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Salió la mañana de este viernes 12 de julio de una prisión de mujeres en Chillogallo, en Quito, en un vehículo militar. Mayra Salazar, una de las 52 procesadas en el caso Metástasis y pieza clave en el caso Purga, fue trasladada a la cárcel de Cotopaxi. Salió la mañana de este viernes 12 de julio de una prisión de mujeres en Chillogallo, en Quito, en un vehículo militar. Sus abogados temen por su vida, pues aseguran que esa cárcel no ofrece las garantías necesarias para su defendida. En conversación con Ecuavisa.com, el jurista Christian Marín indicó que desconocía el motivo del traslado y que había intentado conversar con la directora de esa prisión, pero no logró tener una respuesta. – En breve más información –

Un funcionario de la Fiscalía de La Libertad, provincia de Santa Elena, fue asesinado a tiros mientras se dirigía a su casa. El Ministerio Público abrió una investigación. Se trata de Óscar Cabezas Velasco, secretario de la Unidad de Personas y Garantías del Ministerio Público. El pasado miércoles 10 de julio del 2024, el hombre caminaba a su vivienda, ubicada en el barrio UNE del cantón La Libertad, cuando sujetos motorizados lo interceptaron y dispararon. La Fiscalía abrió una investigación tras la muerte violenta. Además, dispuso el levantamiento del cadáver y la práctica de la autopsia. También, ordenó la extracción de información de cámaras de videos ubicadas en los alrededores del lugar de los hechos, donde se levantaron 10 indicios balísticos. Por su parte, el agente fiscal Víctor Tomalá, quien arribó al sitio del crimen, comentó que la víctima era jefe de familia y, al parecer, formaba parte del programa de víctimas y testigos. Este sería el segundo funcionario de la Fiscalía asesinado en la provincia de Santa Elena. El abogado Andrés Matías Orozco también fue víctima de sicariato en el barrio Enrique Candell del cantón Santa Elena. “No hay seguridad ni para los funcionarios, ni para la ciudadanía. Actualmente, la provincia está en estado de excepción, pero debe haber un mayor control para combatir la delincuencia”, comentó Víctor Tomalá. Mientras tanto, las muertes violentas en la provincia de Santa Elena ascienden a 105 en lo que va del año.

La fiscal Diana Salazar denunció este 11 de julio que han filtrado información sobre su embarazo y anunció que tomará acciones legales. En un comunicado difundido en su cuenta personal de la red socia X, Salazar aseguró que esta filtración fue «proporcionada por una mujer» y citó artículos legales que indican que la divulgación de la información privada de una persona está penada por la ley y viola sus derechos «como ciudadana y como mujer embarazada a la privacidad y confidencialidad…». Con un mensaje severo, expresó que no va a tolerar más «infamias de los mentirosos de siempre», aunque no se precisa a quién o a quiénes se refiere. Propuesta de Salazar para los «inescrupolosos»Sí insinuó que hay quienes creen que su embarazo es una mentira y en este sentido retó a «todos los mentirosos e inescrupulosos a que propongan tres médicos para que sean estos profesionales de la salud quienes certifiquen que todo lo que dice esta banda (porque eso es lo que son) es una vil mentira». Salazar resaltó que si bien es una funcionaria con alto nivel de exposición pública y mediática, su vida personal es privada. «La vida que crece dentro de mí, la privacidad de nuestra familia y nuestra seguridad no son cuestiones que le atañan a nadie más que a nosotros como familia». Solicitud para seguimiento a su juicio políticoEl comunicado de Diana Salazar coincide después de que este jueves el expresidente Rafael Correa hiciera un comentario sobre su embarazo. «Si la fiscal tenía un embarazo de alto riesgo, ¿por qué no pidió licencia en la Fiscalía?», expresó en su red social X. Este jueves también se conoció que la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) dar seguimiento a la solicitud de juicio político, que se encuentra suspendido por su embarazo. No obstante, Garzón explicó que nunca ha pedido información sobre su embarazo o estado de salud. «Lo íntimo, incluido el estado de salud de todo funcionario, no nos compete ni se ha mencionado en ningún documento firmado por mi persona», sentenció.

La intención de eliminar las pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes de la República, vuelve a la Asamblea Nacional. Este 11 de julio de 2024, el asambleísta de Construye, Paúl Buestán presentó un proyecto de ley para eliminar ese beneficio. Esta vez, el proyecto busca que se elimine el título XII de la Ley Orgánica de Servicio Público en el que se incluyen los dos artículos que norman la entregan de eso recursos a exmandatarios. Buestán dijo que el objetivo es el ahorro de esos recursos ya que hay una incongruencia en la normativa porque tanto expresidentes como exvicepresidentes ya no son funcionarios públicos y esa ley norma precisamente el ejercicio de quienes son parte del servicio público. “Se sigue destinando aproximadamente USD 85.000 mensuales para pagar a 27 privilegiados del país. Tienen que extinguirse estas pensiones”, dijo el legislador de Construye después de presentar su proyecto. La propuesta es que, en caso de ser aprobado, no solo deje de pagarse ese rubro a los próximos presidentes y vicepresidentes cuando dejen el cargo; sino también a los actuales beneficiarios, sus herederos o conyugues. Una vez presentado el proyecto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificarlo. Después de eso sería remitido a una comisión que maneje una temática acorde al proyecto. No es el primer intento para eliminar pensionesLa eliminación de las pensiones vitalicias ha rondado la Asamblea en los últimos tres periodos legislativos. Además, en 2019, el colectivo Quinto Poder Somos Todos, recogió friams para impulsar esa medida. Sin embargo, la acción no se ha concretado. Lo último que se trató respecto a este tema es un reajuste a ese rubro. En febrero de 2023, la Asamblea tenía previsto tratar en segundo debate el informe elaborado por la Comisión de Derechos de los Trabajadores en el que se establecía una reducción del 25%

Rosa Argudo, secretaria nacional del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), habló a través de un video publicado en su cuenta de YouTube sobre las acusaciones por presunto nepotismo y tráfico de influencias. El proceso lo siguen cinco asambleístas de Azuay. El sindicato convocó a una asamblea extraordinaria el jueves 10 de julio de 2024, por zoom. Los puntos del orden del día fueron las «denuncias maliciosas de asambleístas» y la «toma de la organización por asalto». En el video, desarrollado en modalidad entrevista, Argudo detalló y respondió que, a raíz de la fiscalización, ella y su familia habrían recibido amenazas de muerte. Además, responsabilizó a los asambleístas de Azuay y al dirigente del Frente Unitario de Trabajadores Sebastián Cevallos de lo que le pueda pasar. «Responsabilizo a los asambleístas de lo que me pase a mí y a mi familia». También señaló que ella es blanco de investigación porque hay intereses de parte de los asambleístas. «Lo que buscan es tapar la mala práctica médica que hay en el IESS». Ella habría solicitado una reunión con los legisladores en enero de 2024. Menciona que el objetivo era buscar apoyo político para quitar la «deficiencia» que existe en el Hospital del IESS José Carrasco Arteaga. «Buscábamos construir dos torres médicas junto al hospital». Ahí funcionarían áreas de oncología, hematología, pediatría y clínica. «No es mi responsabilidad como sindicalista, pero sí como ciudadana», mencionó. A la cita solo llegaron dos delegados de los asambleístas. «Dijeron que les mandaron a oír», comentó. Su comparecencia La mujer detalló que el 25 de junio de 2024 asistió a la Casa Legislativa de Azuay para acompañar al gerente del hospital José Carrasco. Según su versión, imaginó que aportaría con información sobre el presunto caso de negligencia en el que presuntamente operaron a una menor en la pierna equivocada. Sin embargo, detalló que fue “emboscada”. “Me preguntaron sobre lo sindical, saliéndose totalmente del tema de negligencia por la operación de la niña en su otra pierna…Me llevaron con engaños, me cogieron sin documentos y desprevenida». Sobre el sindicato Argudo detalló que en el Sindicato Único de Trabajadores del IESS en el que es secretaria hay 5.357 personas registradas que están bajo el Código de Trabajo y contratación colectiva. Sobre su proceso de reelección, señala que sus compañeros de base la respaldaron por cinco ocasiones consecutivas con un 90% de respaldo. Presunto nepotismo La secretaria detalló que en el IESS no solo trabajan sus familiares. «No solo trabaja mi familia sino la familia de muchos funcionarios en el Ecuador». Trabajan 15, 12, 20, 8 miembros por funcionario». Señaló también que sus tres hijos y su nuera trabajan en esa casa de salud tras ganar un concurso público. “El nepotismo ocurre cuando una autoridad nominadora designa autoridades. Yo soy obrera, no autoridad», detalló. Presunto tráfico de influencias La investigada dijo que los asambleístas deben probar que existe tráfico de influencias. Sobre el hotel San Antonio, ubicado en Cuenca, detalló que este hotel pertenece a la Confederación de Obreros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señaló que el Registro Único de Contribuyentes está a nombre de su hijo Pablo Terreros, porque es un miembro base de la organización y él apoyó en los trámites para obtener los permisos de funcionamiento. Menciona que tiene las escrituras que avalan que el hotel le pertenece a dicha Confederación. Máquinas dispensadoras En cuanto a las máquinas dispensadoras de alimentos que funcionaban en varias casas de salud ratificó que en junio de 2021, en un acuerdo entre particulares, las máquinas fueron adquiridas por su hija Eulalia Terreros. «Mi hija pagó USD 200 en la tesorería del hospital», argumentó. Rosa Argudo fue notificada por la Contraloría General del Estado el 8 de julio de 2024. La institución le practicará un examen especial. Dijo que ella y sus familiares no tienen miedo de abrir sus cuentas.

Samara Rivera, viuda de Jorge Luis Zambrano (alias Rasquiña), quien fue el máximo cabecilla del grupo delincuencial organizados Los Choneros, logró que un tribunal de la Corte Provincial del Guayas revocara la orden de detención que habían dictado contra ella, dentro del proceso judicial que tiene por asociación ilícita. La disposición de aprehenderla fue realizada el pasado 7 de junio, cuando se determinó que Rivera no había asistido, sin justificación alguna, a su audiencia de juzgamiento. Tal decisión fue hecha con el fin de que se asegure su presencia en la reinstalación del juicio. Sin embargo, mediante un escrito, explicó que su ausencia se debió a que tuvo un problema de conectividad, el cual no pudo ser resuelto, debido a que no pudo conseguir la asistencia tecnológica necesaria por la diferencia horaria que tiene con Ecuador, también indicando que se encuentra fuera del país. Se comprometió a asegurar su presencia en las siguientes comparecencias, solicitando que se deje sin efecto la orden de detención contra ella; también afirmando que desde su defensa nunca se ha pedido un difirimiento en la audiencia. En un posterior documento, enviado el 14 de junio, Rivera señaló que estuvo presente en las diligencias realizadas entre martes 11 y jueves 13 de junio, lo cual dejaría «sin fundamento el argumento de la providencia» en donde se ordena su orden de captura, porque demostró que está compareciendo en la audiencia de juicio. El tribunal aceptó su argumento, y el pasado 18 de junio, revocó la disposición de aprehenderla. Sin embargo, en un escrito que fue publicado en el sistema judicial el 9 de julio, la defensa de Rivera hizo una nueva petición. Pidió que, por intermedio de secretaría, se elabore un oficio al jefe de la Policía Nacional del Ecuador, en el que se indique que ya no existe una orden de captura contra ella. Además, pidió que se les envíen copias de los audios y videos de la instalación de audiencia del día viernes 07 de junio de 2024, y copia de todos los audios de las reinstalaciones que se han efectuado en la presente causa.