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La asambleísta de Gente Buena, Adriana García, insistirá en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que se conozca su queja contra la legisladora del correísmo, Pamela Aguirre, tras un altercado que hubo en la Comisión de Fiscalización. En una entrevista con Ecuavisa.com este viernes 12 de julio, García contó que hasta este viernes el CAL debía sesionar para conocer su queja, pero esta no se instaló porque Henry Kronfle está de viaje y otros legisladores como Viviana Veloz no se conectaron a la diligencia virtual. «Presentaré la queja cuantas veces sea necesaria hasta que se conozca en el CAL», manifestó. García presentó la queja contra Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, después de que en esa mesa legislativa se protagonizara un cruce de palabras que desencadenó en una fuerte acusación en su contra. El 8 de julio, Fiscalización pidió comparecencias para hablar sobre audios filtrados de dos abogados que salpicaban al caso Purga. García consideró que con esta «fiscalización» se podía entorpecer los procesos de Fiscalía y al no estar de acuerdo con la reunión procedió a retirarse. Por su Aguirre dijo: «Retírese nomás asambleísta García, el pueblo ecuatoriano sabe quién no quiere saber la verdad y quién quiere encubrir a los corruptos». Luego agregó: «Quiere tapar el tema de Fito». García indicó que esas declaraciones han producido que su vida se ponga en peligro y que medios de comunicación alternativos han hecho publicaciones descontextualizadas vinculándola con alias Fito, lo que ha «afectado su imagen y reputación personal». En este sentido, comentó que analiza acciones legales con su abogado contra Pamela Aguirre por el presunto delito de odio y presunta calumnia.

El Gobierno de Daniel Noboa presentó una denuncia penal contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus dos hermanos, cinco personas más y dos compañías por comercio irregular de combustibles. Así se conoció este viernes 12 de julio del 2024. La denuncia la presentó el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Franklin Erreyes. En ella se pide indagar al burgoamestre, a sus hermanos: Antonio y Xavier Álvarez, y a la Compañía Fuelcorp S. A. y las Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. En el documento difundido se indica que la Coordinación Técnica de Regulación y Control Hidrocarburífero puso en conocimiento del Servicio de Rentas Internas (SRI) «posibles diferencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador EP y el volumen facturado por varias estaciones de servicios». Además, afirma que tras las investigaciones se conoció que Copedesa Gasgrupco S.A. y Fuelcorp S. A., «habrían comercializado sin la debida autorización productos hidrocarburíferos». Fuelcorp S. A. tiene como presidente a César Ibañez, otros de los denunciados. Mientras que en el caso de Copedesa Gasgrupco S.A. su presidente y administrador es Xavier Álvarez, según los registros de la Superintendencia de Compañías, y entre los accionistas se encuentra Antonio Álvarez y Aquiles Álvarez. En este proceso se detalla que Fuelcorp S. A. ha realizado ventas significativas a cuatro contribuyentes, que no cuentan con registro y que se presumen son comercializadoras. «Se ha podido identificar que se está abasteciendo en cantidades inusuales«, indicó. De igual forma, se señala que «se está abasteciendo de gasolina Extra a vehículos, que por su estructura, tamaño y motor deberían ser abastecidos de Diésel o a la inversa». En este caso especifica que se identificó que un empleado de Fuelcorp S. A. desde el 2022, tiene registrados 8 019 vehículos, entre los cuales consta un automotor que se abastecido de una cantidad inusual de gasolina Extra (117 000 galones) cuando es un moto a gasolina con consumos de 3 000 galones de Diésel. ‘Millones por contrabando de combustible’La denuncia se presenta días después del intercambio de declaraciones entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde Aquiles Álvarez por la garantía soberana para que Guayaquil acceda a un crédito y empezar con el proyecto de agua potable en el sector de Monte Sinaí. Además, se produce después de la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, que fue justificada por el Gobierno con el objetivo de acabar con el contrabando de combustibles que estaba siendo aprovechado por empresas. En una entrevista, realizada el 8 de julio del 2024, el presidente Daniel Noboa reveló que hay compañías que han obtenido millones de dólares contrabandeando combustible y esto se permitió porque había un escaso control. «Estaba todo aconchabado. La persona que controlaba era el primo hermano de (Rafael) Correa (…) A lo largo de las próximas semanas se va a ir desenmascarando esto», adelantó el Primer Mandatario. Mientras tanto, Arturo Félix, secretario de Administración Pública, en Teleamazonas este viernes dijo que la principal razón para eliminar el subsidio a los combustibles son las actividades irregulares en torno a estos productos. «Atrás de ese subsidio los verdaderos beneficiados no eran los pobres, no eran los transportistas», aseguró. Respecto a la denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables dijo desconocer y que se alegraba de que se encuentre realizando su trabajo. «No la he visto, pero me alegro que las agencias de regulación estén haciendo su trabajo y esto se debe a que estamos luchando contra el contrabando de combustible«, agregó.

Cinco personas fueron sentenciadas como autores materiales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Fiscalía tiene abiertas dos investigaciones previas para determinar a los autores intelectuales. Un Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito dictó este viernes 12 de julio la pena máxima contra Edwin Angulo, alias Invisible, y Laura Castillo, por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en calidad de autor mediato y coautora del crimen, respectivamente. Ambos recibieron una sentencia de 34 años y 8 meses de prisión. En el caso de alias Invisible se consideraron cuatro agravantes: que actuó en grupo, con gente armada, hubo varias víctimas, y dio la orden desde la cárcel. Se le impuso una multa de 1 000 salarios básicos y una reparación integral a los acusadores particulares de USD 100 000. Él fue acusado de dar la orden al sicario para el magnicidio. Laura Castillo recibió la misma pena que alias Invisible. Ella fue señalada de participar en la logística del crimen: como proveer las armas a los sicarios, vehículos, armas, dinero, entre otros elementos. El rol de los cómplicesOtros tres procesados fueron sentenciados en calidad de cómplices y deberán cumplir una pena de 12 años de cárcel. Ellos son: Erick Ramírez Párraga, Víctor Flores y Alexandra Chimbo. Ramírez también se encargó de la logística y participó en la reunión de planificación del atentado, condujo una de las motos que escoltaba a Laura e hizo el reconocimiento del lugar aledaño al coliseo, la noche previa al asesinato. Víctor Flores participó en la logística y planificación del crimen, y era el conductor de la segunda moto que escoltaba al vehículo que transportaba a Laura. Mientras que Alexandra Chimbo se encontraba en el interior del coliseo en el mitin político para comunicar al grupo el momento exacto en el que Fernando Villavicencio salía del lugar. Investigaciones para encontrar a los autores intelectualesA 11 días de las elecciones presidenciales anticipadas, el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado en los exteriores del coliseo de un colegio ubicado en el norte de Quito, luego de un mitin político. El ataque armado sucedió la tarde del miércoles 9 de agosto de 2023. Fiscalía indicó que lleva adelante dos investigaciones previas más, derivadas de este caso, sobre los presuntos autores intelectuales y posibles omisiones relacionadas con el delito, «con el objetivo de buscar la verdad procesal y encontrar justicia».

La Contraloría General del Estado (CGE) dispone a todos los servidores públicos del país que realicen una declaración patrimonial jurada periódica, entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2024, independientemente del tiempo transcurrido desde la última declaración patrimonial jurada presentada. El trámite es gratuito y se efectúa únicamente a través de la página www.contraloria.gob.ec, opción servicios en línea. La CGE efectúa este requerimiento, que es de cumplimiento obligatorio, amparada en las facultades establecidas en los artículos 229 y 231 de la Constitución de la República, que establecen que los servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial jurada, al iniciar y finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley. La Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas prevé que la CGE podrá solicitar la actualización o presentación de una nueva declaración, independientemente del inicio o fin de gestión de los servidores, para fines de comparación con las anteriores. Para conocer cómo realizar la declaración patrimonial jurada puede observar el video tutorial publicado en las redes sociales de la CGE. Antes de efectuar la declaración, cada servidor/a o trabajador/a, en caso de requerirlo, debe suscribir el Acuerdo de uso de medios electrónicos.Datos claves Cuando un servidor ha tenido varios cargos dentro de la misma institución, en “DESDE” se especificará la fecha del primer nombramiento o contrato. No la del último cargo asignado. Para corregir errores u omisiones en la declaración patrimonial jurada, los servidores tienen un plazo de diez días, que se cuenta desde la fecha de presentación de la Constancia de Otorgamiento en las Unidades de Talento Humano, para lo cual deben justificar en el nuevo formulario cada cambio realizado. Las máximas autoridades de todas las instituciones y organismos del Estado, en coordinación con las respectivas unidades de talento humano, deben verificar el puntual y estricto cumplimiento de esta disposición y remitir un reporte a la CGE hasta el 30 de agosto de 2024, con el detalle de quienes no hayan cumplido la disposición, a fin de verificar el incumplimiento y solicitar la aplicación del régimen disciplinario por parte de cada entidad. La Contraloría garantiza la transparencia y el acceso a la información pública con un tratamiento responsable, adecuado y seguro de los datos que constan en las declaraciones patrimoniales juradas. Por ello, invita a los servidores públicos del país a cumplir con esta obligación con transparencia e integridad.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó el pedido de la asambleísta Gissela Garzón (Revolución Ciudadana) de darle seguimiento al embarazo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para retomar el proceso de juicio político en su contra. El correísmo ha puesto en tela de duda el estado de gravidez de la funcionaria. En reunión reservada, el CAL avocó conocimiento de la solicitud enviada por Garzón al presidente de la Legislatura, Henry Kronfle, para darle seguimiento al trámite legislativo contra Salazar, que se suspendió en mayo pasado luego que ella notificara que estaba embarazada. La fiscal solicitó al Parlamento que se garantice y respete su derecho a tener «un embarazo en paz». Finalmente, el pedido de Garzón no tuvo respaldo. El legislador Diego Matovalle, de ADN, indicó a Ecuavisa que el pedido ni siquiera fue sometido a votación por no tener «una motivación suficiente». En una primera carta enviada a Kronfle el 19 de junio, Garzón -en calidad de proponente del juicio a la fiscal- pidió que se informe sobre el estado actual de Salazar para determinar si ya se podía dar continuidad al proceso de juicio político. Consideraba que el estado de gravidez de la fiscal es un asunto de interés público. El CAL le respondió en un memorando que no existía ningún cambio. El organismo basó su contestación en el certificado médico que fue entregado por Salazar cuando hizo público su embarazo. El documento está avalado por el IESS y certifica que pasa por un alto riesgo. El 7 de julio Garzón insistió. Envió un segundo requerimiento con el que solicitó que se incluya, en la siguiente sesión del CAL, el tratamiento y seguimiento del juicio político. El correísmo está convencido, según lo expuesto incluso en un video que subió a su cuenta en la red social X el expresidente Rafael Correa, que Salazar no pasa por un embarazo de alto riesgo. En un comunicado, la fiscal rechazó «las infamias de los mentirosos de siempre que, con tal de conseguir impunidad, han sido capaces de rebasar toda frontera, no solo legal sino moral, ética y humana». Y le recordó a la Revolución Ciudadana que la información relacionada con su embarazo está protegida bajo el derecho a la intimidad, por lo tanto divulgarla es un delito. Este viernes 12 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Salazar se irá de vacaciones y que no va a pedir una licencia como se indicó en diferentes plataformas de redes sociales.