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Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), admitió a trámite la denuncia por violencia política de género que interpuso la concejal Ana Chóez en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Con ello, fijó para el 3 de octubre la audiencia única de pruebas y alegatos en la que deberán comparecer ambos, en el edificio del TCE en Quito. Chóez, edil socialcristiana, señaló en su querella que Aquiles Álvarez ha incurrido en tres infracciones del Código de la Democracia relacionadas a la violencia política de género: Realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos Imponer sanciones administrativas o judiciales injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación La denunciante apuntó que esto ha ocurrido con su exclusión sistemática de las transmisiones en vivo de las sesiones de cada semana del Concejo Municipal de Guayaquil. La última vez que se mostró en cámara su rostro fue en la sesión itinerante del 16 de noviembre de 2023, Desde entonces, cuando Choéz interviene, solo se transmite su audio y la cámara muestra otros planos, de los demás concejales o del público. Además, sostuvo que ha sido víctima de acusaciones públicas sin fundamento y comentarios denigrantes por parte del alcalde, como ocurrió el 11 de diciembre del 2023. «Usted está así por el tema de las tablets en la Fiscalía. Entiendo que ya fue rendir versión, ¿no? Y ese proceso continúa, entonces usted obvio me odia, entonces ese odio en la nubla (…) «por esto el país está en la m, por perfiles como usted, que solo vienen a molestar y no a trabajar», expresó Álvarez aquel día. La violencia política de género, al ser considerada como una infracción electoral muy grave, puede desencadenar en una destitución del cargo, multas de 21 sueldos básicos unificados, o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. Esto significó que sea la segunda denuncia admitida contra Álvarez por esta causal, pues esta semana también se tramitó la querella interpuesta por la legisladora Lucía Jaramillo. La asambleísta de ADN presentó la acusación luego de que el alcalde de Guayaquil le dijera «niña vaga» y «vocera turra» del Gobierno Nacional. La audiencia por este caso se llevará a cabo el 20 de septiembre.

Una nueva modalidad de estafa con el esquema de Ponzi afectó a decenas de personas en Ecuador. La empresa Craft, que realizaba captación de dinero, cerró sus puertas y se marchó del país sin dar explicaciones a sus «inversionistas». La empresa no estaba autorizada para realizar actividades reservadas al Sistema Financiero Nacional, advirtió la Superintendencia de Bancos la tarde del viernes 6 de septiembre del 2024. Sin embargo, la alerta llegó tarde, ya que miles de personas colocaron su dinero, con la esperanza de obtener grandes réditos a corto plazo. Craft no consta en la lista de empresas autorizadas por la Superintendencia de Bancos. Pero funcionaba en el país y recibía ‘inversiones’ que iban desde un dólar hasta 1000 a la semana. A cambio, quienes participaban debían elaborar pulseras y mientras «más invertían más ganancia recibían«, según las publicaciones de la empresa en Facebook. Las personas que participaban también podían recibir otros premios como celulares y dispositivos tecnológicos. Además, podían acceder a una plataforma digital para retirar el dinero de las supuestas ganancias. La empresa se amparaba en influencers de redes sociales como TikTok para atraer a más personas. A ellos les pagaban por captar personas o inversionistas. Desde finales de agosto de 2024, la supuesta oficina de Craft está cerrada en Quito y la plataforma no ha hecho ninguna publicación en redes sociales. T.A

El magistrado llamó severamente la atención por la falta de información. Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, junto a sus compañeros de esta mesa legislativa fueron multados por el juez Édgar Romero debido a que no han cumplido su sentencia de retomar los juicios políticos de exministros del gobierno de Guillermo Lasso. La resolución fue tomada este viernes seis de septiembre luego de Aguirre enviara un escrito en el que menciona, entre otras cosas, que la decisión de reactivar los procesos de fiscalización depende de la comisión y debe ajustarse a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, el magistrado consideró que en el documento había “ambigüedad” y reiteró que no se ha cumplido su sentencia, “dado que no se ha mencionado las acciones ejecutadas para la sustanciación de los juicios políticos”. Además, llamó severamente la atención por la falta de información sobre las acciones que ha ejecutado la mesa legislativa en torno al fallo. Por ello, pidió que en 24 horas se remita un informe. El juez Romero también impuso una “multa compulsiva y progresiva diaria” equivalente al 50% de la remuneración básica unificada del trabajador, es decir, 230 dólares, que se incrementará en caso de incumplimiento por cada día de retraso. No obstante, la sanción puede ser reajustada o dejada sin efecto si se considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación. La multa no solo es para Aguirre sino también para los otros integrantes de Comisión de Fiscalización, quienes deben comunicar las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la sentencia. El pasado 22 de agosto, el magistrado aceptó la acción de protección interpuesta por la legisladora Inés Alarcón (ADN), quien pidió el levantamiento del archivo de los juicios políticos contra el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo. Esto complicó los planes de la Comisión de Fiscalización que se aprestaba a iniciar con el proceso de fiscalización contra Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado. De hecho, la mesa legislativa tiene programado reunirse este sábado siete de septiembre para conocer la resolución del juez

El viceministro de Educación, José Flores, junto al Coordinador Zonal 3 de Educación (E), Alex Mejía, cumplió una agenda territorial en tres provincias de la Zona 3: Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza, durante los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2024. Martes, 03 de septiembre – Cotopaxi En el marco del inicio del año lectivo del régimen Sierra-Amazonía, el viceministro visitó la Unidad Educativa Fernando Daquilema en la parroquia Zumbahua, así como el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Julio Cabascango, ubicado en el cantón Sigchos. Durante su recorrido, Flores entregó kits escolares a los estudiantes y supervisó los trabajos de adecuación realizados en las aulas, destinados a mejorar el ambiente para el desarrollo académico. Miércoles, 04 de septiembre – Tungurahua En Ambato, el viceministro inauguró el año lectivo en la Unidad Educativa Hispano América. En compañía de los estudiantes, participó en el Momento Cívico, un espacio en el que se destacó el respeto como valor fundamental en el entorno escolar. “Fomentamos un ambiente positivo en las aulas, desarrollando habilidades sociales que nos permiten interactuar de manera constructiva. Además, promovemos la autoestima y la confianza en uno mismo, potenciando la participación y el intercambio de ideas”, enfatizó Flores. Asimismo, el viceministro acompañó a la ministra de Educación, Alegría Crespo, en la inauguración de clases en la Unidad Educativa Bolívar y asistió al foro titulado “Importancia de la Educación como Mecanismo de Erradicación de la Violencia”, llevado a cabo en la Universidad Uniandes, en el cantón Tisaleo. Jueves, 05 de septiembre – Pastaza El viceministro dio inicio oficial al ciclo escolar Sierra-Amazonía 2024-2025 en la Unidad Educativa Fray Álvaro Valladares, en Puyo, con la participación de la Banda de Paz de la institución. Durante el evento, resaltó la importancia de valores como el respeto y las inserciones curriculares de asignaturas como Cívica, Ética e Integridad. Posteriormente, visitó la Escuela de Educación Básica Enrique Vacas Galindo, donde compartió con la comunidad educativa local. El Ministerio de Educación reafirma su compromiso de garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes del sistema educativo público del país.

La motivación de su desaparición obedecería a causas familiares. La Policía Nacional informó la mañana de este viernes 6 de septiembre de 2024, que la menor Zevainna Sánchez fue localizada, luego de estar más de cinco días reportada como desaparecida. “En Riobamba localizamos sana y salva a una menor desaparecida”, informó la institución encargada de la seguridad ciudadana desde su cuenta oficial de X (antes Twitter). Dieron a conocer que tras diligencias investigativas, localizaron en Riobamba, provincia de Chimborazo a la menor Zeivanna Sánchez, quien se encontraba reportada como desaparecida desde el 29 de agosto de 2024, en Quito. “La motivación obedecería a causas familiares”, señaló la Policía. Asimismo, indicaron que se encuentra a buen recaudo junto a sus seres queridos.

163 fotorradares serán suspendidos en 32 cantones y una mancomunidad La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) arrancó el proceso de suspensión de 163 fotorradares en 32 cantones y una mancomunidad (grupo de cantones) luego de recibir una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que regula las competencias de la primera institución. En un comunicado difundido por la misma CTE, se señala que hubo municipios que firmaron -de manera irregular- convenios con el organismo de tránsito para instalar estos dispositivos. Esos acuerdos desobedecieron el artículo 30.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece que el control del tránsito y la seguridad vial es facultad de los municipios, que deben destinar recursos humanos y económicos para ejercer esa competencia. La CTE no ha precisado dónde están ubicados los fotorradares que serán suspendidos. Ecuavisa.com consultó el porqué y desde la institución señalan que los municipios aún están siendo notificados. Luego de que todas las autoridades locales hayan sido informadas de la decisión, se difundirá la ubicación de los artefactos. Según Mario Andrade, director ejecutivo de la CTE, en todo el país hay 302 fotorradares en proceso de suspensión, pues existen cuestionamientos en su funcionamiento.

La audiencia de juicio en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno Velin y Juan José Morillo Velasco, así como el expresidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, no se instaló la mañana de este viernes 6 de septiembre de 2024, en la Corte Nacional de Justicia. El motivo fue que no se notificó al juez nacional, Vinicio Rodríguez Mongón y no se conformó el Tribunal de Juzgamiento. Se trata de la sexta vez que se suspende la diligencia, informó la Fiscalía General en su cuenta de X. Ellos son investigados por presunto tráfico de influencias en el caso denominado Vocales. Se informó que la instancia notificará a las partes procesales la nueva fecha y hora para la instalación. #LoMasLeído 📌 | Parte del contenido de una computadora periciada de #JorgeGlas registraron archivos que dejan ver la hoja de ruta del correísmo, para impulsar un juicio político de destitución de Diana Salazar. 💻 ://t.co/mHZyaCS8mC pic.twitter.com/2u7YmNGmrz El caso Vocales fue uno de los procesos por los que el Consejo de la Judicatura, dirigido por Wilman Terán, destituyó ilegalmente al juez nacional Walter Macías, quien luego volvió a su cargo por orden constitucional, aceptó la acusación fiscal y los llamó a juicio.

Noboa también pide a la Fiscalía que inicie una investigación ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos. Las cifras del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) determinan que en el período de gobierno de Rafael Correa hubo 7.379 muertes de intención indeterminada relacionadas a hechos violentos en el período 2007-2017, mientras el correísmo se jactaba de ser el país más seguro de la región. Esto motivo que Arduino Tomasi, investigador de la Universidad de Chicago en la Harris School of Public Policy, revisara los datos del INEC para saber por qué esa cifra nunca salió a la luz. Según Tomasi, no se puede saber si esas muertes fueron asesinatos, sicariatos, suicidios, accidentes de tránsito, ya que las instituciones lo catalogaron como indeterminado. Pero lo que sí se puede saber, ha explicado Tomasi, es que el tiempo y la ubicación geográfica en las que sucedieron. Según el investigador, estas muertes se concentran cantones por donde se transporta la droga, por ejemplo, en la Frontera Norte. Asimismo, ha referido, que coincide en temporalidad con los decomisos o incautaciones de droga. ¿LA BASE DE MANTA HABRÍA INFLUIDO? Tomasi va más allá: esta tendencia habría sucedido tras la salida de la Base de Manta en 2009. Dice que, si era un país seguro y si la tasa de homicidios estaba a la baja, como ha defendido Rafael Correa, ¿por qué aumentaban las muertes violentas? Obviamente el correísmo ha justificado temas estadísticos y manipulación de la información en etapa electoral. Pero el presidente Daniel Noboa acaba de pedir que el INEC realice una auditoría interna “ante la investigación que evidencia la posibilidad de una manipulación sistémica de los datos de homicidios durante gobiernos pasados”. También pide a la Fiscalía que inicie una investigación ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos. La carta de Noboa también pide investigar la gestión del exasesor de salud de la Presidencia entre 2011 y 2023, Pablo Aníbal Izquierdo, quien fue detenido por supuesto delito de pornografía hace dos meses. Esto debido a que las muertes indeterminadas tendrían relación con desapariciones y trata de personas. Muchos se preguntarán, ¿para qué desenterrar el pasado? La respuesta es una sola: Justicia. Esto no es una cuestión política”, escribió Noboa.