo en el que consideró que el excontralor «interfirió en el funcionamiento de la Función Electoral, por cuanto en su calidad de autoridad pretendió imponer al Consejo Nacional Electoral su criterio en un asunto que corresponde a su exclusivo ámbito de competencias». El magistrado sienta en su fallo el criterio de que «constituye una interferencia a las atribuciones de la Función Electoral que cualquier servidor público disponga al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral que adopte decisiones que guarden relación con el ejercicio de los derechos de participación política que se ejercen en el contexto de un periodo electoral». Ordenó pagar una multa de 40 salarios básicos, correspondiente a $ 20.000, y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años. Las partes procesales pueden recurrir a este fallo, para que en segunda instancia resuelva el pleno del TCE, es decir, los cinco jueces electorales. Tres años estuvo el caso en trámite, debido a que en el 2020 el excontralor planteó ante la Corte Constitucional (CC) una acción de dirimencia de competencia, que fue desestimada por los jueces constitucionales en febrero pasado. Con ello, Muñoz reactivó los plazos para tramitar la denuncia y divulgó su fallo este 11 de marzo. Las partes procesales pueden recurrir a este fallo, para que en segunda instancia resuelva el pleno del TCE, es decir, los cinco jueces electorales. Tres años estuvo el caso en trámite, debido a que en el 2020 el excontralor planteó ante la Corte Constitucional (CC) una acción de dirimencia de competencia, que fue desestimada por los jueces constitucionales en febrero pasado. Con ello, Muñoz reactivó los plazos para tramitar la denuncia y divulgó su fallo este 11 de marzo. En el 2020, la Contraloría emitió una auditoría en la que recomendaba al CNE que elimine a Juntos Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social, porque habían incumplido con el número de firmas necesarias para tener su personería jurídica, como lo establecen la Constitución y el Código de la Democracia. Estos informes se aprobaron mientras el CNE y el TCE, que conforman la Función Electoral, se encontraban en periodo electoral organizando las elecciones presidenciales y legislativas del 2021. Vanessa Freire, expresidenta de la FCS y exlegisladora, denunció a Celi en el Tribunal por interferir en el proceso eleccionario de ese entonces, y el juez Muñoz la admitió a trámite. No obstante, suspendió los plazos para resolverla a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional. En su fallo, Muñoz reflexiona que Celi actuó de forma «abusiva» y que llegó al «convencimiento» de que la exautoridad es responsable del cometimiento de la infracción al haber suscrito auditorías con resultados vinculantes para el CNE con «el propósito de interferir en el ejercicio de una de sus competencias exclusivas: mantener el registro permanente de las organizaciones políticas, de sus directivas y verificar los procesos de inscripción». Pablo Celi de la Torre es procesado en el caso Las Torres, en el que se investigó el delito de delincuencia organizada entre 2017 y 2020. Fue sentenciado en calidad de autor en primera instancia a trece años y cuatro meses de prisión, pero apeló y está a la espera de la audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El Universo

El aron-sin-empleo-en-menos-de-dos-meses-en-ecuador/ Son distintos los contratos con los que 83.315 personas se quedaron sin empleo en el país, de acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo desde enero hasta el 5 de febrero de 2024. Estas actas de finiquito se emitieron más al concluir un contrato por acuerdo entre las partes con 13.635; por las causas legalmente previstas en el contrato con 3.572; por la conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto del contrato con 2.374; y 2.588 por terminación dentro del periodo de prueba. Es en Pichincha donde hay más actas y son 25.671. Muy de cerca está Guayas con 24.355. Por debajo de los 10.000 aparece la provincia del Azuay con 5.470; Manabí con 4.801; El Oro con 3.427; Los Ríos con 2.341; Tungurahua con 2.516 y Cotopaxi con 2.169. Según el Ministerio del Trabajo, en 2023 hubo 759.513 actas de finiquito; en 2022 fueron 750.723 y en 2021, 831.238. En tanto, en la actividad económica de comercio al por mayor y al por menor fueron 12.655; en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca fueron 12.211; en industrias manufactureras con 9.612 y en construcción, 7.752. ¿Qué hacer?Si fue despedido y aún no encuentra empleo, existe la posibilidad de usar el seguro de desempleo. Estos son los requisitos: Tener un mínimo de 24 aportaciones, no simultáneas, las seis últimas deben ser consecutivas.Haber cumplido 60 días de estar cesante.Haber cesado involuntariamente en relación de dependencia. A partir del día 61 de estar cesante, hasta un plazo máximo de 45 días posteriores, debe registrar la Solicitud de Seguro de Desempleo en la página web del IESS (www.iess.gob.ec). El Universo

Mercedes V. ingresó a ser directora provincial de Control Disciplinario del CJ, en Guayas, en febrero de 2023, en la administración de Wilman Terán. Para las 00:17 del lunes 4 de marzo pasado, cuando la Fiscalía General del Estado ya tenía las autorizaciones del juez nacional Javier de la Cadena para allanar y detener a trece personas con la finalidad de que asistan a una audiencia de formulación de cargos en lo que más adelante se bautizaría como el caso Purga, una de las personas que estaban en la lista para ser aprehendidas era Mercedes Leonor V. V., exdirectora provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas. Los allanamientos policiales y fiscales llegaron a su domicilio en la provincia del Guayas, pero la exfuncionaria judicial hasta diciembre de 2023 no estaba ahí. Horas antes, a las 18:27 del domingo 3 de marzo, ella ya había salido del país con rumbo a España. Pese a que las autoridades policiales intentaron coordinar con su par en España para poder retenerla y que fuera devuelta al Ecuador, eso no se pudo debido a que no existía una difusión roja que permita detener o haya incumplido algún tema migratorio que signifique que sea inadmitida, deportada o expulsada. Tres hechos puntuales hacen que esté Mercedes V. en el ojo de la Fiscalía dentro de una investigación que analiza a un “grupo criminal” que en la dirección tuvo al exasambleísta socialcristiano Pablo M. y en la parte de planificación a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Fabiola G. y al juez penal del Guayas Johann M. La estructura buscaba influir en el sistema de justicia de la provincia para obtener fallos en casos que eran de su interés y dejaban no solo recursos económicos, sino también materiales. Los allanamientos policiales y fiscales llegaron a su domicilio en la provincia del Guayas, pero la exfuncionaria judicial hasta diciembre de 2023 no estaba ahí. Horas antes, a las 18:27 del domingo 3 de marzo, ella ya había salido del país con rumbo a España. Pese a que las autoridades policiales intentaron coordinar con su par en España para poder retenerla y que fuera devuelta al Ecuador, eso no se pudo debido a que no existía una difusión roja que permita detener o haya incumplido algún tema migratorio que signifique que sea inadmitida, deportada o expulsada. Tres hechos puntuales hacen que esté Mercedes V. en el ojo de la Fiscalía dentro de una investigación que analiza a un “grupo criminal” que en la dirección tuvo al exasambleísta socialcristiano Pablo M. y en la parte de planificación a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Fabiola G. y al juez penal del Guayas Johann M. La estructura buscaba influir en el sistema de justicia de la provincia para obtener fallos en casos que eran de su interés y dejaban no solo recursos económicos, sino también materiales. El nombre de Mercedes V. aparece en el cuarto casillero de un informe policial de personas que eran de interés dentro del caso. A ella no se le formularon cargos por delincuencia organizada en el caso Purga, pero la fiscal general, Diana Salazar, habló mucho sobre ella dentro de la formulación de cargos contra los doce detenidos. Apoyo a la campaña para presidente de la Corte del Guayas Según la Fiscalía, Mercedes V. desde su cargo en el CJ del Guayas habría, por recomendación del exlegislador Pablo M., apuntalado la campaña de Hugo Manuel González, quien buscaba llegar a la presidencia de la Corte del Guayas en reemplazo de Fabiola G. Aparentemente Mercedes V. y su cercano Saúl M., secretario judicial también procesado en el caso Purga, ayudaron con recursos de la Judicatura a cumplir temas que eran parte de la campaña de González, quien renunció al cargo el viernes último. Sobre este tema, del expediente del caso Purga es parte una nota de voz enviada a inicios de diciembre de 2023 por Pablo M. al celular de Mayra S., comunicadora que respondía a Fabiola G. y que actualmente es procesada en el caso Metástasis. El mensaje de voz llega luego de un oficio en el que Hugo González como juez le pide a Wilman Terán, entonces presidente del CJ y hoy también uno de los 39 detenidos en Metástasis, que apruebe una solicitud de marcación electrónica. Casi al mediodía del 4 de diciembre de 2023 el usuario Pablito, que a decir de Fiscalía le correspondería a Pablo M., en un mensaje de voz se refiere al documento de González y le dice a Mayra S.: “No había visto esto muy importante. Esto tiene que ir dirigido nada más a Meche. No lo hagamos tan grande o la Ley dice que el director, el presidente es el que tiene que hacerlo. Yo pienso que la directora puede hacerlo inmediatamente”. Un día después, el 5 de diciembre, el procesado Saúl M. se comunica con Mayra S. para decirle: “El ‘amigo′ había hablado con la ‘Directora’ para que le apruebe el tema de marcación electrónica para los funcionarios de la Corte Provincial por el tema de seguridad personal, lo cual sería utilizado para la campaña presidencial de ‘Hugo’ y la grabación de un video promocional”. Según la investigación, en el contexto de los diálogos “Amigo” se le diría al exlegislador Pablo M. “La visión delictiva del grupo criminal proyectaba mantenerse en el tiempo buscando el control de la siguiente administración de la Corte Provincial de Guayas. Para el efecto, entonces, era necesario brindar el apoyo en campaña a uno de los candidatos a suceder a Fabiola G. y que obviamente responda a los intereses del líder de esta estructura, siendo elegido entonces Hugo Manuel González Alarcón, a quien, gracias a la gestión de Pablo Muentes por medio de los ya nombrados Mercedes V. y Saúl M.,gestionaron la implementación del timbre electrónico para todos los jueces de la Corte Provincial de Guayas, como una oferta de campaña del referido candidato”, explicó Salazar al juez De

“486 mecheros arden sin descanso, liberando más de 250 sustancias tóxicas. Estos contaminantes afectan la vida y el ambiente”, alertan los colectivos. Diversas organizaciones sociales y colectivo ambientales en Ecuador convocaron hoy a una jornada de movilización nacional para exigir la eliminación de los mecheros (quema de gas) en la Amazonía. “Eliminen los mecheros y enciendan la vida”, es el lema de las jornadas de movilización que se extenderán en varias partes del país y que incluyen actividades como foros, conferencias de prensa y una concentración en el parque El Arbolito en Quito. El colectivo Acción Ecológica denunció, a través de su cuenta de X, que los mecheros son una práctica obsoleta que existe en el país, desde que la empresa petrolera estadounidense Chevron inició sus operaciones en la Amazonía. “Más de cinco décadas después la empresa estatal Petroecuador usa el mismo método de quema de gas que pone en riesgo vidas y el ambiente. Existen mejores métodos”, advirtió el colectivo ambientalista. En las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, más de 486 mecheros arden sin descanso, liberando más de 250 sustancias tóxicas. Los contaminantes afectan la vida y el ambiente hasta 10 kilómetros a la redonda. El pasado 26 de febrero la activista climática de 14 años, Leonela Moncayo, junto a otro grupo de niñas de la Amazonía, denunció ante la Asamblea Nacional que un artefacto explosivo improvisado estalló en su casa, cinco días después de que fuera criticada por la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, por su activismo contra la quema habitual de gas. En su intervención en la Asamblea, la ministra Arrobo dijo que el Gobierno había eliminado dos mecheros y que, por tanto, ya había cumplido la sentencia. La funcionaria declaró que una cosas es insistir en la eliminación de mecheros y otra es causar pánico, subestimando la dimensión del problema. Asimismo, Arrobo insinuó que las niñas habían sido manipuladas. Las investigaciones apuntan que la quema de gas en mecheros es uno de los procesos de la extracción de petróleo que más contribuye a la crisis climática aquí a causa de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el Dióxido de Carbono (CO2). El 29 de julio de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos determinó que el Estado ecuatoriano ignoraba el derecho a un medioambiente saludable, desatendía el derecho de las demandantes a la salud y no cumplía con sus obligaciones para mitigar el cambio climático. La Corte resolvió que el Gobierno debía eliminar gradualmente los mecheros, especialmente cerca de zonas pobladas, y debía otorgar reparación a las comunidades afectadas. RADIO PICHINCHA

Las personas que tengan tatuajes en su rostro, cuello, orejas, brazos, muslos o pantorrillas no califican para ingresar a la Armada del Ecuador. Asimismo, quienes tengan imágenes de este tipo, en cualquier parte de su cuerpo, con lenguaje vulgar o representen algún acto sęxụal explícito, serán descalificadas. En un reciente video, la institución recordó sus lineamientos con respecto a los tatuajes. Subraya que los dibujos corporales que simbolicen alguna afiliación política o partidista, relacionados con pandillas o grupos criminales, que recomienden el uso de drogas ilícitas o «que sean contrarios a los valores institucionales del país o de las Fuerzas Armadas» no son aprobados. Incluso si el tatuaje pasa la primera revisión, pero es visible usando el uniforme deportivo (shorts y camiseta), el postulante igual será declarado no apto para ingresar a la institución. La disposición sobre los tatuajes no solo ocurre en Ecuador. Está vigente en otros países como Chile El lunes 18 de marzo, la Armada comenzará a receptar carpetas para los aspirantes a oficiales y tripulantes, y para los aspirantes a marinos mercantes. Adicionalmente, la institución recibirá hasta el 21 de marzo las carpetas de postulantes a oficiales especialistas en Música. Tatuajes, mal vistos también en la PolicíaEn la Policía Nacional, desde este año tampoco se admite a personas con tatuajes en lugares visibles de su cuerpo. El director nacional de Educación de la institución, José Antonio Vargas, ha anunciado que esta disposición se aplicará únicamente para quienes deseen ingresar a la Policía y no para quienes ya forman parte del organismo.