Nacionales

Unos sicarios acabaron con la vida de Geamil Rivera Saltos, supervisor de la Agencia de Tránsito Municipal de Manta, quien también fue cuñado de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, excabecilla principal de Los Choneros, asesinado en diciembre de 2020. Este crimen ocurrió aproximadamente a las 17:00 de este lunes 18 de marzo en la avenida La Cultura, cerca de la zona comercial Nuevo Tarqui. Según indicó la Policía Nacional, el sujeto recibió cinco disparos a la cabeza, desde la ventana del conductor. Geamil Rivera estaba solo al momento que fue victimado. Según figura en el sistema del Consejo de la Judicatura, fue procesado en 2020 por el delito de tenencia y porte ilegal de armas, para lo cual debía presentarse periódicamente ante la justicia. Su hermana, Samara Rivera Saltos, quien fue esposa de alias Rasquiña y es madre de dos hijos, es procesada por presunta asociación ilícita en una investigación que comenzó en 2020. Sin embargo, la audiencia de juicio oral que debía realizarse el pasado 16 de febrero no se efectuó. Actualmente quedó aplazada para el 6 de junio de 2024.

El próximo 26 de marzo de 2024, la Asamblea saldrá a su primer receso del año. Serán 15 días de vacaciones hasta retomar sus actividades el próximo 9 de abril. Por lo que esta es una semana clave para la Ley de Turismo, Proforma 2024 y juicio político al exministro Fernando Santos Alvite. Ley económica-urgenteActualmente, la Ley para Fortalecer el Turismo, quinta normativa enviada con carácter de económico-urgente por el Ejecutivo, está en tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico. El proyecto ya superó el primer debate en el Pleno. Al ser un proyecto económico-urgente, el Legislativo tiene un plazo de 30 días para pronunciarse. En caso de no hacerlo, la Constitución señala que la normativa pasará directamente al Registro Oficial para su vigencia. Por lo pronto, la Comisión de Desarrollo ya se convocó para una sesión este 18 de marzo a las 20:45. El único punto es: “Conocimiento y aprobación del informe para segundo debate del proyecto para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento, urgente en materia económica”. Una vez que la mesa legislativa apruebe el informe, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, podrá incluir el tratamiento en segundo debate del proyecto de Daniel Noboa. Proforma 2024El presidente Daniel Noboa envió la Proforma 2024 a la Asamblea el pasado 20 de febrero de 2024. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo redirigió a la Comisión de Régimen Económico y, en esa mesa, no hubo los votos para aprobar el informe que no es vinculante. Kronfle incluyó el tema en el orden del día de la sesión de 915 de este martes 19 de marzo de 2024. Es el segundo punto de la reunión del Pleno que arrancará a las 14:00. La Asamblea no puede modificar dicha Proforma pero sí presentar observaciones. Juicio Político Santos AlviteLa interpelación al exministro de Energía durante el gobierno de Guillermo Lasso, Fernando Santos Alvite, avanza en la Comisión de Fiscalización. Este 18 de marzo está previsto aprobar el cronograma para la presentación de las pruebas de cargo y descargo. Este es el tercer proceso que sustentará esta mesa legislativa desde que se conformó en noviembre pasado. Hasta el momento han sido censurados el exministro de Inclusión, Esteban Bernal y los exvocales de la Judicatura, Juan José Morillo y Fausto Murillo. El tiempo para este trámite cobra relevancia ya que Santos Alvite y el exministro del Interior, Juan Zapata, son las dos interpelaciones que debe sustentar Fiscalización antes de llegar al proceso impulsado por le correísmo en contra de la fiscal Diana Salazar. Por lo tanto, el cronograma que se conozca y apruebe sobre el exministro de Energía deberá tomar en cuenta los 15 días de vacancia que inicia el 26 de marzo.

Los expertos descartan que en el archipiélago de Galápagos exista un brote de gripe aviar. Para llegar a esta conclusión se hizo un análisis sobre una posible virus en las islas. Así lo indicaron las autoridades este lunes, 18 de marzo de 2024. Técnicos de la zona tomaron muestras y los resultados dieron negativo para influenza aviar H5N1, motivo por el cual, se levantó la medida que interrumpían actividades en varias islas del Archipiélago. Las actividades turísticas en Galápagos estuvieron suspendidas desde el 11 de marzo de 2024. Miembros de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, Agencia de Bioseguridad y Cuarentena, Fundación Charles Darwin y más organizaciones observan la evolución del supuesto virus. Arturo Izurieta, director del Parque Nacional, calificó el resultado como alentador. “En el oeste del archipiélago tenemos las únicas colonias de pingüinos de Galápagos y cormoranes no voladores que se mantienen saludables de acuerdo al reporte de los científicos y técnicos”. Análisis sobre posible influenza aviar en el oeste del archipiélago de Galápagos presenta resultados negativos La alerta El 11 de marzo de 2024 encontraron aves muertas en algunos sitios de visita en el Archipiélago. Inmediatamente la Dirección del Parque Nacional Galápagos dispuso el cierre de actividades turísticas terrestres. Medidas En Punta Espinoza, isla Fernandina, Bahía Urbina e isla Isabela la medida de suspensión se levantó. En Isla Lobos y en San Cristóbal esperan resultados de las muestras tomadas para evaluar la reapertura de actividades turísticas en esta semana. En las islas Genovesa y Española continúan los monitoreos y las actividades en tierra siguen restringidas.

En el marco de una investigación relacionada con un presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias en un proceso de contratación pública de la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV) de Cuenca, Christian Andrés U. se encuentra procesado por su presunta autoría en este acto ilícito. Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la representante de la Fiscalía fundamentó la solicitud de orden de prisión preventiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, el Juez de turno decidió imponer medidas cautelares menos severas, como presentación periódica dos veces por semana y prohibición de salir del país, además de dictar medidas de protección a favor de la víctima. De acuerdo a las diligencias investigativas, entre el 12 y 14 de marzo de 2024, el representante de una compañía de alquiler de grúas recibió llamadas y mensajes de un ciudadano, quien le solicitó dinero a cambio de enviar un oficio y generar incidencia para que se declare desierto un concurso de subasta inversa electrónica, que tenía como objetivo la contratación del alquiler de diecisiete grúas, por un valor aproximado de 545.000 dólares. De esta manera supuestamente se iba a iniciar un nuevo proceso de contratación y la compañía de la víctima, que fue descalificada en el actual proceso por no presentar los requisitos solicitados, podía volver a concursar. El ahora procesado –quien no es funcionario púbico– le habría solicitado la entrega de 17.000 dólares (1.000 por cada grúa). Sin embargo, la víctima negoció la entrega de 2.200 dólares. La tarde del jueves 14 de marzo, la víctima acudió hasta el sector de Miraflores y entregó una cantidad de dinero a un ciudadano que se movilizada a bordo de una motocicleta (delivery), a quien habían enviado a retirar el paquete. En ese momento fue detenido por agentes de la Policía. El detenido recibió una llamada en la que le ordenaban trasladar el paquete que contenía el dinero hasta el sector El Cebollar, donde minutos más tarde fueron detenidos Christian Andrés U. y otro ciudadano. La instrucción fiscal de 30 días se sustenta en: versiones, parte policial, informe de reconocimiento del lugar de los hechos y, como evidencia, el celular del detenido, con el cual presuntamente se realizaron las llamadas y mensajes, ofreciendo tráfico de influencias a cambio de dinero.

Un ahorro de cerca de USD 20 millones mensuales se generaría después de la fijación de un techo para los sueldos en el sector público. Este 18 de marzo de 2024. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dijo también que está en marcha un estudio sobre los contratos colectivos. En entrevista con Teleamazonas, la ministra dijo que esto representaría que un ahorro anual de USD 240 millones. Explicó que la situación sobre sueldos mayores al de mismo Presidente de la República, se configuró no solo con responsabilidad de exautoridades del Ministerio de Trabajo sino también con los responsables de las empresas públicas. Núñez indicó también que este ahorro podría destinarse a sectores como seguridad, salud y educación. Además, la Ministra de Trabajo adelantó que está por culminarse un estudio sobre los contratos colectivos. Pus como ejemplo el de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) sobre el cual no hay un informe de sustentabilidad emitido por el Ministerio de Finanzas. «El Contralor tendrá la facultad para ir directamente al control de los sueldos y remuneraciones en los Gobiernos Autónomos Descentralizados y consejos provinciales», dijo la Ministra. El acuerdo ministerialMediante un Acuerdo Ministerial, el Ministerio de Trabajo expuso el grado y el sueldo para todos. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, advirtió que se presentaría la tabla, después de conocer algunos ‘sueldos dorados’, que llegaban hasta los USD 60.000 mensuales. En el acuerdo se expone que «las entidades públicas detalladas en el Artículo 2 del Mandato Constituyente No. 2, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 261 de 28 de enero de 2008, deberán fijar las remuneraciones mensuales unificadas de sus servidores, según las escalas correspondientes establecidas por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo al régimen laboral que corresponde a sus servidores». En el texto también señala que «las entidades del sector público para la determinación de las remuneraciones mensuales unificadas de sus trabajadores deberán sujetarse a los techos vigentes para la negociación de contratos colectivos de trabajo, contratos individuales de trabajo y actas transaccionales, expedidos por esta cartera de Estado». El Telégrafo

La Contraloría General del Estado, vigilará el cumplimiento del acuerdo Ministerial El Ministerio del Trabajo dispuso la la fijación de las remuneraciones mensuales unificadas de los servidores y trabajadores de las entidades del sector público; Incluidas las entidades que conforman el régimen seccional autónomo y las Empresas Públicas (EP). “En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá ser igual o superior a la remuneración mensual unificada del Presidente de la República”. — Comunicado del Ministerio del Trabajo.A través del Acuerdo Ministerial N° MDT-2024-039 esa cartera de estado estableció la escala de remuneraciones mensuales unificadas comprendidas en el Nivel Jerárquico Superior, la cual se divide en 10 grados cuyos salarios van de USD 2.115 a USD 5.072. Escala de salarios al mes en el sector públicoGrado 10: USD 5.072.

Para las 11:00 del lunes, 18 de marzo, estaba convocado el expresidente Guillermo Lasso, para que rinda su versión libre y voluntaria en la investigación del caso Metástasis. Específicamente abordaría el trabajo que se realizó en los centros de privación de libertad por parte de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación. Esto, luego de que dos de sus exintegrantes fueran vinculadas al proceso que sigue en contra de 52 personas por delincuencia organizada. Sin embargo, desde Estados Unidos y mediante un comunicado, Lasso señaló que «hasta la tarde de este 17 de marzo de 2024, no ha llegado ninguna notificación al respecto». En el documento, el Exmandatario indicó que entiende que «se trata del pedido de una procesada, no de una iniciativa fiscal». De todas formas, reiteró su predisposición para «colaborar con el sistema de justicia a fin de que puedan llegar a la verdad de los hechos». Actualmente, Guillermo Lasso se encuentra en el Estado de Florida, en Estados Unidos, cumpliendo asuntos de índole académico. Es docente invitado del programa Senior Leadershio Fellow, del Adam Smith Center for Economic Freedom. El pedido de una procesada Claudia Garzón y Myriam Alejandra Delgado son dos de las exintegrantes de la comisión que actualmente son investigadas. El pedido viene por parte de la defensa de la segunda, Alejandra Delgado. El abogado Washington Andrade informó la mañana del 17 de marzo sobre la comparecencia. Lo hizo mediante sus redes sociales y dijo que de esa forma publicaba los oficios de notificación «para cumplir con la tarea que Fiscalía nos ha impuesto, de notificar nosotros a los mencionados, a pesar de que la misma cuenta con la capacidad operativa de hacerlo a través de los agentes de la policía».

Mayra Salazar, una de las 52 procesadas por el caso Metástasis y centro del caso Purga, ingresó al sistema de Víctimas y Testigos Protegidos de la Fiscalía. Este domingo 17 de marzo del 2024, se conoció que la fiscal Diana Salazar, solicitó fecha y hora para tomar su versión anticipada. Por medio de un oficio enviado al juez de la Sala Penal, Felipe Córdova, la fiscal pidió hora y fecha para que Salazar rinda su versión. Ella se encuentra detenida desde diciembre del 2023 en la cárcel 4 de Quito. Salazar es una pieza clave dentro del caso Metástasis, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada en el sistema de justicia para favorecer al narcotraficante Leandro Norero. Según la hipótesis de la Fiscalía, Salazar, exfuncionaria de la Corte de Justicia de Guayas, habría gestionado un habeas corpus con jueces de Cotopaxi y Guayas a favor de hermanos del narcotraficante y mantenía una relación sentimental con él. Caso Purga: Mayra Salazar buscaba hackear un medio de comunicación digitalDe acuerdo con sus abogados, la exfuncionaria solicitó protección pues recibió amenazas. Además, ofreció su colaboración con el caso. El sistema de protección de la Fiscalía tiene como objetivo preservar la seguridad de las personas imputadas y testigos, sobre todo si se encuentran en una situación de peligro para su vida o integridad física. La fiscal Diana Salazar también informó que la fiscal Lidia Sarabia ingresó al programa de Víctimas y Testigos Protegidos de la Fiscalía. Para ella también solicitó fecha y hora para que rinda su versión anticipada. Sarabia es fiscal especializada en crimen organizado y lavado de activos. La funcionaria estaba a cargo del juicio por lavado de activos en contra del narcotraficante. En los chats de Norero se lee que planificaron atentados en su contra. ¿Quién es Mayra Salazar?La comunicadora y relacionista Pública, Mayra Salazar, es una pieza clave en el caso Purga, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada, y que involucra a jueces y funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Salazar fue detenida el pasado 13 de diciembre del 2023, por estar involucrada en el caso Metástasis. En esa causa la Fiscalía investiga una trama de corrupción en el sistema judicial para beneficiar al narcotraficante Leandro Norero y su familia. Salazar, de 35 años, se desempeñaba como funcionaria de la Corte Provincial del Guayas, y antes fue asesora de la expresidenta de la Corte, Fabiola Gallardo. Pero además, mantenía una relación cercana con el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, también detenido por el caso Purga. Desde la prisión, Salazar ofreció cooperar y entregar información sobre más personas vinculadas a este caso. De hecho, el caso Purga se articuló en función de las conversaciones que la Fiscalía General del Estado encontró en su celular. Se hallaron chats con Muentes, con Daniel Salcedo, con otros jueces de la Corte Provincial de Justicia y con otras personas que aún no han sido identificadas. Muerte del influencer ‘La Polilla’ era tema de conversación en chats de caso PurgaEn las conversaciones presume su poder y ostenta su necesidad de hacer dinero a cualquier precio. Allí se revelan detalles sobre algunos temas, como su interés por incursionar en el narcotráfico, el asesinato de Norero, su participación en la campaña electoral del correísmo para las últimas elecciones, entre otras cosas. Por ejemplo, en los chats se lee mensajes para distribuir un video en el que se anunció la candidatura del juez Hugo G. para la Presidencia de la Corte Provincial de Guayas. Y también se coordina la entrega de agendas con el logo del magistrado. El juez renunció el 8 de marzo a su cargo en el organismo, para elaborar su campaña. También se devela que Salazar manejaba un troll center que utilizaba, entre otras cosas, para atacar a los detractores del exasambleísta Pablo Muentes, identificado con el alias de Jeremy Morton. Por ese mismo canal, Daniel Salcedo, con quién mantenía una relación de amistad, le pidió difundir un video de Los Lobos luego del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Asimismo, se revela cómo coordinaba con los jueces para evitar que se instalen audiencias relevantes. Por ejemplo, en julio de 2023, Salcedo le pide ayuda a Mayra Salazar para suspender una audiencia de la causa de su hermano. «Ya está hablado, ¿cuánto hay?» pregunta Salazar. Y Salcedo le responde que USD 1.000 para cada juez, porque eso es lo que se pagó en una ocasión anterior. Y en octubre, pide nuevamente una suspensión de una audiencia. En esta ocasión, Mayra Salazar le responde que ella mandará a un juez a un spa para «que se relaje y no se instale«. En los últimos chats revelados por la Fiscalía en el caso Purga incluso se detallan conversaciones de Salazar sobre la muerte del influencer ‘La Polilla’, asesinado en Esmeraldas. «Lo mataron a la polilla», dice en un mensaje uno de sus contactos. Enseguida comparte una foto a lo que Salazar responde con un «Yala». Carlos G. alega que su muerte se debería a negocios ilícitos. «Dice q lo mataron xq lavaba como tú». Salazar, que está detenida por el caso Metástasis, responde con un «jajajaj» y cambia de tema.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a Diego Moscoso Cedeño de su cargo como juez de la Unidad Judicial de Manglaralto, en la provincia de Santa Elena. Así lo informó la institución la mañana del 17 de marzo. En un comunicado, la Judicatura detalló que el ahora exmagistrado incurrió en una infracción disciplinaria gravísima, tipificada y sancionada en el artículo 109 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Este determina que «a la servidora o servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución por haber sido sancionado pecuniariamente por más de tres veces en un año». Las sanciones pecuniarias, a su vez, corresponden a infracciones leves que cometen los funcionarios. Entre ellas se encuentra incurrir en tres o más atrasos al trabajo; desempeñar actividades extrañas a las funciones que le corresponden; recibir a una de las partes o a su defensor para tratar asuntos relativos a la causa, sin que la otra parte pueda concurrir a la audiencia, entre otras. Moscoso concedió la libertad a Jorge GlasEl nombre del exmagistrado tomó relevancia en abril de 2022, cuando le otorgó un habeas corpus al exvicepresidente Jorge Glas. De esa forma pudo salir de la cárcel de Cotopaxi, donde cumplía la pena de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos, y por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Diego Moscoso trabajó como subsecretario de Rehabilitación Social del Ex Ministerio de Justicia durante el gobierno de Rafael Correa. En 2017, cuando se realizaba el proceso por el caso Odebrecht, el abogado asumió la defensa de Glas. Años después, ya como juez de Manglaralto, lo liberó de prisión. El 26 de abril de 2022, el Consejo de la Judicatura decidió suspenderlo por 90 días. Pero la sanción no respondía al recurso a favor del exvicepresidente, sino por el caso de la declaratoria jurisdiccional previa, emitida por la Corte de Santa Elena, según contó a Ecuavisa el entonces vocal, Fausto Murillo. Recordó que por el habeas corpus a Jorge Glas, no hubo denuncia. Esta es el segundo intento de destitución a Moscoso. En julio de 2022, el Pleno de la Judicatura conoció un informe motivado de la Dirección Provincial de Santa Elena en la que se emitió una declaratoria jurisdiccional previa, por «manifiesta negligencia». En consecuencia, cometió una falta gravísima que se sanciona con destitución, pero apeló y pudo continuar en el cargo.

Guillermo Lasso, expresidente de la República; Fausto Cobo, exdirector del SNAI; Patricio Carrillo, exministro del Interior; Alexandra Vela, exministra de Gobierno, y todos los exintegrantes de la Comisión de Pacificación de Cárceles deberán aportar en la investigación del caso Metástasis. La Fiscalía General del Estado los convocó para que el lunes, 18 de marzo, rindan su versión libre y voluntaria sobre el trabajo que se realizó en los centros de privación de libertad en el 2022. Esto, luego de que varios de los exintegrantes de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación, fueran vinculados al proceso que sigue en contra de 52 personas por delincuencia organizada. La hipótesis de la Fiscalía es que varios de ellos realizaron acciones para beneficiar a privados de libertad, como el narcotraficante Leandro Norero, a cambio de beneficios económicos. El primero en el listado para rendir su versión es Guillermo Lasso, a las 11:00. Le sigue Fabián Pozo Neira, a las 11:30; Fausto Cobo, a las 12:00; Alexandra Vela, a las 12:30; Patricio Carrillo, a las 14:00; Max Campos Gallegos, a las 14:30, entre otros convocados. Comisión de PacificaciónClaudia Garzón y Myriam Alejandra Delgado son dos de las exintegrantes de la comisión que actualmente son investigadas. La tesis presentada por la fiscal Diana Salazar, el 15 de marzo, fue que las mujeres ayudaron a la obtención de numerosas comodidades penitenciarias para Leandro Norero. Todo ello a cambio de beneficios económicos. Pero no fueron las únicas participantes. La fiscal de Guayas, Yanina Villagómez, habría sido el brazo jurídico al que acudían los líderes de la organización para obtener asesoramiento y buscar apoyo en diversos procesos judiciales contra Norero y su círculo cercano. Juan Pablo Jaramillo Dávila habría facilitado depósitos para obtener comodidades para Norero dentro del Centro de Reabilitación Social de Cotopaxi. Él realizó un depósito de USD 1 200 a la procesada y guía penitenciaria Katherine Guaita. El segundo guía penitenciario es Carlos Mendoza, a quien la fiscalía señala por ayudar a Norero durante su estadía en la cárcel. Doris Oviedo, perito especializada en finanzas que actuó en los casos Yunda y Sobornos, fue la encargada de la investigación en el proceso de lavado de activos contra Leandro Norero y su familia. Presuntamente, habría participado en la manipulación de elementos de convicción junto con los procesados Héctor David P. y Cristian Reinaldo Ch.​​ Romel David T., abogado en libre ejercicio, mediante el procesado Cristian R. negociaba y convencía a otros jueces para emitir resoluciones sobre medidas cautelares en beneficio de la cúpula de la organización. Con información de Ecuavisa.