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CDL Noticias Desde las clínicas afirman que la deuda es todavía grande. De forma puntual, determinados centros han reducido terapias o han dejado de hacer análisis y dar medicamentos. Unos 20 000 pacientes con insuficiencia renal, que requieren diálisis en Ecuador, viven desde hace año y medio una angustiosa incertidumbre. Esto debido a las millonarias deudas que acumula el Gobierno con las clínicas privadas donde reciben el tratamiento, cuyo servicio necesitan para seguir viviendo. Los impagos llegaron a acumularse por más de un año, según asegura a EFE el propietario de uno de estos centros privados, que atiende hasta cuatro turnos diarios, desde las 05:00 hasta la 01:00. Cada paciente debe pasar al menos tres veces por semana, en sesiones de cuatro horas. USD 200 millones de deuda Desde 2008, año en que la insuficiencia renal fuera declarada en Ecuador como una enfermedad catastrófica, la diálisis está cubierta por el Estado. Sin embargo, no cuenta con capacidad para atender a todos y debe derivar a clínicas privadas al 88 % de los pacientes, que ascienden a unos 17 000. La deuda hasta abril se aproximaba a los USD 200 millones, según la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador. Consultado por EFE, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) señaló que está dando prioridad a los pagos a las dializadoras. Así, en 2024 pagó USD 113 millones y este año ha pagado USD 65,5 millones, si bien admite que no ha terminado las auditorías para saldar las deudas de 2024, con un cronograma que «depende de los recursos económicos presentes y futuros». Mientras, el Ministerio de Salud Pública ha pagado en las últimas semanas mediante bonos de deuda, y las clínicas han tenido que revenderlos para conseguir liquidez. Demanda en tribunales Desde las clínicas afirman que la deuda es todavía grande. De forma puntual, determinados centros han reducido terapias o han dejado de hacer análisis y dar medicamentos, según denuncia la paciente Gabriela Álvaro, quien ha presentado en la Justicia una acción de protección contra el Gobierno y las instituciones estatales de salud. «Hay dializadoras que han quitado media hora de diálisis. Otras han quitado una diálisis de las tres semanales y, si el paciente desea realizar las tercera, deben comprar esos insumos», explica a EFE Álvaro, que comenzó con las diálisis a los 23 años y tuvo que volver a ellas después de que le fallara un trasplante de riñón. «El año pasado, en Guayaquil, clausuraron una clínica porque el dueño salía a los plantones de los pacientes. La clínica dejó de recibir recursos. Los pacientes tuvieron que comprar los insumos durante ocho meses hasta que la clínica cerró y tuvieron que ser derivados a la red pública», denuncia. Y es que la deuda ha impactado también a los proveedores, que en algunos casos han suspendido el suministro de productos a los centros de diálisis. Así lo ha vivido en primera persona Roberto García, que ha tenido que comprar los implementos para su diálisis. Hasta en tres ocasiones le dijeron en su centro que no iban a realizarse más diálisis por falta de insumos. Por ello, junto a otros pacientes, terminó comprando cada kit en más de 40 dólares. Un conocido suyo falleció porque, según asegura, no pudo comprar los insumos. Cuestión de vida o muerte «Nuestra vida depende de una máquina, y no puede ser que también dependa de que haya voluntad para pagar y poder adquirir todos los materiales», señala el hombre, quien agrega que ellos tienen «ganas de vivir» y lamentan que, por el «poco interés» que parece haber en esta situación, se les quite ese deseo. «Por eso, este problema requiere una solución rápida», indica a EFE la presidenta de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Ecuador (ACHPE), Ana Delgado. La líder del gremio reivindicó el «profesionalismo y compromiso ético que el sector privado ha tenido, porque no cualquiera puede afrontar una deuda de tantos años». «Nuestras instituciones han soportado la atención de los pacientes cuando el Estado no tenía la capacidad de hacerlo», remarca. Posible recorte de tarifa A la deuda se le añade ahora otra preocupación adicional: una propuesta del IESS de reducir a USD 1 100 el precio mensual de la terapia, fijado hace más de una década en USD 1 456. Tanto pacientes como clínicas lo ven insuficiente para cubrir los costes de la atención, que incluye de 13 a 14 diálisis por mes, además de análisis, medicamentos y atención médica. El IESS alega que el tarifario «establece los techos máximos de las prestaciones de salud, mismo que puede variar de acuerdo a las condiciones del mercado». «El IESS jamás tomaría una decisión en perjuicio de sus afiliados», asevera. En cambio, Delgado sostiene que la propuesta atenta contra la integralidad de la atención y augura que causará un incremento de costosas hospitalizaciones de pacientes, cuando hasta ahora el programa de diálisis de Ecuador se ha mostrado modélico, con una tasa de ingreso hospitalario del 33,1 %, frente al 67,5 % de Colombia o al 72,6 % de Brasil.

CDL Noticias La diligencia se llevó a cabo este 29 de mayo de 2025. En cuanto a Alfonso Camacho, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha -con voto de mayoría– confirmó su estado de inocencia. Desde las 08:30 de este jueves 29 de mayo de 2025 se instaló la audiencia, en la Corte Provincial de Justicia, en la que se ratificó la sentencia de 34 años y ocho meses en contra del exteniente de la Policía Nacional, Germán Cáceres, por el femicidio de su esposa, la abogada quiteña María Belén Bernal Otavalo. Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, esperaba que la justicia ratifique la condena en contra del exoficial. En esta audiencia de apelación también se confirmó la inocencia –con voto de mayoría– del teniente Alfonso Camacho. Él fue acusado de presunta omisión al supuestamente no auxiliar a Belén Bernal. En su cuenta de X, Otavalo afirmó que no se debe olvidar que la muerte de su hija se dio en la Escuela Superior de Policía. Su abobago, Juan Pablo Albán, manifestó en la misma red social que tras 14 meses de espera se reinstalará la audiencia. «La Corte Provincial de Pichincha se negó a permitir la presencia de las partes en sala para oír la decisión». Además, expresó que se permitió a la defensa de uno de los acusados incidentar la audiencia e inobservar el principio de oralidad que rige en el proceso penal ecuatoriano y dilató irrazonablemente el anuncio del fallo por más de un año con pretextos de toda índole. La familia y la defensa de Bernal confían en que la justicia hará su trabajo y atribuirá las consecuencias jurídicas que corresponden, «pero el comportamiento de la Corte Provincial de Pichincha en este caso es por decir lo menos preocupante».

CDL Noticias Los Chonekillers contaminaban productos de pitahaya en contenedores aéreos para enviar a España. El Ministerio del Interior anunció la captura de 13 personas, entre ellas, tres policías en servicio activo, acusadas de integrar una organización criminal vinculada al narcotráfico internacional. El grupo delictivo estaría relacionado con la banda Chone Killers, una de las más peligrosas del país. Operativos de captura en Guayaquil, Durán y QuitoLas detenciones se realizaron en Guayaquil, Durán y Quito, como parte de un megaoperativo coordinado por las fuerzas de seguridad nacionales. Se conoció que las investigaciones comenzaron desde 2024. Según las autoridades, los implicados operaban una estructura de envío de drogas hacia Europa, ocultando cocaína en cargamentos de pitahaya Este caso de narcotráfico internacional desde Ecuador hacia España fue descubierto tras una investigación conjunta con autoridades europeas. En Madrid, fueron capturados cuatro ciudadanos: un argentino, un español y dos albaneses, quienes estarían a cargo de la logística y acopio de cocaína. Inicio de la investigación: incautación de 165 kilos de cocaína La investigación se activó el 14 de agosto de 2024, cuando las autoridades españolas decomisaron 165 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor aéreo de pitahaya que arribó al aeropuerto de Madrid. La operación fue liderada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de España. Empresas frutícolas usadas como fachada para el envío de cocaína Las indagaciones revelaron que los delincuentes utilizaron empresas exportadoras de frutas tropicales principalmente pitahaya, maracuyá y naranjilla para camuflar la droga y facilitar su envío internacional. Estas compañías, aparentemente legales, formaban parte del esquema de lavado de activos y tráfico de estupefacientes. Control de carga en aeropuerto de Guayaquil: corrupción y complicidadEl grupo criminal había logrado infiltrarse en la cadena logística del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, mediante el reclutamiento de empresas de seguridad privada, personal de control de carga y funcionarios aduaneros. Esto les permitía contaminar los cargamentos sin levantar sospechas. Por su parte, la Policía indicó que está preparando la rueda de prensa para dar más detalles de este gran golpe al narcotráfico.

CDL Noticias La diligencia se lleva a cabo en la Corte Provincial de Justicia. Los parientes de la abogada quiteña esperan que se ratifiquen los 34 años de cárcel que pesan sobre el exoficial de la Policía. También se conocerá si se ratifica la inocencia del teniente Alfonso Camacho. Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, espera que la justicia ratifique la condena contra del exoficial. En esta audiencia de apelación también se conocerá si se ratifica la inocencia del teniente Alfonso Camacho o si va a prisión. Él fue acusado del presunto delito de omisión al supuestamente no auxiliar a Belén Bernal. En su cuenta de X, Otavalo afirmó que no se debe olvidar que la muerte de su hija se dio en la Escuela Superior de Policía. Su abogado, Juan Pablo Albán, manifestó en la misma red social que tras 14 meses de espera se reinstalará la audiencia. «La Corte Provincial de Pichincha se negó a permitir la presencia de las partes en sala para oír la decisión». Además, expresó que se permitió a la defensa de uno de los acusados incidentar la audiencia e inobservar el principio de oralidad que rige en el proceso penal ecuatoriano y dilató irrazonablemente el anuncio del fallo por más de un año con pretextos de toda índole. La familia y la defensa de Bernal confían en que la justicia hará su trabajo y atribuirá las consecuencias jurídicas que corresponden, «pero el comportamiento de la Corte Provincial de Pichincha en este caso es por decir lo menos preocupante»