El juez del cantón Pujilí dispuso una medida cautelar a favor del jambato (sapo negro andino) y ordenó la suspensión temporal de la construcción de la vía PasaPungo–Angamarca–El Corazón, al considerar la necesidad de proteger a esta especie catalogada en peligro de extinción.
Tras ser notificada este día, la prefecta de Cotopaxi Lourdes Tibán se pronunció públicamente señalando que la protección de la naturaleza y de las especies en riesgo es un deber constitucional de todos. No obstante, enfatizó que, según estudios existentes, el jambato no es exclusivo de Angamarca, ya que su hábitat se extiende por varias provincias de la Sierra ecuatoriana como Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Napo, Azuay, Cañar y Loja, principalmente en páramos y bosques andinos.
La autoridad recordó que desde 2023 la parroquia cuenta con una resolución que delimita las comunidades donde se ha registrado la presencia del jambato, sin que consten Guambaine ni Chistelan, sectores donde se ejecuta la obra vial. Además, sostuvo que existen dos derechos constitucionales en disputa: el derecho de la naturaleza y el derecho al buen vivir de las comunidades, particularmente el acceso a infraestructura vial, los cuales —dijo— deben armonizarse y no contraponerse.
Según lo expuesto, los sapos se ubican en Shuyo Grande, en el valle de Angamarca, mientras que la vía en construcción se encuentra en la cordillera occidental, un tramo que presenta un avance del 70% y que cuenta con plan de manejo ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente. La prefecta subrayó que no se han registrado observaciones ambientales durante la ejecución de la obra.
Asimismo, manifestó que Angamarca ha esperado más de 500 años por una vía que la conecte con Ambato y que la paralización del proyecto resulta injusta para las comunidades del páramo, históricamente relegadas. Indicó que el traslado de maquinaria al último tramo tomó cerca de 15 días, y que actualmente los habitantes impiden el retiro de los equipos en demanda de la culminación de la obra.
Como acciones inmediatas, la prefecta informó que dispuso el desplazamiento urgente de un biólogo para verificar coordenadas, comunidades y la posible presencia del jambato en el área intervenida, con el objetivo de demostrar que la maquinaria se encuentra fuera del territorio de la especie. También anunció la apertura de un expediente técnico-jurídico para solicitar al juez Edwin Palma el levantamiento de la medida cautelar.
Finalmente, extendió una invitación al juez para recorrer conjuntamente la vía y el territorio, con el fin de proteger al jambato sin frenar el desarrollo vial, señalando que ambos son necesarios para que Angamarca supere el abandono histórico.
“He dicho”, concluyó la autoridad.
