Lucía Jaramillo, asambleísta nacional, dio detalles sobre cómo habría funcionado el esquema del presunto contrabando de combustibles de la empresa Copedesa, cuyo principal accionista sería Aquiles A. Lo dijo este martes, 16 de julio de 2024, en la Asamblea Nacional.
Jaramillo aprovechó para recordar que se han tomado acciones para enfrentar el contrabando de combustibles. La semana pasada, por ejemplo, la bancada de Acuerdo Democrático Nacional (ADN) apostó por la creación del Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus derivados.
Asimismo, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de cuatro empresas. Una de ellas es Copedesa.
“Ha identificado que los volúmenes que fueron despachados por Petroecuador y la facturación electrónica no guardan congruencia… Solo en el 2023 123.000 galones de combustible fueron subsidiados, que equivalen a USD 350.000 en perjuicio del Estado. (Estos) fueron otorgados a un solo cliente a través de varias comercializadoras no autorizadas en Guayaquil”, indicó la legisladora.
¿Cómo habría funcionado el esquema del presunto contrabando de combustible?
“Copedesa le vendía de forma irregular a gasolineras Fuelcorp S.A. 745.718 galones de combustible… ¿Qué hacía Fuelcorp S.A.? Habría vendido combustible a cuatro empresas con vehículos sin placas, pero lo que más llama la atención, es que Fuelcorp S.A. le habría vendido combustible a un trabajador con 8.019 vehículos. Uno de estos vehículos habría comprado 117.000 galones de combustible y siendo motores a gasolina compró 3.000 galones de diésel; cifras que llaman la atención por las características del carro”, relató la asambleísta Jaramillo.
Además, dijo que: “Estamos hablando de un carro con motor 1.400 centímetros cúbicos con un rendimiento de 60 kilómetros por galón, es decir que para que este carro pueda usar dicho volumen tuvo que haber cargado decenas de veces al día y además haber recorrido toda la red vial del país cuatro veces en un año. Lo que es imposible”.
En ese marco, la legisladora señaló que será la Fiscalía la que determine si hubo o no existencia de un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). E hizo un llamado a los otros legisladores a unirse al Frente Parlamentario y luchar por un Ecuador libre de contrabando de combustibles. “Nadie está por encima de la ley”, insistió Jaramillo.