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El empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente de Ecuador Guillermo Lasso, será juzgado junto a otras seis personas por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Encuentro, una trama de corrupción en empresas del Estado. Un juez aprobó este jueves la acusación planteada por la Fiscalía y dio paso al juicio, tras haber validado también toda la actuación del Ministerio Público durante la etapa de instrucción sobre este caso que precipitó la salida del poder de Lasso en noviembre de 2023. Hasta el momento, Carrera, que fue el presidente de mayor duración del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), niega los cargos en su contra al sostener que la Fiscalía no tiene pruebas que sostengan su acusación y que todo lo señalado son «elucubraciones». Entre los otros seis acusados está el expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) Hernán Luque Lecaro, quien fue detenido en Buenos Aires en febrero y enfrenta un proceso de extradición solicitado por la Justicia ecuatoriana, pendiente de resolución definitiva en las instancias judiciales argentinas. Carrera fue retenido por elementos policiales mientras intentaba abordar un avión con destino a Nueva York, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, a mediados de abril de este año.El caso, desvelado a través de una serie de audios, trata sobre una presunta organización criminal formada en ese entonces por funcionarios públicos y particulares, quienes de forma planificada y coordinada pretendían supuestamente obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana al poder político para interferir en ciertas instituciones públicas. La investigación previa de la Fiscalía comenzó el 9 de enero de 2023, y en octubre lo vinculó a otro proceso denominado León de Troya, que indaga presuntos nexos con una red de narcotráfico donde se encontraba el empresario Rubén Chérres, amigo personal de Carrera también involucrado en el caso Encuentro. El 24 de noviembre, un juez dispuso la prisión preventiva para Carrera, aunque esa medida fue sustituida por el arresto domiciliario, ya que el acusado era mayor de 65 años, así como para Luque y otros involucrados. El caso Encuentro fue uno de los procesos que motivó el inicio de un juicio político contra el expresidente Lasso en abril del año pasado, aunque la Corte Constitucional dejó fuera este proceso y solo dio paso a que la Asamblea Nacional tramitara la censura al mandatario por un caso de peculado en contratos de la flota petrolera estatal. Justo antes de que se iniciara la sesión donde en principio se celebraría la votación final del juicio político, el exmandatario recurrió a una norma constitucional conocida como «muerte cruzada», por la cual el presidente puede disolver la Asamblea y convocar elecciones generales extraordinarias. En dichas elecciones, el actual presidente, Daniel Noboa, venció y reemplazó a Lasso en noviembre del año pasado, para completar el periodo que va hasta mayo de 2025. EFE

Leonidas Iza se mantendrá al frente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Además, como parte de sus últimas resoluciones, se anunció la consolidación de un gran levantamiento y lanzó una advertencia a autoridades del gobierno de Daniel Noboa. La Coniae realizó su asamblea extraordinaria el pasado 19 y 20 de julio. Sin embargo, este 1 de agosto de 2024 se conoció las resoluciones adoptadas. Una de ellas tiene que ver con que Iza seguirá como presidente y su congreso para definir una nueva cabeza se desarrollará después del proceso electoral de 2025. En el comunicado emitido por la organización indígena también se ratifica a Iza como su candidato a la Presidencia para las elecciones de 2025. Hay que tomar en cuenta que ayer, 31 de julio de 2024, la Conaie fue parte de una reunión de las izquierdas en la que se acordó buscar candidatos y un programa de gobierno conjunto. Un gran levantamiento indígena El documento aprobado por la organización tiene nueve puntos. Uno de ellos, el cinco, declara en “movilizaciones y asambleas territoriales permanentes para consolidar un gran levantamiento indígena y popular en el país”. Dicho levantamiento sería en contra de las medidas económicas que, a decir de la Conaie, son impulsadas en Ecuador por el Fondo Monetario Internacional (FMI). También señala que esto se haría en unidad con los sectores populares y organizaciones sociales del país. Rechazo a injerencias del Gobierno La última resolución tiene que ver con rechazar lo que consideran una intromisión del gobierno de Daniel Noboa en la estructura del movimiento indígena. Dicen que esto lo ha hecho mediante la Secretaría de Pueblos y la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. La Conaie lanzó una amenaza a las autoridades de gobierno: “en caso de persistir en conductas divisionistas por funcionarios del Gobierno, las autoridades territoriales aplicarán justicia comunitaria”.

Un hombre fue sentenciado a 40 meses de cárcel por intentar cobrar el Bono de Desarrollo Humano con una cédula falsa. Así lo informó la Fiscalía este jueves 1 de agosto de 2024 a través de un breve comunicado. Kleber P. aceptó su responsabilidad en el ilícito y se acogió a un procedimiento abreviado a cambio de una reducción de la pena. El delito de falsificación y uso de documento falso está sancionado con una pena de cinco a siete años, de acuerdo con el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, el imputado aceptó los cargos y obtuvo una reducción significativa de la condena. ¡Cajero alertó! El hoy sentenciado llegó al Banco Codesarrollo, en Riobamba, para sobrar la ayuda del Gobierno. Sin embargo, el empleado que lo atendió advirtió varias anomalías y dio aviso a la Policía. El hecho sucedió en mayo de este año en la provincia de Chimborazo. Kleber P. pretendió hacerse pasar por otra persona, de nombre César A. para cobrar el bono. Cuando los agentes policiales llegaron al banco le solicitaron su documento de identidad. Al entregarlo, los uniformados verificaron en el sistema digital y comprobaron que la fotografía había sido cambiada. De inmediato el sospechoso fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Sin embargo, no se ha detallado si se trata de un modus operandi de un grupo en esa provincia.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) sancionó con multa de hasta USD 4.600 a gasolineras que no entregaron comprobantes de venta o no cumplieron con la transmisión de comprobantes electrónicos a la Administración Tributaria. Esta sanción es el resultado de un proceso de control ejecutado por los Fedatarios Fiscales del SRI durante julio en Guayaquil, San Jacinto de Yaguachi, Zamora, Yantzaza e Ibarra. El 17% de establecimientos controlados no cumplió con la entrega de comprobantes de venta o con la transmisión, mientras que el 83% restante sí cumplieron con sus deberes formales y obligaciones tributarias. La resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000022, publicada el 10 de junio de 2024 en el Suplemento del Registro Oficial No. 575, establece las normas para la aplicación de sanciones desde una hasta treinta remuneraciones básicas unificadas por la no entrega de comprobantes de venta y la no trasmisión de comprobantes de venta electrónicos al SRI. Las sanciones dependen de las características del contribuyente infractor y de la infracción cometida. En el caso de los establecimientos que comercializan combustibles, el incumplimiento de esta obligación generó multas o penalizaciones económicas de hasta 10 remuneraciones básicas unificadas (RBU) del trabajador en general. El SRI continuará ejecutando controles en todo el país con la finalidad de verificar la entrega y emisión de comprobantes de venta, combatir la competencia desleal, respaldar y proteger a los ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones tributarias y promover el pago de los impuestos correspondientes por toda actividad económica realizada en el país.

Las prisiones de Guayas concentran el 69 % de los casos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) alerta sobre la proliferación de tuberculosis en las cárceles del país. Según el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI), Luis Zaldumbide, hay 624 reos con esta enfermedad. Las cárceles de Guayas concentran el 69 % de los casos (435), según expuso el funcionario en una comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. La directora de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada de Ecuador, detalló que en ese centro los presos están aislados en el pabellón 7, pero también hay otros en cuarentena en las alas 1 y 2 del pabellón 10. Según la máxima autoridad del SNAI, se han desplegado brigadas de tamizajes en los 35 reclusorios para verificar si hay nuevos contagios. Para el CDH, la acción pasiva de los funcionarios del SNAI ha provocado la proliferación de contagios. El organismo denuncia además que la militarización de las cárceles impidió que personal de salud acceda a las prisiones entre enero y marzo de este año. En un informe, el Comité contra la Tortura, un organismo de las Naciones Unidad, publicó sus preocupaciones sobre el manejo que el Estado ecuatoriano le da a la situación carcelaria. Entre sus observaciones constan la falta de atención médica de los privados de libertad. Desde inicios de 2024 el presidente de la República, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno, con lo que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas. Bajo este escenario se dio la militarización de las cárceles y el despliegue militar en operaciones contra estos grupos criminales, señalados como los causantes del auge de la violencia que ha llevado a Ecuador a ser el país con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica, al registrar 47,2 por cada 100 000 habitantes en 2023. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó a inicios de un julio un informe con 45 casos de posibles violaciones de derechos humanos cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas en Ecuador durante el primer trimestre de 2024. En un informe presentado en mayo, la Defensoría del Pueblo contabilizó 24 fallecimientos de presos en diversas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, «por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de PPL (personas privadas de libertad) con signos de desnutrición». Ante estas denuncias, el Gobierno de Noboa ha reforzado su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas y ha criticado a organizaciones como Human Rights Watch (HRW) que le han interpelado en el escenario internacional por estos presuntos excesos de las fuerzas del orden.

«Unidad del pueblo y la izquierda, sí; unidad con el correísmo, no». Con esas palabras, Geovanni Atarihuana descartó este 1 de agosto que el movimiento al que representa, Unidad Popular, llegue a alguna alianza con la Revolución Ciudadana para las elecciones presidenciales de 2025. Las declaraciones se dan después de que el día anterior, 31 de julio, una de las integrantes de Unidad Popular, Natasha Rojas, acudiera a la reunión de los movimientos de izquierda en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que además del correísmo también estuvieron Centro Democrático, Pachakutik, la Conaie, Partido Socialista y otros. Atarihuana explicó que su presencia en ese espacio se dio únicamente por respeto al Partido Socialista, Conaie y Pachakutik. Con esos grupos «sí estamos dispuestos a unirnos para superar el pasado» y brindar una alternativa para «derrotar a Daniel Noboa» y una alternativa «para dejar atrás al correísmo». A la fecha, Unidad Popular tiene como precandidato presidencial a Jorge Escala; Pachakutik a Leonidas Iza; y el Partido Socialista a Pedro Granja. Luisa González, del correísmo, también se refirió a dicho encuentro. Ella aseguró que la Revolución Ciudadana fue a escuchar las propuestas de otros grupos políticos. «La idea es ir a un planteamiento amplio, donde tengamos coincidencias y se piense en un plan de Gobierno», dijo.

Una habitación inundada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS en Guayaquil, desató la indignación de los afiliados. Un video, el cual fue grabado por los familiares de un paciente, muestra a un hombre de la tercera edad que fue internado el jueves de la semana pasada, tras fracturarse la cadera, reposar en su camilla mientras se realizan labores de limpieza para intentar sacar el agua filtrada desde el baño hacia la sala. Esto originó el malestar de su familiar, quien expone los riesgos de salubridad que esto implica, incluso aseguró que en casos similares, los pacientes se contagian con otra enfermad a causa de la falta de higiene. Y ese no es el único problema que han tenido que enfrentar, el señor necesita ser operado pero el procedimiento no se lo han podido realizar por la falta de insumos. Los familiares reciben listas en papeles pequeños y rasgados, en la que les piden que compren materiales básicos como sondas, agujas, batas quirúrgicas, sábanas descartables y hasta el hilo para suturar al paciente. «Mi abuelo se rompió el brazo y la cadera, y para enyesarle el brazo tuvimos que comprar todos los materiales. Ni sábanas tienen, no tienen nada, y deben operarlo de la cadera pero no hay insumos, así que lo tienen con paracetamol porque no lo pueden operar por eso», agregó la familiar de un paciente ingresado. «Aquí no hay nada, todo nos mandan a comprar, desde el hilo, el algódón, las geringas, todo, y si no traes, simplemente no les hacen los procedimientos, ni los bañan», aseguró otra persona que tiene a su papá internado y ha gastado un aproximado de USD 2,000 en el mes y medio que tiene a su familiar ingresado. Franklin Encalada, gerente del hospital no negó la situación pero aseguró que los procesos de compra para el abastecimiento de medicamentos e insumos ya está en marcha. «Desde hace un mes asumí la gerencia, y lamentablemente estos cambios administrativos afectan la operatividad de los hospitales, nos dimos cuenta que el stock de insumos y de algunos medicamentos estaban agotados, como el hilo de sutura, sondas, jeringas», alegó el gerente del hospital. «En cuanto a los medicamentos, estamos abastecidos en un 82.7%, y lo que falta también está en proceso de compra», finalizó el administrador. Según el funcionario, esta semana el hospital ya contará con todo lo necesario para atender a los afiliados.