La campaña de desprestigio contra la Corte Constitucional avanza a paso firme y acelerado. A la activación en redes sociales, a las declaraciones públicas del Presidente de la República y sus ministros, se suma un aparataje publicitario con todas las herramientas.
En Quito, un colectivo que se hace llamar Ecuador Merece Paz inició un conteo de las muertes violentas que se registran en el país desde el 4 de agosto en que la Corte Constitucional suspendió la aplicación de 25 artículos contenidos en tres leyes que impulsó el Ejecutivo.
Colocaron una valla en la capital y tienen dos camiones con pantallas led recorriendo calles de Quito y Guayaquil.
El colectivo no tiene un rostro visible, ni presencia en redes que permita identificar quiénes están detrás de esta campaña, que no ha dice nada sobre los 4 557 asesinatos que se registraron durante el primer semestre del año, crímenes que colocan al 2025 como el año más violento de la historia reciente del país.
Una campaña de este tipo no es económica. Publicistas consultados por Televistazo calculan que contratar una valla dinámica puede llegar a los USD 15 mil mensuales, el costo de los camiones con pantallas led gigantes está en USD 500.
Pero las vallas y los camiones son solo un elemento más de la arremetida contra la Corte. A esto se suman videos que circulan en redes sociales con un mensaje alineado con el discurso gubernamental, con la estrategia comunicacional que se montó contra la Corte Constitucional y que plantea una dicotomía: quien no respalda al régimen defiende a criminales.
El Presidente de la República, quien textualmente ha indicado que no puede permitir que nueve personas entronadas le tiren abajo las leyes, convocó a una marcha para el próximo 12 de agosto al mediodía, en los alrededores de la Corte Constitucional.
La intención, dijo, es demostrarles a los magistrados el poder del pueblo. Esto después de haber anunciado una propuesta de reforma que busca someter a control político a los magistrados de la Corte Constitucional.
Hasta el cierre de este reportaje, el Ejecutivo no había presentado algún argumento solicitando la revocatoria de la suspensión de los 25 artículos. La confrontación, evidentemente, no es por el lado de las ideas.
