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Este martes 7 de mayo, el presidente de la República, Daniel Noboa, lideró el Gabinete Sectorial de Infraestructura y Medio Ambiente desarrollado en Cuenca. Junto a su equipo de trabajo se tomaron algunas resoluciones en materia energética, como la revisión del Plan de Electrificación para adecuarlo a la realidad y situación del país. Mediante una rueda de prensa, el ministro de Energía y Minas encargado, Roberto Luque, destacó los resultados de la visita conjunta con el presidente Daniel Noboa a la represa Mazar. «Hemos inspeccionado exhaustivamente todo el complejo, reafirmando nuestro compromiso con el sector energético. Durante años, el mantenimiento del sector eléctrico ha sido realizado por los mismos actores, pero hemos tomado decisiones para abordar esta crisis y garantizar un cambio positivo en la gestión actual», resaltó el ministro. Mencionó que entre las resoluciones tomadas está la revisión de normativas que permitan a la empresa privada la autogeneración de energía, considerando que el sector aporta solo 1 % (70 megavatios) al sistema interconectado del país, que cuenta con 7.000 megavatios. «Es absurdo que no tengamos normativas que permitan que el sector privado pueda generar su propia electricidad e incluso vendérsela al Estado en ciertas ocasiones», declaró Luque, destacando la posibilidad de reducir costos al comprar energía a empresas privadas. En este último punto, Luque hizo referencia a la compra de energía a Colombia con un valor mucho más caro que ciertas empresas privadas ofrecerían al Estado ecuatoriano. Al respecto, Luque subrayó la importancia de promover esta participación activa del sector privado y establecer alianzas estratégicas con empresas como CELEC y CNEL. En los próximos días, el Ministerio de Energía presentará perfiles para buscar interesados en invertir en proyectos como las hidroeléctricas Cardenillo y Santiago, «para en un futuro garantizar un suministro energético estable y realista». El Gobierno anunció este domingo la suspensión durante la próxima semana de los apagones programados que había fijado desde mediados de abril, gracias a la mejora en los caudales de los ríos que alimentan a las principales plantas hidroeléctricas del país, aunque dijo que ello no supone que se haya superado la crisis energética. El hecho de que cesen los cortes «no quiere decir que no estemos en crisis», ha señalado el ministro Luque, al remarcar que la mejora en la producción de energía se debe, fundamentalmente, a las intensas lluvias en la provincia de Azuay, donde se asienta un importante complejo de plantas hidroeléctricas como Mazar, Paute y Sopladora.

En varios centros penitenciarios, los reos se alimentan una sola vez al día por la escasez de productos. En las cárceles menos conflictivas, las FF.AA. organizaron a los presos para que se cocinen su comida. Una nueva bomba de tiempo está por estallar al gobierno, por la falta de alimentos para once mil presos de 20 cárceles del país. El mando militar alertó al Ministerio de Defensa, al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), al SNAI, y a la Policía, sobre posibles amotinamientos en las cárceles por la crisis alimentaria. Este martes se cumplen ocho días desde que la empresa Lafattoria suspendió el servicio en los centros penitenciarios por falta de pago, mientras que el gobierno la denunció por presuntos nexos con el crimen organizado. Desde el fin de semana, en las cárceles consideradas menos conflictivas, las Fuerzas Armadas organizaron a los presos para que cocinen. En varios centros penitenciarios los reos se alimentan una sola vez al día por la escasez de productos. Los presos de las cárceles de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Sucumbíos, Napo y Esmeraldas se alimentan con donaciones que entregan sus familiares e instituciones públicas y privadas. Ecuavisa consultó al Servicio de Protección a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), responsable del sistema penitenciario, sobre la solución para la provisión de alimentos, pero no respondió las inquietudes. El gobierno guarda silencio sobre la solución. Ninguna autoridad responde las inquietudes de la prensa y de los familiares de los detenidos. (Con información de Ecuavisa)

La Empresa Nacional Minera (Enami) firmó un acuerdo comercial con una firma canadiense para explorar poco más de 39.000 hectáreas en la Amazonía. El 7 de mayo, la institución informó sobre el convenio e indicó que en esta zona hay un «gran potencial minero». La exploración se llevará a cabo en la provincia de Morona Santiago, en el sureste de Ecuador. Según la Enami, contrará con el uso de tecnología avanzada que permite valorar los recursos y maximizar los beneficios para el Estado y las comunidades. En esa misma provincia de la Amazonía, la empresa canadiense Solaris busca desarrollar el proyecto minero Warintza, donde se encontró cobre, oro y molibdeno. Se prevé una inversión de USD 25 millonesEl viceministro de Minas, Diego Ocampo, firmó como testigo de honor de lo que denominó una «alianza estratégica» entre la Enami y la empresa canadiense. Se prevé que la exploración cuente con una inversión de USD 25 millones. El sector minero «se está moviendo y tratamos de recuperar el dinamismo que tenía hace poco tiempo», afirmó Ocampo al remarcar que el Gobierno actual está empeñado en «dinamizar» la actividad minera. «Para eso está la Empresa Nacional Minera, a través de la cual ejecutamos nuestra política pública, que se basa en explotar de manera responsable (social y ambientalmente) los recursos del Estado para que vayan a favor del pueblo», remarcó el viceministro. De su lado, el gerente de la Enami, Emmanuel Delaune, destacó que con este tipo de acuerdos la empresa pública busca tomar posición como el brazo ejecutor de la política minera del país. «Nuestro trabajo es generar minería responsable», agregó Delaune. El presidente de Solaris para América Latina, Federico Velásquez, recordó que su empresa llegó hace cinco años a Ecuador «con un modelo de minería responsable, inclusivo, en donde las comunidades y empresas del sector son parte del proceso». Se trata, agregó, de «un modelo innovador sin precedentes en América Latina y que Ecuador permitió aplicarlo». Críticas a la mineríaEn el marco de la PDAC, la mayor feria minera del mundo celebrada en marzo en Toronto (Canadá), Solaris anunció un acuerdo con la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) y la Alianza para Emprendimiento e Innovación de Ecuador (AEI) para «promover el desarrollo económico y social». Mientras, la organización Pueblo Shuar-Arutam (PSHA) presentó, junto con las organizaciones MiningWatch Canada y Amazon Watch, una demanda contra Solaris ante la Comisión del Mercado de Valores de Columbia Británica. El presidente de PSAH, Jaime Palomino, señaló que el proyecto no es respaldado por los pueblos originarios que temen efectos negativos en el ambiente y en su hábitat. A esa misma PDAC asistió Noboa, cuyo Gobierno firmó seis acuerdos de inversión por USD 4 800 millones con distintas empresas mineras. Esos pactos fueron inmediatamente criticados por colectivos indígenas de la Amazonía que denunciaron no haber sido consultados. También, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, rechazó la insistencia del Gobierno de Noboa en fomentar la actividad minera que, según dijo, no ha devengado en el desarrollo nacional y solo ha beneficiado a las compañías extranjeras y grupos poderosos del país. EFE

La Policía Nacional detuvo este 6 de mayo de 2024 a Frixon E., quien es el quinto Más Buscado de la provincia de Guayas, informó la institución a través de sus redes sociales. La captura de Frixon E. se logró gracias a las labores investigativas ejecutadas por los funcionarios de la Policía. Estas tareas permitieron localizar y capturar al quinto Más Buscado en la provincia de Azuay. El Ministerio del Interior informó en sus redes sociales que Frixon E. es requerido por la justicia por el presunto delito de asesinato. El detenido sería el responsable de dos muertes violentas en 2016 y 2022. Para continuar con el proceso legal, Frixon E. fue trasladado y puesto a órdenes de la autoridad competente.

La defensa jurídica de Jorge Glas acudió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que sea liberado y entregado a México. La denuncia se presentó el 19 de abril, según confirmaron sus abogados este martes 7 de mayo del 2024. El abogado Aitor Martínez, defensor de Glas, explicó que presentaron una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. El objetivo es que ese organismo pida a Ecuador que lo libere y le permita viajar a México, donde tiene asilo diplomático. En la denuncia, esgrimieron que Glas fue víctima de «secuestro» y de «gravísimos malos tratos» en el momento de la detención en la Embajada de México. La captura fue ordenada por el presidente Daniel Noboa al considerar que existía un presunto riesgo de fuga frente a la orden de detención que pesaba sobre él. Después ampliaron la denuncia para agregar la resolución del tribunal ecuatoriano que declaró «ilegal» y «arbitraria» su captura. También informaron sobre la «comunicación muy limitada» que tiene el exvicepresidente dentro de La Roca, donde cumple su condena por el delito de cohecho, lo que le impediría tener conversaciones privadas con su equipo jurídico. Glas, que rechaza los cargos en su contra y se declara un perseguido político. Se encuentra procesado por presunto peculado en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016. «Hemos insistido en la necesidad de que el Grupo de Trabajo active el procedimiento de urgencia, y que en un corto plazo pueda haber algún pronunciamiento por parte de Naciones Unidas en relación a la situación de detención arbitraria que sufre el señor Glas hasta la actualidad», señaló Martínez. La defensa pidió también al Grupo de la ONU que una delegación del organismo internacional visite al exfuncionario en la prisión. Un pedido similar hizo la defensa ante la CIDH, que ya otorgó a Glas medidas cautelares en 2019. En esa ocasión pidió a Ecuador que tome acciones para proteger su vida e integridad cuando se encontraba en prisión producto de las dos condenas previas. Esta vez, su equipo jurídico solicitó la ampliación de esas medidas y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgue medidas provisionales para protegerlo. Esto «implica su liberación inmediata y su traslado a la Embajada de México o a otro Estado que quiera intervenir (en darle también asilo)», señaló la abogada Sonia Vera «También hemos pedido el restablecimiento de las comunicaciones y visitas y que se le asegure el derecho a un juicio justo», dijo Vera. Acciones legales a favor de Glas en otros paísesEl equipo legal de Glas también inició acciones legales en México y Alemania, ya que Glas cuenta también con la ciudadanía de este segundo país. En Alemania se presentó una denuncia por los delitos de privación de libertad, lesión corporal grave y coacción. Mientras que en México fue la madre de Glas, Norma Espinel, quien denunció al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a la ministra de Interior, Mónica Palencia, a la jueza de la Corte Nacional Rita Bravo y al jefe policial y militar. Los delitos que abarca la denuncia de la madre son los de secuestro, sometimiento a torturas, tratos crueles e inhumanos y desaparición forzada, por los hechos suscitados en la Embajada. En ambos casos, señalaron los letrados, las fiscalías de esos países ya están investigando y recolectando la información pertinente. Jorge Glas está en huelga de hambre a base de suplementos alimenticios y líquidos desde su ingreso en cárcel el pasado 6 de abril. EFE

Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad, salió este martes de la cárcel donde se encontraba en prisión preventiva por su imputación en un caso de presunta oferta de tráfico de influencias, según anunció su abogado Oswaldo Trujillo. El procesado quedó en libertad bajo fianza tras pagar una caución de 20.000 dólares que había sido impuesta por la autoridad judicial a cambio de revertir la medida de prisión preventiva. Barreiro fue detenido el pasado 21 de marzo en la ciudad de Cuenca y desde entonces estaba recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en la ciudad de Guayaquil. «Realizado el pago de la fianza dispuesto por la jueza a cargo, finalmente se podrá defender en libertad», señaló en redes sociales Trujillo. El hijo de la vicepresidenta Abad tendrá que cumplir en libertad con una prohibición de salida del país y con presentaciones semanales en oficinas de la Fiscalía en Cuenca. Barreiro es parte del denominado caso ‘Nene’, sobre una presunta «oferta de tráfico de influencias» para trabajar en las oficinas de la Vicepresidencia de Ecuador, entidad liderada por Verónica Abad, quien, por orden del jefe de Estado, Daniel Noboa, también se desempeña como embajadora en Israel. El hijo de la vicepresidenta quedó detenido por presuntamente ofrecer junto a otra persona un cargo público a cambio de recibir un amplio porcentaje de su sueldo. La denuncia original la formuló la misma persona involucrada en el presunto trámite ilegal del cargo, quien habría sido contratada en diciembre pasado. Noboa y Abad, que asumieron el poder el 23 de noviembre pasado, han experimentado un distanciamiento político acelerado y varios analistas han opinado que el conflicto entre ambos parece irreversible. EFE

Continúan las protestas en Olón contra la empresa de la primera dama, por la tala de árboles en una zona protegida. Los nombres de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y de su hija Daniela Verduga Palencia, aparecieron en documentos expuestos por Bitácora Ambiental, dentro del caso Olón y la empresa Vinazin S.A., que pertenece a Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa. Según el documento publicado, las abogadas Palencia y Verduga Palencia estuvieron autorizadas por la compañía Vinazin S.A. para realizar diligencias legales y administrativas, con el objetivo de tener la aprobación y registro de la reforma del objeto y estatuto social. Tras esta publicación, la ministra Palencia señaló que no permitirá que ninguna persona ponga en tela de duda su nombre o el de su hija. “En el 2020 recibimos autorizaciones para realizar actos societarios concretos, únicamente, y a favor de una empresa de actividad lícita y en nuestras funciones como abogadas. Clarito es”. Además, según información de la Superintendencia de Compañías, la actual gerente general de la empresa Vinazin S.A. es María Beatriz Moreno, quien es presidenta nacional de ADN, la organización del presidente Daniel Noboa. CasoLa comuna de Olón, en Santa Elena, amaneció con protestas este martes. Los moradores de la zona se manifestaron en contra de los trabajadores de la empresa Vinazin S.A., porque talaban los árboles del estero. La empresa Vinazin S.A., cuya principal accionista es Valbonesi, recibió el registro ambiental del ministerio del Ambiente, para armar un supuesto proyecto urbanístico en el manglar de Olón. Sin embargo, organizaciones ambientalistas, como Fundación La Iguana, señalaron que este proyecto causará un daño irreversible a los manglares. Por ello, solicitaron que se pare la tala de árboles en la zona. En el Registro Oficial del 30 de noviembre de 2001, se catalogó a esa área como bosque protector, por parte del Ministerio del Ambiente de la época. EmpresaVinazin S.A. fue constituida en 2016 por Daniel Noboa Azín y José Francisco Manzur Almendares. En 2021, Noboa vendió sus acciones a Daniel Correia. Un año después, Manzur vendió sus acciones a Lavinia Valbonesi. Actualmente, Valbonesi es la accionista mayoritaria de la empresa con un capital de USD 9 999, mientras que Daniel Correia tiene acciones por apenas USD 1. El informe de factibilidad del proyecto fue realizado por Geosísmica, en septiembre de 2023, cuyo accionista es el ministro Roberto Luque.

Decenas de comuneros de Olón, provincia de Santa Elena, rechazan este martes 7 de mayo del 2024 las obras de un proyecto inmobiliario. Los ciudadanos piden que se respeten los terrenos que comprende al Esterillo Oloncito, área protegida de Ecuador. En Esterillo Oloncito, una zona de manglares y algarrobos que protegen a la población de inundaciones en la época invernal, se ejecutan desde hace días múltiples obras de un proyecto de la empresa Vinazin S.A.. Según consta en la página web de la Superintendencia de Compañías, los accionistas de esta compañía son Ángela Lavinia Valbonesi Acosta, primera dama de Ecuador, y Daniel Patricio Correia Peñaherrera. Estos trabajos se realizan en 261 metros del Esterillo Oloncito, declarado por el Ministerio de Ambiente como área protegida en 2001. En el lugar no se estaría respetando la fauna y flora del lugar, Decenas de comuneros de Olón, provincia de Santa Elena, rechazan este martes 7 de mayo del 2024 las obras de un proyecto inmobiliario. Los ciudadanos piden que se respeten los terrenos que comprende al Esterillo Oloncito, área protegida de Ecuador.   En Esterillo Oloncito, una zona de manglares y algarrobos que protegen a la población de inundaciones en la época invernal, se ejecutan desde hace días múltiples obras de un proyecto de la empresa Vinazin S.A..   Según consta en la página web de la Superintendencia de Compañías, los accionistas de esta compañía son Ángela Lavinia Valbonesi Acosta, primera dama de Ecuador, y Daniel Patricio Correia Peñaherrera.   Estos trabajos se realizan en 261 metros del Esterillo Oloncito, declarado por el Ministerio de Ambiente como área protegida en 2001. En el lugar no se estaría respetando la fauna y flora del lugar, atentando a los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución.   En el proyecto de Vinazin S.A. consta un conjunto de cuatro edificios de varias plantas y 24 unidades de vivienda con áreas sociales, áreas verdes, parqueos, vías de acceso, acceso a la playa y un malecón hacia el cuerpo de agua.   Organizaciones ambientalistas señalan que esta obra no podría llevarse a cabo porque no solo no se estaría respetando el área protegida sino que existe una ordenanza que se prohíbe construcciones mayores de tres pisos en el lugar.   No obstante, según constató el portal Primicias, el proyecto cuenta con todos los permisos ambientales emitidos por el Ministerio de Ambiente el 5 de diciembre de 2023, 13 días después de la posesión del presidente Daniel Noboa.   En una entrevista Jhon Reyes, presidente de la comuna de Olón, indicó que se ha pedido en varias ocasiones que el proyecto sea socializado, pero esto no se ha llevado a cabo. Además, indicó que este martes presentarán una acción de protección para evitar que se sigan talando algarrobos.   «Nosotros como comunidad no nos oponemos al proyecto, pero hemos pedido la socialización. No estamos pidiendo nada fuera de lo común. Solicito al Presidente que nos pueda atender y aclare los malos entendidos«, indicó Reyes.   Asimismo, ratificó que los comuneros permanecerán en el lugar, donde también se registró la presencia de policías, para proteger la fauna y flora de esta área protegida.   Por su lado, la asambleísta Jhajaira Urresta, de la Revolución Ciudadana, también pidió información al Ministerio del Ambiente sobre las denuncias de la tala de un manglar protegido en Olón. «Es deber del Estado Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas y acuáticas», agregó. a los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución. En el proyecto de Vinazin S.A. consta un conjunto de cuatro edificios de varias plantas y 24 unidades de vivienda con áreas sociales, áreas verdes, parqueos, vías de acceso, acceso a la playa y un malecón hacia el cuerpo de agua. Organizaciones ambientalistas señalan que esta obra no podría llevarse a cabo porque no solo no se estaría respetando el área protegida sino que existe una ordenanza que se prohíbe construcciones mayores de tres pisos en el lugar. No obstante, según constató el portal Primicias, el proyecto cuenta con todos los permisos ambientales emitidos por el Ministerio de Ambiente el 5 de diciembre de 2023, 13 días después de la posesión del presidente Daniel Noboa. En una entrevista Jhon Reyes, presidente de la comuna de Olón, indicó que se ha pedido en varias ocasiones que el proyecto sea socializado, pero esto no se ha llevado a cabo. Además, indicó que este martes presentarán una acción de protección para evitar que se sigan talando algarrobos. «Nosotros como comunidad no nos oponemos al proyecto, pero hemos pedido la socialización. No estamos pidiendo nada fuera de lo común. Solicito al Presidente que nos pueda atender y aclare los malos entendidos«, indicó Reyes. Asimismo, ratificó que los comuneros permanecerán en el lugar, donde también se registró la presencia de policías, para proteger la fauna y flora de esta área protegida. Por su lado, la asambleísta Jhajaira Urresta, de la Revolución Ciudadana, también pidió información al Ministerio del Ambiente sobre las denuncias de la tala de un manglar protegido en Olón. «Es deber del Estado Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas y acuáticas», agregó.

La tala de manglares en un área protegida, para la construcción de un proyecto inmobiliario de Vinazin S.A, de la cual Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, es accionista mayoritaria, ha provocado el reclamo de comuneros de Olón, Santa Elena, quienes se encuentran en un plantón permanente. Desde ayer, varios obreros comenzaron con la tala de árboles en el Esterillo Oloncito. Según los habitantes, 21 de 52 algarrobos han sido tumbados de este bosque protector, declarado en 2001. El Ministerio de Ambiente, liderado por Sade Fritschi, concedió el permiso para esta obra, para la “ejecución de las obras de recuperación del espacio erosionado e invadido por el cuerpo de agua Estero Oloncito, la reconformación y protección del muro”. Con respecto a este tema, Jhajaira Urresta, legisladora de Revolución Ciudadana (RC5), anunció ayer que inició un proceso de fiscalización, realizando cinco pedidos de información: Se indique cuáles son las zonas protegidas en Olón, si el manglar talado es considerado protegido Si es real o no la tala que se denunció en redes sociales Requirió un informe sobre si se cortó manglar en Olón Solicitó que se informe respecto de la construcción de un hotel El detalle del convenio firmado con la empresa para la construcción de este hotel y qué empresa es la que suscribió dicho convenio Hoy, Paúl Buestán, asambleísta de Construye, solicitó un cambio en el orden del día de la sesión del pleno de la Asamblea Nacional del miércoles 8 de mayo del 2024, para un proyecto de resolución que plantea que Sade Fristschi explique el proceso de obtención de licencias ambientales en la zona ambiental protegida de Santa Elena. Además, la asambleísta de Arisdely Parrales, de Santa Elena y RC5, indicó que ha pedido información al Ministerio de Ambiente sobre el detalle sobre estudios técnicos y el plan de manejo ambiental presentados por la empresa que ha realizado la tala de árboles en el sector del río Oloncito, perteneciente a la comuna Olón. Asimismo, que realice un informe sobre los posibles daños y repercusiones ambientales provocados por la tala de árboles al pie del río Oloncito, perteneciente a la comuna Olón. Y que se pronuncien si esa cartera de Estado tiene conocimiento sobre la posible construcción de proyectos urbanísticos en el sector del río Oloncito y si estos cuentan con permisos ambientales.

La Asamblea Nacional comunicó la suspensión de la legisladora correísta Mónica Palacios por 60 días sin sueldo en sus actividades dentro del Poder Legislativo. Mediante un comunicado emitido este lunes 6 de mayo de 2024, se indicó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), resolvió sancionar a la asambleísta Mónica Palacios por cometer una «falta muy grave». El CAL dictó la sanción, tras sustanciar los testimonios y las puebas de cargo y descargo, y determinar que la legisladora «cometió una falta administrativa muy grave dispuesta en el numeral 6 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa». Según lo señalado por el organismo, la asambleísta incurrió en «comportamientos que se ajustan a la figura de acoso laboral«. La resolución enmarcada en el procedimiento disciplinario de la Asamblea, es el resultado tras conocer y analizar la denuncia presentada por el funcionario Emilio Flor Zambrano. Postura de Mónica Palacios Tras conocer la sanción establecida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), Palacios reaccionó y calificó la medida como «una maniobra ilegal e ilegítima para atacarme políticamente». Según la asambleísta, «el oficialismo utilizó a un funcionario legislativo para denunciarme por supuesto acoso laboral. Pese a que nunca trabajé, contacté o conocí a dicho servidor público, quien ocupó el puesto de asistente de la asambleísta de ADN, Valentina Centeno». Además, Palacios relató que «el 14 de diciembre de 2023 fui agredida por dicho asistente legislativo, el mismo que intentó arrebatarme de manera violenta el micrófono. Esto sucedió en la sesión Nro. 005 de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional». El 9 de marzo pasado, este funcionario presentó la denuncia ante el CAL. Según Palacios, eso ocurrió «a pesar de que la Coordinación de Talento Humano de la Asamblea Nacional había determinado una sanción en su contra por agredirme. Sin embargo, el administrador de la Asamblea Nacional archivó mi causa«. Palacios asegura que todo fue «planificado por Daniel Noboa, acatada por Henry Kronfle y legitimada por los miembros del CAL».