La propuesta del exasambleísta Santiago Díaz, para bajar la edad para consentir relaciones sexuales, no será tratada en el Pleno de la Asamblea. El 16 de julio, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) rechazó de forma unánime del proyecto.
El 3 de julio, el legislador entregó la propuesta para modificar el artículo 175 del COIP, que señala que «en los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad es irrelevante».
Díaz propuso que se agregue: «excepto en los casos de personas mayores de 14 años que se encuentren en capacidad de consentir en una relación sexual».
Al respecto, Mishel Mancheno, proponente de la moción, sostuvo que la propuesta para modificar el artículo 175 del COIP, configura un conflicto de intereses y resta legitimidad y ética a la iniciativa. Esto, debido a que la propuesta fue presentada por un legislador que enfrenta una denuncia por violencia sexual a una menor de edad.
“Calificar este proyecto sería equivalente a otorgar un espacio legislativo a una persona investigada por un delito grave, que pretende usar a la Asamblea Nacional para evadir sus responsabilidades”, dijo.
Criterios técnicos
El CAL informó que lo resuelto acogió los criterios de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) que, en su informe técnico jurídico no vinculante, demostró posibles vicios de inconstitucionalidad en la propuesta. El cambio constituiría un «retroceso en los derechos humanos y la protección integral de niños, niñas y adolescentes».
El proyecto se basa en un pronunciamiento de la Corte Constitucional en desacuerdo con la norma vigente, pues la considera incompatible con los derechos de las y los adolescentes «a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, y a la privacidad».
Por otro lado, con siete votos se calificó a trámite, en la Comisión de la Niñez, tres iniciativas que buscan modificar el Código de la Niñez (CONA) para garantizar la protección efectiva de esta población frente al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización ya su reclutamiento con multas delictivos.
