La Fiscalía pidió archivo de indagación por presunto peculado en contra del expresidente Lenín Moreno.
La investigación se desarrolló luego de la denuncia presentada por el exasambleísta Ronny Aleaga, en contra de la exministra María Paula Romo y otros.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional de Justicia el archivo de la indagación previa por el presunto delito de peculado seguido en contra del expresidente Lenín Moreno y otros.
El pedido fue presentado por la fiscal Salazar el pasado 25 de septiembre y estuvo acompañado del expediente (227 cuerpos) y un escrito en el que se detallan las causas por las que el caso no debe seguir el curso de la investigación por solo existir “conjeturas”.
Fiscal pide archivo
Por lo tanto, Salazar consideró que no existen elementos de convicción de los que se desprenda el cometimiento de un ilícito y solicitó el archivo de la denuncia que fue interpuesta por el exasambleísta Ronny Aleaga, a través de su abogado de esa época, Fausto Jarrín Terán, en contra de Moreno; la exministra de Gobierno, María Paula Romo; el excomandante de la Policía Nacional, Nelson Villegas; y el general Edgar Correa.
Tras el sorteo, el archivo de la indagación previa le correspondió tramitarlo a la Sala de lo Penal de la Corte Nacional presidida por el juez Felipe Córdova, pero fue a la jueza Daniella Camacho a quién le correspondió ejecutar. El acta de sorteo se expidió el 1 de octubre pasado.
Denuncia se hizo en 2019
En octubre de 2019, Aleaga denunció ante la Fiscalía un presunto peculado en la campaña electoral para la consulta popular y referendo de febrero de 2018.
Aleaga, quien se desempeñaba como asambleísta y ahora es procesado en el caso Metástasis, dijo -en aquella época- que la campaña del oficialismo por el Sí, para luchar contra la corrupción, fue financiada con dinero de empresas públicas. Es decir, se habría incurrido en peculado por unos USD 5 millones.
En ese grupo de empresas públicas estaba Flopec, Casa para todos, la Empresa Nacional Minera (Enami), Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave), Petroecuador, entre otras.
Cuestionaron delitos electorales
Además, para Aleaga eso implicaba que el Gobierno de Morero habría cometido delitos electorales sobre el financiamiento de campaña que debían ser detectados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estos serían: haber excedido el presupuesto máximo para campaña y el uso de recursos públicos con fines electorales, que es una infracción muy grave.
Por la última se hubiese aplicado multas de entre 20 y 70 salarios básicos y pérdida de derechos políticos de entre dos a cuatro años para los tesoreros de las organizaciones políticas, dependiendo el caso. Sin perjuicio de que se envíe la información a la Fiscalía en caso de detectarse aportes ilícitos.
El 14 de junio de 2020, Moreno reaccionó en su cuenta de X ante publicaciones de medios digitales sobre el tema y dijo que pedirá que se investigue a las empresas públicas que fueron mencionadas, entre ellas: Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). Si bien la denuncia había estado congelada, la Fiscalía revivió esa vez el caso.
Flopec, centro de investigación
La Fiscalía centró su investigación en un contrato con la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). Aparentemente, se consolidaba un sistema de tarifas y transporte de crudo que benefició a las empresas privadas. Sin embargo, al final, la Fiscalía consideró que no hubo elementos para acusar.
Flopec habría emitido una certificación en la que se menciona de un contrato que tenía un valor de USD 800.000, el cual terminó por mutuo acuerdo en marzo del 2018 por lo que únicamente se ejecutó el valor de USD 520.000. Es así que el gerente de esa época dispuso el ahorro de USD 280.000.
A esto, la Fiscalía sumó un oficio del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), del 12 de agosto de 2020, suscrito por el subdirector general del Servicio Nacional de Contratación Pública, Christian Zaragocín, el que se indica que no se evidencia que entre proveedores participantes consten vinculaciones con accionistas, administradores, direcciones comerciales y direcciones de correo electrónico.
El Ministerio Público consideró que los funcionarios que constan en documentos publicados en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) por la entidad contratante, no figuran dentro de los accionistas y administradores de las empresas participantes.
De igual manera, la Fiscalía hizo alusión al informe pericial efectuado por María Lorena Espinosa, quien en su única observación menciona la terminación del contrato de manera anticipada y señala que no existen irregularidades en el proceso precontractual ni contractual, es decir no se evidenció un cambio en el objeto contractual.
Fiscalía no halló elementos de convicción y procede al archivo
Esto fue determinante para la Fiscalía que sostuvo que “no hay evidencia de la entrega de afiches que es lo que se denunciaba”.
Tras la información recabada a través de las versiones receptadas, documentación certificada de varias instituciones, allanamientos, pericias informáticas forenses y técnicas y la investigación policial durante la investigación se concluyó que no se pudo comprobar los datos denunciados por el exasambleísta.
Radio Pichincha se contactó con Fausto Jarrín Terán, quien señaló que ya no es abogado de el exlegislador, pero que el caso sí tenía que ver con la campaña electoral de Moreno.
A su vez, David Meza, quien es la defensa del exmandatario en varios casos, también corroboró esa información. Aunque aclaró que no estuvo a cargo. R.P.
