León Febres Cordero gobernó Ecuador entre 1984 y 1988, en un periodo marcado por altos niveles de violencia. En esos años operó el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo.
La Corte Nacional de Justicia convocó para este miércoles 5 de noviembre a la audiencia oral y pública del caso Alfaro Vive Carajo (AVC). La diligencia está prevista a las 08:30, en la sala del octavo piso. Este expediente involucra a Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, y constituye el primer proceso penal por delito de lesa humanidad en Ecuador.
León Febres Cordero gobernó Ecuador entre 1984 y 1988, en un periodo marcado por altos niveles de violencia. En esos años operó el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo, una organización de tendencia izquierdista.
Esn 1985, miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron a Vaca, Cajas y Jarrín en Esmeraldas. Las víctimas denunciaron aislamiento, incomunicación y torturas en instalaciones militares y policiales. Uno de ellos desapareció durante meses. Los hechos llevan casi 40 años bajo investigaciones, denuncias e intervenciones internacionales.
En 2007, bajo la administración de Rafael Correa, el Estado conformó la Comisión de la Verdad para esclarecer abusos cometidos en ese contexto. El informe de esa comisión registró torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas estatales contra opositores, militantes de izquierda y personas señaladas como integrantes de grupos subversivos.
¿Quiénes son llamados a juicio?
La Sala Especializada de lo Penal llamó a juicio a varios oficiales en servicio pasivo por el presunto delito de lesa humanidad. En la lista constan:
Juan Raúl Viteri Vivanco, excomandante de la Escuela de Inteligencia
Manuel Marcelo Delgado Alvear, exdirector de Inteligencia del Ejército
Nelson Bolívar Enríquez Gómez, exoficial de Inteligencia del Ejército
Fernando Ignacio Ron Villamarín, exoficial del Ejército
Mario Ricardo Apolo Williams, excomandante de la Escuela de Inteligencia
Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa
Según la convocatoria judicial, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, actuará en la diligencia. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anticipó su presencia. Se prevé la asistencia de cerca de 100 militares.
En el juicio declararán decenas de testigos, entre ellos las víctimas y sus familiares. El proceso incluye peritos y un paquete documental amplio: oficios enviados en 1985 y 1986 por los ministerios de Defensa y Gobierno. Además de comunicaciones de la misión ecuatoriana en Ginebra. También constan informes de organismos internacionales sobre desapariciones forzadas.
La audiencia se desarrollará de forma presencial. Los sujetos procesales pueden pedir participación telemática en los casos contemplados en el Código de Procedimiento Penal.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que los delitos de lesa humanidad corresponden a agresiones sistemáticas o generalizadas contra la población civil, ejecutadas desde el aparato estatal. Para estos hechos, la norma fija penas de entre 26 y 30 años de prisión.
