Cinco de 10 jueces que conforman la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, cumplen prisión preventiva por el caso Purga.
Se trata de Fabiola Gallardo, expresidenta del organismo, con su compañero de despacho, Johann Marfetán Medina, y los magistrados Henry Taylor Terán, Guillermo Valarezo Coello y Alberto Lino Tumbaco.
Mientras dure la instrucción fiscal y hasta que se defina si serán llamados a juicio por delincuencia organizada, mantendrán su competencia, pese a que el lunes, cuando fueron aprehendidos, dejaron de desempeñar sus funciones.
Esto tuvo la consecuencia que se difirieran audiencias en las que debían participar y que ya estaban en agenda, perjudicando así a los usuarios de la Función Judicial.
Solo el juez Reinaldo Cevallos Cercado, quien también es procesado por el caso, pero por su avanzada edad recibió medidas alternativas a la prisión preventiva, podrá seguir ejerciendo funciones hasta la audiencia preparatoria de juicio del caso Purga, momento en que se determinará si será enjuiciado.
El análisis del Consejo de la Judicatura para resolver la ausencia de jueces
El Consejo de la Judicatura actualmente analiza la situación, que cataloga como una emergencia, ya que deberá delegar las causas que recayeron en el despacho de los jueces detenidos, a los magistrados que quedan en la sala.
Esto puede congestionar aún más la operación del sistema judicial, en vista de que cada juez tendría que atender entre 10 y 12 audiencias convocadas por día, una asignación imposible de concretarse. Algunas se cruzarán y tendrán que ser aplazadas.
Otra opción es buscar reemplazos en la lista de jueces de segunda instancia, pero con conocimiento y experiencia en el campo penal, pese a que su implementación tardaría en hacerse.
Por ello, Álvaro Román, presidente de la Judicatura, considera una alternativa más: que tres jueces anticorrupción sean nombrados como jueces temporales de la Sala Penal, aunque ese un cambio que ellos deben aceptar.
