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Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El allanamiento se produjo en el sector de San Agustín, y fue ejecutado por el Bloque de Seguridad. Esto ocurre mientras la cúpula policial y militar opera desde Manta. La casa de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue allanada este viernes 7 de junio por policías y militares del Bloque de Seguridad, en Manta. Las autoridades buscan recabar datos que ayuden a dar con el paradero del prófugo cabecilla principal de Los Choneros, cuyo escape de la cárcel Regional se conoce desde inicios de enero de 2024. La vivienda está ubicada en el sector de San Agustín, en la parroquia Los Esteros, Manta. Este operativo ocurre mientras las cúpulas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operan desde esa ciudad manabita, tras el incremento de muertes violentas. En la casa allanada, además, detuvieron a alias Terremoto. El pasado 13 de enero, esa casa fue revisada por los uniformados, y encontraron 500 gramos de marihuana, una alimentadora, y municiones para armas de 9 milímetros. Noticia en desarrollo…

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí ha ratificado la sentencia de un año de pena privativa de libertad contra Banny Molina, exjuez de Garantías Penitenciarias, tras rechazar el recurso de apelación presentado por su defensa. El exmagistrado, que ordenó la liberación del exvicepresidente Jorge Glas y a Daniel Salcedo, fue declarado culpable del delito de usurpación y simulación de funciones públicas. La Sala de lo Penal de la Corte Provincial acogió el pedido de la Fiscalía, que argumentó que la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Andrés Peñaherrera, entonces director general del Consejo de la Judicatura. La denuncia señalaba que el exjuez Molina había emitido órdenes de excarcelación para tres privados de libertad, favoreciéndolos con acciones de habeas corpus a las 16:46 del 5 de agosto de 2022. Estas órdenes fueron emitidas después de que Molina ya había sido llamado a juicio en otra causa ese mismo día, antes de las 13:00, lo que indicaba que actuó fuera de su jurisdicción, que ya se encontraba suspendida. Con base en los elementos de convicción, Fiscalía solicitó la detención del denunciado, la misma que se ejecutó el 9 de agosto de 2022 en San Jacinto, cantón Sucre, y posteriormente se le formularon cargos por presunta usurpación y simulación de funciones públicas. El Tribunal de apelación analizó nuevamente las pruebas presentadas, entre las que destacan los testimonios de funcionarios del Consejo de la Judicatura, que señalaron que el 5 de agosto se emitió la resolución en la que se llamaba a juicio al –hasta ese momento– juez Banny Molina por un presunto prevaricato. No obstante, continuó despachando causas. Entre estas, las resoluciones emitidas horas más tarde de ese mismo día (que también fueron presentadas como pruebas de cargo), en las que aceptaba los habeas corpus a favor de los sentenciados por actos de corrupción, el exvicepresidente Jorge Glas y Daniel Salcedo. También cobró relevancia la acción de personal del Consejo de la Judicatura, en la que se señala la suspensión del mencionado, quien el 22 de diciembre fue destituido como juez “por haber cometido infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones”. Mientras que en octubre de 2023, un Tribunal de Manabí también dictó una condena de tres años de prisión contra el exmagistrado, a quien declaró culpable de prevaricato. El delito ocurrió en diciembre de 2018, cuando el entonces juez ordenó que una persona –luego de ser declarada culpable por un delito de peculado y sentenciada a 2 años de prisión– cumpla la totalidad de su pena privativa de libertad en su domicilio (arresto domiciliario), sin que se cumplan las condiciones necesarias para otorgar ese beneficio.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El primer mandatario ha mostrado su interés por participar en las elecciones generales del 2025. Limar asperezas con la vicepresidente Verónica Abad es la única vía para la transición de poder en buena lid mientras Daniel Noboa es candidato a la reelección y encarga la Presidencia a la segunda mandataria, señalaron especialistas en temas electorales consultados por EL UNIVERSO luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) respondió a la Procuraduría General que no tiene facultad para realizar interpretaciones sobre la consulta hecha el mandatario. El presidente Noboa elevó, el 21 de mayo pasado, la consulta al procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, respecto a si requiere pedir licencia sin remuneración para postularse nuevamente como candidato a la dignidad presidencial, tomando en cuenta que fue electo presidente como consecuencia de la disolución de la Asamblea Nacional. La solicitud hecha al procurador del Estado buscaba que se absuelva la consulta respecto a la aplicación del artículo 93, inciso segundo de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. En consecuencia, la Dirección de Asesoría Jurídica del CNE concluyó que no tiene la facultad de realizar interpretaciones de las disposiciones normativas jurídicas, que deberán aplicarse de acuerdo con la literalidad del texto normativo. Nicanor Moscoso y Medardo Oleas, ambos expresidentes del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, mencionaron que “la única salida” que tiene Noboa para que la transición del mando no cause estragos al país ni a su candidatura y exista una unidad de criterio mientras él es candidato y ella asume la Presidencia es entablar un diálogo con Abad y/o reconciliarse. Para Moscoso, el CNE no está siendo frontal con la Procuraduría General del Estado sino que está buscando una forma delicada de responderle. “El CNE prácticamente no le ha respondido nada (al procurador), le ha dicho simplemente ‘Yo no tengo nada que ver en esto, responda usted si es que quiere responder’. No le está dejando ni siquiera puerta abierta”, analizó. “La Corte Constitucional anteriormente había dicho que el procurador no puede tener pronunciamientos sobre temas constitucionales; o sea que, en ese sentido, la consulta es para interpretación del tema constitucional y entonces el procurador en realidad no tiene facultad para contestar eso. Le podría acarrear consecuencias como un juicio político en caso de que él tenga una respuesta”, sostuvo Moscoso. Por su parte, Oleas calificó como “grave” que el procurador planteara la consulta de Noboa al CNE. Subrayó que la norma del artículo 93, inciso segundo de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, es “clara” y la consulta que realizó Noboa fue “mal utilizada ya que buscaba una salida a un hecho que Noboa no quiere cumplir”, que es entregar la Presidencia a Abad. “Las disposiciones legales son para aplicarse y solamente en caso de duda se puede realizar una interpretación, pero la única que puede hacer una interpretación es la Asamblea Nacional, y si alguien considera que es inconstitucional a la Corte Constitucional”, remarcó Oleas. Noboa consultó: “¿Es aplicable el inciso segundo del artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que establece: “(…) los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral (…)”, a quien opte por postularse a la candidatura presidencial, habiendo previamente sido electo Presidente de la República, como consecuencia de la disolución de la Asamblea Nacional, realizada en aplicación del artículo 148 de la Constitución de la República, tomando en cuenta que la Corte Constitucional en la sentencia interpretativa Nro. 002-10-SIC-CC determinó que, en este caso, los dignatarios que resultaren electos ejercerán sus funciones: ‘(…) únicamente para completar el resto de los respectivos periodos, por lo tanto, no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de una eventual reelección (…)’?”. A la consulta, el primer mandatario adjuntó el informe jurídico suscrito por la secretaria jurídica de la Presidencia, Mishel Mancheno, donde hace algunas observaciones y recomendaciones, como el hecho de que quien ha sido electo presidente de la República como consecuencia de la disolución de la Asamblea Nacional en aplicación del artículo 148 de la Constitución de la República no desempeña un periodo presidencial completo de cuatro años, por cuanto únicamente es elegido para completar el resto del periodo. En el análisis y las conclusiones del informe del CNE se indica que la sentencia interpretativa número 002-10-SIC-CC emitida por la Corte Constitucional (CC), respecto de los artículos 130 y 148 de la Constitución, analiza de manera concreta el tema del periodo regular imputable para el caso de reelección. Así también, anota el CNE, el artículo 219 de la Constitución y el artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establecen puntualmente las funciones y competencias del CNE, que están enfocados a organizar, garantizar la transparencia y legalidad dentro de los procesos electorales. Por otro lado, se afirma que el numeral 3 del artículo 237 establece que el procurador general tiene como función asesorar legalmente y absolver las consultas jurídicas de las instituciones públicas, sobre temas que la Constitución o la ley no otorgue competencias a otras autoridades u organismos del Estado. “Corresponde a esta Dirección Nacional indicar que este órgano electoral no tiene la facultad de realizar interpretaciones de las disposiciones normativas, que deberán aplicarse de acuerdo con la literalidad del texto normativo. El presente criterio por su naturaleza no es de carácter vinculante, se circunscribe solamente a los términos de la consulta planteada, por lo tanto, no constituye disposición administrativa, teniendo como única y exclusiva finalidad facilitar elementos de juicio”, se anotó. (I)

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Un supuesto caso de nepotismo se registraría en el sistema de justicia de la provincia de Tungurahua. Aunque la Judicatura no se ha pronunciado ya que no se incurriría en esa figura, el caso genera inquietud sobre la ética profesional. El Comisionado Internacional de los Derechos Humanos Nueva Generación, Jimmy Ordóñez, dirigió una carta al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, informándole sobre el caso: En su escrito se menciona a la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua, Daysi López, y su esposo Pablo Vaca, juez de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua. Según el comisionado de Derechos Humanos, mediante una acción de personal del 5 de enero de 2024, López aceptó el cargo de directora provincial del CJ de Tungurahua (e), a pesar de que ella es casada con el juez Vaca. Para Ordóñez, la controversia se daría cuando el 12 de enero de 2024, Vaca fue designado presidente de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua. De acuerdo con Ordóñez, esa designación la habría realizado López (esposa de Vaca), siete días después que ella asumiera la Dirección Provincial de la Judicatura. Cabe recordar que cada entidad designa a su autoridad. En este caso, los jueces de la Corte Provincial son lo que eligieron a Vaca. La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) exceptúa a las servidoras y servidores de carrera que mantengan una relación de parentesco con las autoridades que hayan sido nombradas con anterioridad a la elección y posesión de la autoridad nominadora. Deberá excusarse En su carta, Ordóñez advierte que, en contra de Vaca, y dos de sus compañeros de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, existiría el inicio de un sumario administrativo disciplinario, el mismo que debería ser conocido por López como directora provincial del CJ. Al consultar a juristas, se indicó que López, al representar al órgano de gobierno, administración y disciplinario de la Función Judicial, deberá excusarse cuando el caso de su esposo llegue a su conocimiento. En un diálogo con Radio Pichincha, Ordóñez indicó que entre los abogados en Tungurahua se comenta el tema, sobre todo, el rol que asumirá López con su cónyuge. Ordóñez señaló que hace dos semanas presentó la carta dirigida al titular del CJ, en la que le dio a conocer el caso. Por ahora, todavía no tiene una respuesta. ¿Qué es el Nepotismo?Es la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad. El artículo 230 de la Constitución señala que en el ejercicio del servicio público se prohíbe el nepotismo y, el artículo 103 del Código Orgánico de la Función Judicial también señala las prohibiciones que deben tener en cuenta los servidores de la Función Judicial. En esa línea está prohibido desempeñar más de un cargo o puesto en el sector público simultáneamente. La LOSEP es clave La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) dedica un capítulo al nepotismo. El artículo 6 habla del nepotismo, inhabilidades y prohibiciones. Se prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho. La prohibición señalada se extiende a los parientes de los miembros de cuerpos colegiados o directorios de la respectiva institución. Además, precisa que si al momento de la posesión de la autoridad nominadora, su cónyuge o conviviente estuvieren laborando bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales o de servicios profesionales en una institución que está bajo el control de esta autoridad, los contratos seguirán vigentes hasta la culminación de su plazo y la autoridad nominadora estará impedida de renovarlos. Los cargos de libre nombramiento y remoción se darán por concluidos al momento de la posesión de cualquiera de las autoridades nominadoras. Tampoco se podrá contratar o nombrar personas que se encuentren dentro de los grados de consanguinidad mientras la autoridad nominadora se encuentre en funciones. Radio Pichincha