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Un siniestro de tránsito cobró la vida de una persona en las primeras horas del feriado por el Día del Trabajo, en Quito. El Ecu 911 informó que un vehículo liviano se impactó contra una barredora en el paso deprimido de la avenida Mariscal Sucre, sector San Carlos, en el norte de Quito. Un hombre de 30 años perdió la vida producto del impacto. Personal del Ministerio de Salud Pública y de la Policía Nacional acudieron hasta el lugar para atender la alerta. Después de constatar el fallecimiento del conductor, el cuerpo fue trasladado a la morgue. En el lugar también permanecieron los miembros del Cuerpo de Bomberos Quito. Esto mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía realizaban los procedimientos del caso. En las imágenes se puede observar cómo la parte delantera del vehículo quedó destrozada después del impacto. Pasadas las 09:00 de este 3 de mayo, el Ecu 911 informó que el paso en la avenida Mariscal Sucre estaba habilitado.

El Senado de Estados Unidos aprobó que Arthur W. Brown sea el nuevo Embajador en Ecuador, en reemplazo de Michael J. Fitzpatrick. Brown ya había sido nominado para este cargo por el presidente de EE.UU., Joe Biden en 2022. Él se ha desempeñado en cargos diplomáticos en África y Centroamérica. Aún no se conoce cuándo llegará al país. En su currículum consta que trabajó como Director Adjunto de SFS en Kabul, Afganistán, de 2015 a 2016, y Director Adjunto en Kinshasa, República Democrática del Congo, de 2009 a 2011. Como funcionario de USAID, Brown ha trabajado en programas bilaterales de asistencia para el desarrollo durante más de dos décadas. Tiene experiencia previa en Botswana, Guinea, Nigeria y cubrió actividades regionales en Sierra Leona, Haití, Jamaica, Barbados y Namibia. Posee varios premios de honor de USAID, premios al desempeño y el Premio a la Mejora de la Gestión del Administrador de USAID. Está casado con una enfermera de familia certificada que es voluntaria del Cuerpo de Paz que regresó de Togo, África Occidental, donde se conocieron.

Eduardo Peña, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), explicó, este jueves 2 de abril de 2024, las reformas legales que se plantearán a la seguridad social. Una de las reformas, dice, sería el incremento en el número de aportaciones para que los jubilados puedan recibir una pensión más alta. “Buscamos que los afiliados se jubilen más tarde, pero con pensiones mayores. 400 aportaciones podría tener 80%, con 460 aportaciones 95%; con 500 aportaciones una pensión equivalente al 110% del sueldo”, señaló Peña en una entrevista radial. Peña sostiene que esto beneficiaría a las personas que pueden seguir trabajando pasados los 70 años «porque están en la capacidad total de sus funciones», indicó. Actualmente los ecuatorianos se jubilan con 480 aportaciones, sin límite de edad. Mientras que a partir de los 60 años se requieren 360 aportaciones al IESS. Peña sostiene que para dar a conocer esto a la ciudadanía es necesario tener una campaña de difusión masiva sobre los beneficios a los ecuatorianos. «Hay que explicarle a la gente cuáles son los beneficios», dice Peña. Sin embargo, considera que es un reto para el gobierno lograr que esto se lleve adelante. Uno de los problemas que tiene el IESS es la reducción en el número de afiliados a escala nacional. Esto debido a un problema demográfico, pues se incrementó el número de jubilados y se redujo el número de aportaciones.

Landy Párraga, asesinada el fin de semana pasado, fue nombrada en el testimonio anticipado de Héctor Paredes, exagente investigador de la Policía, procesado en el caso Metástasis.El exuniformado estuvo a cargo de la indagación previa por el delito de lavado de activos contra el narco Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi en el año 2022. Trabajó en el Departamento de Investigación de Lavado de Activos de la Dirección Nacional Antinarcóticos. Como agente del caso, realizaba los requerimientos e investigaba en las bases de datos de delitos reservados para obtener la mayor información posible sobre los sujetos que estaban implicados en el caso. Durante su testimonio de este jueves 2 de mayo, Paredes detalló que el nombre de Landy Párraga apareció durante las pericias que se hacían tras el operativo ‘Despegar’, en el que se detuvo a Norero y se incautó varias evidencias. De hecho, en los chats publicados por la Fiscalía, en una conversación del 13 de julio de 2022, Norero estaba conversando con su abogado Helive Ángulo, alias ‘Estimado’. Este último le decía al narco que los policías le habían preguntado sobre Landy Párraga y Norero le pedía que “por nada del mundo tiene que aparecer” el nombre de la mujer. Según ‘Estimado’, Párraga tenía una importadora y los policías tenían que revisarla por un pedido de la Fiscalía. Esto fue confirmado por el agente Héctor Paredes, quien reveló: “Recuerdo que la teniente Doris O. (procesada), durante el análisis de las extracciones de información de los teléfonos incautados, me preguntó si conocía o tenía en mis archivos a Landy Párraga (+), a lo que respondí que no la tenía en mis bases de datos”. ASESINATO DE LANDY PÁRRAGALa excandidata a Miss Ecuador fue asesinada el pasado domingo 28 de abril en una cevichería de Quevedo, provincia de Los Ríos. Un sujeto le disparó por alrededor de siete ocasiones. Lo último que se conoció del caso es que la Policía había identificado los carros de los sicarios y que los celulares tanto de la modelo como de su novio fueron incautados para pericias.

Un juez otorgó las medidas cautelares solicitadas por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos a favor de las personas privadas de la libertad. El magistrado dio 15 días de plazo al Ministerio de Finanzas para que entregue los fondos requeridos por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) para cubrir con normalidad los procesos de contratación de alimentos. La audiencia se desarrolló la mañana de este jueves 2 de mayo en el Complejo Judicial Norte. Allí el magistrado escuchó los alegatos de las organizaciones. A la par se desarrolló en los exteriores un plantón en favor de la vida de las personas privadas de libertad, organizado por sus familiares. Ellos solicitaban que el SNAI permita el ingreso de alimentos y medicina a los centros de privación de libertad. Argumentaron que el Estado no ha podido garantizar y ha vulnerado los derechos de salud, alimentación y la integridad física y psicológica de los privados de libertad. Los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos indicaron que los familiares de los privados de libertad han gestionado las donaciones de alimentos para los centros de rehabilitación. Sin embargo, estos no han podido ingresar a las cárceles, lo que afectó la salud de la población penitenciaria. Al mismo tiempo, se ratificó que la privación de alimentos es parte de una de las tantas torturas que reciben las personas en los centros. De modo que, se pidió dictar de manera urgente las medidas cautelares para prevenir daños no solo en el contexto actual, si no a futuro. Gobierno niega falta de alimentación a presosPor otra parte, comparecieron los representantes del SNAI, Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría del Estado y la Defensoría del Pueblo. Desde el SNAI, se aseguró que ninguna zona se ha quedado sin alimentos. Aunque aceptaron que el martes 30 de abril se dio el último ingreso de Laffattoria, empresa de catering, a la Zona 1 para la distribución alimentaria. Desde el 1 de mayo, esta empresa se retiró por la falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas. La representante resaltó que, en estos dos últimos días, la cartera de Estado ha trabajado con centros pastorales e instituciones privadas para la recepción de donaciones. En cuanto al Ministerio de Economía, su representante legal indicó que debido a la emergencia económica que atraviesa el país, se están realizando los pagos a las diferentes entidades de forma cronológica. Sin embargo, pidió que se nieguen las medidas cautelares debido a presuntas irregularidades en “Laffattoria” en la entrega de alimentos. Todos estos argumentos fueron refutados por los representantes de las cinco organizaciones presentes. Señalaron que el cese de distribución no fue el 30 de abril como aseguró la representante de la SNAI, si no que, según el presidente de “Laffattoria”, las cárceles de la zona 1 se quedaron sin alimentación entre el 15 y 19 de abril. Ahora, los privados de libertad aún deben esperar 15 días para la distribución alimentaria en los centros. De modo que el juez resolvió que el SNAI debe aceptar las donaciones gestionadas por los familiares, y debe facilitar la entrada de los alimentos a los centros de rehabilitación.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio el pronóstico del tiempo para el feriado, que inicia este viernes 3 de mayo de 2024. Región Litoral:En la mañana, cielo parcial nublado. En la tarde y noche, lluvia en la región interior, en especial en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos y la zona de estribación de cordillera occidental. Región Interandina:Los eventos de precipitación serán dispersos y estarán acompañados por tormentas eléctricas, en especial en horas de la tarde. Región Amazónica:Los eventos de precipitación serán dispersos en casi toda la región. Insular:Mañanas soleadas y tarde con cielo parcial nublado. El Inamhi también recordó que durante estos días (hasta el 6 de mayo) estará vigente la advertencia 26 por lluvias y tormentas. ¿Qué significa esto? – Es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. – Las condiciones de las vías podrán verse afectadas por agua estancada, deslizamientos de tierra y bancos de niebla. – Desbordamientos de cuerpos de agua en aquellas localidades donde se espera una mayor intensidad de lluvia.

Un video grabado en el primer retorno de Vía a la Costa, ubicado aproximadamente en el kilómetro 11 de la concurrida carretera de Guayaquil, a la altura de Puerto Azul, captó a cinco sujetos armados bajándose de un automóvil y corriendo hacia el vehículo de un ciudadano. En el material, que fue registrado el miércoles 1 de mayo a las 21h38 pero difundido este jueves, se observa cómo un carro negro de marca BMW adelanta al conductor afectado justo antes de que entre al retorno y se detiene súbitamente. Tras ello, sus puertas se abren y de este sale un grupo de hombres que portan pistolas, algunos encapuchados. Aparentemente con la intención de cometer un asalto o un secuestro, los implicados corren hacia el auto de su víctima, mientras que esta, en cambio, retrocede rápidamente para alejarse. Al percatarse de que el ciudadano iba a seguir distanciándose, tras haber llegado incluso a apuntar sus armas al parabrisas para atemorizarlo, los antisociales regresan al carro del que se apearon y escapan de la zona, mientras un respiro de alivio es emitido por el ocupante del auto desde el que se grabó lo ocurrido. Este proceder, reportado en redes sociales como una nueva modalidad de asalto armado registrado en esa carretera, que lleva a más de una decena de conjuntos residenciales, «atrapa» a la víctima puesto que al ingresar al retorno queda apartada de la vía principal por un separador que se alza sobre la calzada. El video captó los rostros de varios de los implicados y la placa del automotor que fue utilizado (que habría sido duplicada según reportes de ciudadanos en redes sociales), por lo que internautas exigen en redes sociales que la Policía investigue, localice y capture a los sujetos, resaltando que el hecho se suscitó en un sector residencial de la ciudad y muy concurrido.

Durante más de una década, la empresa Lafattoria ha monopolizado los contratos para la alimentación en las prisiones del Ecuador, luego de que se construyeron las megacárceles en 2014. Cada año la empresa le factura al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) más de 20 millones de dólares por el servicio. Pero ahora será investigada por Fiscalía, ya que hay un informe reservado que la señala de presuntas irregularidades. El último contrato de Lafattoria para proveer de alimentación a las cárceles fue el 5 de octubre de 2023, por 23 millones de dólares, según la rendición de cuentas del SNAI. En 2021, Vistazo expuso cómo esta empresa se hizo con el monopolio de la alimentación en las escuelas y cárceles, con contratos de cientos de millones de dólares. Tanto el SNAI como el Ministerio de Educación han intento dar de baja estos contratos, sin resultado alguno. Pero ahora las cosas pueden cambiar. La empresa está en el ojo del huracán debido a que la recientemente creada Secretaría General de Integrad Pública, del gobierno de Daniel Noboa, ha pedido a la Fiscalía investigar “presuntos ilícitos”, según un oficio entregado este 2 de mayo a la Fiscal General Diana Salazar. Esto se desprende de las alertas emitidas por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) por “presuntos actos ilícitos de carácter penal, relacionados con el denominado ‘Caso Alpha’”. El asambleísta azuayo Adrián Castro, quien también acudió a la Fiscalía, refirió que la información que el gobierno entregó es una noticia criminis, que surgió en el marco de la Cooperación Interinstitucional Anticorrupción que se conformó hace unas semanas. Como resultado se emitió un informe de carácter reservado, que ahora pasa a ser parte de la investigación de la Fiscalía. No se conoce si el contenido de dicho informe refiere a los contratos de alimentación u otros motivos. Castro dijo que, como parte de las facultades de fiscalización de los asambleístas, hará el seguimiento para que la investigación tenga respuesta y respaldar la lucha contra la corrupción

La norma que permitió el alza del Impuesto al Valor Agregado al 15 % (IVA) será revisada por la Corte Constitucional, tras que este órgano admitiera a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley para el Conflicto Armado Interno, el pasado 30 de abril. La petición que fue aceptada pertenece a la Cámara de Comercio de Guayaquil. El incremento de este gravamen también fue impugnado, por separado, por la bancada de Revolución Ciudadana y la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT). El gremio empresarial, liderado por Miguel Ángel González, señaló denuncia razones de forma y fondo de por qué esta normativa no cumple con la Constitución ecuatoriana para la creación y modificación de impuestos. Una de ellas es que la Asamblea Nacional transformó el proyecto remitido por Daniel Noboa, que solo contemplaba el alza del IVA, para crear nuevas contribuciones temporales (a las sociedades y a otras entidades del sector financiero) y para modificar algunos otros impuestos (Salida de Divisas, IVA en materiales de construcción). «El proyecto que nos ocupa comporta una transgresión aun más grave porque no solo modifica elementos esenciales de tributos existentes, sino que crea otros nuevos, sin que hubiere mediado la iniciativa del Ejecutivo en ninguno de los casos», comentaron. Argumentan que este tema ya tenía antecedentes en la Corte Constitucional, dado que las iniciativas de leyes sobre materia tributaria son de competencia exclusiva del presidente, y que este órgano ha declarado en pasadas ocasiones la inconstitucionalidad de leyes, que por iniciativa de la Asamblea, han suprimido impuestos. El máximo órgano de justicia constitucional negó la solicitud de suspensión provisional de la Ley para el Conflicto Armado Interno, pero señaló que se continuará la sustanciación de esta semana. La Corte Dio un término de 15 días para que la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado para que intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad de las normas demandadas. Asimismo, solicitaron a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República, para que, en el término de quince días, remitan el expediente con los informes y demás documentos que dieron origen a las normas demandadas. Este 1 de mayo se cumple un mes desde que entró en vigor el alza del IVA al 15 %. https://t.co/bm7Vbhvj0n realizó un recorrido por dos mercados principales del norte de Quito para constar cuáles son los precios de los productos. 🛒

Un agente fiscal de Francisco de Orellana fue llamado a juicio por su presunta participación en el delito de concusión. La decisión fue anunciada por el Juez, luego de analizar los elementos de convicción presentados en la audiencia preparatoria de juicio. Según lo expuesto por el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado a cargo del caso, esta causa empezó luego de que se presentara una denuncia en contra del hoy procesado, Álex A., por el presunto acto de corrupción. De inmediato se abrió la respectiva investigación, que contó con el acompañamiento de la Dirección de Transparencia en la Gestión de Fiscalía, lo que permitió obtener los elementos de convicción necesarios para formular cargos contra el funcionario público. La denuncia fue presentada a través del Buzón de Transparencia, que se encuentra en la sitio web institucional. En esta, una mujer informó que un agente fiscal en la provincia de Orellana, en 2020, le habría pedido dinero (alrededor de 8.000 dólares) para actuar a favor de un familiar en un caso de violación por el que era investigando. La víctima relató que el ofrecimiento no se cumplió y que –por esa razón– pidió la devolución del dinero, lo que habría ocurrido en 2022, luego de meses de presión por parte de la mujer. Durante la audiencia preparatoria de juicio, Fiscalía presentó como principales elementos de convicción: las versiones de la víctima y de su hermana, quien solicitó un crédito bancario para cancelar el dinero solicitado por el ahora procesado; y, una pericia contable que evidencia el movimiento de dinero e información bancaria respecto a la devolución del monto entregado por la víctima. Se incluyeron informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y documentos que determinan que el involucrado es funcionario de Fiscalía, y que el día de los hechos se encontraba de turno. A ellos se sumaron las pericias practicadas a la información extraída de teléfonos celulares y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos. Luego de escuchar los argumentos expuestos por la Institución, el Juez de Especializado en Corrupción y Crimen Organizado a cargo del caso dictó el auto de llamamiento a juicio y las medidas cautelares de prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante la autoridad y el uso del dispositivo de vigilancia electrónico para el procesado. El delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena máxima de siete años de pena privativa de libertad.