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El economista destacó que, en la coyuntura actual, para sobrevivir, las personas tienen que continuar trabajando incluso después de los 65 años. Byron Villacis, economista y exdirector del INEC, alertó que Ecuador vive en una transición demográfica importante, donde la población se vuelve cada vez más vieja, razón por la cual se debe pensar en políticas públicas enfocadas a ese sector. Villacis indicó que, si bien el gobierno de turno y ahora los candidatos presidenciables tienen un discurso enfocado a los jóvenes y las oportunidades de empleo, también deben empezar a tomar en cuenta a los adultos y adultos mayores que se han quedado sin un trabajo fijo desde hace siete años. “La mayor cantidad de población que necesita empleo, son personas entre 40 y 55 años”, agregó. El economista destacó que, en la coyuntura actual, para sobrevivir, las personas tienen que continuar trabajando incluso después de los 65 años, porque no han logrado completar los años laborales para acceder a la jubilación. “Y pese a ello, no se escucha a los políticos y candidatos hablar sobre este grupo de personas”, criticó. Padrón electoralByron Villacis detalló que el 40% del padrón electoral corresponde a personas de entre 30 y 45 años de edad. Ese porcentaje sube al 51% si se toma en cuenta a la gente de hasta 60 años. “Entre el 70% y 80% de ese grupo demográfico no tiene empleo estable y está a la espera de una estrategia que les dé condiciones de un trabajo digno”, reiteró. R.P.

La Policía Nacional logró la liberación de la víctima. La mañana de este 28 de agosto, la Policía Nacional informó que, a través del subsistema preventivo de la Zona 5, subzona Los Ríos, en Quevedo, circuito La Esperanza, rescató a una persona secuestrada, resultado de un operativo en el que se hizo uso legítimo y progresivo de la fuerza. Circunstancias del Hecho:La fuerza del orden fue alertada por el ECU911 sobre un secuestro en curso. El vehículo involucrado, fue localizado cerca del camposanto Jardines de Quevedo. Al intentar detener el vehículo, los secuestradores iniciaron una fuga, realizando maniobras peligrosas y disparando contra los agentes policiales que solicitaban parar la marcha del automotor. La persecución culminó en una vía de tercer orden en el recinto San Pablo Nro. 2, donde los infractores descendieron del vehículo y abrieron fuego contra los policías. Ante la amenaza inminente, los uniformados respondieron con el armamento en dotación, que permitió neutralizar a uno de los atacantes, quien falleció en el lugar. Los otros tres individuos escaparon. Durante el operativo, se logró rescatar a la víctima del secuestro, quien había sido secuestrado mientras conducía su camión cargado de sacos de azúcar en una de las vías principales de la provincia costera. Quien fue puesto a buen recaudo y se encuentra a salvo. El lugar fue asegurado para levantar las pericias e iniciar con las investigaciones por parte del personal de Criminalística y DINASED.

La víctima fue un hombre que prestaba servicio de taxi amigo. Su cuerpo fue encontrado, el 22 de agosto de 2023 con tres heridas de arma de fuego. Un Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas sentenció a siete personas como coautoras y cómplices de robo con resultado de muerte. Se trata de Edison O., Milton O., Edison O., Ritter P. y Carlos M., quienes integran al GDO Los Tiguerones y deberán cumplir 34 años y ocho meses de pena privativa de libertad. También pagar una multa de 1 333 salarios básicos unificados y una reparación integral de USD 20.000 dólares –cada uno– en favor de los familiares de la víctima. De otro lado, Adriana P. y Génesis P., de nacionalidad extranjera, fueron condenadas a 17 años y cuatro meses de cárcel, como cómplices de la infracción. Deberán pagar una multa de 736 salarios básicos unificados y una reparación integral de USD 10.000 –cada una– a la familia del fallecido. ¿Quién era la víctima de este caso? Un hombre que prestaba servicio de taxi amigo en el vehículo de su hija. Su cuerpo fue encontrado, el 22 de agosto de 2023, en la vía que conduce al centro de esparcimiento Aqua Park. Tenía tres heridas de arma de fuego. El vehículo fue abandonado por los victimarios en el sector denominado La 13, en el barrio Nueva Esperanza, con rastros de sangre en la cajuela del automotor y las puertas. Labores de inteligencia determinaron que las mujeres –ya sentenciadas como cómplices–, llamaron al taxista para contratar sus servicios. Una vez sustraído el vehículo -informó la Fiscalía General- los cinco coautores participaron en las acciones que terminaron con la vida del conductor. Además, grabaron un video burlándose y haciendo alusión al grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Tiguerones, al interior del vehículo del fallecido. Cuando los capturaron, la Policía Nacional encontró en su poder armas de fuego, teléfonos celulares y prendas de vestir manchadas de sangre, que luego se determinó que pertenecieron a la víctima. Durante el juicio, desarrollado el 20 y el 22 de agosto del 2024, la agente fiscal del caso presentó el testimonio de los agentes aprehensores y del experto que practicó la pericia de audio, video y afines (grabaciones y fotografías alusivas al delito y otras infracciones grabadas en los teléfonos celulares de los procesados). También de la pericia de genética forense que identificó el ADN de la víctima, tanto en la sangre encontrada en el vehículo como en las prendas de vestir de los procesados. A esto se sumó el informe de la pericia balística, pericia de revenido químico, reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias físicas, certificado de defunción, certificado de propiedad del vehículo, certificado de control de armas de las Fuerzas Armadas, movimientos migratorios de los procesados, entre otros

Funcionarios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuraron una pizzería en un plaza comercial de La Aurora, parroquia de Daule, tras hallar cucarachas deambulando en la mesa donde se preparan las masas. Además, según la institución, se descubrieron nidos de estos insectos en la cocina. El cierre del negocio -cuyo nombre no fue revelado- ocurrió el viernes 23 de agosto, tras una inspección en la que se determinó que la falta de higiene en el local representaba «un riesgo para la salud de los ciudadanos». Entre enero y julio de 2024, la Arcsa ha clausurado 170 negocios por presencia de plagas en sus instalaciones, 35 de ellos en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). El organismo ha señalado que no revela los nombres de los locales cerrados por respeto al proceso administrativo que se inicia contra los infractores o representantes legales de los restaurantes u otros establecimientos. Asimismo, indica que mediante la publicación de fotos y videos de las intervenciones «motiva a los dueños de restaurantes a que cumplan con las normativas sanitarias».

Los uniformados, entre ellos un Teniente Coronel, recibieron medidas alternativas. Luego de la aprehensión de 14 personas, entre ellas 4 militares en servicio activo -entre ellos un Teniente Coronel del Ejército- con un cargamento de material mineralizado, Fiscalía inició un proceso penal en su contra, por su presunta participación en el delito de actividad ilícita de recursos mineros. En la audiencia, en la que el Juez calificó la flagrancia, Fiscalía informó que los hechos ocurrieron en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en Imbabura. En la madrugada del 26 de agosto, agentes de Policía detuvieron la marcha de 3 camiones que transportaban material mineralizado. En su interior se encontraban 14 personas, entre ellas 4 militares en servicio activo uniformados y con sus armas de dotación, por esa razón fueron aprehendidos y puestos a órdenes de la Institución para el inicio de las investigaciones. Cárcel para todos los presuntos involucrados, menos para los militares Fiscalía formuló cargos contra todos, sobre la base de los elementos de convicción recabados, entre ellos: el reconocimiento de lugar de los hechos (en la parroquia La Merced de Buenos Aires), el reconocimiento de evidencias, el análisis macroscópico preliminar del presunto material aurífero (realizado por la Policía Nacional), el parte policial de aprehensión, las versiones de los agentes que participaron en el procedimiento y las versiones de los procesados. En la audiencia, que concluyó la mañana del 27 de agosto, Fiscalía explicó que el material hallado a bordo de los vehículos ya se encontraba triturado, es decir, que tenía un procesamiento inicial, por lo cual tendría un mayor valor. El Juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para los diez civiles procesados y para los cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.