La exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas dijo que desde hace 15 años existen rumores de que el correísmo y exalcalde tenían controlada la justicia
El exalcalde de Guayaquil y presidente vitalicio del Partido Social Cristiano (PSC) Jaime Nebot rechazó las afirmaciones de la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas María Josefa Coronel de que había sido advertido sobre la presunta influencia política que ejercía el exasambleísta de su partido Pablo M.
“Es absolutamente falso que ella me haya “advertido” sobre algún accionar ilegal de Pablo M. en el campo de la justicia del Guayas… ella fue, hasta enero del año pasado, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas; es decir, la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué no presentó la denuncia formal contra los involucrados en la Fiscalía, ni sancionó a los jueces y fiscales como era su deber?”, cuestionó Nebot.
Coronel explicó, en una entrevista con Notimundo, que al menos en los últimos quince años se rumoreaba que el “maridaje” entre el correísmo y Nebot tenían el control en la justicia y que con la llegada de Fabiola G. (también involucrada en el caso Purga) y Mayra S. en la comunicación, todo tomó más fuerza.
En esas declaraciones, Coronel manifestó que para una verdadera depuración en la Corte Provincial del Guayas es necesaria la creación de un equipo técnico que garantice confidencialidad en su accionar, y el apoyo de personal de otros países.
En tanto, Pablo M., Fabiola G., expresidenta de la Corte de Guayas, y el juez Gustavo M. recibieron orden de prisión preventiva, por el presunto delito de delincuencia organizada, en el denominado caso Purga.
El juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), determinó que existen los suficientes elementos para justificar la medida solicitada por la fiscal general, Diana Salazar, quien acusó a los tres en calidad de autores. Gustavo M., además es procesado en el caso Metástasis, pero gozaba de medidas sustitutivas.
La resolución del juez Cadena se conoció la noche del 5 de marzo. Los tres fueron los primeros procesados sobre los que se pronunció el magistrado.
En total son doce detenidos, de los cuales la Fiscalía pidió para uno la medida de arresto domiciliario, por ser una persona de la tercera edad.
En ese sentido, tras analizar los elementos de convicción y alegatos de las defensas, el juez Cadena dispuso lo siguiente sobre los otros nueve procesados, quienes son señalados como colaboradores:
Prisión preventiva: a los jueces Henry T., Nelson P., Guillermo M., Alberto L.; a Ruth S., procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Fausto A., primo de Pablo M.
Prohibición de salida del país y presentación periódica: Mónica A., esposa de Pablo M.; y Saúl M., secretario judicial. El juez de la causa negó para ambos la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.
Arresto domiciliario: juez Reinaldo C., por tener 71 años de edad. Deberá usar grillete electrónico.
La fiscal Diana Salazar solicitó que las nueve personas que irán a prisión no sean enviados a centros de rehabilitación donde se encuentran recluidos involucrados en el caso Metástasis.
La investigación del caso se inició el 20 de febrero, a raíz de la explotación del contenido del teléfono celular de Mayra S., vinculada en el caso Metástasis, y del informe de la Policía Nacional sobre dicho dispositivo.
Según la teoría de la fiscal general, Diana Salazar, que presentó un total de 119 elementos de convicción, Pablo M. sería el líder del grupo criminal que negociaba resoluciones judiciales en la Función Judicial de Guayas, para obtener beneficios económicos y materiales. Además habría gestionado favores para impulsar las candidaturas de Fabiola G. y Hugo Manuel González, para que lleguen a la presidencia de la Corte provincial, respectivamente.
El exparlamentario se habría aprovechado de su cercanía con jueces y altas autoridades de la Corte de Guayas para ganar, de forma fraudulenta, una demanda de $ 3,9 millones contra el Banco del Pacífico. También habría tenido una estrecha relación con Mayra S., con quien coordinaba acciones irregulares, para alcanzar sus propósitos, incluyendo publicación de mensajes en redes sociales a través de un troll center que ella manejaba.
Asimismo, se lo acusa de haber influenciado en procesos judiciales de la Corte de Guayas, como el caso de Banco del Pacífico y una causa de Adolfo Macías, alias Fito, prófugo líder de Los Choneros, entre otros.
En la fundamentación de su teoría la fiscal Diana Salazar hizo varias revelaciones sobre las doce personas que, por el momento, son vinculadas al caso Purga. (I)
