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CDL Noticias La crisis afecta especialmente a quienes requieren fármacos críticos, como anestésicos y tratamientos para enfermedades catastróficas. Los pacientes de hospitales públicos enfrentan un verdadero viacrucis para conseguir medicinas esenciales y de uso delicado. La cruz se vuelve más pesada para quienes deben adquirir fármacos complejos, como anestésicos para cirugías. La escasez en las casas de salud obliga a médicos a entregar recetas informales, en pedazos de papel común y, en todos los casos, sin firma. En Ecuador no se pueden vender anestésicos sin receta médica. La comercialización de fármacos como propofol, midazolam y otros medicamentos controlados requiere obligatoriamente prescripción. Pero la falta de stock empuja a los pacientes a buscarlos. Algunas farmacias se niegan a venderlos. En otras, en cambio, los comercializan aun cuando saben que no pueden hacerlo. Un círculo que, ante el desabastecimiento, calificado como histórico por colegios médicos, se vuelve peligroso. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública permanece en silencio. Gremios médicos y de la sociedad civil exigen la designación urgente de un ministro de Salud, cargo que por ahora está encargado a la vicepresidenta María José Pinto.

CDL Noticias El presidente de Barcelona Sporting Club, Antonio Álvarez, tiene prisión preventiva por presunta delincuencia organizada, relacionada con un presunto lavado de activos y defraudación tributaria. El presidente de Barcelona Sporting Club, Antonio Álvarez, ingresó la tarde de este jueves 12 de febrero al Centro de Rehabilitación Social Azuay No. 1, conocido como la cárcel de Turi, en Cuenca, provincia del Azuay. El directivo cumple prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada, en el marco de una investigación que también incluye posibles casos de lavado de activos y defraudación tributaria. Álvarez fue trasladado al centro penitenciario como parte del proceso judicial del denominado Caso Goleada, que es investigado por la Fiscalía General del Estado. Durante el mismo operativo fueron detenidos sus hermanos, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Xavier Álvarez. En total, el proceso involucra a once personas. Ante esta situación, Barcelona SC informó mediante un comunicado oficial que Miguel Montalvo asumió la presidencia del club de manera temporal. Cabe recordar que Antonio Álvarez fue elegido presidente de Barcelona SC el 25 de mayo de 2025, tras imponerse en las elecciones con 1.159 votos, superando a Matías Oyola, quien obtuvo 686. Oyola, argentino-ecuatoriano, es considerado uno de los ídolos de la institución, tras consagrarse tricampeón nacional como jugador en 2012, 2016 y 2020.

CDL Noticias El exdirector regional Christian Marín, quien presentó la denuncia, insiste en que el ministro del Trabajo evitó comparecer y reitera sus acusaciones por presuntas presiones para levantar un impedimento contra Álvaro Rosero. El ministro del Trabajo, Harold Burbano, no se presentó por cuarta ocasión consecutiva a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la investigación previa por un presunto delito de tráfico de influencias. Así lo informó el abogado y exdirector regional del Ministerio del Trabajo, Christian Marín, quien presentó la denuncia en su contra. A través de su cuenta en la red social X, Marín aseguró que esta es la cuarta vez que el funcionario no comparece ante el Ministerio Público. “Es la cuarta ocasión que Harold Burbano no viene a la Fiscalía a rendir la versión por el delito de tráfico de influencias”, escribió, al insistir en que el caso debe avanzar. La denuncia surge a raíz de los hechos que, según el relato de Marín, lo llevaron a presentar su renuncia irrevocable como director regional del Ministerio del Trabajo. El exfuncionario sostuvo que el ministro habría ingresado a su despacho acompañado de asesores y le habría exigido levantar de manera inmediata el impedimento para ejercer cargo público que pesaba sobre Álvaro Rosero, quien había sido designado como ministro de Gobierno. De acuerdo con Marín, la orden debía cumplirse en un plazo de “tres minutos” y, según afirmó, se habría invocado incluso una supuesta disposición del presidente Daniel Noboa, versión que el exdirector dijo no creer. Para él, se trató de una presión indebida y de un procedimiento que no se ajustaba a los mecanismos administrativos correspondientes. Tras hacer públicas estas acusaciones, Marín acudió en el mes de enero a la Fiscalía para aportar información dentro de la investigación. En ese entonces, sostuvo que los hechos configurarían el delito de tráfico de influencias, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal cuando un servidor público utiliza su cargo para obtener decisiones o resoluciones en beneficio propio o de terceros.

CDL Noticias El menor sufrió daño cerebral irreversible durante una intervención de baja complejidad; el médico recibió tres años de prisión condicional. Un niño de cuatro años de edad, identificado como Valentín, falleció en Argentina tras someterse a una cirugía de rutina en un sanatorio de la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro. El caso es investigado por la Justicia y derivó en la condena penal del anestesiólogo que estuvo a cargo del procedimiento. De acuerdo con información judicial y reportes de medios locales, el menor ingresó al centro médico para una intervención considerada de baja complejidad. Sin embargo, durante la cirugía sufrió una lesión cerebral grave, provocada por la falta de oxígeno y de flujo sanguíneo, lo que posteriormente derivó en su fallecimiento. Tras lo ocurrido, los padres del niño denunciaron presunta negligencia médica. La madre del menor, Ariana Toledo, señaló que su hijo no presentaba un cuadro de riesgo y que la operación no implicaba mayores complicaciones. No obstante, el niño salió del quirófano con un daño neurológico irreversible. Según la resolución judicial, el médico anestesiólogo identificado como Javier Atencio Krause fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio culposo. Durante el juicio se acreditó que no se mantuvo la vigilancia anestésica continua exigida por los protocolos médicos durante la intervención. La investigación determinó que el niño permaneció varios minutos sin registros adecuados de oxigenación y presión arterial, periodo considerado crítico para el cerebro. Además, se estableció que el anestesiólogo habría utilizado su teléfono celular durante la cirugía e incluso se ausentó momentáneamente del quirófano, lo que impidió detectar a tiempo una obstrucción en el sistema de ventilación del paciente. El fiscal del caso sostuvo que la conducta del profesional constituyó una omisión grave en los cuidados que exige la práctica médica, lo que derivó directamente en el desenlace fatal. El juez coincidió con esta valoración al momento de dictar sentencia. Tras la intervención quirúrgica, el menor fue trasladado a la unidad de terapia intensiva, donde permaneció varios días bajo observación médica. Posteriormente, los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral, lo que llevó a la familia a autorizar la desconexión del soporte vital. En la audiencia de cesura, el tribunal impuso al anestesiólogo una pena de tres años de prisión condicional y una inhabilitación para ejercer la medicina durante diez años. La defensa había solicitado una sanción menor y una restricción limitada al ámbito pediátrico, pedido que fue rechazado. El caso generó amplia atención pública en Argentina y reabrió el debate sobre los controles y protocolos de seguridad en procedimientos médicos, especialmente en cirugías pediátricas. Las autoridades judiciales señalaron que la sentencia busca establecer responsabilidades conforme a la ley, mientras que la familia del niño sostuvo que el proceso tuvo como objetivo principal esclarecer lo ocurrido durante la cirugía.

CDL Noticias Mediante esos recursos se impidió que Alexandra Villacís reemplace a Mario Godoy en la presidencia de la Judicatura, mientras que meses atrás Oscar Ayerve fue impedido de asumir como consejero del Cpccs.La última jugada del Ministerio de Trabajo, liderado por Harold Burbano, fue impedir que Alexandra Villacís, vocal suplente de Mario Godoy, asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura, en ausencia temporal del titular. La entidad emitió este lunes 9 de febrero de 2026 un impedimento para ejercer cargos públicos en Contra de Villacís, en momentos en que Godoy solicitó licencia para defenderse del juicio político en la Asamblea, por presuntas presiones de funcionarios de la Judicatura para favorecer al narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan. El motivo del impedimento laboral responde a obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), decisión que tomó por sorpresa a Villacís, tras afirmar que no tiene deudas con esa entidad. La vocal alterna de Godoy, quien ha sido catalogada como no afín al Gobierno de Daniel Noboa, publicó un certificado del propio SRI, con fecha 9 de febrero, en el que consta que no registra obligaciones tributarias pendientes. Denunció que, de manera extraña, se habilitó esta semana un RUC que se encontraba inhabilitado, en el que se incluyeron supuestas deudas de años atrás correspondientes a declaraciones de IVA. “Es algo sumamente raro”, resaltó la funcionaria en una entrevista con radio FM Mundo, tras recordar que en diciembre pasado reemplazó a Godoy sin ningún inconveniente. Tras inhabilitar a Villacís, el pleno del Consejo de la Judicatura nombró, en una sesión extraordinaria desarrollada la madrugada de este martes 10 de febrero, al vocal Damián Larco como presidente temporal de la entidad. Todo rápido en la JudicaturaLarco fue director del SRI, nombrado por el presidente Daniel Noboa, y en su administración se redujo la deuda millonaria que mantenía la familia del mandatario. Simultáneamente, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) fue convocado, para este martes 10 de febrero, a una sesión extraordinaria para conocer un oficio del director general del Consejo de la Judicatura, referente al mecanismo de selección del vocal suplente de la fuente de la Corte Nacional de Justicia, es decir, el remplazo de Villacís. Impedimento laboral en el CpccsUn hecho similar al de la vocal suplente de Mario Godoy, se dio en el Cpccs el 26 de agosto de 2025, cuando el ministerio de Trabajo emitió un impedimento para ejercer cargo público en contra del consejero suplente Oscar Ayerve. En ese entonces, el ministerio estaba dirigido por Ivonne Núñez, y la razón del impedimento fue una obligación pendiente con la Corporación Financiera Nacional (CFN). Esto impidió que Ayerve se principalice en remplazo del consejero Gonzalo Albán, quien enfrentaba un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional. En ese entonces, Oscar Ayerve acusó al asesor presidencial Fausto Jarrín de “comandar el operativo para que no esté en el Cpccs como principal”. El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, dispuso un cerco policial en el edificio de la entidad para impedir el ingreso de Ayerve. Polémico caso de Álvaro RoseroEn la frustrada designación de Álvaro Rosero, como ministro de Gobierno en noviembre de 2025, el Ministerio de Trabajo fue criticado por el levantamiento, en 24 horas, de un impedimento laboral que pesaba en contra del radiodifusor quiteño. El 18 de noviembre Rosero registraba impedimento para ejercer cargo público por obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al ser el representante legal de Radio FM Efemedio, que se encontraba en mora con la entidad estatal. Un día después, la prohibición desapreció debido a que Rosero había traspasado la representación legal de la compañía a una hermana. En ese entonces, Christian Marín, exdirector regional de Trabajo en Quito, denunció que fue presionado por el ministro Harold Burbano, para levantar el impedimento laboral de Rosero. Marín denunció en la Fiscalía a Burbano por el presunto delito de tráfico de influencias, proceso que se encuentra en etapa de investigación previa.

CDL Noticias El descontento ciudadano impulsa pedidos de revocatoria a Noboa, pero expertos advierten que el CNE y los requisitos la hacen casi inviable. El mayor obstáculo es la falta de garantías institucionales del CNE según expertos electorales. La falta de resultados del Gobierno en áreas clave como salud, seguridad y economía, sumada a los escándalos de corrupción que involucran a funcionarios del Ejecutivo y al control de las funciones del Estado, ha incrementado el pesimismo y el descontento ciudadano, según encuestas realizadas en enero de 2026. En este contexto, sectores políticos y sociales comienzan a plantear la revocatoria de mandato como una posible salida democrática frente a una gestión considerada ineficiente, aunque expertos advierten que su ejecución enfrenta serios obstáculos institucionales. Esta figura de democracia directa permite que los electores retiren el mandato de una autoridad antes de que concluya su periodo, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos. ¿Cuándo se puede solicitar una revocatoria?La politóloga y experta en Derecho Electoral Melania Carrión explica que, según la Constitución, la revocatoria de mandato puede solicitarse una vez cumplido el primer año y antes del último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. En el caso del presidente Daniel Noboa, quien cumple un año de su segundo mandato el 24 de mayo de 2026, todavía no se ha habilitado el plazo constitucional para iniciar formalmente este proceso Requisitos y firmas necesariasPara revocar el mandato de un presidente de la República se requiere: El respaldo del 15 % de firmas del registro electoral nacional. Un plazo máximo de 180 días para la recolección de firmas. La aprobación de la revocatoria con la mitad más uno de los votos de quienes sufragan, no solo de los votos válidos. Carrión aclara que este requisito es más exigente que el aplicado a otras autoridades de elección popular. El procedimiento ante el Consejo Nacional Electoral El constitucionalista y experto electoral Esteban Ron detalla las etapas del proceso: Solicitud formal de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral, sustentada en el incumplimiento del plan de gobierno.Revisión inicial de requisitos formales.Notificación inmediata a la autoridad cuestionada. Plazo de siete días para que la autoridadimpugne el pedido. Decisión del CNE con informe jurídico.Entrega de formularios para recolección de firmas (180 días). Verificación de firmas en un plazo de 15 días y eventual convocatoria al proceso electoral.Ron recuerda que intentos similares contra los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso no prosperaron por falta de pruebas sobre incumplimientos del plan de trabajo. El único caso en el que la revocatoria de mandato completó todo el proceso y terminó con la salida de la autoridad fue el del exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, conocido como “el Chato Castillo”. ¿Qué pasaría si se revoca el mandato?El constitucionalista y experto electoral, Mauro Andino Espinoza, señala que, en caso de que prospere una revocatoria contra Noboa, asumiría la Presidencia la vicepresidenta María José Pinto hasta la finalización del periodo. Aclara que la revocatoria es individual y no afecta automáticamente a la vicepresidenta, pese a que ambos fueron electos en binomio. El CNE, el principal obstáculoLos expertos coinciden en que, aunque la revocatoria es un mecanismo constitucional de contrapeso ciudadano, su ejecución es extremadamente difícil. El mayor obstáculo, aseguran, es la falta de garantías institucionales del CNE. ““No hay garantías de que el proceso prospere, a nivel institucional no confío en el CNE, no creo que ellos vayan a entregar los formularios, lamentablemente el CNE está cooptado por el Ejecutivo y ellos hacen prácticamente lo que les ordena Daniel Noboa”, indicó Andino. En la misma línea, Ron cuestiona la imparcialidad del organismo electoral y de su presidenta Diana Atamaint, y advierte que cualquier proceso podría ser dilatado para no afectar la agenda gubernamental. “El CNE es un tiro al aire en cuanto a seguridad de procesos políticos. Con la sumisión que tiene Diana Atamaint (titular del CNE) hacia Noboa, no creo que dé paso o, por lo menos, va a demorar el proceso para que esto no interrumpa la agenda gubernamental. Va a ser muy complicado”, indica Ron. Miedo, persecución y evaluación integral del Gobierno Otro factor que desincentiva esta iniciativa es el temor a represalias o persecución política contra quienes impulsen el proceso. Además, los analistas advierten que, si la revocatoria llegara a convocarse, no se evaluaría solo una causal específica, sino toda la gestión presidencial. Anuncios de revocatoria desde sectores sociales Guido Perugachi, presidente de la Fenocin, anunció que su organización prevé presentar la solicitud de revocatoria en mayo y comenzar con la recolección de firmas. Por su parte, el excandidato a la vicepresidencia Andrés Arauz también puso el tema en la agenda pública con el mensaje publicado en su cuenta de X: “Revocatoria ya”.

CDL Noticias La Fiscalía reveló cómo se habría coordinado el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido durante un mitin político en Quito. La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a Wilmer Geovanny Ch. B., alias “Pipo”; Ángel Esteban A. M., alias “Lobo Menor”; y Luis Alfredo A. A., alias “Gordo Luis” a la instrucción fiscal abierta por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito, durante un mitin político. Según la teoría fiscal, los tres ahora imputados habrían participado en la planificación previa del crimen, que se ejecutó con apoyo de grupos armados irregulares y a cambio de altas sumas de dinero. ¿Quiénes habrían encargado el crimen, según Fiscalía? De acuerdo con la Fiscalía, el crimen habría sido encargado por otros procesados identificados como Xavier J., José S., Ronny A. y Daniel S., quienes ya fueron procesados desde el 3 de septiembre de 2025 como presuntos autores mediatos del delito de asesinato. Estos procesados habrían coordinado el encargo del crimen, que posteriormente fue ejecutado a través de una estructura criminal organizada. ¿Cómo se habría planificado el crimen de Fernando Villavicencio? Según la investigación, tras la muerte de Leandro Norero, alias “El Patrón”, los presuntos autores mediatos habrían acudido directamente a alias “Pipo” para que su organización ejecutara el asesinato de Fernando Villavicencio. Una vez consignado el pago, alias “Pipo” habría activado la estructura criminal, disponiendo que los integrantes de su organización se encargaran de la comunicación, coordinación, supervisión y seguimiento del objetivo. Estas tareas habrían sido ejecutadas bajo la responsabilidad de Carlos Angulo L., alias “Invisible”, quien ya fue sentenciado como uno de los autores materiales del asesinato. Roles dentro de la estructura criminalLa Fiscalía detalló que Ángel Esteban A. M., alias “Lobo Menor”, tenía control directo del grupo armado y se encargaba de los seguimientos, la supervisión de reuniones, los pagos y la operatividad del ataque. Por su parte, el testigo protegido M. N. L. S. indicó que Luis Alfredo A. A., alias “Gordo Luis”, habría sido el encargado de entregar una fuerte cantidad de dinero a la disidencia de las FARC, con el objetivo de contratar a los sicarios que ejecutaron el asesinato. Antes de su asesinato en la Penitenciaría del Litoral, Jules Osmil C., uno de los autores materiales del crimen, entregó información detallada sobre los roles de “Lobo Menor” y “Gordo Luis”, señalando que ambos daban órdenes directas al resto de la organización criminal. Adicionalmente, la Fiscalía indicó que alias “Pipo” habría recibido información reservada sobre contactos policiales que formaban parte del esquema de seguridad del entonces candidato presidencial, información que presuntamente fue utilizada y triangulada para la ejecución del atentado. De acuerdo con la teoría fiscal, sin la autorización, dirección y mando de alias “Pipo”, el asesinato no habría podido llevarse a cabo.