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La legisladora de ADN interpuso la querella luego de que el alcalde de Guayaquil le dijo «niña vaga» y «vocera turra» del Gobierno Nacional. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite la denuncia presentada por la asambleísta de ADN, Lucía Jaramillo, en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por supuesta violencia política de género. La legisladora señaló este miércoles 4 de septiembre que los fundamentos de su denuncia y las pruebas que adjuntó serán expuestas en una audiencia el próximo 20 de septiembre. Jaramillo interpuso la querella el pasado 19 de agosto luego de que el alcalde le dijo «niña vaga» y «vocera turra» del Gobierno Nacional. Las declaraciones del funcionario ocurrieron después de la explicación que dio la parlamentaria en la Asamblea Nacional sobre cómo habría operado «el supuesto esquema de contrabando de combustibles» de la empresa donde Aquiles Álvarez y sus hermanos tienen acciones. Ese día Jaramillo fungió como vocera del Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus Derivados, una comisión de legisladores oficialistas conformada tras la denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables contra Álvarez y sus hermanos por supuesto comercio irregular de combustible. Según la asambleísta, las declaraciones del alcalde de Guayaquil incluyeron «insultos y términos denigrantes». De acuerdo a la legisladora, dichas expresiones se enmarcan dentro de estereotipos de género, lo que a su juicio constituye la violencia política, porque no hay una crítica hacia su trabajo, sino como mujer. La violencia política de género está tipificada en el artículo 280 del Código de la Democracia. Se sanciona con una multa, la destitución del cargo y la suspensión de derechos políticos de dos a cuatro años. Actualmente hay otro caso similar que se tramita en el TCE, que involucra a la asesora de la Presidencia de la República, Diana Jácome, y a la vicepresidenta Verónica Abad. La primera denunció a la segunda. Asimismo, hay otro caso -en pausa- por el mismo motivo. Abad denunció al presidente Daniel Noboa, Diana Jácome y otros funcionarios.

Uno era de Los Lobos y otro es el cabecilla de los Chone Killers Hay confusión en redes sociales porque dos personas, presuntamente integrantes de bandas delincuenciales, llevan el mismo alias: ‘Negro Tulio’. La ciudadanía ya había escuchado de este apelativo con la captura, de hace 15 días, de un “Objetivo de Alto Valor”. Abatido en Los RíosLa Policía Nacional informó que ayer fue abatido -mediante el uso legítimo de la fuerza- alias ‘Negro Tulio’. El sujeto se llamaba Pedro R., de 24 años, de nacionalidad extranjera, y presunto integrante del brazo armado Los Lobos. Fue en un operativo ejecutado en Los Ríos, luego de haber causado una muerta violenta en horas de la mañana del martes en la parroquia La Esperanza, Quevedo. El hombre intentó escapar del lugar “realizando detonaciones de arma de fuego contra la integridad de servidores policiales”, quienes mediante el uso legítimo de la fuerza repelieron la amenaza causando su deceso. Parte de los indicios: un arma de fuego y 7 cartuchos. Julio Alberto Martínez Alcívar, también alias ‘Negro Tulio’, es el cabecilla de los Chone Killers. Fue detenido en Panamá y deportado a Ecuador el pasado 1 de junio. Está procesado por presuntamente liderar un grupo de delincuencia organizada que incluye a funcionarios públicos de Durán. Hace 15 días se dio a conocer de los operativos y allanamientos para indagar una presunta red de delincuencia organizada que cometía sicariatos y extorsiones, y en la que ‘Negro Tulio’ daba órdenes y reclutaba funcionarios desde la prisión. ‘Negro Tulio’ fue capturado el 31 de mayo, por la policía panameña. Durante el operativo también fue detenida su novia, Alexandra Germania E., con quien vivía en residencia de Ciudad de Panamá. Al momento, es investigado por el delito de terrorismo y está en prisión preventiva por solo 90 días (de los cuales se han cumplido 60) en la Penitenciaría del Litoral.

Si Abad no comparece el día y hora señalados, la audiencia se hará en rebeldía Diana Jácome, Asesora del Presidente Noboa, presenta una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral,en contra de la Vicepresidenta de la República. Diana Jácome, asesora de Presidencia, informó en su cuenta de X que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite la denuncia que presentó en contra de Verónica Abad, por violencia política de género. La audiencia de prueba y alegatos se realizará el 30 de septiembre. “Nos defenderemos en derecho y con la verdad”, dejó en la red social. El dia de hoy, el TCE admitió a trámite la denuncia que presenté en contra de Verónica Abad, por violencia política. La audiencia de prueba y alegatos se realizará el 30 de septiembre. Nos defenderemos en derecho y con la verdad. Jácome publicó en su cuenta de X el documento del TCE, el cual señala que, a partir de la citación, la Vicepresidenta tendrá cinco días para contestar y presentar las pruebas de descargo. Asimismo, se indica que si la vicepresidenta Abad no comparece el día y hora señalados y tampoco justifica la inasistencia, la audiencia se hará en rebeldía. La asesora pidió al TCE que suspenda los derechos políticos de Abad y le aplique una multa, en respuesta a la denuncia que la vicepresidenta presentó hace una semana contra Noboa, por supuesta violencia política de género. “Confío en que el Tribunal Contencioso Electoral actuará con imparcialidad y justicia, reconociendo la vulneración de mis derechos y permitiéndome continuar mi participación política sin obstáculos indebidos”, dijo en ese entonces.

La Junta de Política y Regulación Financiera aprobó el pasado 30 de agosto una resolución que insta a los bancos y cooperativas de Ecuador ofrecer medidas de alivio financiero para sus clientes con deudas vencidas. Este mecanismo consistirá en que las instituciones financieras consideren, caso por caso, otorgar períodos de gracia y líneas de crédito de emergencia para los deudores de los sectores Financieros Público, Privado y Popular y Solidario. Se tomará en cuenta los saldos vencidos entre desde el 10 de agosto de 2023 y el 31 de mayo de 2025, previo acuerdo con el deudor y por solicitud de éste. Las entidades financieras, durante los procesos de refinanciación o reestructuración analizarán no cobrar gastos de cobranza, costos legales, tarifas y comisiones. Para el refinanciamiento o reestructuración de créditos, se podrá efectuar la consolidación de todas las deudas que el cliente mantenga con la entidad al momento de instrumentar la operación. ¿Qué medidas pueden tomar las instituciones financieras? Las entidades financieras podrán otorgar nuevos recursos, a los deudores, mismos que no estarán sujetos al pago de tributos, contribuciones y otros gravámenes, a fin de no encarecer su costo. Según la Junta de Política y Regulación Financiera, estas medidas de alivio financiero serán aplicables a cualquier deudor, que haya disminuido su capacidad de pago, más no su voluntad de honrar el crédito recibido. Los interesados deben comunicarse con su banco o cooperativa para iniciar el proceso y recibir orientación específica sobre los requisitos y pasos a seguir según su situación particular. Esta resolución se enmarcó en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, que entró en vigencia en marzo de este año.

Además de su destitución, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor fueron ordenados a pagar una multa de 70 sueldos básicos. Sus derechos políticos también fueron suspendidos. Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral, aceptó la denuncia del Observatorio Control Ciudadano y dictó la destitución de Augusto Verduga, Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por cometer una infracción electoral muy grave, al ser promocionados por una organización política. Todos ellos participaron de la campaña de la denominada Liga Azul, promovida por el Movimiento Revolución Ciudadana (RC5). Sus derechos políticos fueron suspendidos, y los cuatro fueron ordenados a pagar una multa de 70 sueldos básicos unificados (SBU). Fueron declarados responsables de incumplir el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia, que trata sobre infringir resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Además, de acuerdo a la sentencia, hubo infracción de un artículo de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que establece que ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato o candidata a consejero o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Observatorio Control Ciudadano manifestó que este resultado «es un claro triunfo para la ciudadanía, que exige un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social verdaderamente independiente y libre de injerencias políticas». Señalan que este organismo es responsable de elegir a las máximas autoridades de control, y que sus procesos deben realizarse de manera imparcial y transparente. La sentencia puede ser apelada hasta tres días después de notificarse esta decisión. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral debe resolver esta segunda instancia en 10 días contados desde la admisión.

Las quejas se hicieron masivas sobre una empresa que desapareció. Al parecer, esta firma utilizaba a influencers para atraer a gente que buscaba generar dinero en poco tiempo mediante la comercialización de pulseras. En las últimas semanas se ha dado a conocer la noticia de una empresa que supuestamente se dedica a hacer estafas piramidales y utiliza a las redes sociales como plataforma de difusión. En el último fin de semana, un grupo de afectados señaló que la firma dejó de funcionar en Ecuador. Su desaparición generó preocupación entre quienes invirtieron en esa compañía. De acuerdo a la información que se difundió en redes sociales, esta ofrecía a la posibilidad de participar en la creación de pulseras mediante una inversión económica. También se conoció que varios influencers promocionaban a la plataforma en sus cuentas de Tik Tok. ¿Cuál era la función de estos personajes? Atraían a la gente (clientes) mediante códigos de referencia. El supuesto beneficio era que recibían un 40% de las inversiones realizadas por cada una de las personas que llegaban a formar parte de la platataforma. En sus promociones, la compañía señalaba que es una gran oportunidad para generar ingresos desde casa. Decía que paga por hacer pulseras o comprar franquicia. Proporcionaba la materia prima al cliente y, al terminar las pulseras, este las enviaba a la misma empresa y recibía una comisión por la mano de obra. Su oficina se ubicaba en Quito y era una forma fácil de generar ingresos, señala una de las influencers en un video corto de un minuto con 32 segundos. Para formar parte de la cadena, ella pedía que ingresen a su perfil de Tik Tok y se registren con un código de invitación. Luego sugería que pueden escribirle a su chat en Instagram para brindar mayor información por interno. También mostraba un enlace para que se unan a su grupo de Whatsapp. Al final de su video, la joven mostraba las tomas de los exteriores de la oficina en donde funcionaba la compañía. Otra influencer decía que vendiendo las pulseras se podían general USD1 000 en un mes y sin descuidar al hogar y los hijos.