Nombre del autor:CDL

Este sábado 17 de agosto vence el pazo para que las organizaciones políticas cumplan con el proceso de elecciones primarias y nombren a sus precandidatos. La organización política CREO, fundada por el exjefe de Estado, Guillermo Lasso, oficializó al exgobernador del Guayas, Francesco Tabacchi, y a la exasambleísta Blanca Sacancela como sus precandidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, respectivamente. CREO ya había anunciado esta semana a Tabacchi como su opción presidenciable, sin embargo, este sábado 17 de agosto se oficializó su designación en el proceso de elecciones primarias, un requisito exigido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Todos las organizaciones políticas tienen hasta sábado para anunciar a su binomio presidenciable, que por ley debe estar conformado por un hombre y una mujer. Con respecto a Tabacchi, fue gobernador del Guayas entre febrero y noviembre de 2023. Previamente, intentó ser prefecto de esa misma provincia, también por CREO, pero quedó en quinto puesto en esa carrera. Lo respaldó el 5,48 % de los votantes. – En breve más información –T.E.

La organización política Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), que apoyó en 2023 la candidatura presidencial de Daniel Noboa, escogió este sábado 17 de agosto al general en servicio pasivo Víctor Araus como su precandidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2025. El movimiento político cumplió hoy, mediante una videoconferencia por Zoom, con su proceso de elecciones internas. En esta audiencia también se escogió a la quiteña Cristina Carrera como la precandidata a la Vicepresidencia de la República. El año pasado, los movimientos PID (lista 4) y Mover (lista 35) conformaron la alianza Acción Democrática Nacional (ADN) para auspiciar la candidatura de Noboa. ADN, como organización política oficialmente instaurada, se estrenará en las próximas elecciones presidenciales y legislativas, y Noboa correrá otra vez como candidato presidencial. T.E.

La organización política Centro Democrático, cuyo líder es el exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, ratificó este sábado 17 de agosto al exministro del Interior y exasambleísta José Serrano como su precandidato a la Presidencia de la República. El movimiento ya había anunciado que Serrano iba a ser su opción para intentar llegar a Carondelet, sin embargo, hoy cumplió con su proceso de elecciones primarias, que se llevó a cabo de manera virtual. En esta sesión, la organización también eligió a Ana Cristina Bernal como su precandidata a la Vicepresidencia de la República. «Por primera vez desde su fundación, Centro Democrático presenta binomio propio», escribió Jairala en su cuenta en X. ¿Quién es José Serrano? Serrano fue ministro del Interior desde mayo de 2011 hasta noviembre de 2016, en el Gobierno de Rafael Correa. En 2017, encabezó la lista de asambleístas del correísmo, siendo el más votado. Ocupó la Presidencia del Legislativo hasta marzo de 2018, cuando fue destituido por presunto delito de conspiración. A través de mensajes publicados en su cuenta en X, ha mostrado su distanciamiento con el expresidente Correa.

La incautación de 1.4 toneladas de la dr0ga en el operativo supone una afectación económica de más de 45 millones de dólares a los grupos criminales. Más de una tonelada de cocaína fue incautada en un operativo desarrollado este miércoles en un puerto marítimo de Guayaquil, tras una inspección a un contenedor que se dirigía a Países Bajos y almacenaba cajas de banano de exportación. “Se aprehendieron a cuatro personas vinculadas a esta red delictiva y se decomisaron equipos de comunicación”, informó la Policía a través de la red social X, por la que compartió un video en el que mostraron los bloques de droga ordenados en el suelo y a los detenidos. La incautación de 1.4 toneladas de la droga en el operativo supone una afectación económica de más de 45 millones de dólares a los grupos criminales implicados en el hecho, pues habría sido vendida en Europa, acotó la Policía, que en lo que va del 2024 ha incautado más de 150 toneladas de cocaína. Las cuatro personas aprehendidas por su presunta vinculación a la carga ilícita fueron identificados como Yaqui S., representante legal de la empresa exportadora, Alberto B., un conductor, John V., un encargado de logística y Álvaro P., un jefe de patio de consolidación. Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga, que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. Ecuador está catalogado como el tercer país en el mundo que más droga decomisa -solo por detrás de Colombia y Estados Unidos- con unas 200 toneladas de estupefacientes incautadas, según registros anuales de los tres últimos años, a los que se suman los decomisos de lo que va de 2024.

“Por el bien de la administración de justicia, es imperativo que se respeten las competencias y las decisiones de los jueces y juezas, pues no hacerlo implicaría una vulneración al libre ejercicio de la magistratura”. Ese mensaje fue emitido por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador luego de que la Fiscalía allanara los despachos de Katherine Muñoz y Emma Tapia, juezas nacionales, el viernes 16 de agosto del 2024. Los allanamientos se llevaron a cabo en el edificio de la Corte, en Quito, dentro del llamado caso Confourtable. Las juezas Muñoz y Tapia son indagadas por presunto cohecho. El pasado lunes 12 de agosto, al resolver una acción constitucional de habeas corpus, las dos autorizaron el traslado de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, desde la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil hasta la Cárcel 4 de Quito. Terán se encuentra procesado dentro del caso Metástasis. “La independencia y la integridad judicial, así como el ejercicio adecuado de las potestades públicas son los pilares fundamentales de un Estado de Derecho”, dijo el presidente (e) de la Corte, José Suing, firmante de un comunicado que lleva por título: “La Corte Nacional de Justicia al país”. “Por ello, ante los acontecimientos que son de conocimiento público, pedimos que se respete, en todo momento, el debido proceso como garantía del derecho a la defensa y la observancia de la presunción de inocencia, así como la independencia judicial”, reza en el comunicado emitido por la Corte tras los allanamientos del viernes. La jueza Emma Tapia pidió que se leyeran los argumentos legales de su decisión en el caso de habeas corpus planteado por Wilman Terán. “Lean mis sentencias, júzguenme sobre la base de mi trabajo, no sobre opiniones políticas o coyunturales”, dijo la magistrada, tras los allanamientos. La Fiscalía defendió su autonomía tras los allanamientos La Fiscalía General del Estado señaló que las juezas Katherine Muñoz y Emma Tapia “habrían favorecido” a Wilman Terán en su resolución del lunes y que, dentro de una investigación por presunto cohecho, ha levantado, entre otros indicios, un CPU, una agenda, un CD y documentos. “La técnica de investigación de los allanamientos (…) ha posibilitado la obtención y preservación de información, a más de impedir su destrucción”, dijo la Fiscalía este sábado 17 de agosto del 2024, al explicar la trascendencia del operativo efectuado en dos oficinas de la Corte Nacional de Justicia y en un domicilio. En un comunicado, en el que no detalló el alcance del caso, el Ministerio Público señaló: “Las actuaciones autónomas y objetivas de la Fiscalía General del Estado representan un elemento fundamental para los controles mutuos de los poderes distribuidos en la Constitución. Esta característica garantiza su independencia. En tal sentido, al ser la titular de la acción penal pública, conforme el artículo 195 de la Constitución de la República, esta Institución cuenta con las facultades de emprender los actos investigativos que considere necesarios para el desarrollo de investigaciones penales que se adelantan sobre la base de indicios fundados de la comisión de actos delictivos”. La Fiscalía aseguró que “solicitó la autorización del juez competente, quien en uso de sus facultades autorizó la realización del operativo (de la tarde de ayer), una vez que verificó la pertinencia, necesidad y legalidad de dicho acto”.

El legislador asegura que desde ahora actuará como asambleísta independiente. La organización política ADN, cuyo líder es el presidente de la República, Daniel Noboa, sufre otra baja. El asambleísta Jonathan Parra anunció este viernes 16 de agosto que se separa del movimiento «tras una profunda reflexión» sobre sus «ideales», «principios» y su «lealtad» con la ciudadanía. En un comunicado, Parra agradeció a Noboa por permitirle formar parte de la organización, sin embargo, no ahondó en los motivos de su decisión. El legislador asegura que desde ahora actuará como asambleísta independiente. El parlamentario es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Hace dos días ADN expulsó de sus filas a la legisladora María Fernanda Araujo, quien había denunciado un presunto caso de nepotismo en la Gobernación de Chimborazo, provincia a la que representa. ADN señaló que Araujo había emitido declaraciones «en las que se evidencia una postura contraria a la del gobierno». «A partir de hoy la asambleísta deberá abstenerse de presentarse como miembro de este bloque legislativo», indicó el movimiento en un boletín. Según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a través de su Observatorio Legislativo, la bancada ADN queda con 35 asambleístas tras las recientes salidas. Esa bancada está conformada por legisladores de ADN, independientes y de otras organizaciones políticas.

Aunque la jueza dictó auto de llamamiento a juicio contra los dos procesados por el triple femicidio, Jonathan G. continúa prófugo, por lo que su juzgamiento quedará en suspenso.Punto Noticias.- El 30 de octubre de 2023, las niñas Briana y Génesis, junto con su madre, Vanessa V., fueron brutalmente asesinadas en Tulcán, provincia del Carchi. Tras meses de investigación, el proceso judicial avanza. El abogado del padre de las niñas, Juan Pablo Velasco, informó que este jueves, 15 de agosto, una jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar dictó auto de llamamiento a juicio para los dos implicados: Jonathan G., principal sospechoso, y David B., señalado como coautor. «El principal autor del delito no solo de la muerte de las niñas, sino también de la madre de las niñas, que es Jonathan G., actualmente se encuentra prófugo. En su caso la etapa de juicio estaría en suspenso hasta que se presente voluntariamente o sea capturado», dijo Velasco. Solicitan un aumento en la recompensa Según David B., el día de los hechos dejó a Jonathan G. cerca del cordón fronterizo, en un terreno baldío, y este cruzó hacia Colombia. Velasco indicó que la Policía investiga la posibilidad de que Jonathan G. esté en manos de grupos subversivos en la frontera. Debido a la gravedad del caso, pedirán a las autoridades que incrementen la recompensa para localizar a Jonathan G., ya que actualmente es de solo USD 10.000. «Nosotros nos vamos a activar con las autoridades del Ejecutivo y el Director General de la DINASED para que se aumente la recompensa en este caso tan fuerte y complicado», afirmó Velasco. Motivación económica detrás del crimenLos detalles del caso son escalofriantes. Jonathan G., pareja sentimental de Vanessa V., planeó los asesinatos para cobrar una póliza de vida por USD 150 mil. El 29 de octubre de 2023 invitó a Vanessa y a sus hijas a salir en su vehículo y, posteriormente, las asesinó para ocultar su macabro plan. Implicación de abogados Un aspecto perturbador del caso es la posible corrupción involucrada. Se descubrió que la exabogada del padre de las niñas, en lugar de defender a su cliente, filtraba información crucial al acusado, dificultando la búsqueda de justicia. Las conversaciones revelaron pruebas en su contra, negociaciones de honorarios con otro abogado e incluso ofrecimientos de “hablar” con el fiscal. Velasco solicitó a la jueza que oficie al Consejo de la Judicatura (CJ) para sancionar a la profesional implicada. La comunidad de Tulcán y la provincia del Carchi se han unido en un clamor de justicia. La indignación por la pérdida de estas niñas inocentes ha movilizado a la ciudadanía en apoyo a la familia y en demanda de una acción efectiva por parte de las autoridades. R.P.