Mientras líderes indígenas y sociales rinden versión ante la Fiscalía, otros procesos ya avanzan en el ámbito judicial.
En el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), desde el 22 de septiembre de 2025, la Fiscalía procesa e investiga a líderes del movimiento indígena y a otras personas por, al menos, siete delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Las penas van desde un año hasta cerca de 30 años. Algunos casos son publicados por la Fiscalía en sus redes sociales.
Los delitos que se investigan son:
Terrorismo
Asociación ilícita
Enriquecimiento no justificado
Daño a bien ajeno
Paralización de servicio público
Instigación
Ataque y resistencia
El delito de daño a bien ajeno, según el COIP, es uno de los que tiene una pena menor que va de un año a tres años de privación de la libertad, pero el de terrorismo con resultado de muerte alcanza los 26 años.
La sanción por asociación ilícita tiene una pena base de tres a cinco años de prisión, y el enriquecimiento ilícito iría de tres a 10 años dependiendo de los montos.
Cabe resaltar que la instigación en Ecuador no es un tipo penal autónomo, sino una forma de participación criminal.
Por lo tanto, para determinar la pena por instigación, se debe identificar el delito que lo promovió.
Dayuma Amores, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) señaló que, en el marco del paro nacional, se procesa por varios delitos porque “no pueden a todos acusarles de terrorismo”.
“Los tipos penales requieren ciertos requisitos. Es así que a los detenidos los encuadran dentro de un tipo penal, que es el que más se ajuste a la realidad de su detención. Si no existe evidencia del cometimiento de ningún delito, son golpeados y liberados”, expresó.
El Decreto que derivó en el paro
Desde que el 12 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto 126 con el que se derogó el subsidio al diésel, las reacciones se dieron de manera progresiva.
El 18 de septiembre, en Riobamba, mientras Noboa entregaba tractores a los agricultores aprovechó para decir que serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos, quienes presionen a los agricultores a salir a protestar.
El anuncio lo hizo cuando en la misma ciudad sesionaba la Conaie para adoptar acciones en contra del Gobierno.
La Fiscalía también salió –el 18 de septiembre– a aclarar a la ciudadanía que actuará ante delitos y abusos de entidades durante las movilizaciones.
Recordó a la ciudadanía lo que estipula la Constitución en cuanto a protección de derechos y lo que señala el COIP en relación a la tipificación de delitos por actos violentos.
Los casos luego de la advertencia
El 18 de septiembre, en sus redes sociales, la Fiscalía reportó dos casos.
En Guayaquil, la justicia ordenó internamiento preventivo a un adolescente por el presunto delito de terrorismo ante la colocación de un artefacto explosivo en las afueras de una discoteca.
A su vez, se dictó prisión preventiva para cuatro personas por terrorismo, habrían colocado artefactos explosivos en la Unidad Judicial Valdivia, en Guayaquil.
Otro escenario
El 22 de septiembre de 2025 arrancó el paro nacional convocado por la Conaie y la Fiscalía continuó con su trámite, siendo el delito de terrorismo por el que más se procesaría a los detenidos en ese contexto.
Dos días después (24 de septiembre), se inició el proceso penal por presunto terrorismo en contra de 13 personas que fueron detenidas en Otavalo. Doce tienen prisión preventiva y una mujer medidas alternativas.
Este caso está relacionado con con el ataque al Comando y a la Policía Judicial de Otavalo.
El 25 de septiembre, cuatro personas fueron procesadas en Riobamba por robo, secuestro, tráfico de drogas, pero -principalmente- por terrorismo en concurso real de infracciones, al decomisar 50 cilindros de gas que -aparentemente- iban a ser utilizados para atentados en la ciudad, en el contexto del paro nacional. El hecho se registró el 23 de septiembre.
Un día después, el 26 de septiembre, un caso similar se reportó en Latacunga. Cuatro personas fueron procesadas por robo, secuestro, tráfico de drogas y terrorismo. Se decomisaron 50 cilindros de gas que -aparentemente- iban a ser utilizados para atentados en la ciudad, en el marco del paro.
La situación se complicó en Imbabura con la muerte de Efraín Fuerez durante una manifestación.
Líderes indígenas y sociales investigados
Existen casos que están en indagación previa y que si bien la Fiscalía actúa, aún no han sido publicitados por esa institución, pero que se conocen por quienes son investigados.
Yaku Pérez y otros
Desde el 26 de septiembre de 2025, el activista Yaku Pérez es investigado por la Fiscalía, en el marco del paro nacional convocado por el movimiento indígena.
Tiene tres investigaciones en su contra, en el marco del paro nacional. Una investigación previa por asociación ilícita, otra por paralización de un servicio público y la última por daño a bien ajeno.
Por el caso de asociación ilícita son investigadas junto a Pérez otras personas. En la lista están: Lauro Sigcha Vélez, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA); y los líderes comunitarios Óscar Reinoso, Sebastián Cevallos Vivar y Edison Deleg Muzha.
Dirigentes de la UNE
La Fiscalía General notificó también a dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, (UNE) y del Frente Unitario de Trabajadores, (FUT) por el presunto delito de paralización de un servicio público.
Los notificados por la Fiscalía son:
Luis Chillagana, presidente de la UNE Cotopaxi.
Mario Guilcamaigua, presidente de la Federación Única de Organizaciones Sindicales Libres de Cotopaxi.
Paúl Jácome, de la Unidad Popular de Cotopaxi.
Matías Manguia, del Frente Popular de Chimborazo.
El organismo denunció también un proceso de intimidación a dirigentes de la UNE como: David Andrade de Sucumbíos y André Daquilema, presidente de UNE de Morona Santiago.
Transportista escolar investigado
El 19 de septiembre de 2025, Carlos Cárdenas, miembro de base del transporte escolar en Cuenca, participó en una manifestación ante la eliminación del subsidio al diésel y ahora es investigado por la Fiscalía de Azuay por el presunto delito de asociación ilícita.
Fue convocado para el 21 de octubre de 2025 a rendir su versión de los hechos.
Leonidas Iza, en la mira
La Fiscalía de Latacunga abrió una investigación en contra del expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien fue citado -el 1 de octubre de 2025- a rendir su versión por el presunto delito de instigación en el contexto del paro nacional.
En su cuenta de X, Iza señaló que -con esta- son tres denuncias nuevas en su contra. Las otras dos son por un supuesto delito de secuestro y por presunto terrorismo.
Señaló que estas acciones legales en su contra son parte de una política instaurada de judicializar a los líderes y dirigentes sociales en todo el país.
El caso de instigación fue abierto por la Fiscalía de Soluciones Rápidas de Latacunga, el 22 de septiembre de 2025.
El presidente de la Conaie y otros son investigados
Tres dirigentes indígenas y políticos fueron denunciados en la Fiscalía de Riobamba por presunta instigación, incendio y terrorismo. Se trata de Marlon Vargas, presidente de la Conaie; Guillermo Churuchumbi, presidente del movimiento Pachakutik; y Leonidas Iza, expresidente de la Conaie.
La denuncia fue presentada por Manuel Peñafiel Falconí, quien lidera la denominada Corte de Justicia Indígena Iberoamericana, una agrupación afín al gobierno del presidente Noboa.
Enriquecimiento no justificado
La Fiscalía notificó a líderes indígenas, sociales y ambientales sobre el inicio de una investigación previa por presunto enriquecimiento no justificado.
Entre los notificados constan: Marlon Vargas, presidente de la Conaie; Gary Espinoza, de la Fenocin; Ángel Cartuche, dirigente de Pachakutik en Azuay; Pacha Terán, lideresa de Otavalo y excandidata presidencial; Nayra Chalán, exvicepresidenta de la Ecuarunari; y Nanky Saant, asambleísta shuar de la Revolución Ciudadana.
La notificación también incluyó a Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama, quien denunció que la congelación de cuentas de la organización detuvo proyectos con comunidades amazónicas.
Coordinador de Pachakutik es investigado
El 2 de octubre, el dirigente indígena Apawki Castro, coordinador de Pachakutik de Cotopaxi y exdirigente de la Conaie, fue convocado por la Fiscalía de Soluciones Rápidas de Latacunga para que el 7 de octubre de 2025, rinda su versión en la investigación abierta por el presunto delito de instigación.
Castro señaló en su cuenta de X: “Cuál será el objetivo de la justicia y el Gobierno? Silenciar voces críticas a las nefastas políticas que está implementando? Ahora me cargan otro juicio, encima cuenta bancaria bloqueada. Es persecución, hostigamiento y amedrentamiento”.
¿Quiénes han sido liberados?
Mientras se procesa a los manifestantes y se busca procesar a dirigentes indígenas y sociales, el Gobierno -días atrás- señaló que un centenar de personas han sido detenidas, pero la Fiscalía apenas informó de pocos casos.
Lo que sí se conoce es que el 26 de septiembre, el Ministerio del Interior informó que la mujer, Gina C., fue liberada y junto con ella, dos adolescentes que fueron retenidos en Otavalo.
El 1 de octubre también fueron liberados los denominados “Cuatro de Molleturo”, parroquia rural del cantón Cuenca, en la provincia del Azuay.
Fueron acusados de ataque y resistencia, pero al no poder probar los cargos quedaron en libertad. Sin embargo, la Fiscalía abrió una indagación previa en su contra.
