De esta manera, la prohibición queda en firme y deberá ser acatada por más de 13,7 millones de ecuatorianos convocados a las urnas el próximo 13 de abril.
En una sesión extraordinaria llevada a cabo este miércoles, el Pleno de la Corte Constitucional (CC) resolvió no dar paso a una demanda que buscaba la revocatoria de la prohibición del uso de dispositivos móviles, eléctricos y/o electrónicos por parte de los electores durante el acto del sufragio en las Juntas Receptoras del Voto.
“La norma impugnada es una medida operativa que no restringe ni limita el derecho al sufragio y que fue dictada por el organismo electoral en ejercicio de su competencia reglamentaria para organizar, dirigir y vigilar de manera transparente los procesos electorales”, consideró la CC en un comunicado.
La entidad agregó que la medida no implica una transgresión a la característica constitucional del voto y que, en cambio, constituye una garantía del elector para que se preserve el carácter secreto de este, concluyendo que prohibición no le impediría al ciudadano votar con libertad y en total uso de su autonomía.
La jueza constitucional Alejandra Cárdenas Reyes, única magistrada del pleno que no emitió un voto a favor, dijo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había creado una infracción electoral sin tener la competencia para hacerlo.
De esta manera, la prohibición queda en firme y deberá ser acatada por más de 13,7 millones de ecuatorianos convocados a las urnas el próximo 13 de abril para decidir si el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, continúa en Carondelet hasta el 2029, o si lo sucederá este año Luisa González, abanderada del correísmo.
No obstante, la CC dispuso que para la operativización de la prohibición, las autoridades electoral debían seguir los siguientes parámetros:
No afectar el derecho a la propiedad de los electores sobre tales dispositivos.
Los hipotéticos efectos sancionatorios deben observar los principios constitucionales de legalidad, reserva de ley, proporcionalidad y el derecho al debido proceso
La difusión oportuna y adecuada a todos los inscritos en el registro electoral.
Presuntos casos de extorsión a electores
El Ejecutivo advirtió en febrero sobre casos registrados durante la primera vuelta electoral en los que miembros de grupos de delincuencia organizada amenazaron a ciudadanos para que voten por un candidato determinado y tomar fotografía de su papeleta como prueba de ello. Tras enviar un informe al CNE, la prohibición fue evaluada y finalmente aplicada.
«El momento en el que no pueden ingresar con celulares al recinto electoral no pueden tomar la foto. Entonces no puede haber ni la presión ni la venta del voto, elimina una posibilidad de corrupción, elimina una posibilidad de manipulación de las elecciones», declaró Noboa el pasado 25 de febrero, mientras impulsaba la prohibición.
