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«Sabíamos que los narcojuicios nacieron viciados, sin el sustento que, al menos, un proceso de este tipo requiere», afirmó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de conocer la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de archivar las solicitudes de juicio político en su contra. Al referirse a las motivaciones políticas que, según ella, buscaron perjudicar su gestión, dijo que «lo ocurrido todos estos meses da cuenta de los macabros intereses que había detrás de estos juicios». Con 76 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional archivó las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la fiscal general del Estado, presentadas por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez, perteneciente a Revolución Ciudadana, la formación política liderada por el expresidente Rafael Correa. Salazar destacó que, durante su gestión, se ha enfocado en brindar respuestas oportunas a la ciudadanía, y afirmó que la decisión del Pleno refleja el respaldo del pueblo ecuatoriano, que, según ella, está cansado de la corrupción y la delincuencia organizada. Asimismo, consideró que es importante respetar la representación de la máxima voluntad popular, «sobre el deseo particular de un grupo político que, únicamente, busca impunidad». Revolución Ciudadana tuvo solo 45 votosPrevio a la votación, el legislador socialcristiano Otto Vera, durante el debate, recordó que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tenía hasta este lunes para sustentar la causa, pero dijo que ese plazo no se cumplió, por lo que solicitó que se archivaran las causas contra la fiscal. El legislador recordó que el CAL, el 4 de septiembre de 2024, dispuso que la Comisión de Fiscalización retome la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político. Además, resolvió que previo a la calificación de los juicios resuelva la acumulación de tales solicitudes. Vera recordó lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala: “La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud avocará conocimiento de la solicitud”, es decir hasta las 24h00 del 9 de septiembre de 2024, pero las decisiones de la Comisión se tomaron fuera del plazo. El movimiento Revolución Ciudadana, que impulsó el juicio de censura contra Salazar, tuvo solo 45 votos de respaldo en el pleno. Salazar ha investigado varios procesos por corrupción durante la administración de Rafael Correa, quien fue condenado a ocho años de prisión en el caso conocido como ‘Sobornos’.

Los establecimientos estaban ubicados en el cantón Machala y se les retiró el permiso sanitario. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), por medio de su Coordinación Zonal 7, clausuró dos plantas procesadoras de agua purificada envasadas en Machala, en la provincia de El Oro, por incumplimientos a la normativa sanitaria. La primera inspección ocurrió en un garaje que era el centro de producción de agua purificada en la parroquia Puerto Bolívar, en donde además de falta de orden, aseo y limpieza, se encontraron plagas como cucarachas. Además, se evidenció la acumulación de sedimentos que estaban flotando en los tanques de agua, la cual estaba preparándose para ser envasada. Técnicos de Arcsa llegaron al local justo cuando procesaban el producto que no contaba con permisos sanitarios vigentes, por lo que «se procedió con la clausura inmediata como medida cautelar a fin de evitar daños a la salud», mencionaron las autoridades. Así mismo, en otro establecimiento, en el mismo cantón Machala, se evidenció, mediante análisis de laboratorio, la contaminación microbiológica del agua envasada purificada que se procesaba, por ello, se procedió a la suspensión de los permisos sanitarios. «Con estas clausuras, Arcsa evita la comercialización de unos dos mil bidones diarios de productos que ponen en riesgo la salud de los consumidores; por ello, recuerda a la población que puede reportar irregularidades sanitarias a través de la aplicación Arcsa Móvil».

Con 76 votos afirmativos, el pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar el juicio político contra la Fiscal General Diana Salazar, propuesto por los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladares y Gisella Garzón. Sin embargo, en la resolución no se mencionó cuál será el futuro de los juicios políticos en contra del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo; exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Antes de aprobada la resolución al interior del Legislativo, la bancada de ADN se pronunció sobre el tema en redes sociales “A pesar de los incidentes en la Comisión de Fiscalización y Control Político provocados por miembros de la Revolución Ciudadana, la Bancada de ADN (…), logramos el archivo de los dos juicios políticos contra la Fiscal Diana Salazar Méndez”, señaló el comunicado. “Hoy en el Pleno, ratificaremos nuestra firme posición en la lucha contra la mafia y sus tentáculos en la política”, dijo la bancada de ADN. Una ‘agitada’ sesión de la Comisión de Fiscalización marcaría el futuro del juicio contra Salazar En medio de enfrentamientos y gritos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional rechazó la calificación del juicio político contra la fiscal Salazar. La moción planteada por la bancada correísta, no obtuvo los votos necesarios para su calificación. A los pocos minutos de iniciada la sesión, se apeló la presidencia de Aguirre argumentando que no acató el fallo del juez Romero sobre la acción de protección que permitiría el archivo de los juicios políticos contra los tres exministros de Lasso.

Abad dijo que su traslado a Turquía busca «amordazarla». La Cancillería responde que fue ella quien pidió ser movilizada hacia otro país. La Cancillería reaccionó a las declaraciones de la vicepresidenta y Embajadora de Ecuador en Israel, Verónica Abad, quien dijo que fue trasladada a Turquía para silenciarla y que no interfiera con sus declaraciones en las elecciones presidenciales en las que Daniel Noboa buscará la reelección. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló este 10 de septiembre que fue la propia Verónica Abad quien, mediante comunicaciones a Cancillería, solicitaba el traslado temporal a otro país con el fin de salvaguardar su integridad y el de su familia por el conflicto bélico entre Israel y Palestina Dicho pedido, dice el documento, también consta en declaraciones públicas. Y que con base en estos pedidos, el presidente Daniel Noboa suscribió un decreto el 8 de agosto para su traslado hacia Turquía, «país seleccionado debido a su proximidad geográfica, no requerimiento de visa, seguridad y buena disposición para dicho traslado temporal». Además, se explicó que solo se trasladó a ella y su familia porque el resto del cuerpo diplomático expresó «su deseo de permanecer en Israel». El 9 de septiembre, Abad dio una entrevista para El País de España y dijo: «Me están enviando a amordazarme. He solicitado explicaciones sobre por qué me envían a Turquía, pero hasta ahora no he recibido respuestas. Estas son las presiones para que renuncie y abandone el cargo por mi cuenta».

Abad y Noboa están envueltos en una pugna que se ha acrecentado por el encargo de la Presidencia durante la campaña de las elecciones 2025. La vicepresidenta Verónica Abad considera que su traslado a Ankara (Turquía) no busca protegerla, sino «acallarla» desde el Gobierno de cara a las elecciones presidenciales 2025, en las que Daniel Noboa será candidato. En una entrevista con diario El País de España, publicada el 9 de septiembre, dijo: «La intención final es silenciarme. El Gobierno busca acallarme una vez más para que no interfiera en su campaña política, en la que evidentemente ya está inmerso. Mi traslado a Turquía no ha sido debidamente preparado. (…) No es cierto que el traslado sea por razones de seguridad, el Gobierno y la canciller mienten. El equipo diplomático, por ejemplo, ha decidido quedarse en Israel, mientras que yo tengo que irme sola». El 8 de agosto, Daniel Noboa suscribió un decreto en el que ordena que Verónica Abad se traslade hasta Turquía para seguir desempeñándose como Embajadora de Ecuador en Israel. Esto, tras las tensiones bélicas entre ese país y Palestina. Recién el 9 de septiembre, Verónica Abad tomó un vuelo para dirigirse a Ankara en cumplimiento al decreto presidencial. En Turquía, dice, no tiene funciones y además le pidieron que no haga declaraciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina ni sobre la coyuntura política ecuatoriana. «Me están enviando a amordazarme. He solicitado explicaciones sobre por qué me envían a Turquía, pero hasta ahora no he recibido respuestas. Estas son las presiones para que renuncie y abandone el cargo por mi cuenta», sentenció. Abad y Noboa están envueltos en una pugna que se ha acrecentado por el encargo de la Presidencia durante la campaña de las elecciones 2025.