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¡Promociónate con nosotros! El 28,4 % de los vehículos registrados en el país son motocicletas, según la ANT. Cuatro de cada diez personas que mueren en siniestros viales en Ecuador son motociclistas, según lo revela un estudio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) presentado en la quinta Jornada Iberoamericana de Seguridad Vial Ecuador, que se desarrolló este martes 9 de julio en Quito. Este índice preocupó a las autoridades y los expertos que participaron en el encuentro que congregó a especialistas de Colombia, Costa Rica, México, Estados Unidos y Ecuador. En la cita, que se enfocó en el uso de las motocicletas en Ecuador, la ANT reveló además que el 28,4 % de los vehículos registrados en el país son motocicletas, y que son estas las que están involucradas en tres de cada diez siniestros viales. En el informe se detalló también que el año pasado se reportaron 20 994 accidentes en todo el país, que dejaron 18 605 personas lesionadas y 2 373 fallecidos en el lugar del siniestro, lo que representó un aumento del 7,76 %, en comparación al año 2022. La tendencia de accidentes que se vinculan a motocicletas se incrementa los fines de semana, cuando se alcanzan tasas de entre el 18,4 y el 20,1 %, mientras que de lunes a viernes oscila entre el 11,3 y el 13,4 %, añadió la fuente. Remarcó que entre las principales causas en los accidentes de motociclistas constan el exceso de velocidad (28,4 %), maniobras temerarias e imprudentes (23,2 %) y rebasar por lugares no permitidos (17,6 %). Las provincias con mayor tasa de siniestralidad por cada 10 000 motociclistas son Santo Domingo de los Tsáchilas (8,7 %), Guayas (7,6 %), Los Ríos (7 %), Santa Elena (6,3 %) y El Oro (5,1 %), Azuay (4,6 %), Tungurahua (3,5 %), Pichincha (3,3 %) y Cañar (2,5 %). ¡Promociónate con nosotros!

¡Promociónate con nosotros! Las fuerzas del orden pidieron al Consejo de la Judicatura que designe e implemente a escala nacional jueces y juzgados penales, militares y policiales. Con la vigencia de la constitución de Montecristi desapareció el sistema de justicia penal, militar y policial. Se dispuso entonces el nombramiento de jueces y juezas especializados para juzgar a uniformados por infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones. Según las Fuerzas Armadas, la Judicatura no ha cumplido con esta disposición constitucional y el sistema de justicia penal ha cometido errores al juzgar al personal militar por infracciones vinculadas con sus cargos. Este martes, el presidente saliente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, y el ministro de defensa, Giancarlo Loffredo, firmaron un acuerdo para acelerar la designación de estos jueces. Un estudio jurídico realizado por el Ministerio de Defensa señala que se requieren 14 jueces, 6 conjueces, 2 fiscales, 8 secretarios y amanuenses en el país. Román firmó este acuerdo a horas de dejar el cargo en un evento realizado de forma reservada en la academia de guerra de la Fuerza Aérea. ¡Promociónate con nosotros!

¡Promociónate con nosotros! Efectivos policiales y militares fortalecerán los operativos de seguridad en seis provincias del país, donde ocurre la mayoría de asaltos y secuestros a transportistas. Este fue el acuerdo al que llegaron representantes del transporte liviano y mixto con el Gobierno. En la mesa técnica realizada este 9 de julio en Guayaquil, Napoleón Cabrera, presidente de la Fenacotrali, reiteró el pedido, a nombre de las ocho federaciones nacionales que la integran, de mayor seguridad. Insistió en que la mesa técnica debe funcionar de manera permanente y pidió que el control sea «evidente por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas». Al respecto, Luis Ávila, subsecretario de Gobernabilidad, destacó los consensos en este tema y adelantó que todos los lunes tendrán una reunión presencial en la que se analizará los resultados. Agregó que mantendrán diálogos constantes y «ejecutarán recorridos de operatividad». Ávila detalló que, al momento, están activos operativos en Guayas, Santo Domingo, El Oro, Los Ríos, Manabí y Azuay. Dijo que en estas provincias se identificaron los principales puntos «donde han sido víctimas los transportistas» de delitos como asaltos y secuestros. «Vamos a hacer operativos, pero no voy a decir ni fecha ni hora, sino que desde ya están trabajando, porque también puede haber fuga de información», agregó el secretario de Gobernabilidad.Revise: Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dice que se necesita la unidad de los sectores populares más golpeados por el Gobierno Esteban Torres, viceministro de Gobierno, señaló que los primeros acuerdos entrarán en vigencia el 10 de julio. «Se incrementarán los controles policiales y militares en tres de las rutas más sensibles: Pichincha-Santo Domingo, Santo Domingo-Los Ríos, Los Ríos-El Empalme y Mocache», dijo. La Fenacotip anunció «silencio de motores» ante la inseguridad vial Miguel Bonilla, presidente de la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros Intra e Inter Provincial (Fenacotip), anunció este martes un «silencio de motores» para el próximo 16 y 17 de julio, por la inseguridad que viven los conductores en las carreteras. Los transportistas habían acordado con el Gobierno trabajar en mesas de seguridad, pero a criterio de Gómez, «esas mesas no están garantizando lo que nosotros pensábamos». Napoleón Cabrera, de la Fenacotrali, aseguró que no se trata de un paro nacional, sino de una medida de protesta pacífica. Y dijo que trasladó la inquietud de la Fenacotip a la mesa técnica que estuvo definida desde la semana anterior. Esteban Torres se refirió a esta paralización y señaló que este martes, participaron todos los actores del transporte de todo tipo, incluyendo al sector del transporte pesado. «Una sola organización de ese sector ha decidido un apagado de motores por 48 horas, lo cual no significa paralización ni cierres viales», agregó. El funcionario dijo que el anuncio fue sorpresivo, puesto esa organización estuvo presente en las mesas anteriores y «conocía que hoy se instalaba la mesa más solicitada por ellos mismos». ¡Promociónate con nosotros!

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El Concejo de Quito aprobó este martes 9 de julio de 2024 una ordenanza que prohíbe la circulación de dos personas en una misma motocicleta. La medida aplicará para todos los vehículos de este tipo que circulen en el Distrito Metropolitano. La normativa, que sigue las recomendaciones de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), fue aprobada con la votación de 12 concejales. Hubo un voto en contra y cinco abstenciones. El concejal Bernardo Abad fue el proponente de la ordenanza, para reducir los índices de inseguridad en la capital y prevenir delitos como robos, asaltos e incluso asesinatos bajo la modalidad de sicariato. Una resolución de la ANT del 9 de junio de 2022 ya había establecido la prohibición en la circulación de dos personas en una motocicleta, a escala nacional. En esta normativa se establecen algunas excepciones para el traslado personas en una motocicleta: a) Cónyuge o conviviente en unión de hecho del conductor, debidamente inscrita en el registro civil. b) Hijos o hermanos del conductor c) Personas con discapacidad d) Adultos mayores e) Mujeres f) Menores de 12 años g) Los servidores públicos que en el cumplimiento de sus funciones circulen en motocicletas institucionales. La sanción para aquellos que incumplan con la normativa será una multa de un 15% de un salario básico unificado (SBU), es decir USD 69,75 al 2024. Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que unos 92 carros serán subastados en agosto de este año por deudas tributarias. Además, la entidad recordó a los ciudadanos que pueden acogerse a la remisión de intereses para ponerse al día con el fisco o recuperar los bienes secuestrados. En la agencia, ubicada en la avenida Luis Tufiño, al norte de la capital, se exhiben 23 carros que fueron embargados a contribuyentes que adeudan valores a la administración tributaria. Estos serán rematados si es que sus dueños no pagan los valores pendientes. Además, el SRI mantiene otros 24 vehículos en proceso de embargo. Con lo cual, suman 92 automotores secuestrados o puestos a órdenes de un depositario fiscal hasta que llegue el momento de su subasta o el pago de las obligaciones por parte del contribuyente. El director general de la institución, Damián Larco, manifestó en un comunicado que los contribuyentes pueden evitar que sus bienes sean secuestrados o embargados, poniéndose al día con sus obligaciones tributarias y pagando las deudas que mantengan con el SRI. Resaltó que si lo hacen hasta el 31 de julio de 2024 pueden beneficiarse de la remisión de intereses, multas y recargos, pagando únicamente el valor del capital. De lo contrario, los morosos son propensos a acciones coactivas. Larco también subrayó que, incluso aquellos contribuyentes cuyos bienes han sido embargados, pueden acogerse a la remisión de intereses, multas y recargos pagando su deuda antes de la subasta. De esta manera se archivarán sus procedimientos coactivos, les serán devueltos los bienes secuestrados, y se levantarán todas las medidas cautelares que pesan sobre el deudor. La remisión de intereses está contemplada en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo; y aplica para obligaciones tributarias pendientes de pago generadas hasta el 31 de diciembre de 2023 (excepto el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023). Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Un exjuez que es procesado por devolver bienes, de forma ilegítima, a la familia de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, recibió arresto domiciliario. El exmagistrado es acusado de presunto delito de prevaricato. Luego de casi cinco meses, se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de Juan Eduardo E. Z., quien fungía como juez de Manta. El sujeto de 65 años habría devuelto bienes a la familia de alias ‘Fito’ en el contexto de un proceso por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria que la Fiscalía llevó adelante en el año 2020. En esa época, el Ministerio Público recuerda que Juan Eduardo dictó auto de sobreseimiento a favor de cinco familiares del líder criminal, entre ellos Inda Mariela P. T. (esposa) y dos empresas. También ordenó que se levante la incautación y prohibición de enajenar que pesaba sobre varios vehículos e inmuebles. Sin embargo, el Fiscal que llevó la causa presentó un recurso de apelación. El 4 de enero de 2021, el proceso fue sorteado a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, la misma que avocó conocimiento el 7 de enero de 2021. Pese a que el caso ya no estaba a su cargo, el exmagistrado suscribió los oficios de levantamiento de la incautación de los bienes a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Inmobiliar y Registro de la Propiedad de los cantones Manta y Bolívar. “La interposición de un recurso suspenderá la ejecutoria de la decisión, con las salvedades previstas en este Código”, precisó el Fiscal Provincial de Pichincha durante la formulación de cargos. Es así que la jueza ordenó arresto domiciliario, ya que el procesado es adulto mayor. Además, se dispuso prohibición de enajenar sus bienes. La instrucción fiscal durará 90 días por presunto prevaricato. Juan Eduardo E. Z. podría ser sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años y multa de 20 a 30 salarios básicos unificados. Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por doce meses. Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!