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CDL Noticias Desde las clínicas afirman que la deuda es todavía grande. De forma puntual, determinados centros han reducido terapias o han dejado de hacer análisis y dar medicamentos. Unos 20 000 pacientes con insuficiencia renal, que requieren diálisis en Ecuador, viven desde hace año y medio una angustiosa incertidumbre. Esto debido a las millonarias deudas que acumula el Gobierno con las clínicas privadas donde reciben el tratamiento, cuyo servicio necesitan para seguir viviendo. Los impagos llegaron a acumularse por más de un año, según asegura a EFE el propietario de uno de estos centros privados, que atiende hasta cuatro turnos diarios, desde las 05:00 hasta la 01:00. Cada paciente debe pasar al menos tres veces por semana, en sesiones de cuatro horas. USD 200 millones de deuda Desde 2008, año en que la insuficiencia renal fuera declarada en Ecuador como una enfermedad catastrófica, la diálisis está cubierta por el Estado. Sin embargo, no cuenta con capacidad para atender a todos y debe derivar a clínicas privadas al 88 % de los pacientes, que ascienden a unos 17 000. La deuda hasta abril se aproximaba a los USD 200 millones, según la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador. Consultado por EFE, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) señaló que está dando prioridad a los pagos a las dializadoras. Así, en 2024 pagó USD 113 millones y este año ha pagado USD 65,5 millones, si bien admite que no ha terminado las auditorías para saldar las deudas de 2024, con un cronograma que «depende de los recursos económicos presentes y futuros». Mientras, el Ministerio de Salud Pública ha pagado en las últimas semanas mediante bonos de deuda, y las clínicas han tenido que revenderlos para conseguir liquidez. Demanda en tribunales Desde las clínicas afirman que la deuda es todavía grande. De forma puntual, determinados centros han reducido terapias o han dejado de hacer análisis y dar medicamentos, según denuncia la paciente Gabriela Álvaro, quien ha presentado en la Justicia una acción de protección contra el Gobierno y las instituciones estatales de salud. «Hay dializadoras que han quitado media hora de diálisis. Otras han quitado una diálisis de las tres semanales y, si el paciente desea realizar las tercera, deben comprar esos insumos», explica a EFE Álvaro, que comenzó con las diálisis a los 23 años y tuvo que volver a ellas después de que le fallara un trasplante de riñón. «El año pasado, en Guayaquil, clausuraron una clínica porque el dueño salía a los plantones de los pacientes. La clínica dejó de recibir recursos. Los pacientes tuvieron que comprar los insumos durante ocho meses hasta que la clínica cerró y tuvieron que ser derivados a la red pública», denuncia. Y es que la deuda ha impactado también a los proveedores, que en algunos casos han suspendido el suministro de productos a los centros de diálisis. Así lo ha vivido en primera persona Roberto García, que ha tenido que comprar los implementos para su diálisis. Hasta en tres ocasiones le dijeron en su centro que no iban a realizarse más diálisis por falta de insumos. Por ello, junto a otros pacientes, terminó comprando cada kit en más de 40 dólares. Un conocido suyo falleció porque, según asegura, no pudo comprar los insumos. Cuestión de vida o muerte «Nuestra vida depende de una máquina, y no puede ser que también dependa de que haya voluntad para pagar y poder adquirir todos los materiales», señala el hombre, quien agrega que ellos tienen «ganas de vivir» y lamentan que, por el «poco interés» que parece haber en esta situación, se les quite ese deseo. «Por eso, este problema requiere una solución rápida», indica a EFE la presidenta de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Ecuador (ACHPE), Ana Delgado. La líder del gremio reivindicó el «profesionalismo y compromiso ético que el sector privado ha tenido, porque no cualquiera puede afrontar una deuda de tantos años». «Nuestras instituciones han soportado la atención de los pacientes cuando el Estado no tenía la capacidad de hacerlo», remarca. Posible recorte de tarifa A la deuda se le añade ahora otra preocupación adicional: una propuesta del IESS de reducir a USD 1 100 el precio mensual de la terapia, fijado hace más de una década en USD 1 456. Tanto pacientes como clínicas lo ven insuficiente para cubrir los costes de la atención, que incluye de 13 a 14 diálisis por mes, además de análisis, medicamentos y atención médica. El IESS alega que el tarifario «establece los techos máximos de las prestaciones de salud, mismo que puede variar de acuerdo a las condiciones del mercado». «El IESS jamás tomaría una decisión en perjuicio de sus afiliados», asevera. En cambio, Delgado sostiene que la propuesta atenta contra la integralidad de la atención y augura que causará un incremento de costosas hospitalizaciones de pacientes, cuando hasta ahora el programa de diálisis de Ecuador se ha mostrado modélico, con una tasa de ingreso hospitalario del 33,1 %, frente al 67,5 % de Colombia o al 72,6 % de Brasil.

CDL Noticias La diligencia se llevó a cabo este 29 de mayo de 2025. En cuanto a Alfonso Camacho, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha -con voto de mayoría– confirmó su estado de inocencia. Desde las 08:30 de este jueves 29 de mayo de 2025 se instaló la audiencia, en la Corte Provincial de Justicia, en la que se ratificó la sentencia de 34 años y ocho meses en contra del exteniente de la Policía Nacional, Germán Cáceres, por el femicidio de su esposa, la abogada quiteña María Belén Bernal Otavalo. Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, esperaba que la justicia ratifique la condena en contra del exoficial. En esta audiencia de apelación también se confirmó la inocencia –con voto de mayoría– del teniente Alfonso Camacho. Él fue acusado de presunta omisión al supuestamente no auxiliar a Belén Bernal. En su cuenta de X, Otavalo afirmó que no se debe olvidar que la muerte de su hija se dio en la Escuela Superior de Policía. Su abobago, Juan Pablo Albán, manifestó en la misma red social que tras 14 meses de espera se reinstalará la audiencia. «La Corte Provincial de Pichincha se negó a permitir la presencia de las partes en sala para oír la decisión». Además, expresó que se permitió a la defensa de uno de los acusados incidentar la audiencia e inobservar el principio de oralidad que rige en el proceso penal ecuatoriano y dilató irrazonablemente el anuncio del fallo por más de un año con pretextos de toda índole. La familia y la defensa de Bernal confían en que la justicia hará su trabajo y atribuirá las consecuencias jurídicas que corresponden, «pero el comportamiento de la Corte Provincial de Pichincha en este caso es por decir lo menos preocupante».

CDL Noticias Los Chonekillers contaminaban productos de pitahaya en contenedores aéreos para enviar a España. El Ministerio del Interior anunció la captura de 13 personas, entre ellas, tres policías en servicio activo, acusadas de integrar una organización criminal vinculada al narcotráfico internacional. El grupo delictivo estaría relacionado con la banda Chone Killers, una de las más peligrosas del país. Operativos de captura en Guayaquil, Durán y QuitoLas detenciones se realizaron en Guayaquil, Durán y Quito, como parte de un megaoperativo coordinado por las fuerzas de seguridad nacionales. Se conoció que las investigaciones comenzaron desde 2024. Según las autoridades, los implicados operaban una estructura de envío de drogas hacia Europa, ocultando cocaína en cargamentos de pitahaya Este caso de narcotráfico internacional desde Ecuador hacia España fue descubierto tras una investigación conjunta con autoridades europeas. En Madrid, fueron capturados cuatro ciudadanos: un argentino, un español y dos albaneses, quienes estarían a cargo de la logística y acopio de cocaína. Inicio de la investigación: incautación de 165 kilos de cocaína La investigación se activó el 14 de agosto de 2024, cuando las autoridades españolas decomisaron 165 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor aéreo de pitahaya que arribó al aeropuerto de Madrid. La operación fue liderada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de España. Empresas frutícolas usadas como fachada para el envío de cocaína Las indagaciones revelaron que los delincuentes utilizaron empresas exportadoras de frutas tropicales principalmente pitahaya, maracuyá y naranjilla para camuflar la droga y facilitar su envío internacional. Estas compañías, aparentemente legales, formaban parte del esquema de lavado de activos y tráfico de estupefacientes. Control de carga en aeropuerto de Guayaquil: corrupción y complicidadEl grupo criminal había logrado infiltrarse en la cadena logística del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, mediante el reclutamiento de empresas de seguridad privada, personal de control de carga y funcionarios aduaneros. Esto les permitía contaminar los cargamentos sin levantar sospechas. Por su parte, la Policía indicó que está preparando la rueda de prensa para dar más detalles de este gran golpe al narcotráfico.

CDL Noticias La diligencia se lleva a cabo en la Corte Provincial de Justicia. Los parientes de la abogada quiteña esperan que se ratifiquen los 34 años de cárcel que pesan sobre el exoficial de la Policía. También se conocerá si se ratifica la inocencia del teniente Alfonso Camacho. Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, espera que la justicia ratifique la condena contra del exoficial. En esta audiencia de apelación también se conocerá si se ratifica la inocencia del teniente Alfonso Camacho o si va a prisión. Él fue acusado del presunto delito de omisión al supuestamente no auxiliar a Belén Bernal. En su cuenta de X, Otavalo afirmó que no se debe olvidar que la muerte de su hija se dio en la Escuela Superior de Policía. Su abogado, Juan Pablo Albán, manifestó en la misma red social que tras 14 meses de espera se reinstalará la audiencia. «La Corte Provincial de Pichincha se negó a permitir la presencia de las partes en sala para oír la decisión». Además, expresó que se permitió a la defensa de uno de los acusados incidentar la audiencia e inobservar el principio de oralidad que rige en el proceso penal ecuatoriano y dilató irrazonablemente el anuncio del fallo por más de un año con pretextos de toda índole. La familia y la defensa de Bernal confían en que la justicia hará su trabajo y atribuirá las consecuencias jurídicas que corresponden, «pero el comportamiento de la Corte Provincial de Pichincha en este caso es por decir lo menos preocupante»

CDL Noticias En las calles 33 y Maldonado, suburbio de Guayaquil, un hombre fue asesinado la noche del miércoles 28 de mayo. Allí habían cámaras de seguridad, pero fueron retiradas hace dos meses. El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años quedó tendido en una esquina de las calles 33 y Maldonado, en el suroeste de Guayaquil. Según los moradores, eran las 20:00 cuando escucharon disparos y. tras salir de sus casas, vieron el cadáver de su vecino. «Yo estaba comiendo, y cuando salí, vi al amigo, que es del barrio, que ya lo habían dejado muerto. Era un muchacho trabajador, se reunía con la gente, con los cuidadores de carro y jugaba. Ahorita los tipos matan y no les interesan nada», comentó un morador. L​​​​​​os habitantes también denunciaron que, frente al sitio donde mataron al hombre, había cámaras de seguridad, pero fueron retiradas por las autoridades. «Las cámaras se las llevaron hace dos meses atrás y hasta ahorita no la ponen, ayudaría bastante si se puede identificar quiénes fueron. Ahora, si no hay cámaras, como usted sabe», indicó otro vecino. Alrededor de las 23:00, el personal de Criminalística hizo el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue.

CDL Noticias Un hombre fue condenado a 40 años de cárcel por el asesinato a machetazos de un adulto mayor, de 73 años, según informó la Fiscalía General. El Tribunal Penal que emitió la sentencia también impuso al condenado una multa de 470.000 dólares, equivalente a mil salarios básicos. El hecho ocurrió el 27 de diciembre de 2024, en la localidad andina de Píllaro, en Tungurahua, al centro de Ecuador. Tras una alerta al servicio integral de emergencias ECU 911, los agentes de la Policía Nacional acudieron a un inmueble donde hallaron el cuerpo sin vida de la víctima, que presentaba heridas causadas por un machete. Las investigaciones determinaron la responsabilidad directa de César T. en el crimen, con base en los elementos recabados por Fiscalía. Según el testimonio de la hija del fallecido, su padre y el ahora sentenciado habían tenido discusiones y agresiones previas en varias ocasiones. Durante el juicio, el fiscal a cargo del caso presentó como pruebas los testimonios del médico legista que practicó la autopsia, familiares de la víctima y el perito encargado del reconocimiento del lugar de los hechos. Además, se incluyó la extracción de audio, video y pruebas afines, practicada a una cámara ubicada cerca del lugar de los hechos.

CDL Noticias El sujeto le proporciona patad as y puñet es a un abuelito que estaba caminando por la veredaAgresión a adulto mayor en Chimborazo El video ha causado conmoción en la comunidad de Pallatanga, Chimborazo. Un sujeto atacó brutalmente y sin razón a un adulto mayor. Se desconoce si el hombre fue detenido por las autoridades. En las imágenes se puede observar que el adulto mayor se encuentra en una esquina, pero al fondo se puede apreciar que un individuo de chompa color vino se acerca rápidamente donde la víctima para propinarle un golpe en su cabeza. El golpe fue tan fuerte que el adulto cae al suelo y se golpea en la vereda. Una mujer que observó lo sucedido se acercó donde la víctima para tratar de auxiliarlo, pero el joven se regresa y le propina una patada en su rostro. La mujer pide en ese momento que llamen a la policía, pero nuevamente, el joven se regresa y nuevamente le golpea en el rostro para luego irse caminando por la calle

CDL Noticias La Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado en el que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Venezuela, ante el riesgo de detenciones arbitrarias. Las detenciones arbitrarias y la falta de garantías para el debido proceso y el derecho a la defensa en Venezuela, encienden las alertas en el Gobierno de Daniel Noboa. Este martes 27 de mayo de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través de un comunicado, recomendó a los ecuatorianos no viajar a la República Bolivariana de Venezuela. «La Cancillería recuerda la decisión unilateral del Gobierno venezolano de solicitar el retiro del personal consular ecuatoriano en octubre de 2024», señala la cartera de Estado. Aseguró que la decisión de la dictadura de Nicolás Maduro impide brindar asistencia a los ecuatorianos residentes en ese país. También denunció que las autoridades venezolanas no proporcionan información sobre los ecuatorianos detenidos. El Gobierno de Donald Trump también instó a sus ciudadanos a no viajar bajo ningún motivo a Venezuela. Sin embargo, también recomendó abandonar de inmediato ese país ante el alto riesgo de detenciones arbitrarias.

CDL Noticias Con 8 votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley económico urgente que busca combatir a las economías criminales. La sesión se realizó la noche de este martes 27 de mayo del 2025. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión, indicó que se realizaron ajustes al proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente. El informe se analizará el viernes 30 de mayo en el Pleno de la Legislatura. Centeno indicó que en el informe se incluyeron temas como la pertenencia a los grupos de crimen organizado. Es decir que no solo se sancionará la participación o cometimiento de un delito, sino también el estar dentro de un grupo delictivo, lo que se sancionará con hasta 25 años de prisión. También se establecerán reglas más estrictas para quienes generen «disturbios y terrorismo» en las calles. Los casos de delincuencia organizada recaerían en los actuales jueces anticorrupción y no se crearía una nueva figura de jueces para el conflicto armado interno, como proponía el Ejecutivo. Los legisladores también cambiaron la figura de detención por aprehensión. Sergio Peña, asambleísta por Revolución Ciudadana indicó que con este cambio se fomenta la protección de derechos. En cuanto a la posibilidad que tendrán las empresas de deducir hasta el 30% del Impuesto a la Renta en donaciones a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, podrán hacerlo con bienes muebles e inmuebles, además del equipamiento.Este primer informe afina las competencias de la Unidad de Análisis Financiero y acelera los procesos de investigación en delitos de crimen organizado y lavado de activos. El documento original proponía investigaciones de 15 días, pero la comisión puso un plazo de 90 días, por la sugerencia de abogados penalistas que pidieron ampliar el plazo y tener procesos más robustos.

CDL Noticias El juez declaró la validez procesal de todo lo actuado en el caso Pantalla. La Fiscalía acusó a Wilman Terán y Anabel Torres de ser autores directos de asociación ilícita. La Fiscalía General del Estado pidió que Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Anabel Torres, exjueza de Santo Domingo, sean llamados a juicio en el caso Pantalla. El pedido se realizó en el tercer día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, realizada el martes 28 de mayo del 2025. El conjuez nacional Édison Cantos declaró la validez procesal de todo lo actuado en el proceso y el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, presentó su dictamen acusatorio contra Terán y Torres por presunta asociación ilícita. Toainga mostró 177 elementos en contra de los dos procesados y los acusó de ser autores directos del delito. Además, pidió que las medidas dictadas en su contra sean ratificadas y que la Interporl emita difusión roja contra Anabel Torres, quien se encuentra prófuga. La audiencia se reinstalará este miércoles 28 de mayo del 2025 a las 10:00. El caso Pantalla se inició en febrero de 2024 tras la denuncia del entonces Director General del Consejo de la Judicatura. El exfuncionario denunció irregularidades en el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de 2023, que fue declarado nulo en enero de 2024. En este proceso se investiga a funcionarios de alto nivel del Consejo de la Judicatura que habrían intervenido de forma irregular para cambiar el resultado de dicho concurso y favorecer a determinados postulantes. Cuatro funcionarios recibieron sentencia en este caso tras acogerse al proceso abreviado. Ellos reconocieron su participación en el delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este delito se sanciona con tres a cinco años de cárcel.